En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Tlaxcala, Elías Cortés Roa, presentó ante autoridades estatales y municipales el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Laboral de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de garantizar una vida libre de violencia.

Durante su intervención, Cortés Roa, acompañado del Magistrado, Manuel Vázquez Conchas y de la Magistrada Interina, Luz María Vázquez Ávila, enfatizó que, este protocolo atiende las recomendaciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la “Convención de Belém do Pará”, al condenar todas las formas de violencia contra las mujeres que causen daño o sufrimiento.

“El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a los ordenamientos legales internacionales, nacionales y locales, asume el compromiso y responsabilidad de prevenir, atender y sancionar la violencia laboral en su interior, con la finalidad de garantizar una vida libre de violencia a través de la aprobación del presente Protocolo”, puntualizó.

Finalmente, Elías Cortés, indicó que para la aplicación del Protocolo se considerarán los principios de cero tolerancia, perspectiva de género, confidencialidad, presunción de buena fe y de inocencia, prohibición de represalias, integridad personal, debida diligencia, no re victimización, transparencia y celeridad, además, todas las áreas del TJA coadyuvarán en su cumplimiento a través de estrategias de sensibilización que fomenten una cultura de igualdad de género.

Posteriormente, se efectuó el Panel “Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Laboral en los Tribunales Administrativos”, moderado por la titular de la Unidad de Igualdad de Género del TJA, Jaidi Montserrat Vázquez López y disertado por las Magistradas de los Tribunales de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Hidalgo y Puebla, Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, Ana Gabriela Ortiz Pacheco y Luz María Aguirre Barbosa, respectivamente, así como la secretaria técnica de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Coatlicue Nieto Pérez.

A este evento que se desarrolló en el marco de la conmemoración de la Campaña Internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, acudió la Presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Anel Bañuelos Meneses; la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jakqueline Ordoñez Brasdefer; la diputada local, Lorena Ruiz García, titulares de organismo autónomos, autoridades estatales, presidentas y presidentes municipales, estudiantes y personal del TJA.

El cargo “ASUME TJA COMPROMISO DE PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR LA VIOLENCIA LABORAL”: ELÍAS CORTÉS ROA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Asimismo, se impondrá de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, al que comercie o realice actos jurídicos que tengan por objeto la intermediación de células, embriones, incluyendo los gametos que se utilicen en procedimientos de subrogación de vientres.

El documento, suscrito por integrantes del grupo parlamentario del PAN y turnado a la Comisión de Salud para su análisis, propone reformar el artículo 319 y adicionar la fracción VIII al artículo 462 de dicha ley.

Define la gestación subrogada como un contrato donde una mujer accede a gestar a través de técnicas de reproducción asistidas, para otras personas quienes serían padres o madres de la niña o niño nacido del embarazo previamente pactado.

Expone que diversos países han intentado regular esta práctica, en algunos se ha prohibido, en otros se acepta con restricciones, diversos presentan lagunas en sus legislaciones y en la mayoría no se ha legislado en la materia.

Menciona que en América Latina sólo tres países permiten la maternidad subrogada: Brasil, Uruguay y Puerto Rico; sin embargo, “existen muchos vacíos en sus legislaciones, códigos y reglamentos”.

Mancillas Cabrera precisó que en México la maternidad subrogada no se encuentra regulada a nivel federal y únicamente se puede encontrar en cuatro entidades, en dos de ellas se prohíbe: San Luis Potosí y Querétaro, mientras que en Tabasco y Sinaloa está permitida.

Agregó que la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, dentro de sus códigos familiares se encuentra el reconocimiento de los efectos de parentesco derivados de las técnicas de reproducción asistida, sin hacer referencia expresa a la gestación subrogada.

Indicó que no existen cifras oficiales de cuantas personas han llevado a cabo esta práctica y “no tenemos una forma de consultar el número de personas que han realizado la maternidad subrogada ni el costo de los procedimientos”; tampoco se conoce a detalle el número de clínicas, hospitales o centros de salud que la ofrecen.

Señaló que se han dado a conocer testimonios de esta práctica “que dan cuenta de un arreglo entre particulares para establecer la prestación del vientre, lo que se ha interpretado como un negocio”.

“Lo que está ocurriendo es lucrar con la vida de las personas, con el vientre de las mujeres y, sobre todo, se podría generar un mercado de préstamo o renta de vientres por catálogo, una situación preocupante que generaría muchísimos problemas a futuro”, añade.

Refirió que lejos de ser una buena práctica es algo preocupante, porque se comienza a negociar con la necesidad de las personas.

La legisladora subrayó el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes a contar con el nombre y apellidos que les correspondan, tener una nacionalidad, conocer a ambos progenitores(as) y su origen, en la medida de lo posible, preservar su identidad incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.

En este sentido, manifestó que es indispensable considerar que acceder a la maternidad subrogada no condescendería garantizar de manera plena el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes.

Con información de: Milenio

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