SCJN

SCJN ordena a Congreso revertir destitución del Cabildo de Contla

Néstor Jiménez Báez — Tue, 14 Jul 2026 00:52:13 +0000

El Congreso del Estado de Tlaxcala enfrenta un nuevo revés judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la LXV Legislatura dejar sin efectos la destitución de la mayoría de los integrantes del Cabildo de Contla de Juan Cuamatzi, al advertir que el juicio político que dio origen a esa decisión habría sido sustentado en disposiciones legales declaradas inconstitucionales desde hace casi seis años.

El acuerdo fue emitido por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dentro de la Denuncia de Incumplimiento 1/2026, derivada de la Controversia Constitucional 38/2019. En él, la Corte concedió al Congreso un plazo de 15 días hábiles para revocar el acto impugnado o presentar un informe con el que pretenda justificar la legalidad de su actuación.

La resolución abre la puerta a que el máximo tribunal determine si el Poder Legislativo desacató una sentencia firme de la propia SCJN al repetir un criterio que ya había sido expulsado del orden jurídico nacional.

El conflicto se originó tras el juicio político LXV-SPPJP001-2025, mediante el cual los diputados destituyeron a la mayoría de los integrantes del Cabildo de Contla, luego de que éstos suspendieran por 90 días al presidente municipal, Alejandro Flores Xelhuantzi, como consecuencia de presuntos actos de violencia política y de género.

No obstante, las autoridades municipales sostuvieron ante la Suprema Corte que el Congreso volvió a considerar a los presidentes de comunidad como integrantes del Cabildo con los mismos derechos y voto que los regidores, criterio que la SCJN invalidó desde noviembre de 2020 por violar el artículo 115 de la Constitución federal.

En aquella sentencia, emitida al resolver la Controversia Constitucional 38/2019 promovida por los municipios de Contla, Yauhquemehcan y Tlaxco, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la Ley Municipal de Tlaxcala que otorgaban esa calidad a los presidentes de comunidad. La resolución surtió efectos el 11 de diciembre de 2020, cuando fue notificada al Congreso local, por lo que desde entonces dichas normas dejaron de tener validez para esos municipios.

Ahora, la SCJN considera que existen indicios de que el Congreso habría ignorado esa determinación al utilizar nuevamente esos preceptos para justificar la destitución del Cabildo de Contla.

El acuerdo establece que la Legislatura deberá revocar el acto reclamado o demostrar, con argumentos y documentación suficiente, que su resolución no incumplió la sentencia constitucional.

De no atender el requerimiento, los diputados podrían enfrentar consecuencias legales. El artículo 107, fracción XVII, de la Constitución federal contempla incluso responsabilidades penales para las autoridades que desacaten resoluciones judiciales o actúen con negligencia o mala fe frente a los fallos emitidos por los órganos jurisdiccionales.

Con esta decisión, la Suprema Corte no sólo cuestiona la legalidad del juicio político promovido por el Congreso de Tlaxcala, sino que coloca bajo escrutinio el respeto del Poder Legislativo a las sentencias definitivas del máximo tribunal del país.

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SCJN asesta revés al Congreso de Tlaxcala, da la razón a Contla

Néstor Jiménez Báez — Mon, 15 Jun 2026 23:57:01 +0000

* El máximo tribunal defendió la autonomía municipal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propinó un nuevo revés jurídico al Congreso del Estado de Tlaxcala al resolver la Controversia Constitucional 42/2026 a favor del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, al determinar que sí existieron afectaciones a la autonomía municipal y a la libre administración de la hacienda pública.

Con una votación de seis ministros a favor, el máximo tribunal del país confirmó que las restricciones impuestas por el Poder Legislativo local vulneraron facultades constitucionales de los ayuntamientos, al limitar su capacidad para decidir de manera libre dónde y cómo ejercer los recursos públicos.

La resolución representa una derrota más para el Congreso del Estado y para los criterios que durante años fueron aplicados por las autoridades fiscalizadoras, mismos que derivaron en más de 160 denuncias contra expresidentes municipales, además de procedimientos administrativos, amenazas de sanciones e incluso advertencias de posibles consecuencias penales para quienes no se ajustaran a los lineamientos establecidos.

El fallo también fortalece la postura que diversos municipios sostuvieron durante años respecto a una presunta invasión de facultades por parte de las autoridades estatales en materia de fiscalización y control del gasto público.

De acuerdo con la resolución de la Corte, sí existió una afectación a la libre administración hacendaria del municipio de Contla, al imponerse restricciones que limitaron la toma de decisiones sobre la aplicación de recursos públicos.

La defensa jurídica del municipio retomó criterios previamente establecidos por la propia SCJN en controversias constitucionales promovidas por municipios de Tabasco durante 2017 y 2018, precedentes que finalmente fueron considerados para sustentar la resolución favorable.

Con este fallo, Contla suma una nueva victoria jurídica frente a disposiciones que consideró excesivas y que, según sus argumentos, permitieron la aplicación de criterios discrecionales en perjuicio de los ayuntamientos.

La decisión de la Suprema Corte abre ahora nuevos cuestionamientos sobre el actuar del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y del propio Congreso del Estado, así como sobre las consecuencias que podría tener este precedente para otros exalcaldes y exfuncionarios municipales que enfrentaron procedimientos similares.

Asimismo, surge el debate sobre la eventual reparación de los daños ocasionados a quienes fueron objeto de señalamientos, denuncias o procesos derivados de criterios que ahora han sido cuestionados por el máximo órgano de justicia constitucional del país.

La resolución de la SCJN marca un precedente relevante en la defensa de la autonomía municipal y redefine los alcances de la intervención estatal en la administración de los recursos públicos de los ayuntamientos.

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Suspensión vs Suspensión

Martín Rodríguez Hernandez — Wed, 10 Jun 2026 11:00:36 +0000

Que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) dejara de tomar como rehenes políticos a los cabildos —incluyendo a gobernados y gobernantes— fue algo que todos aplaudimos, porque de manera natural nos ponemos del lado de la víctima y apoyamos a quienes son sujetos de abusos. Hasta ahí, la autoridad de Contla fue aplaudida y respaldada.

Pero que después de ser exhibidos en su justa dimensión por ser cómplices de un ex alcalde como Eddy Roldán, y luego por negarse a comparecer ante los miembros del Congreso estatal, eso ya nadie lo respalda. Roldán se enriqueció en su periodo y después se heredó un mercado nada más por medio siglo. ¿quién, ademas de su hermana la actual presidenta, podría estar de acuerdo con esa manera de conducirse?

La pregunta es básica: si no responden ante los diputados, entonces ¿ante quién darán cuenta por sus arbitrariedades y abusos? No es que los legisladores tengan la cara limpia o sean de una ética impecable, sabemos que no. Pero tienen la facultad legal, y con eso nos basta.

El problema que generó todo no era más que una calentura política y ellos lo propiciaron cuando se extralimitaron en sus funciones y atacaron de manera abierta y cínica a un presidente de comunidad que no se quedó con los brazos cruzados —de apellido Flores Xelhuantzi— y les regresó el agravio por la vía legal.

Una vez viéndose rebasados y expuestos, los miembros del actual cabildo ahora sí se pusieron de acuerdo para contratar a alguien que les brindara un pasaporte de impunidad ante una comparecencia y su eventual sanción, que sería la destitución del alto cargo que el pueblo les había dado.

Es ahí donde la misma fórmula legal que los ayudó contra el OFS ahora se convierte en aliada y cómplice de esos mismos miembros del cabildo, que amparados en su sordera testicular pretendieron desconocer al presidente de comunidad que no se acomodó a sus intereses.

Lo que comenzó como un berrinche de quienes son mayoría en un cabildo hoy los tiene en el ojo nacional por sus abusos. Y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación los sostenga con alfileres, ya han sido juzgados por una sociedad que no olvida. Ahí está la elección de Coahuila para quien lo dude.

Y aunque en el Congreso estatal la opinión general es que sean sancionados y pierdan sus privilegios como miembros del cabildo, los todavía funcionarios están tranquilos porque saben que la ley los protege. Tan es así que hace un par de días ignoraron a los diputados, no se presentaron a la comparecencia y ahora presumen que la autoridad federal les respalda y acabará por darles la razón. Tampoco tengo dudas de eso.

Porque aunque el Congreso de Tlaxcala ya aprobó destituir a la alcaldesa Ana Ivonne Roldán Xolocotzi y a gran parte del cabildo, su salida está suspendida temporalmente debido a recursos legales interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Una chicanada en toda su expresión.

La resolución emanada desde el Congreso local, que votó la destitución e inhabilitación por tres años de la presidenta municipal, el síndico y siete regidores, no fue lo suficientemente clara para que las autoridades municipales, por pura vergüenza, aceptaran irse. No solo por las ilegalidades, sino porque son parte del problema que tiene convertido a Contla en la burla regional.

A todos los integrantes del cabildo se les acusó de vulnerar los derechos políticos de Alejandro Flores Xelhuantzi, presidente de comunidad de la Segunda Sección, a quien previamente habían suspendido de su cargo de manera ilegal. Nada más por llevar un apellido que no les gusta en el cabildo.

Sin embargo, la ejecución de esta sanción está frenada por una controversia en la SCJN. Por lo tanto, el Cabildo continuará despachando desde el Palacio de Gobierno municipal y ejerciendo sus funciones con normalidad hasta que el máximo tribunal dicte una resolución. Sea como sea, la realidad alcanzó a los imprudentes miembros de ese cabildo que presumen su pasaporte de impunidad, al menos mientras la SCJN diga lo contrario… como todos los habitantes de Contla esperan.

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Trabajadoras renuncian tras usar oficinas de la SCJN para grabar videos en TikTok

Redacción — Fri, 22 May 2026 00:32:54 +0000

Dos colaboradoras de la ponencia del Ministro Irving Espinosa Betanzo presentaron su renuncia inmediata e irrevocable luego de la difusión de videos en los que aparecen promocionando botanas dentro de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contenidos publicados originalmente en la plataforma de TikTok.

A través de un comunicado, la SCJN informó que los hechos derivaron en la solicitud de retiro inmediato del material, así como en la apertura de una revisión administrativa para determinar si existió uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales.

En su posicionamiento oficial, la Corte precisó que sus instalaciones están destinadas “exclusivamente al desarrollo del trabajo jurisdiccional e institucional que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a este órgano”, por lo que cualquier uso con fines comerciales o de promoción privada requiere autorización expresa conforme a la legislación aplicable.

Asimismo, subrayó que ni el Alto Tribunal ni el Ministro Irving Espinosa Betanzo autorizaron que las instalaciones fueran utilizadas para actividades de comunicación ajenas a las funciones oficiales de la Suprema Corte, y aclaró que la difusión del contenido se realizó “a título estrictamente personal y no representa, respalda ni constituye una actividad institucional”.

El comunicado agregó que, tras la difusión del caso, se instruyó una revisión de los hechos para deslindar posibles responsabilidades, mientras que las personas involucradas desistieron de su labor en el tribunal.

Tras la serie de críticas que el acontecimiento desató en redes sociales, la SCJN aprovecho su posicionamiento para reiterar su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y de sus instalaciones, con el objetivo de garantizar que sean utilizados únicamente para los fines institucionales establecidos.

Creadores de contenido ya habían causado controversia en la SCJN

El caso no es el primero relacionado con trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que utilizan instalaciones oficiales para generar contenido en redes sociales.

En noviembre de 2025, Lizeth Karina Villeda García, entonces Directora de Documentación de la SCJN, fue señalada por grabar videos dentro de su oficina durante horario laboral para promover contenidos relacionados con liderazgo y desarrollo personal en sus plataformas digitales. Tras la difusión del caso, presentó su renuncia al cargo.

Otro caso fue el de Cristian Edgar Guerrero Flores, conocido en redes sociales como “Magazo”, quien colaboró con el entonces Ministro presidente Arturo Zaldívar en la producción de contenido para TikTok y otras plataformas digitales. Parte del material era grabado dentro de instalaciones de la Corte.

Tras hacerse público el contrato que mantenía con Zaldívar, Guerrero Flores dejó temporalmente la institución, aunque posteriormente volvió a integrarse al equipo del Ministro en retiro en un puesto administrativo.

CON INFORMACIÓN DE SINEMBARGO.MX

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SCJN frena tarifas de agua y drenaje en Panotla por cobros “ambiguos” e injustificados

Redacción — Thu, 14 May 2026 01:08:22 +0000

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó parte de la Ley de Ingresos del municipio de Panotla al considerar inconstitucionales diversos cobros aplicados por el Ayuntamiento encabezado por Ildefonso Carro Roldán, hermano de la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán.

La resolución derivó de la Acción de Inconstitucionalidad 125/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante la cual quedaron sin efecto las fracciones II, V y VII del Artículo 37 de la Ley de Ingresos Municipal.

En dicho apartado, el gobierno municipal clasificaba a los usuarios comerciales como “pequeños”, “medianos” y “grandes” para determinar las tarifas del servicio de agua potable y drenaje; sin embargo, la SCJN concluyó que dichos criterios eran ambiguos e imprecisos, ya que no existían parámetros claros para definir cada categoría.

La Corte determinó que estas disposiciones violaban los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria, debido a que los cobros se basaban en elementos indeterminados.

Entre las tarifas invalidadas se encontraban cobros mensuales de hasta 821 pesos por uso comercial de agua potable, además de contratos de agua que iban de los mil 290 a más de mil 759 pesos y contratos de drenaje con costos de hasta mil 700 pesos.

La SCJN señaló que aunque la ley establecía montos específicos, no justificaba la manera en que el Ayuntamiento determinaba quién era un usuario “pequeño”, “mediano” o “grande”, dejando abierta la posibilidad de cobros discrecionales.

En la misma sesión, la Suprema Corte también invalidó disposiciones similares en las leyes de ingresos de municipios como Hueyotlipan, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco, Terrenate, Santa Cruz Quilehtla y el propio Panotla, por aplicar cobros considerados excesivos e injustificados relacionados con nomenclatura oficial y otros servicios municipales.

Además, estos municipios se suman a otros ayuntamientos tlaxcaltecas cuyos artículos ya habían sido declarados inválidos previamente por establecer tarifas consideradas violatorias de los derechos de los contribuyentes.

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Aborto sin apoyo

Martín Rodríguez Hernandez — Fri, 27 Mar 2026 11:00:35 +0000

Rosario Texis Zúñiga, directora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), junto a colectivas y mujeres de diversos sectores, denunció con firmeza el “bloqueo institucional” que persiste en Tlaxcala pese a la despenalización del aborto ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre de 2025.

“No pueden seguirnos tratando como delincuentes por defender un derecho que ya fue reconocido”, afirmó Texis Zúñiga. El mensaje es claro: tras la sentencia de la SCJN que invalidó los artículos del Código Penal y de la Ley de Salud que criminalizaban o restringían la interrupción legal del embarazo (ILE), el aborto ya es ley en Tlaxcala. Sin embargo, en la práctica, las instituciones locales parecen negarse a aplicarla.

Según las denuncias, ni el Congreso del Estado ni el Poder Ejecutivo han avanzado de manera efectiva en la armonización legislativa ni en la implementación real del servicio en los hospitales públicos. “El Congreso simplemente no quiere tocar el tema”, señalaron las activistas. En los nosocomios estatales, las solicitudes de ILE continúan siendo canalizadas a organizaciones civiles como Ddeser, en lugar de ser atendidas directamente por el sistema de salud.

¿Dónde están las voces de las diputadas?

La LXV Legislatura del Congreso de Tlaxcala cuenta con 13 diputadas mujeres de un total de 27 legisladores, lo que representa casi la mitad del pleno y refleja el principio de paridad de género.

De estas 13 diputadas 6 pertenecen a Morena, 1 al PT (Maribel Cervantes Hernández) y ninguna al PVEM.

A pesar de esta importante presencia femenina —y de que Morena, junto con sus aliados, tiene mayoría en el Congreso—, el balance es desalentador: solo una diputada ha abordado públicamente el tema con una postura favorable al cumplimiento de la sentencia.

Lorena Ruiz García -de Morena-, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, ha señalado que existen “avances” y diálogos con la sociedad civil para armonizar las leyes. Sin embargo, el resto del Congreso mantiene una postura de silencio o lentitud que las activistas califican de “cerrazón”. No se equivocan.

No hay un registro público de diputadas que hayan rechazado de forma explícita hablar del tema, pero la omisión colectiva es evidente: el pleno institucional no ha priorizado la reforma necesaria.

Sin sanciones directas: la omisión queda sin castigo

Aquí radica uno de los puntos más delicados. La sentencia de la SCJN tiene efectos inmediatos: invalida directamente las normas que penalizaban el aborto consentido y las restricciones en la Ley de Salud (como la exigencia de autorización del Ministerio Público). No obstante, no prevé sanciones automáticas para legisladores o autoridades que omitan la armonización o la implementación práctica.

No existen multas, inhabilitaciones ni responsabilidades penales directas por esta omisión legislativa. Las consecuencias se limitan a vías indirectas: amparos individuales de mujeres afectadas, posibles controversias constitucionales y, sobre todo, presión política y social.

En palabras de las activistas: “Hoy el aborto ya es ley, pero las autoridades no quieren aplicarlo”. Esta brecha entre el mandato judicial y la realidad institucional sigue vulnerando el derecho de las mujeres tlaxcaltecas a decidir sobre su propio cuerpo de manera segura y legal.

Texis Zúñiga sostiene que la exigencia continuará: “No vamos a permitir que ignoren la ley ni que sigan cerrando puertas. Esta lucha es por todas”.

La despenalización del aborto en Tlaxcala —que convirtió al estado en uno de los más recientes en sumarse a esta transformación jurídica— representa un avance histórico impulsado por años de trabajo de feministas, académicas y ciudadanas. Sin embargo, el paso de la norma al hecho concreto depende de la voluntad política local.

Mientras el Congreso y el Ejecutivo mantienen las puertas cerradas, las mujeres que requieren el servicio siguen enfrentando obstáculos, estigmas y, en muchos casos, la necesidad de recurrir a la sociedad civil para acceder a lo que la Corte ya declaró como un derecho. Todo queda a la voluntad política.

La paridad de género en el legislativo tlaxcalteca es un logro formal, pero la verdadera prueba está en si esas 13 diputadas —y especialmente las seis de Morena— logran traducir la presencia numérica en acción concreta. Por ahora, la balanza se inclina hacia la omisión.

La sociedad tlaxcalteca, y particularmente las mujeres organizadas e incluso aquellas que no conocen a fondo este caso, seguirán exigiendo que la ley no se quede solo en el papel. Porque un derecho reconocido pero no garantizado termina siendo, en la práctica, un derecho negado.

No podemos olvidar el día que Néstor Jiménez cuestionó a la diputada Aurora Villeda sobre este tema, así como se le pregunta a cualquier diputada de cualquier otro tema; ya que Villeda ingresó al congreso vía las acciones afirmativas, todos esperaríamos que su voz fuera contundente y directa en defensa de las minorías. La respuesta fue media vuelta y retirada. Esa imagen debió anticiparnos lo que es el tema del día.

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Posibilita la Corte suspender sanciones por comida chatarra en las escuelas de la SEP

Redacción — Wed, 29 Oct 2025 13:54:18 +0000

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las escuelas que integran el Sistema Educativo Nacional pueden solicitar, mediante juicios de amparo, suspensiones contra los lineamientos que regulan la distribución y venta de alimentos procesados en los planteles, promulgados el 30 de septiembre pasado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por unanimidad, el pleno aprobó ayer un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa sobre la contradicción de criterios 137/2025, lo que zanja el debate iniciado en dos tribunales sobre si las instituciones educativas, y no sólo los vendedores de los productos denominados chatarra, pueden solicitar esa suspensión provisional, siempre y cuando las escuelas demuestren que pueden verse perjudicadas por dichas normas.

“Sí se cuenta con interés para solicitar la suspensión provisional, al encontrarse dicho ordenamiento también dirigido, no sólo a quien comercializa, sino al igual, a toda escuela del Sistema Educativo Nacional, las cuales, de la propia norma se desprende, tienen obligaciones e incluso sanciones en relación con su incumplimiento”, expuso la ponente.

Los lineamientos fueron impugnados por varias instituciones, entre ellas el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.

El Cinvestav defendió vender y publicitar productos procesados o con sellos que cumplan normas sanitarias, preparar alimentos en cafeterías sin prohibiciones absolutas de ingredientes y evitar sanciones derivadas de los lineamientos.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA

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La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

Redacción — Thu, 25 Sep 2025 20:15:26 +0000

La nueva SCJN revisará un recurso de Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, contra una deuda fiscal que data de 2012; tendrá seis meses para hacerlo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 millones de pesos, originario de 2012, en un nuevo intento por dilatar el pago de impuestos del empresario mexicano.

“Se admite el presente recurso de revisión”, indica la notificación publicada este jueves en los estrados de la SCJN. Grupo Elektra, la quejosa, interpuso este amparo contra la decisión del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, de la Ciudad de México, que acreditó en 2013 un “crédito fiscal por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualización, recargos y multas”.

Salinas Pliego, conocido por llevar hasta la fatiga este tipo de recursos dentro del Poder Judicial para evitar el pago de impuestos, tiene una deuda de alrededor de 74 mil millones de pesos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación.

Con este recurso admitido, corre entonces el plazo de seis meses para resolverlo, si es que no se desecha antes, ya que la Constitución indica que la SCJN “deberán resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente”. Tendrá que resolverse a más tardar en marzo de 2026.

“En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de Tribunales Administrativos”, dice la Constitución mexicana.

La revisión de la Corte, confirmó la propia SCJN, tiene que ver con la constitucionalidad del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pero el tema podría ni siquiera discutirse en el pleno, ya que, en caso de no ser relevante, podría desechar el caso. El pleno no revisará el litigio relacionado con las deducciones que realizó Elektra a partir de “pérdidas por venta de acciones” que usó la compañía para reducir el concepto de pago de ISR hace más de 13 años: eso ya fue resuelto por el Tribunal del caso.

CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO

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Creará la Corte comités para procesar asuntos

Redacción — Tue, 23 Sep 2025 14:16:16 +0000

Como parte de su restructura interna, la SCJN creará comités integrados por ministros y personal técnico que servirán de primera instancia para revisar, depurar, emitir opiniones y buscar consensos sobre los asuntos que reciba el alto tribunal antes de llegar al pleno.

Los Comités de Ministros y Ministras buscan agilizar la operación institucional y abatir el rezago de más de mil 500 expedientes heredados.

En el acuerdo general 12/2025 del pleno de la Corte, votado el 3 de febrero pasado, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación y que hoy entra en vigor, se establecen las bases para la creación, integración y funcionamiento de esos órganos.

Se justifica que la medida responde a la reforma constitucional de septiembre de 2024 que transformó la estructura del Poder Judicial y concentró en el pleno de la SCJN la resolución de todos los asuntos de su competencia.

Se consideró indispensable crear entidades técnicas y consultivas que segmenten el análisis preliminar de temas jurisdiccionales y administrativos, depuren asuntos procesales y formulen dictámenes u opiniones previas que orienten al pleno.

Los comités no sustituyen la deliberación pública ni las decisiones colegiadas, pero facilitan la sistematización de criterios, la concentración de aspectos técnicos y la preparación de insumos para construir consensos.

Pueden ser permanentes o temporales. Entre otros aspectos, podrán hacer análisis jurídico-técnicos de proyectos, emitir opiniones consultivas. Sus opiniones y dictámenes tendrán carácter consultivo y no vinculante para el pleno, pero serán obligatorios para instancias inferiores.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA

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Estos son los salarios de los nuevos ministros de la Corte

Redacción — Thu, 04 Sep 2025 21:22:06 +0000

Desde enero de este año, los ahora ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ganaban menos de 200 mil pesos mensuales.

Ahora el Órgano de Administración Judicial (OAJ) será el encargado de ajustar los salarios de los nuevos ministros para cumplir con el mandato constitucional de que no ganen más que la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) publicado en febrero de este año, conforme al Presupuesto que le fue asignado a la institución para este ejercicio fiscal, el salario bruto de los ministros fue fijado en 190 mil 973.10 mensuales.

Sin impuestos, dicha cantidad quedó en 137 mil 83.82 pesos al mes y aunque no fue eliminado el seguro de separación individualizada y el de gastos médicos mayores, dichas prestaciones no son consideradas ingresos porque no acrecentaron la riqueza de los ministros salientes.

El tema de los salarios de los ministros de la Corte formó parte de los argumentos por los que el gobierno federal justificó la reforma judicial al acusarlos de ganar más que el titular del Ejecutivo federal, pese a que este 2025 ajustaron sus salarios para cumplir con la Constitución.

La reforma judicial ordenó a los ministros que no participaron en la elección del 1 de junio, es decir, que rechazaron los cambios, a renunciar anticipadamente a sus cargos para dar paso a la nueva SCJN.

Al tratarse de una nueva administración, automáticamente los ministros, jueces y magistrados electos por voto popular ya no pueden ganar más que la presidenta Sheinbaum.

El pasado 1 de septiembre, en su primer discurso como ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz afirmó que los integrantes del Pleno ajustarían sus salarios para no ganar más que la Presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que esto ya no corresponde determinarlo a la SCJN sino al nuevo Órgano de Administración, actualmente encabezado por Néstor Vargas, cercano a la mandataria federal.

Ayer, la SCJN publicó en su página electrónica el directorio de las nuevas ponencias en el que, en automático, fueron publicados los salarios de los ministros de 137 mil 582.27 pesos libres de impuestos.

Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a Proceso que dicha cantidad no ha sido ajustada aún por el OAJ que apenas ayer realizó las primeras designaciones directivas para administrar todo el PJF, incluida la Suprema Corte.

Con información de: Proceso

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