Según su relato, la institución bajo su mando firmó convenios en medio de una precariedad presupuestal crónica, creyendo inicialmente que participaría en “trabajos académicos reales” —como investigaciones, estudios de campo o encuestas—, pero terminó recibiendo solo un porcentaje mínimo (alrededor del 3%) por autorizar documentos prefabricados, mientras otros ejecutaban las tareas.

Xicohténcatl Rojas insiste frente a los periodistas que lo entrevistaron, que advirtió los riesgos, que se opuso cuando le informaron que ya tenían personal asignado y que, pese a ello, quedó envuelto en observaciones millonarias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con irregularidades que rondaron los 170-178 millones de pesos en trabajos no realizados.

Sin embargo, esta narrativa de “chamaco” o de académico perseguido por no cooperar con corruptos mayores resulta altamente cuestionable cuando se revisa su historial durante la rectoría.

Lejos de ser un funcionario intachable dedicado exclusivamente a la academia, enfrentó múltiples señalamientos y procedimientos legales que revelan un patrón de prácticas irregulares y conflictos de interés, particularmente en relaciones con la iniciativa privada.

Durante su gestión, fue detenido en noviembre de 2015 por agentes ministeriales, acusado de fraude genérico en agravio de una empresa privada (Corporativo Elvan de México), que lo denunció por incumplir un contrato y no entregar servicios o trabajos comprometidos, pese a haber recibido pagos. Esa información la tuve en las manos en mi paso por el portal e-consulta

Aunque fue liberado rápidamente (en cuestión de horas según algunos relatos), la empresa apeló el auto de libertad, lo que evidencia que no se trató de un asunto menor o infundado.

Este episodio no fue aislado: corporativos y empresarios de la zona lo acusaron de ofrecer asesorías, servicios técnicos o trabajos cobrados a precios elevados, aprovechando el cargo y los recursos o el prestigio institucional para generar ingresos personales o paralelos, en un contexto donde la universidad pública debería priorizar su misión educativa y de investigación sin incurrir en negocios opacos con el sector privado.

Estos antecedentes locales —reportados en medios locales tanto impresos como digitales desde 2015-2016— muestran que su administración no fue precisamente un ejemplo de transparencia o pulcritud.

Al contrario, generaron desconfianza entre proveedores y actores económicos de la región sur de Tlaxcala, donde la institución tiene presencia.

Las acusaciones de corrupción institucionalizada o de “negocios al amparo” de la rectoría no surgieron de la nada, sino de experiencias concretas de incumplimientos contractuales y cobros cuestionables que, según críticos, formaban parte de un modus operandi para complementar ingresos en detrimento de la ética pública.

Que ahora se victimice, destaque la impunidad de operadores de alto nivel y califique a los verdaderos responsables como “ladrones rascándose la panza” mientras él gasta en abogados y procesos desde hace nueve años, suena a una estrategia para curarse en salud. Pero en la izquierda (donde nació), y en la derecha más burda ya conocen de qué pie cojea Narciso.

Su molestia parece radicar menos en la indignación por la corrupción sistémica y más en haber quedado marginado de los beneficios mayores del esquema, o en que su propia reputación —ya manchada por señalamientos previos— termine asociada irremediablemente a uno de los mayores escándalos de desvío en México.

El exrector no encaja del todo en el rol de “académico inocente” que persigue. Su trayectoria incluye detenciones, demandas por fraude, apelaciones empresariales y críticas recurrentes por presuntos abusos en tratos con la iniciativa privada.

Pretender victimizarse plenamente ignora convenientemente ese historial turbio, que da peso a la idea de que su participación en convenios cuestionables no fue un error ingenuo, sino parte de una forma de operar que ya había generado conflictos y observaciones mucho antes de que la ASF destapara la red mayor.

La verdadera crítica no es solo a la impunidad de los poderosos, sino a cómo figuras como él usan el discurso anticorrupción para limpiar su propia imagen, cuando los hechos locales cuentan una historia muy distinta.

Personalmente opino, igual que muchos, que la gente de Rosario Robles buscó perfiles tan sucios como el del tlaxcalteca, justamente sabiendo que no se enfadaría con la propuesta de hacer negocios indebidos. El problema fue que al ser encarcelada y comenzar una cacería de brujas en su contra acabó por afectar a los mandos medios y bajos entre ellos el tlaxcalteca que se dice inocente, aún cuando sus antecedentes nos dicen todo lo contrario.

El cargo Xicohténcatl el INOCENTE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, ha garantizado la impunidad en casos de corrupción que involucran a priistas como Alejandro Moreno Cárdenas, Emilio Lozoya Austin, Rosario Robles Berlanga, Enrique Peña Nieto y al abogado de muchos de ellos Juan Collado Mocelo.

En días pasados, Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, reveló a “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo Al Aire, que la Fiscalía General nunca presentó una solicitud de desafuero contra el dirigente tricolor Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aún cuando esta dependencia lo investigaba desde 2022 por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.

Algo similar sucedió con Enrique Peña Nieto. También desde 2022 la FGR había informado que tenía al menos tres carpetas de investigación contra el expresidente por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, derivados de diversas denuncias que incluyen a la empresa OHL por posibles delitos patrimoniales y electorales

Sin embargo, en julio pasado el Fiscal Gertz Manero sencillamente indicó que las carpetas de investigación no se judicializaron, es decir no se presentaron ante un juez, porque no se ratificaron las denuncias y porque no le entregaron las pruebas, aún cuando él mismo señaló desde hace tres años que había una investigación en curso y pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho públicos distintos datos de prueba que apuntaban a un esquema de enriquecimiento ilícito.

Otros casos han tenido el mismo destino: a Rosario Robles Berlanga, la FGR no pudo comprobar su responsabilidad por la estafa maestra y fue exonerada en febrero de 2023; el exdirector de Pemex, de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, mantiene a su vez un proceso desde hace tiempo en el cual la FGR ha sufrido distintos reveses, más recientemente contra la esposa del exfuncionario por un supuesto fraude al fisco de 909 mil 400 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el 2013.

“Alito” Moreno

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mantiene acusaciones desde 2022, las cuales no han sido suficientes para que el líder del tricolor enfrente un proceso judicial ya que se encuentra protegido por el fuero. Para quitarle el fuero a Moreno Cárdenas y ponerlo a disposición de la justicia, se necesita una mayoría de votos de los diputados federales, con la cual sí cuentan Morena y sus aliados.

El dirigente nacional del PRI está acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. En agosto pasado, la Sección Instructora que preside el Diputado Flores Cervantes indicó que había una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, que acusa a Moreno Cárdenas desde 2022.

La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a “Alito” Moreno fue el 17 de agosto del 2022, cuando esa institución promovió ese mismo trámite ante la Cámara de deDiputados federal, apoyada en la presunción de que dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador en aquella entidad.

Además, la FGR mantiene en su contra una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias. Desde 2022, la FGR ha girado oficios a dependencias del Gobierno federal para que, “con carácter RESERVADO y URGENTE” (sic), le sea entregada información sobre procedimientos administrativos relacionados con Moreno Cárdenas en el periodo de 2015 a 2020, según documentos obtenidos por SinEmbargo.

Se trata prácticamente del periodo en el que Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, se desempeñó como Gobernador de Campeche. Esta investigación de la FGR contra Moreno Cárdenas, probada por SinEmbargo con documentos, es diferente a la que lleva a cabo contra éste la Fiscalía de Campeche también por presunto enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de prisión.

Sin embargo, la FGR nunca presentó una solicitud al Congreso para quitar a “Alito” su fuero y enfrentar estos señalamientos. Así lo confirmó el Diputado Hugo Eric Flores Cervantes, quien indicó que la Fiscalía “nunca presentó ninguna solicitud para quitarle el fuero constitucional al entonces Diputado Alejandro Moreno”.

“En los expedientes no hay ninguna solicitud de parte de la Fiscalía. La única y es esto sí también hay que decirlo, porque yo también leí notas, nos hemos metido mucho al caso y sí hay muchas notas donde se habla de una solicitud de la Fiscalía General, pero nunca llegó a la Cámara de Diputados, hay que decirlo, nunca llegó y y solamente quedaron en información periodística”, ahondó el Diputado.

Peña Nieto

En julio pasado, una nueva acusación de corrupción se sumó a la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que el medio israelí The Marker reveló que el exmandatario mexicano recibió un soborno de 25 millones de dólares con el objetivo de permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en territorio nacional, hechos por los que la FGR dijo que abrió una carpeta de investigación.

Ante los reportes, Gertz Manero explicó el 8 de julio pasado que desde el inicio del sexenio pasado, en 2018, se presentaron denuncias por el caso Pegasus, pero que no se habían logrado corroborar con las pruebas suficientes. Sin embargo, destacó que las nuevas evidencias daban lugar a una investigación más sólida.

A lo largo de su sexenio, Peña Nieto y varios miembros de su gabinete estuvieron involucrados en escándalos de corrupción, que mantienen investigaciones abiertas por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales, las cuales no han llegado a los tribunales.

Hace cuatro años, la UIF informó de transferencias millonarios para Peña Nieto provenientes de España. Semanas después, en agosto de 2022, la FGR confirmó que tenía abiertas tres carpetas de investigación en contra de Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales.

¿Qué pasó con esas investigaciones? Nada. Así lo confirmó Gertz Manero que responsabilizó a otras dependencias como la UIF por no haber ratificado la denuncia.

“Nosotros hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran los elementos para poderlos judicializar y, hasta el momento, no nos los han entregado”, se limitó a decir Gertz Manero el 8 de julio pasado.

Rosario Robles

El 13 de agosto de 2019, durante una audiencia en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, el Juez José de Jesús Delgadillo Padierna dictó vinculación a proceso y prisión preventiva contra Rosario Robles Berlanga, quien se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por el delito de ejercicio indebido del servicio público y por malversación de fondos públicos, por el caso de la denominada Estafa Maestra.

El juzgador determinó que la exfuncionaria pública sí tenía conocimiento de las anomalías y debía informar que la Sedesol se encontraba en el trabajo de justificar miles de millones de pesos faltantes a la ASF. Por este caso, Robles Berlanga permaneció tres años en prisión, durante los cuales se le negó prisión domiciliaria al menos en tres ocasiones, recursos que solicitó reiteradamente argumentado un mal estado de salud..

En 2022, la FGR informó en un comunicado que el 17 de agosto de ese año, Robles presentó una solicitud de cambio de medidas cautelares para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad, por lo que un Juez modificó su medida cautelar a arresto domiciliario, y el 19 de agosto de ese año, la exfuncionaria salió de la cárcel.

En febrero de 2023, la exsecretaria de Desarrollo Social del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019, también por el caso de la “Estafa Maestra”, con el que se desviaron cinco mil millones de pesos que fueron extraídos de las dos dependencias durante los años en los que Robles estuvo al frente de ellas. Asimismo, se libró de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó y que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.

El Juez de Control Roberto Omar y‎ Paredes determinó sobreseer la causa penal, por lo que Rosario Robles quedó librada de las medidas cautelares que mantenía aún fuera de prisión; ya no tendría que ir a firmar cada quincena al Reclusorio de Santa Martha y podría salir del país. Aunque la decisión fue apelada, en primera instancia por FGR, la apelación fue desechada por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México.

En octubre de 2024, Rosario Robles Berlanga quedó, oficialmente, absuelta de todos los cargos que se le habían imputado por su participación en la llamada “Estafa Maestra”, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió dar “carpetazo” al caso. La sentencia en cuestión fue dictada en febrero de 2023 por el Juez Paredes, y ésta absolvía a Robles del delito de ejercicio indebido del servicio público.

De este modo, Robles Berlanga quedó absuelta de las acusaciones en su contra por su presunta participación en el desvío de más de cinco mil millones de pesos de la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. “Hoy se demuestra después de tres años que tenía la razón, que soy inocente, siempre di la cara y ahora me toca seguir luchando por muchas mujeres que conocí sin tener la razón”, dijo a medios al salir de la audiencia.

Emilio Lozoya

Otro caso es el del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, que ha tenido sanciones en Estados Unidos y en varios países de América Latina, excepto en México, en donde a pesar de tratarse de un asunto de prioridad nacional, la FGR ha sido, en sus palabras, ineficiente.

Apenas el pasado 25 de febrero, justo un año después de que Emilio Lozoya se fue a su casa bajo arresto domiciliario, Alejandro Gertz Manero dijo que la causa penal seguía vigente, pero acusó que el proceso contra Emilio Lozoya Austin estaba detenido por trabas judiciales; afirmó que estaba enfrentando “chicanadas” que impedían su resolución.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EU reveló que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica, incluido México. El principal implicado en México es Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, quien habría recibido cuatro millones de dólares para financiar la campaña presidencial a cambio de contratos con la empresa.

La declaración de Odebrecht ante tribunales estadounidenses mencionó a cinco funcionarios mexicanos, y el exdirector de la empresa en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, confirmó los pagos a Lozoya. En 2020, Lozoya acusó a varios políticos y expresidentes, como Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, aunque todos negaron los señalamientos y algunos presentaron denuncias en su contra.

Pese a las acusaciones, ninguno de los implicados ha sido sancionado. Lozoya fue el único en pisar la cárcel, pero desde febrero de 2024 cumple arresto domiciliario mientras continúa su proceso por el caso Odebrecht. Cuestionado por el caso, en febrero pasado, Gertz Manero señaló que el caso Lozoya es un ejemplo de las fallas en el Poder Judicial, ya que acusó que el proceso está anquilosado por decisiones de los jueces.

“El individuo está sujeto a proceso. En un momento dado, había llegado a tal extremo su situación que pedimos la orden de aprehensión y lo internamos, e inmediatamente un juez le dio libertad procesal. En eso estamos”, declaró Gertz Manero en ese entonces, pero hasta la fecha no ha vuelto a informar sobre el caso.

Juan Collado

El 9 de julio de 2019, el abogado Juan Collado Mocelo fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México, acusado de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, por más de 156 millones de pesos, y fraude. El arresto del exabogado del expresidente Enrique Peña Nieto tuvo lugar cuando comía con Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero, en un restaurante de Polanco.

Las investigaciones de la FGR, que llevaron a la aprehensión de Collado, se derivaron de la denuncia del empresario Sergio Bustamante Figueroa por el despojo de un inmueble en Querétaro, por lo que días después de su arresto, el litigante fue vinculado a proceso y el juez encargado del caso ordenó seis meses de prisión preventiva contra Collado, los cuales cumpliría en el Reclusorio Norte, como medida precautoria.

La investigación señala que el terreno en cuestión fue comprado mediante la Caja Libertad, una Sociedad Financiera Popular (sofipo) ubicada en Querétaro, de la que supuestamente es dueño Collado y fue su presidente hasta su detención. A estas acusaciones se sumó el delito de peculado, por 13 millones 780 mil pesos que habrían sido desviados del erario público del estado de Chihuahua, entre enero de 2013 y marzo de 2014, durante la gestión del exgobernador César Duarte.

Por este último delito, el 1 de septiembre de 2020, la Fiscalía General de Chihuahua cumplimentó una orden de aprehensión en contra del abogado Collado Mocelo. La orden se ejecutó la tarde del 30 de agosto en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encontraba detenido desde 2019, bajo tres procesos federales que tenía en curso, los dos más grave por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En septiembre de 2023, al abogado, que acumulaba tres delitos: la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos, el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra, y por defraudación fiscal por 36 millones de pesos, se le concedió la libertad provisional a Collado Macelo, pero en aquel momento se determinó que debería usar un brazalete electrónico en el tobillo.

Asimismo, el caso del fuero común que enfrentó es una acusación de la Fiscalía de Chihuahua por un presunto peculado de 13.7 millones de pesos. Los reportes señalaban que los desvíos se habrían realizado a través de la simulación de contratos de servicios profesionales de asesoría jurídica mediante la Secretaría de Hacienda estatal.

Después de un encierro por cuatro años, dos meses y doce días, un Juez determinó concederle la libertad provisional al abogado mientras transcurría su proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado dinero, donde ésta última era la única imputación de las cuatro por la que aún se mantenía al litigante bajo prisión preventiva.

En enero de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó la absolución de Juan Collado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, de los cuales había sido señalado como probable responsable en 2019, luego de que se celebrará una audiencia en la que un Juez determinó levantar las medidas cautelares y otorgar la libertad al abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.

En abril de ese mismo año, un Juez federal finalizó el proceso contra Collado por supuesta defraudación fiscal de unos 37 millones de pesos, al considerar que el delito ya había prescrito. El Juzgador de Control Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, sobreseyó así el proceso contra el abogado, asestando una nueva derrota a la FGR.

Tras la determinación judicial, el único caso pendiente que mantenía Collado era el de un acuerdo reparatorio que negoció con la Fiscalía de Chihuahua, donde debería de pagar 13.7 millones de pesos con fecha límite al 5 de mayo, de acuerdo con la resolución de un Juez. Una vez que concluya este proceso, Collado terminará todos sus pendientes por los que fue llevado a juicio.

Juan Collado Mocelo fue uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes se encontraban Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid, el expresidente Enrique Peña Nieto y el exdirector de Pemex, Carlos Romero Deschamps.

El cargo Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En un acto sin precedentes, jueces y magistrados del Poder Judicial de México han decidido hacer un paro nacional indefinido, debido a que se resisten a perder canonjías y beneficios, como muy pocos servidores públicos en México pueden llegar a soñar. Desde hace un par de días, aproximadamente 1,700 juzgadores han suspendido sus actividades en todo el país. ingenuos piensan que la masa se les unirá.

Sin embargo, no son los únicos, pues estos se adhieren a los paros que ya realizan trabajadores del Poder Judicial en 29 estados, quienes alegan que la propuesta de reforma que se discutirá en la Cámara de Diputados pretende eliminar la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales. Vaya vaya.

Sólo atienden casos urgentes o aquellos en donde se encuentra en juego la libertad de las personas, como el góber precioso, que ahora mismo goza del privilegio de la reclusión domiciliaria por cortesía de dos juezas federales adscritas en Quintana Roo, cuyo desempeño es bastante cuestionable, por decir lo menos.

Como se evidenció en la mañanera del 5 de agosto, la jueza Elsa Espinoza Salas otorgó un amparo a Mario Marín, para invalidar el dictamen que emitió un juez de Quintana Roo en 2023, y en el que se declaraba infundada la petición de liberar al exmandatario estatal.

Pero allí no paró la cosa. Díaz más tarde, otra jueza federal aplicó el clásico sabadazo, tan común entre los dizque impartidores de justicia federales.

El sábado 10 de agosto, la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, dispuso la inmediata libertad del góber precioso, aquel que ordenó que se torturara a la periodista Lydia Cacho, quien evidenció una red de pederastas protegida por Mario Marín. La jueza consideró que acreditó el arresto domiciliario en Puebla “y que esta medida es igual de eficaz para garantizar su comparecencia”.

Nomás se iba a incomodar al ex gobernador de Puebla con la portación de un brazalete electrónico, el resguardo domiciliario, la exhibición de una garantía económica de 100 mil pesos (no se vaya a quedar pobre) y la prohibición de salir del país. Y nada más.

Qué duda cabe que esas son las verdaderas heroínas de la película, papá. Esas y muchos otros jueces y magistrados coludidos con el crimen organizado o con las redes de corrupción que infestan a las fiscalías estatales y, todo hay que decirlo, a la propia FGR.

¿Por qué este paro? La reforma judicial, que se discutirá en la Cámara de Diputados busca eliminar la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales. Los trabajadores del Poder Judicial en 29 estados también se han unido a esta movilización, manifestándose afuera de las sedes del Poder Judicial.

El paro se realizará en todos los órganos jurisdiccionales del país, aunque se atenderán los casos urgentes donde esté en riesgo la vida y la libertad de las personas. Tienen el suficiente cinismo para señalar que negar estos servicios se consideraría una arbitrariedad de la autoridad.

Este conflicto plantea desafíos significativos para el sistema judicial y podría tener consecuencias a corto plazo, incluyendo retrasos en la atención de casos y daños patrimoniales.

Desde el primer minuto del miércoles, miles de trabajadores del sistema de justicia federal han incurrido en la irresponsabilidad de dejar botado el trabajo con tal de defender sus delirantes beneficios.

Lo peor es el cinismo con el que esconden que la justicia les importa un carajo y que lo suyo es el tráfico de influencias, los sabadazos y la corrupción, como se acreditó en el caso del góber precioso, Lozoya, Robles, Murillo, entre otros.

Una y otra vez se ha señalado, cuando se han comprobado conductas graves de los juzgadores, que aunque merecen ser sujetos de sanciones severas, el Consejo de la Judicatura es muy benévolo con ellos.

Cabe recordar que el Consejo es presidido por la ministra Piña, que de paso también cobra como presidenta de la Corte, violando cada quince días la Constitución, porque cada quince días se embolsa más dinero que el presidente, aunque trabaja mil veces menos que el tabasqueño.

Está comprobado que el órgano regulador de jueces y magistrados se ha limitado a aplicar sanciones muy leves, como la suspensión provisional o el cambio de adscripción, especial y extrañamente al estar dichos funcionarios involucrados en casos relevantes de corrupción o de otros delitos. En otras palabras, ellos mismo se cobijan y se encubren. Y eso es lo que se resisten a perder.

@martin_rodriguez.com

El #embajador de #EEUU en #México respondió a la #UIF de #PabloGómez sobre la presunta #injerencia de la #embajadanorteamericana en #asuntospolíticos de #México

♬ sonido original – Martín Rodríguez

Las tres de ley… 1- El hipócrita embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha vuelto a mostrar su talante intervencionista y con la carta de ayer “sobre la propuesta de reforma judicial en México” entierra sus mentirosas declaraciones hechas en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala hace unos días.

2- Basándose en su experiencia de “toda una vida apoyando al estado de derecho”, el diplomático que violenta la constitución mexicana todos los días, se dijo preocupado por la elección directa de jueces.

3- “Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, escribió Claudia Sheinbaum en sus redes y con eso le cortó la cola al alacrán güero.

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El cargo Ken Salazar: apóstol del PJF apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Tras casi un mes de juicio oral en el Centro de Justicia Federal del Altiplano, el viernes pasado la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó evidencia suficiente que acredita la culpabilidad de dos ex funcionarios federales y de un apoderado de una empresa privada en este caso.

Los condenados son José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray S.A. de C.V.; y una ex funcionaria más de menor rango.

Aunque la resolución de la jueza pone fin al juicio las partes aún pueden presentar alguna apelación o un amparo, por lo que la condena no quedará firme hasta que se agoten estas instancias. Las penas para cada uno de los condenados – que se definirán en siguientes audiencias – podrían alcanzar hasta los 45 años de cárcel.

Para la FGR se trata de una victoria importante por la gravedad de los delitos imputados. Aunque en el pasado ya ha judicializado más de 25 procesos penales en contra de diversos implicados en la Estafa Maestra, todas eran por cargos de ejercicio ilegal del servicio público y uso ilícito de atribuciones.

Además, se trata del primer proceso penal que los fiscales logran impulsar hasta la fase de juicio oral y con un fallo favorable para la parte acusadora.

Pero este mismo proceso la FGR ha sufrido reveses previos luego de que la presunta líder de la organización delictiva descrita en la acusación, la ex secretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, obtuvo un amparo con el que logró que se cancelara la orden de aprehensión girada en su contra. Mismo beneficio que han obtenido otros dos implicados.

No obstante, los fiscales aún tienen la posibilidad de citar a una audiencia inicial a la exfuncionaria para tratar de iniciar en su contra este proceso por el que ahora ya hay sentenciados en una primera instancia.

El caso de la FGR

En su acusación presentada ante la jueza los fiscales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Delincuencia Organizada (Femdo) sostuvieron que entre 2012 y 2018 operó una organización delictiva en la Sedesol y Sedatu con la que se lograron desviar más de cinco mil millones de pesos en complicidad con diversas universidades públicas y empresas fachada.

“Actuando todos con pleno conocimiento de permanencia e intervención en el esquema delictivo hoy conocido como Estafa Maestra. Este esquema tuvo como finalidad dispersar recursos de ambas secretarías de estado, por la cantidad, hasta ahora conocida, de $5,073,358,846.25., con la suscripción irregular de 20 convenios generales y 44 convenios específicos”, señala el escrito de la acusación final.

Para ejemplificar el funcionamiento de la organización delictiva los fiscales profundizaron en el caso de un convenio firmado desde la Sedesol con la Universidad Autónoma del estado de Morelos por un monto de 77 millones de pesos para el levantamiento de unos padrones y encuestas. Los servicios, según la acusación, se simularon y el dinero terminó en empresas fachada.

a investigación de los fiscales apoyada en auditorías federales sostuvo que Orozco Martínez participó en los procedimientos irregulares de contratación y validó servicios que no se prestaron de forma adecuada. En tanto, la empresa de la que era apoderado Valenciano Zapata fue la receptora de los recursos desviados a través del referido convenio. Ello pese a que dicha compañía no tuvo participación en los servicios prestados.

Sin esas acciones, consideró la jueza federal en su resolución, no hubiera sido posible que la organización delictiva lograra extraer los recursos públicos.

Cabos sueltos

Las personas sentenciadas son, según la propia FGR, integrantes de segundo y tercer nivel del esquema criminal. Ninguno de ellos fue acusado de haberse beneficiado con los recursos malversados o haber organizado o coordinado el esquema delictivo. El destino final de los recursos no se ha esclarecido.

El proceso penal asentado en la causa penal 400/2020 ha enfrentado dificultades para llegar a los principales responsables. Por un lado, aunque en 2021, la FGR obtuvo una orden de arresto en contra de Rosario Robles (que según la acusación es la líder del esquema), esta no fue cumplimentada pese a no existir obstáculo alguno, pues la exfuncionaria estaba plenamente localizable y en prisión preventiva por otro proceso. A la postre la orden fue cancelada gracias a un amparo obtenido por la exsecretaria de Estado.

La FGR aún está en posibilidades de citar a una audiencia inicial a Robles para intentar detonar el proceso penal en su contra, pero hasta ahora eso no ha ocurrido.

Por otro lado, este caso surgió de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000605/2020 en la que una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y diversas declaraciones y otros datos de prueba identificaron al exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, como el principal operador y beneficiario del fraude.

Sin embargo, las autoridades a cargo de la indagatoria no procedieron en contra de dicho exfuncionario. Un informe revelado por la organización TOJIL en mayo pasado evidenció un esquema de presuntas irregularidades y hechos de corrupción en que estarían implicados fiscales y otros funcionarios para proteger a Zebadúa y sus cómplices.

Tras la publicación de esa información la FGR a través de su Fiscalía de Asuntos Internos inició formalmente dos carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción en contra de varios de los fiscales y ex fiscales a cargo de este caso. El asunto sigue en desarrollo.

Con información de: Milenio

El cargo Dictan primera sentencia por lavado y crimen organizado en caso ‘Estafa Maestra’ apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Un tribunal federal confirmó la absolución de Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) del caso de la Estafa Maestra por el que permaneció presa durante tres años.

Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México confirmaron el criterio del juez Roberto Paredes, quien determinó que la vía para sancionar a la exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto por no evitar los desvíos millonarios de la Estafa Maestra cuando encabezó las mencionadas secretarías, es la administrativa y no la penal.

“Los agravios vertidos por las mismas (FGR y ASF) resultan infundados, inatendibles e inoperantes, lo que conlleva a confirmar en la materia de la apelación la resolución judicial impugnada”, señalaron los magistrados.

Esto, debido a que en aplicación de una interpretación conforme y pro persona, el juez consideró que se debe aplicar la ley menos lesiva a los derechos de la imputada, Rosario Robles, pues su defensa afirmó que para el momento en que supuestamente fueron cometidos los hechos imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) como el delito de “ejercicio indebido del servicio público”, este no existía en el Código Penal Federal sino en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es decir, que se sancionaba por la vía administrativa.

La FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se dolieron de que el juez utilizó la progresividad de las leyes en favor de Robles Berlanga (aplicación de una ley o precepto que existió después de que fue vinculada a proceso) de manera discrecional.

Sin embargo, los magistrados señalaron que las autoridades no dieron razones jurídicas suficientes para acreditar la alegada discrecionalidad ni por qué no era posible aplicar la progresividad del derecho al debido proceso a favor de la exsecretaria de Estado.

“No basta expresar desacuerdo con la decisión recurrida y afirmar de manera genérica que debían aplicarse dichos numerales, la progresividad del derecho mencionado y el control difuso, sino que se tenía que precisar razones jurídicas suficientes”, señalaron por unanimidad los magistrados.

“Era necesario que expusiera las situaciones objetivas y específicas por las cuales el control difuso ordenado en la ejecutoria de amparo (que ordenó al juez de control analizar la petición de Rosario Robles para declarar sobreseído el caso penal en su contra), debía efectuarse con el texto constitucional previo a la reforma de 25 de mayo de 2015, no sólo emitir un pronunciamiento contrario al del juzgador, para que con ello se pudiera estar en aptitud de estudiar a fondo dicho tópico”.

La única que puede impugnar la resolución mediante un amparo directo es la ASF, pues tiene carácter de ofendida en el caso, pero para la FGR no existe esa posibilidad.

Con información de: Proceso

El cargo Tribunal confirma la absolución de Rosario Robles por la Estafa Maestra apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Sin embargo, la revisión de su trabajo tendría que hacerse con base en indicadores como el rescate de paraestatales que, en otros sexenios, fueron debilitadas desde el propio gobierno federal, para muestra están la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), ambas fundamentales para la soberanía de México.

Pero el rescate no se limita a esas emblemáticas siglas, también está el rescate de Mexicana de Aviación, aerolínea que junto con la recién creada “Litio para México” representan fuentes de empleos para cientos de mexicanos.

No se trata de sacar el dinero de la Iniciativa Privada del país, ni de expropiar los bienes de empresas extranjeras que han invertido en México, solo que nos cansamos de los políticos que remataban los bienes y la industria nacional a los ricos de otros países; ahora se ha privilegiado el recurso natural de México al servicio de los nacionales.

La redistribución de los recursos es un paso enorme para el país, casi tan grande e importante como lograr que los más adinerados paguen sus impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como nunca había sucedido.

Caso concreto es el de Tv Azteca y su dueño Ricardo Salinas pliego que por años evadió esa responsabilidad, allegándose de abogados que a través de lagunas legales impedían el fortalecimiento de la hacienda pública.

Y ha sido gracias a esa recaudación millonaria que los proyectos sociales han continuado, aun cuando muchos sostenían que el dinero entregado a discapacitados, madres solteras o adultos mayores no sería permanente. Era normal pensarlo, nunca hubo un administrador como Rogelio Ramírez de la O.

Y no es que me trague eso de la austeridad republicana y la pobreza franciscana, lo que México ha aplicado es una buena administración, eliminando el exceso en nóminas, en gastos superficiales o en esas representaciones a Europa donde las primeras damas viajaban con estilista y maquillista con cargo al erario, así de fácil.

Y los números son fríos, las matemáticas no saben de colores y es esa ciencia la que respalda la política económica de López obrador que ha mantenido la deuda en niveles históricos, con todo y que a su llegada la pandemia de covid-19 azotó a México y al resto del mundo.

La apuesta de López Obrador no se centró en adquirir deuda pública en la pandemia, como si lo hizo Felipe Calderón con el AH1N1, ahora se apostó por incrementar el salario mínimo y fortalecer programas para sectores vulnerables. Ahí están las finanzas públicas sanas para respaldar la decisión del tabasqueño.

Y no es que al evitar el endeudamiento se haya renunciado a realizar obras que impacten en la infraestructura del país, como podría presumirse de un gobierno que rechaza la deuda, para muestra están las refinerías, el aeropuerto o el Tren Maya, todo eso respalda el trabajo sexenal.

Si la pobreza bajó, como ha dicho el propio Coneval, es porque esta administración supo enfocarse para apoyar a los más desfavorecidos, pero sin descuidar a los empresarios que son los que ofertan la mayor cantidad de empleos formales.

Ahí están los banqueros, constructores, dueños de televisoras y periódicos que, incluso en medio de la “austeridad republicana”, vieron crecer sus fortunas, con estos datos es imposible engañarse o dejarse engañar.

La política en materia de salud seguirá endeble, siempre que continúen sindicatos como el de Blanca Águila Lima y politicen la asignación de plazas y obstaculicen los servicios, como ha sucedido en Tlaxcala. No olvide usted que ella evitó o buscó evitar que se concretara el programa IMSS-BIENESTAR.

La delincuencia y los muertos no bajarán en las estadísticas nacionales, en tanto los gobiernos estatales no asuman su función, facultades, alcances y se justifiquen o evadan su competencia, como lo ha hecho Enrique Alfaro en Jalisco.

Sin embargo, la salud, la inseguridad y la erradicación de la impunidad continuará siendo tarea pendiente del obradorismo y dudo que la realidad cambie en lo que le resta del sexenio. Quisiera equivocarme.

Permitir la llegada de parásitos a órganos tan importantes como la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, será una mancha indeleble en la historia de la 4T. Aunque me digan que es autónoma.

Si Gertz dejó de hacer su trabajo y como resultado de esa omisión fomentó la impunidad de Rosario Robles, Elba Esther Gordillo o Emilio Lozoya, él no es el único culpable.

El promotor de Alejandro Gertz Manero es y será recordado por darle autonomía y capacidad de decisión; Andrés Manuel es su nombre, López obrador sus apellidos.

Sin embargo, quienes pensaron que “El Mesías” caería después de su cuarto año de gobierno se quedaron y se quedarán con las ganas, ni el cierre de empresas por pandemia, ni la guerra en Croacia, ni los ataques desde el poder judicial lo han mermado. Obrador sigue con un alto nivel de aceptación y el 2024 será el mejor termómetro.

Las tres de ley… 1- Marco Tulio Munive Temoltzin es la nueva contratación de la 4T tlaxcalteca que a partir de ayer tomó las riendas de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), que despachó -por unos meses- Juan Tapia Pelcastre.

2-El ex senador de origen panista es hermano de la ex alcaldesa de Chiautempan, Linda Marina Munive Temoltzin, una de las políticas más allegadas a la senadora Beatriz Paredes Rangel, de extracción priista. Ambas estuvieron en la embajada de México en Brasil.

3- Aunque en el gabinete estatal se reconoce a Marco Tulio como un miembro reciente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la realidad es que en la base del grupo Obradorista Marco Tulio es tomado como uno de tantos advenedizos.

Qué podían esperarse en una entidad en la que Morena es encabezado por un priista de hueso colorado como lo es Carlos Augusto Pérez Hernández, hoy dirigente del morenismo local, esa es muestra de la realidad que vive Tlaxcala y la 4T repleta de panistas, priistas, petistas, perredistas pero ningún morenista de cepa.

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El cargo A cinco años apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El juez federal Eutimio Ordoñez Gutiérrez ha cancelado la orden de aprehensión emitida en 2020 contra Rosario Robles, ex titular de la Sedesol y Sedatu, en el marco del caso conocido como “La Estafa Maestra”.

El juez consideró que no se pudo comprobar su participación en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Ordoñez señaló que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, encargado de emitir la orden el 31 de octubre de 2020, se limitó a reproducir los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, destacó que estos argumentos no fueron claros y no se especificaron las circunstancias de los presuntos ilícitos ni se presentaron pruebas sólidas para respaldar las valoraciones del juez.

El juez determinó que la orden de captura de Robles Berlanga por parte de la FGR fue excesiva y violatoria de los derechos constitucionales, ya que la exfuncionaria se encontraba localizable y no existían indicios de fuga.

Por su parte, la Fiscalía General de la República ha impugnado la resolución del juez del cuarto juzgado de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México. Ahora será un tribunal colegiado el encargado de decidir si confirma, modifica o revoca esta decisión.

Con esta determinación, se retiran las órdenes de aprehensión en contra de Rosario Robles, aunque el caso aún está en proceso y se espera el fallo del tribunal colegiado para definir el rumbo de este emblemático caso de corrupción y desvío de recursos en México.

En agosto del año pasado, un juez de control absolvió a Rosario Robles del delito de ejercicio indebido del servicio público y anuló el proceso penal en su contra, por considerar que hubo violaciones al debido proceso.

La resolución dictada por el juez federal especializado en el sistema penal acusatorio adscrito al Reclusorio Sur, Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, revocó las medidas cautelares que aún existían en su contra.

A Robles Berlanga le dictaron prisión preventiva en agosto de 2019 por los delitos de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión, al ocasionar daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, en el caso conocido como ‘La Estafa Maestra’. Se declaró inocente.

Con información de: aristeguinoticias.com

El cargo Retiran Órdenes De Aprehensión Contra Rosario Robles. apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

“Todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan, con absoluta claridad, la responsabilidad penal correspondiente; y el hecho de que el Juez Penal Roberto Omar Paredes Gorostieta, en funciones de Juez de Control, haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria, a favor de María del Rosario ‘R’, es un acto de injusticia inaudito que, por carecer de fundamento, obliga a esta Institución a iniciar un procedimiento penal inmediato”, señaló en un comunicado la FGR este sábado.

“El sobreseimiento decretado por dicho Juez, adscrito a un Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes”, añadió la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero.

Argumentó que declarar que eso “no constituye delito es algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni fundamentada en los hechos, ni en las leyes, ni en las pruebas”.

La FGR también asegura que el Juez “utiliza dolosamente una legislación que no es aplicable penalmente, para violentar la ley y las constancias que existen en los expedientes penales respectivos”, contrario a lo que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, que establece con toda claridad la independencia de las responsabilidades administrativas de las penales.

“Independientemente de que todas las objeciones señaladas se incorporarán a la apelación correspondiente, la Fiscalía General de la República no puede omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia (art. 225, fracción VI, del propio Código Penal Federal)”, dijo.

La Fiscalía asegura que la afectación al patrimonio nacional “ha quedado evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el caso de Rosario ‘R’, a quien se le imputó el delito de ejercicio indebido de servicio público, ya que dicha persona, como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos ya señalados y existen pruebas abundantes al respecto; y no avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió, ni evitó ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo”

El daño generado, explicó la FGR, generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva en lo que llamó “uno de los casos más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para el país”, en referencia a la Estafa Maestra.

La Fiscalía asegura que hasta este momento “la cantidad saqueada supera los cinco mil millones de pesos y existen 24 casos penales federales en donde están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y en carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal, que han sido judicializadas en su momento”.

ROBLES, EXONERADA POR LA “ESTAFA MAESTRA”

Robles Berlanga quedó exonerada la tarde del viernes del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019.

Y no solo eso: también se liberó de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le notificó en 2021 y con lo que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.

Así, en dos días, Robles Berlanga quedó libre de todo proceso y puede regresar a trabajar en algún cargo público.

Tomada de la mano de su hija Mariana Moguel y acompañada de sus abogados, Robles reiteró su inocencia y se congratuló con la resolución del Juez.“Hoy se demuestra después de tres años que tenía la razón, que soy inocente, siempre di la cara y ahora me toca seguir luchando por muchas mujeres que conocí sin tener la razón”, dijo a medios al salir de la audiencia.

También aseguró que no tiene rencores ni resentimientos y que su pretensión no es ajustar cuentas con nadie. “Soy una mujer que ha dado batallas toda su vida y seguirá adelante”.

Con información de: Sinembargo

El cargo Juez cometió acto de injusticia. Rosario es culpable de saqueo a erario, insiste FGR apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

(SinEmbargo).- La exfuncionaria de la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, quedó exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019.

Y no solo eso: también se liberó de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le notificó en 2021 y con lo que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.

Así, en dos días, Robles Berlanga quedó libre de todo proceso y puede regresar a trabajar en algún cargo público.

Este viernes, minutos antes de las 11 del día, arrancó la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, respecto de la causa penal 314/2019. El objetivo de los abogados fue demostrar que la acusación de ejercicio indebido del servicio público por el desvío millonario en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), de 2012 a 2018, había prescrito.

El Juez de Control Roberto Omar Paredes determinó sobreseer la causa penal. De acuerdo con el periódico El Universal, Robles Berlanga rompió en llanto.

Así, Rosario Robles queda librada de las medidas cautelares que mantenía aún fuera de prisión; ya no tendrá que firmar cada quincena en el Reclusorio de Santa Martha y podrá salir del país.

La malversación de fondos públicos, conocido como “La Estafa Maestra”, fue por 5 mil millones de pesos que fueron extrahídos de las dos dependencias durante los años en los que Rosario Robles estuvo al frente de ellas.

El esquema fue el mismo, primero en la Sedesol y luego en la Sedatu, por lo que se logró hablar de un delito continuado.

Sin embargo, el juez señaló que en cumplimiento a la ejecutoria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, se acreditó el sobreseimiento, con efectos de sentencia absolutoria. Su defensa argumentó que la conducta penal que se le atribuye a su cliente es solo  un incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y no un delito.

Y se le dio la razón, ya que en su decisión el Juez inhibió la persecución penal y cesó por completo las medidas cautelares con lo que ahora Robles sólo podrá ser sancionada por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es decir, todo el caso quedó como una falta administrativa.

Las medidas cautelares para Rosario Robles duraron apenas seis meses.

Su otra victoria fue frente a la Secretaría de la Función Pública, ya que impugnó la inhabilitación en su contra dictada en 2021 que le impedía desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal y por haber falseado su declaración patrimonial.

Fue el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) quien declaró fundados sus argumentos y aseguraron que la medida fue excesiva al derivarse de una cuenta bancaria de 2 mil 800 pesos que no incluyó en su declaración patrimonial.

Ahora la Función Pública deberá dictar una medida menor.

De acuerdo con el periódico Reforma, Robles tiene pendiente otra orden de aprehensión por delincuencia organizada -un delito con prisión preventiva de oficio- y lavado de más de 77 millones de pesos, sin embargo, la Fiscalía General de la República no ha ejecutado “el mandamiento de captura, pese a no tener un impedimento legal”.

Desde 2019, año en que la Fiscalía logró llevar a prisión a Robles, se advirtió de las lagunas en el caso. En agosto de ese año fue el Juez José de Jesús Delgadillo Padierna el que determinó enviarla a Santa Martha por riesgo de fuga ya que la Fiscalía, cuando tuvo oportunidad, no lo solicitó.

También queda sepultada la oportunidad de que el caso escalara a los jefes directos de Robles, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray señalados en un momento del juicio.

El caso de la desviación de recursos públicos quedó asentada en una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). A través de contratos de obra pública con universidades, ambas dependencias, con Rosario al frente, provocaron un desfalco valuado en 5 mil millones de pesos.

Ante tal cantidad de dinero y con la ASF como testigo, en el juicio la Fiscalía argumentó que debió avisar a su jefe directo, es decir, el Presidente de la República al ser ella una Secretaria de Estado y además, la Secretaría de Hacienda también debió ser notificada de tal anomalía.

También salió el nombre de José Antonio Meade, quien tomó la Sedesol luego de que Rosario estuvo tres años al frente y en las actas de entrega-recepción, debió estar enterado de que la Secretaría debía sustentar el uso de millones de pesos frente a la Auditoría.

Ninguna de esas tres vías tuvo seguimiento. Todo quedó en una falta administrativa.

*Con información de SinEmbargo.

El cargo Juez exime a Robles de delito en “Estafa Maestra”; lo deja en “falta administrativa” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.