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	<title>#RedDeFavores</title>
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		<title>El Tribunal de los favores</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Néstor Jiménez Báez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 12:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La de 8]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>* Cuando la justicia electoral se convierte en patrimonio familiar En Tlaxcala parece que algunos funcionarios públicos confundieron el servicio público con una empresa familiar. Los cargos ya no serían necesariamente para los más preparados, los puestos no siempre responderían a las necesidades institucionales y las relaciones personales podrían estar funcionando como una moneda de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/el-tribunal-de-los-favores/">El Tribunal de los favores</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="s1">* Cuando la justicia electoral se convierte en patrimonio familiar</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">En Tlaxcala parece que algunos funcionarios públicos confundieron el servicio público con una empresa familiar. Los cargos ya no serían necesariamente para los más preparados, los puestos no siempre responderían a las necesidades institucionales y las relaciones personales podrían estar funcionando como una moneda de cambio para repartir espacios dentro de las estructuras del poder.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Lo verdaderamente preocupante no es solamente el presunto nepotismo que se denuncia en el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), sino la posibilidad de que exista una red de complicidades, recomendaciones e intercambios de favores entre quienes deberían garantizar el cumplimiento de la ley. Porque cuando los organismos públicos comienzan a parecer agencias de colocación, la pregunta deja de ser quién consiguió el empleo y se convierte en quién está moviendo los hilos detrás de las instituciones.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">En el centro de esta controversia aparece Esther Terova Cote, magistrada presidenta del TET, señalada por presuntamente utilizar su posición para favorecer laboralmente a integrantes de su familia y facilitar espacios a personas cercanas a distintos personajes del poder público.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Uno de los casos que exige una explicación es el de su hijo, José Alonso Sánchez Terova, quien aparece en el directorio del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala como titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales. Un puesto especializado que, por su naturaleza, demanda conocimientos técnicos, experiencia y responsabilidad institucional.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Aquí la pregunta es elemental: ¿fue contratado por sus capacidades profesionales o por su apellido? Y si cuenta con la preparación necesaria, ¿por qué existen cuestionamientos sobre la necesidad de recibir apoyo y capacitación para desempeñar sus funciones?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Pero la historia adquiere otra dimensión con los señalamientos sobre un presunto intercambio de espacios laborales entre Tlaxcala y Puebla. Según las denuncias, mientras la hija de la magistrada habría obtenido una posición en una institución poblana, el TET habría incorporado al esposo de una magistrada de aquella entidad.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Si estos movimientos se confirman, no estaríamos hablando de simples coincidencias administrativas, sino de una práctica que ameritaría investigarse por un posible intercambio de favores entre integrantes de instituciones jurisdiccionales.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Y aquí aparece una cuestión todavía más delicada: ¿quién garantiza que las decisiones institucionales no estén contaminadas por compromisos personales?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">La controversia tampoco termina en el círculo familiar de la magistrada. También existen señalamientos sobre la incorporación de personas recomendadas por la fiscal general de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, quienes presuntamente no reunirían los perfiles establecidos en la normatividad del Tribunal.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">¿Desde cuándo las recomendaciones políticas o personales tienen más peso que los requisitos legales para ocupar un cargo público? ¿Quién autorizó esas contrataciones? ¿Quién revisó los perfiles? ¿Quién responde por los posibles daños laborales y administrativos?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Porque mientras algunos llegan con recomendaciones, otros trabajadores con años de antigüedad presuntamente enfrentan desplazamientos, modificaciones salariales e intentos de degradación laboral. Una situación que, de acreditarse, exhibiría una administración que estaría privilegiando compromisos externos sobre los derechos de su propio personal.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Y todavía falta hablar de la transparencia. ¡Vaya ironía! Una institución que debe garantizar la legalidad de las elecciones y la certeza de las resoluciones jurisdiccionales enfrenta cuestionamientos por la presunta falta de publicación de sentencias, inconsistencias en la numeración de expedientes y ausencia de información actualizada sobre su estructura administrativa.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Los expedientes señalados como faltantes en el portal institucional, las sentencias que habrían dejado de publicarse desde el inicio de la actual presidencia y la falta de información sobre áreas estratégicas como la Oficialía de Partes no son detalles menores. Son asuntos que deben aclararse públicamente.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Porque la transparencia no es una concesión de la magistrada presidenta ni una cortesía administrativa. Es una obligación.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Y si a todo esto se agregan los cuestionamientos por los viajes al extranjero realizados por Terova Cote, la integración de personal recomendado por distintos grupos políticos y la opacidad sobre el ejercicio de los recursos públicos, el panorama exige algo más que explicaciones de ocasión: requiere una revisión institucional seria.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Pero hay un elemento que vuelve todavía más incómodo este asunto: las relaciones entre quienes encabezan diferentes organismos del estado.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">El Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General de Justicia son instituciones que deberían actuar con independencia, profesionalismo y apego irrestricto a la ley. No pueden convertirse en espacios donde las relaciones personales determinen contrataciones, promociones o condiciones laborales.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Tampoco puede ignorarse que el presidente del TJA, Manuel Vázquez Conchas, es esposo de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jakqueline Ordóñez Brasdefer. Esta relación, por sí misma, no demuestra ninguna irregularidad; sin embargo, frente a las denuncias laborales que involucran al Tribunal, obliga a extremar las garantías de independencia y evitar cualquier posible conflicto de interés.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Porque cuando los organismos encargados de vigilar, sancionar y garantizar derechos están conectados por relaciones personales y familiares, la ciudadanía tiene derecho a exigir que sus actuaciones estén libres de cualquier sospecha de parcialidad.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Y aquí viene lo verdaderamente grave: Tlaxcala se encamina a las elecciones de 2027.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">El Tribunal Electoral será una pieza fundamental en la resolución de controversias, impugnaciones y conflictos derivados de la renovación de los cargos de elección popular. Su presidenta necesita credibilidad, independencia y autoridad moral para encabezar una institución que tendrá en sus manos decisiones de enorme trascendencia política.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Pero ¿cómo puede exigir confianza una institución que enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia de sus propias resoluciones y la integración de su personal?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">¿Cómo puede garantizar imparcialidad electoral si sobre su administración pesan señalamientos de presuntos intercambios de favores y colocación de familiares?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">¿Cómo puede hablarse de autonomía cuando las contrataciones presuntamente responden a recomendaciones de personajes con poder político?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">La magistrada presidenta tiene la oportunidad —y la obligación— de responder con documentos, no con discursos. Explicar los nombramientos, transparentar los perfiles profesionales, publicar las sentencias, aclarar los expedientes cuestionados y rendir cuentas sobre el ejercicio del presupuesto.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">También corresponde a las autoridades fiscalizadoras y a las instancias competentes determinar si existen responsabilidades administrativas o posibles conductas constitutivas de delito. Nadie debe ser condenado por una denuncia, pero tampoco ninguna investidura puede convertirse en escudo para evitar investigaciones.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">En Tlaxcala ya no deberían existir instituciones al servicio de apellidos, amistades, cuotas políticas o compromisos familiares. El presupuesto público no es una bolsa de empleos para repartir entre conocidos y los organismos autónomos no son extensiones patrimoniales de quienes temporalmente los encabezan.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">La justicia electoral no puede convertirse en una bolsa de trabajo para familiares de magistrados, recomendados de funcionarios o compromisos políticos.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Porque si las denuncias se confirman, no estaremos frente a simples errores administrativos, sino ante una preocupante deformación del servicio público: instituciones creadas para servir a la sociedad utilizadas presuntamente para beneficiar a quienes forman parte de los círculos del poder.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Y entonces la pregunta ya no será si Esther Terova puede con la presidencia del TET.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">La pregunta será quién está dispuesto a investigar, quién se atreve a fiscalizar y quién va a poner orden en una estructura pública donde los favores parecen tener más peso que la ley.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">En Tlaxcala, la justicia electoral no necesita más recomendados. Necesita independencia, transparencia y servidores públicos que entiendan que el poder no es una herencia familiar.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Porque los tribunales no son agencias de colocación y el dinero público no es patrimonio de los funcionarios.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Alguien tiene que rendir cuentas.</span></p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/el-tribunal-de-los-favores/">El Tribunal de los favores</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
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