Ante la próxima conclusión del periodo de Julio Caporal Flores, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala garantizaron transparencia en el proceso de selección del próximo Secretario Técnico de este Sistema.

Lo anterior, después de que el 7 de marzo de 2019 tomó protesta, como Secretario Técnico del Sistema, Julio Caporal Flores para el período comprendido del 8 de marzo de 2019 al 7 de marzo de 2024.

Por ese motivo, durante la sexta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, la presidenta Lucero Romero Mora planteó que los días 10, 17 y 24 de enero se lleven a cabo mesas de trabajo para definir la convocatoria.

“Lo que buscamos es generar una ruta de trabajo de quienes integramos el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, a fin de definir el proceso de selección y designación de la persona que ocupará la titularidad de la Secretaría Ejecutiva de este Sistema”, explicó.

Cabe recordar que el artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala establece que la o el secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegido.

También establece que el presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumpla los requisitos para ser designado en la Secretaría Técnica.

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El gobierno del estado no ha priorizado la conformación del Consejo Consultivo Estatal de Bienestar Animal, a fin de que facultar a la Secretaría Técnica y a la persona titular de la Coordinación del Bienestar Animal (CBA), la supervisión a los ayuntamientos en la expedición de sus respectivos reglamentos en la materia, por lo que hasta el momento la administración estatal ha sido omisa en la aplicación de la Ley en la materia, criticó este miércoles el Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA).

“Con la entrada en vigor, el 31 de diciembre de 2022, de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, las facultades de la Coordinación de Bienestar Animal son de un espectro muy reducido. Con la legislación se prioriza rescatar a animales en situación de calle, medida que es inviable porque se estima, de manera extraoficial, que 7 de cada 10 perros viven en situación de abandono. Entonces, podrían existir más de 1.2 millones de perros en situación de calle”, en todo el territorio estatal, sostuvo el Observatorio Ciudadano.

Al hacer un diagnóstico de la política de protección y bienestar de animales de compañía en el Estado de Tlaxcala, el cual ya fue entregado al Ejecutivo, esta organización subraya que a dos años de entrar en funciones, el actual gobierno del estado debe priorizar la conformación del Consejo Consultivo Estatal de Bienestar Animal, con el objetivo de supervisar a los ayuntamientos en la expedición de sus respectivos reglamentos en la materia.

“Un elemento esencial de la planificación dentro del desarrollo de un programa de manejo de las poblaciones de perros, son los reglamentos municipales para implementar medidas de acción conjunta entre el gobierno estatal y los ayuntamientos. También se deben analizar los motivos del bajo número de esterilizaciones y de acciones de salud animal en diversos servicios que realiza la Coordinación del Bienestar Animal.

El último reporte dado a conocer por el Observatorio Ciudadano fue que 32 municipios del estado de Tlaxcala se encuentran en omisión sobre el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, al no expedir y publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado sus respectivos reglamentos de protección y/o bienestar animal. Esta omisión sigue vigente casi 200 días después de haber entrado en vigor la Ley de referencia.

De las observaciones y sugerencias respecto a la Coordinación del Bienestar Animal, el Observatorio Ciudadano destaca, entre otras, las realizadas en torno a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la cual, hasta abril de 2023 había recibido una denuncia por maltrato animal e iniciado una carpeta de investigación. Sin embargo, “en la información que proporcionó en agosto del mismo año, se contradijo al responder que no encontró antecedentes y/o registros de la información”.

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