Claudia Arlett Espino, primera propuesta para el relevo en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), tiene en su contra acusaciones de faltas administrativas presuntamente cometidas durante el periodo que ocupó la presidencia provisional del Instituto Electoral de Chihuahua, durante la elección 2020-2021.

Acorde con información recabada, ninguna de las resoluciones es definitiva hasta ahora porque la abogada interpuso recursos (amparos, juicios contenciosos y apelaciones) ante los veredictos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA); hay además tres investigaciones en curso.

La opción inicial para la Secretaría Ejecutiva, el segundo puesto de mayor jerarquía del instituto, es señalada como responsable del desvío de recursos y abuso de funciones, en su paso por el órgano electoral local.

De no avanzar esta propuesta, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tendrá que presentar otras cartas en la mesa de consejeros, la cual se reunirá el martes próximo, pues el 30 de noviembre hará efectiva su renuncia la actual encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Suárez, quien deja el cargo por razones personales.

En cuanto a la situación de la posible candidata a este cargo nacional, el TEJA resolvió en septiembre pasado suspenderla por 90 días de su puesto como directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, al dar por buena la investigación del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Chihuahua.

Esa situación fue incluso advertida por una diputada del PT cuando Espino participó en el proceso de selección para ocupar una consejería del INE, en 2023, en el mismo proceso en el que Taddei fue finalista y luego designada como presidenta.

La acusación que derivó en la sentencia del TEJA refiere que Espino autorizó un gasto injustificado de 73 mil 626 pesos. Entre las facturas hay compras diversas, como prendas con el logo institucional; una vela aromática de 719 pesos, medicamentos, toallas femeninas y una vajilla de copas; esta última por casi 10 mil pesos, por mencionar algunos.

La ex consejera electoral adujo entonces que no se demostró la afectación al servicio público y no se realizó un análisis respecto de la clasificación de la compra, es decir, sostiene que hay un criterio administrativo debatible, pero no una desviación ilegal, porque en el momento de las compras estaba en curso un proceso electoral y, por lo tanto, había un contexto excepcional.

En un amparo, la implicada adujo que no se cumplió con el debido proceso, en lo relacionado con su autoadscripción indígena, como originaria del pueblo tarahumara, mientras el ente fiscalizador del Instituto Electoral de Chihuahua revisa otros expedientes.

En el curriculum que presentó al INE, Espino dijo que es doctora en derecho y que actualmente es representante legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.

Además, destaca su paso como líder estudiantil, desde los estudios básicos hasta la universidad. Integrante de la escolta tanto en la primaria Ignacio Manuel Altamirano, como en el kínder Juan Alanís, escribió.