José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aseguró este martes que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones no implica ni espionaje ni censura por parte del Gobierno federal, y que los artículos cuestionados ya existían en la Ley vigente desde 2014, aprobada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El Gobierno ni espía ni censura”, dijo durante la conferencia de prensa matutina, donde explicó que el artículo 183 del dictamen actual es igual, en su redacción, al de la Ley vigente. Dicho artículo establece que los operadores de telecomunicaciones están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que marcan las leyes.

Merino detalló que ni este artículo ni el 190 de la Ley actual contemplan acceso directo del órgano regulador a la información, sino que remiten a lo dispuesto en otras leyes. En particular, al hablar de otras leyes, se refiere al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no ha sido reformado desde 2016, el cual regula los mecanismos para solicitar la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados por concesionarios de telecomunicaciones.

El funcionario federal leyó el artículo, el cual refiere que el Ministerio Público puede solicitar a un juez de control, por cualquier medio, que requiera dicha información a los concesionarios cuando se trate de hechos bajo investigación. Además, especifica que los datos que no constituyan medio de prueba serán destruidos.

“Lo que hace la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, como lo hacía la ley anterior, es simplemente referir a los operadores que deben colaborar en los términos del Código de Procedimientos Penales, que establece con claridad la necesidad de solicitar a un juez de control la autorización para estos mecanismos”, explicó.

Respecto al tema de la censura, Merino dijo que las críticas al dictamen se basan en un malentendido sobre los derechos de las audiencias. Recordó que estos derechos están previstos en el artículo 6º constitucional y que el dictamen actual los restituye, tal como estaban contemplados en la ley de 2014.

Además, el titular de de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones aclaró que el procedimiento inicia únicamente cuando una audiencia presenta una queja ante el defensor de audiencias del medio correspondiente. A partir de ahí, y sólo si procede, la autoridad puede emitir un apercibimiento para que el medio se apegue a dichos derechos, los cuales incluyen contenidos diversos, no discriminación, igualdad de género, distinción entre publicidad y contenido, y programación infantil.

“Es decir, no hay ningún acto de censura por parte de la autoridad”, dijo.

Finalmente, el funcionario desmintió que la plataforma Llave MX permita la suplantación de identidad. “Al día de hoy, Llave MX no permite suplantar la identidad de nadie”, afirmó.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la versiones, las críticas hacia la reforma a la Ley de Telecomunicación, con respecto a que dicen que se espía, es parte de la narrativa de la oposición que actúa con “hipocresía y del engaño”.

El cargo No hay censura ni espionaje en Ley de Telecomunicaciones, aseguran Sheinbaum y Merino apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Escalante detalló que, con base en una muestra de 601 tortillerías en todo el país, el precio promedio del kilo de tortilla en Tlaxcala se ubica en 23.87 pesos.

El precio más bajo registrado en la entidad fue de 19.00 pesos por kilo, detectado en la tortillería “Lety”, ubicada en avenida Juárez, colonia Centro, en el municipio de Tlaxcala.

En comparación, el funcionario federal señaló que en estados como Tampico y Veracruz, el precio del kilo de tortilla se encuentra hasta en 28 pesos, lo que resalta la diferencia de costos entre regiones del país y posiciona a Tlaxcala como uno de los estados con mayor accesibilidad a este producto básico.

El cargo Reporta Tlaxcala uno de los precios más bajos en tortilla a nivel nacional: PROFECO apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En medio de las críticas por contratar al panista Jorge Luis Lavalle Maury como Secretario de Desarrollo de Campeche, la Gobernadora Layda Sansores compartió una foto con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien precisamente esta mañana cuestionó ese nombramiento.

“Al final de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de hoy, nos tomamos una foto nuestra bella presidentA @Claudiashein y yo. Termino siempre contagiada de su energía”, compartió la Gobernadora morenista en sus redes sociales.

La imagen que compartió la Gobernadora se da en un contexto en el que Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió este martes honestidad a los funcionarios federales, y dijo que fue decisión de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el haber invitado a su Gobierno a Jorge Luis Lavalle Maury, como Secretario de Desarrollo, quien está implicado en la trama corrupta de Odebrecht.

—La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sumó a su Gobierno al panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien sigue en un proceso de corrupción, y fue liberando con un brazalete electrónico, y está relacionado con Emilio Lozoya, y ha sido el único detenido por esta trama Odebrecht. ¿No opera en contra de este movimiento incorporar a este tipo de personas en gobiernos encabezados por Morena? —cuestionó SinEmbargo.

La Gobernadora de Campeche anunció el pasado 3 de diciembre el nombramiento de Lavalle en su Gabinete. La noticia provocó severas críticas de políticos de oposición y de Morena, su partido.

Lavalle y el caso Odebrecht 

El 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aseguró en sus testimonios que Jorge Luis Lavalle recibió 25 millones de pesos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.

El dinero que habría recibido el exlegislador, según el director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue triangulado a través de diversas compañías, junto a otros senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la aprobación de la Reforma Energética.

Los señalamientos de Lozoya implicaron a varios políticos y exaltos funcionarios, entre ellos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, todos los implicados han rechazado las acusaciones e incluso han interpuesto denuncias en su contra, como es el caso del excandidato presidencial Ricardo Anaya.

Por estos hechos, el 9 de abril de 2021, Lavalle fue internado en el Reclusorio Norte por órdenes del Juez de Control, Marco Antonio Fuente Tapia, y permaneció encarcelado hasta el 16 de septiembre de 2022 para llevar su proceso en libertad provisional.

Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue quien concedió modificar la medida cautelar de Lavalle luego de que sus abogados argumentaran que su cliente tiene problemas de salud crónicos.

El cargo Layda presume FOTO con Sheinbaum en medio de la crisis por contratar a Lavalle apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El aval que se dio al documento en lo general y lo particular por 126 votos a favor, fue festejado por los legisladores, quienes aplaudieron de píe y lanzaron gritos de júbilo.

Durante el debate que se prolongó por cuatro horas, sólo hubo participaciones a favor, si bien la oposición, aprovechó para pedir que este andamiaje jurídico sea acompañado por políticas públicas en las que se puedan ver reflejadas las mujeres, en todas las áreas de gobierno.

La senadora priísta Cynthia López Castro pugnó así por recuperar las escuelas de tiempo completo, pues con la cancelación de estas hubo madres que tuvieron que dejar de trabajar por no tener quien cuidara de sus hijos.

También demandó un presupuesto con perspectiva de género, para hacer realidad la igualdad sustantiva y la existencia de fiscalías especializadas contempladas en el documento.

De Morena, Martha Lucia Micher señaló en alta voz, que el de ayer fue un día histórico, tras recordar el maltrato que han sufrido las mujeres por años y el avance que significa el cambio constitucional avalado. Propugno porque la igualdad se haga costumbre en el país.

La reforma modifica los artículos 4,21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución. Plantea que el Estado garantice el goce y ejercicio de los derechos a la igualdad sustantiva de las féminas y a una vida libre de violencias. Para esto último, tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños.

De igual manera, se prevé que las instituciones de procuración de justicia cuenten con fiscalías de investigación de delitos por razones de género.

También se establece que los nombramientos de las personas titulares de la administración pública del poder ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios, tendrán que observar el principio de paridad.

Asimismo, propone que en la ley se establezcan los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género. A trabajo igual corresponderá sueldo igual, sin tener en cuenta el género, plantea la iniciativa.

En un artículo transitorio, se señala que las entidades deberán armonizar el marco jurídico correspondiente al contenido de la reforma en un plazo que no exceda los 180 días a partir de la entrada en vigor de la misma.

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