La propuesta impulsada por el senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, para sancionar el uso de la identidad gráfica institucional abrió un debate que va más allá de la propiedad intelectual: ¿cómo combatir la falsificación de documentos oficiales sin terminar afectando la libertad de expresión, la parodia o la sátira política?

Sobre el tema, el vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, planteó una reflexión personal y reconoció que la iniciativa parte de una preocupación real frente al crecimiento de la desinformación, particularmente cuando logotipos, nombres e identidades institucionales son utilizados para fabricar documentos o contenidos falsos que pretenden hacerse pasar por información oficial.

Martínez Velázquez recordó que desde hace años ha estudiado los efectos de la propiedad intelectual sobre la libertad de expresión y la cultura, y señaló que existe amplia discusión internacional sobre el uso del copyright como mecanismo para retirar contenidos. En ese contexto, consideró que la propuesta de Corral tiene una intención que puede entenderse frente a los nuevos mecanismos de falsificación digital.

Sin embargo, puso sobre la mesa una dificultad central: la ejecución de una medida de este tipo podría resultar mucho más complicada que su planteamiento legislativo, especialmente en un escenario dominado por redes sociales, algoritmos, inteligencia artificial y plataformas digitales privadas.

El funcionario puso como ejemplo casos registrados en Tlaxcala en los que personas se habrían hecho pasar por representantes de instituciones públicas y utilizado documentación apócrifa para engañar a ciudadanos con supuestos apoyos gubernamentales. A su consideración, esos hechos ya pueden constituir conductas ilícitas independientemente de una eventual protección adicional de la identidad gráfica gubernamental.

La discusión, dijo, también debe distinguir entre el uso comercial de una marca y la producción gráfica financiada con recursos públicos. Martínez Velázquez sostuvo que existe una diferencia entre proteger una marca cuyo propósito es comercial y proteger elementos gráficos creados con dinero público, cuyo objetivo fundamental es comunicar acciones gubernamentales a la sociedad.

El vocero también advirtió que el debate adquiere otra dimensión cuando llega a plataformas como Facebook, YouTube, TikTok o X, empresas privadas cuyas reglas internas contemplan mecanismos para retirar contenidos relacionados con derechos de autor. Por ello, consideró necesario analizar cuidadosamente cómo una eventual reforma interactuaría con las reglas de las plataformas y con el derecho a la libertad de expresión.

Finalmente, Martínez Velázquez dejó claro que no existe una postura oficial del Gobierno de Tlaxcala sobre la propuesta, al señalar que cualquier posicionamiento institucional corresponderá al momento en que la iniciativa sea discutida y, en su caso, aprobada. Su reflexión coloca así sobre la mesa un dilema que apenas comienza a tomar forma: combatir la desinformación sin convertir la protección de la imagen oficial en una herramienta contra la crítica, la parodia o la sátira política.

El cargo Entre la desinformación y la sátira: Martínez Velázquez opina sobre el uso de identidad oficial apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.