Frente al DIF Municipal, a pasos de escuelas rebosantes de niños y rodeada de comercios y avenidas atestadas de familias y trabajadores, esta “iniciativa” no es más que un cheque en blanco a la negligencia, disfrazado de progreso económico.

Los vecinos no exageran al llamarlo una “bomba lista para estallar”: es exactamente eso, y varios medios locales lo han documentado con crudeza en las últimas semanas.

Los ciudadanos también han sido testigo de la opacidad que envuelve este proyecto. Según reportes recientes, personal de Protección Civil ha recorrido casa por casa recolectando firmas bajo el pretexto de “consultas vecinales”, pero sin revelar la verdadera intención: autorizar un almacenamiento de gas LP en un corredor de alto riesgo.

Esta maniobra, denunciada por habitantes en distintos foros huele a engaño deliberado, priorizando intereses privados sobre la vida colectiva. ¿Dónde está la transparencia que Ávalos prometió en su toma de protesta en septiembre de 2024, cuando juró un gobierno “incluyente y seguro”?

En cambio, lo que vemos es un patrón de secretismo que recuerda las críticas por su manejo opaco de recursos, como el tabulador salarial que lo posiciona como el mejor pagado del municipio (casi 68 mil pesos mensuales), mientras servicios básicos languidecen. La obra pública es otro boleto del que pronto se hablará.

Pero vayamos a los argumentos duros, respaldados por la realidad que los medios han expuesto sin piedad. Primero, el riesgo inminente: normativas federales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Protección Civil prohíben explícitamente instalaciones de gas en zonas residenciales densas o cercanas a instituciones educativas y a él y su personal de Protección Civil eso no parece importarles.

En Tlaxcala, casos como el de la gasera en Nopalucan —donde vecinos enfrentaron hasta violencia por un proyecto similar— muestran que Ávalos no es pionero en esta imprudencia; es parte de un mal endémico.

Ahí, el alcalde Pedro Pérez Vázquez cedió ante la presión social y canceló el permiso, reembolsando al empresario para evitar un desastre. ¿Aprendió Ávalos de esto, o la negativa a la construcción solo es una declaración para apagar el incendio social que esta construcción incendió, exponiendo a miles —incluyendo a los más vulnerables, como los atendidos en el DIF— a una explosión que podría replicar tragedias como la de San Pedro Tlaquepaque en 2023, donde una gasera irregular cobró vidas inocentes?

Segundo: la hipocresía de un alcalde que se jacta de “fortalecer la seguridad”. En septiembre de 2025 diversos medios retomaron sus entregas de alarmas vecinales y unidades comunitarias como logros de su primer año. No era información recabada, sino un boletín oficial.

Bien por eso, pero ¿de qué sirven esas alarmas si ahora avala una amenaza mayor? Vecinos de todas las comunidades han criticado duramente su administración por el abandono de la Unidad Deportiva Antonio Carvajal, convertida en foco de delincuencia y basurero a cielo abierto, con el estado amenazando retirar el comodato por negligencia.

Si no puede mantener un parque deportivo seguro, ¿cómo garantizará la integridad ante un tanque de gas a metros de escuelas? La inseguridad en Apetatitlán ha escalado, con reportes de extorsiones policiales y bandas criminales operando libremente,  a decir de los vecinos cercanos a la alcaldía, una gasera solo agrava el caos, convirtiendo el municipio en un polvorín literal.

Tercero, el costo humano y económico: este no es un capricho aislado. La ciudadanía, organizada en asambleas reportadas por redes de WhatsApp exigen no solo la cancelación inmediata del permiso, sino una investigación por posible tráfico de influencias.

¿Quién gana con esto? ¿Empresas foráneas que ignoran regulaciones locales, mientras Ávalos acumula un salario obsceno en un municipio con “desastre en servicios públicos”?

Los vecinos advierten movilizaciones y demandas legales, recordando que en Tlaxcala, la CRE ha negado permisos a gaseras irregulares, como en Apizaco, donde pipas fueron aseguradas por anomalías.

Si Ávalos persiste, no solo arriesga vidas, sino el legado de su gobierno, ya empañado por críticas familiares y ciudadanas que lo señalan con argumentos como aviadores, obras a sobre costo, acuerdos con otros alcaldes para el intercambio de familiares en la nomina, con la intención de evitar el nepotismo, etc.

La exigencia es clara: frene la gasera, abra el expediente a escrutinio público y rinda cuentas. De lo contrario, la historia lo recordará no por sus banderazos de obras, sino por poner en jaque la seguridad de su pueblo. Quizá incendiario, como él lo califica… pero no incendiado, como podría ser, si no modifica sus prioridades.

El cargo Un polvorín llamado Apetatitlán apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.