El secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, durante una entrevista, el funcionario explicó que, tras una identificación preliminar, se ha detectado que varias de las llamadas de extorsión que han recibido algunos presidentes municipales provienen de cárceles ubicadas en la zona centro del país, lo que ha llevado a exigir un plan coordinado para el uso de inhibidores y nuevas tecnologías.

Sin embargo, advirtió que la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios para frenar llamadas de extorsión representa un serio riesgo para la población civil, debido a que muchos de estos centros se encuentran ubicados en cruces urbanos o zonas pobladas.

Señalando que el uso de inhibidores tradicionales podría afectar no sólo a los internos, sino también a los habitantes que viven alrededor de estos centros penitenciarios.

“Los retos que tenemos en la zona centro son que la mayoría de los centros penitenciarios se encuentran en un cruce urbano y al poder un inhibidor podríamos afectar a la población aledaña”, subrayó.

Indicó que entidades como Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México ya analizan el uso de tecnologías de nueva generación que reduzcan el margen de inhibición de señales y se concentren exclusivamente en los espacios penitenciarios.

Mientras tanto, afirmó que se han reforzado las inspecciones en centros penitenciarios, donde se han detectado teléfonos celulares e instrumentos prohibidos, los cuales son asegurados como parte de las acciones para frenar este tipo de delitos.

El secretario también aclaró que, aunque algunos alcaldes han reportado llamadas de extorsión, hasta ahora no existe ninguna denuncia formal presentada ante la Fiscalía, lo que impide contar con cifras oficiales o activar mecanismos de protección específicos.

Finalmente, reiteró el llamado a los presidentes municipales para que presenten las denuncias correspondientes y así dar validez jurídica a los casos y fortalecer la estrategia contra la extorsión.

El cargo Buscan colocar inhibidores en Ceresos sin afectar a la población civil apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Juan Carlos Cruz Jiménez rindió protesta como Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, acto que simboliza el compromiso renovado para garantizar que la vida pública se conduzca con integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Durante la toma de protesta, el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, refrendó el compromiso de la administración estatal que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de mantener una política de “cero tolerancia” ante cualquier acto de corrupción.

“Servir a la población es un honor y que quienes traicionen esa confianza enfrentarán la ley sin excepciones”, afirmó.

Ramírez Hernández resaltó la reciente reforma constitucional en materia de acceso a la información, que contempla la creación del órgano administrativo desconcentrado “Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala”, adscrito a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Detalló que esta instancia garantizará el acceso a la información pública, la protección de datos personales y el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana sobre el actuar gubernamental.

El secretario de Gobierno afirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se consolidará como órgano rector del control gubernamental y la lucha frontal contra la corrupción en Tlaxcala, articulando acciones normativas, preventivas, investigativas y sancionadoras en todos los niveles de la administración pública.

Luis Antonio Ramírez Hernández llamó a los integrantes del Sistema Anticorrupción a trabajar con independencia, pero en coordinación con las instituciones estatales, para que la transparencia y la honestidad sean valores vivos en la vida pública.

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En entrevista colectiva, advirtió que no habrá tolerancia para ningún funcionario y que cada uno deberá asumir la responsabilidad de sus actos. No obstante, precisó que las investigaciones deberán desahogarse para deslindar responsabilidades.

Ramírez Hernández subrayó que, por el momento, ninguna persona puede ser señalada por la comisión de un delito hasta que se demuestre lo contrario, por lo que insistió en la necesidad de concluir las indagatorias para definir si existe responsabilidad o no por parte de los funcionarios.

Sobre el caso, el funcionario reconoció desconocer qué aparato utilizó el recluso Ventura N. para grabar el video en el que denunció extorsiones, amenazas de muerte y salidas constantes del penal para participar en hechos delictivos. Señaló que es necesario aplicar la norma y evitar que existan privilegios dentro de los Centros de Reinserción.

Finalmente, el responsable de la política interna en la entidad informó que se supervisarán los Centros de Reinserción Social para decomisar cualquier artefacto que se encuentre fuera de la norma, pues no debe haber tolerancia ni privilegios para ningún interno.

El cargo Hasta las últimas consecuencias en denuncia del Cereso, afirma Segob apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En entrevista colectiva, Ramírez Hernández subrayó que hasta no contar con evidencia sólida proporcionada por las autoridades federales, el gobierno estatal no emitirá conclusiones precipitadas sobre el tema.

“Podemos afirmar que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es clave para mantener a Tlaxcala protegida ante estos delitos”, aseguró el funcionario, destacando la importancia del trabajo conjunto para fortalecer la seguridad.

El secretario también mencionó que el gobierno estatal mantiene comunicación constante con los 60 municipios de la entidad y con la Subsecretaría de Gobernación, con el objetivo de consolidar una estrategia integral de seguridad. Además, no descartó la posibilidad de aumentar la presencia de fuerzas de seguridad, incluyendo elementos de la Marina, para reforzar las labores de vigilancia y prevención del delito.

El cargo Niega SEGOB presencia del crimen organizado en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En esta reunión se discutieron temas clave como el Protocolo de atención a la protesta pacífica, la búsqueda de personas desaparecidas, la prevención de la discriminación y la atención a grupos prioritarios.

Rosa Icela Rodríguez destacó que, durante la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, se implementaron protocolos para coordinar autoridades en situaciones de protesta, como parte de esa experiencia, presentó el Decálogo por la Libertad y la Paz en la Protesta Social, un documento respaldado por la ONU que servirá de base para los estados.

La funcionaria federal subrayó el compromiso del Gobierno Federal para evitar la criminalización de las protestas y prevenir el uso innecesario de la fuerza, asegurando el respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales, además, hizo hincapié en la importancia de la coordinación con los estados y municipios para atender a las familias de personas desaparecidas.

El cargo Asiste Luis Ramírez a mesa nacional de Derechos Humanos con Rosa Icela Rodríguez apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.