La decisión se dio a conocer este jueves 4 de septiembre, al resolverse el amparo directo 05/2025, solicitado por los familiares del acusado.

Los magistrados Francisco Ballesteros, Alejandro Bernal y José Luis Moya concluyeron que no existían pruebas suficientes que vincularan a Saúl N. con la convocatoria, incitación o participación directa en el linchamiento, lo que mantuvo al exlíder comunitario privado de libertad en el Cereso de Tlaxcala desde julio de 2022.

Con este fallo, quedó sin efecto la sentencia de 20 años de prisión que había sido impuesta en 2024. Los magistrados señalaron que el único indicio directo era el testimonio de familiares del occiso, considerado insuficiente para una condena, y destacaron la inexistencia de pruebas circunstanciales que corroboraran los hechos imputados.

El Tribunal Federal ordenó al Poder Judicial local emitir una nueva sentencia que reconozca el homicidio calificado de la víctima, pero que dicte falla absolutoria en favor de Saúl N., al no demostrarse su responsabilidad directa.

La noticia fue recibida con júbilo por los pobladores de San Pedro Tlalcuapan, activistas y organizaciones de derechos humanos. Desde tempranas horas, la comunidad se congregó frente al Palacio de Justicia en la capital del estado, portando pancartas con mensajes como: “Libertad para Saúl” y “Justicia denegada, justicia de morada”.

Familiares y amigos celebraron entre lágrimas y aplausos la liberación de Saúl, quien fue encarcelado tres años injustamente. Su esposa, Alicia, criticó la injusticia y las repercusiones que tuvo la sentencia sobre la familia, incluyendo interrupciones en la educación de sus hijos y afectaciones laborales: “Quienes realmente cometen delitos están libres, y los inocentes permanecen encerrados”, afirmó.

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El 15 de septiembre de 2023, elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron un reporte del Servicio de Emergencias 911 para trasladarse a la calle Allende, de la localidad de Santa María Ixtulco, ya que un hombre había agredido a una mujer.

Al arribar al lugar, se entrevistaron con la víctima, quien refirió que su pareja -quien se encontraba en estado de ebriedad- la había agredido físicamente, por lo que, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

El representante del fuero común integró la carpeta de investigación y en la audiencia expuso los elementos probatorios y el Juez de la Causa resolvió vincularlo a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado mantiene el firme compromiso de llevar ante las instancias correspondientes a quién o quiénes atenten contra la integridad física de las mujeres.

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