Con el voto de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, ayer quedó aprobada la reforma a la Ley Federal que formaliza la relación laboral entre empresas de reparto y de transporte por aplicación y los repartidores y conductores, que tendrán seguridad social y prestaciones como el pago de utilidades.

La presidenta de la Comisión del Trabajo, Maiella Gómez Maldonado (Morena), sostuvo que se reconoce una realidad ignorada durante demasiado tiempo: que millones de personas de este sector laboran al margen de esta Ley Federal.

Derecho a vivienda

Además del estatus de trabajadores de plataformas digitales, se reconocerá el derecho a contar con seguridad social y prestaciones: atención médica, seguros de riesgos laborales, pensiones, incapacidad, pago de indemnizaciones por despido injustificado y derecho a la vivienda.

También se prevé el derecho a afiliarse a un sindicato y a la negociación colectiva, así como obligar a las empresas a una política de transparencia en el pago y las tarifas, que permita a los empleados conocer el cálculo del salario y comisiones, para dar certeza en sus ingresos.

Se considera responsabilidad de las plataformas en los casos de accidentes, medida que se incluye porque –dijo la legisladora– los trabajadores de este sector, principalmente repartidores y conductores, están expuestos a percances durante sus trayectos.

La reforma agregó el derecho a la desconexión digital, para que los operarios de plataformas no estén obligados a estar disponibles 24 horas al día durante toda la semana, medida que busca flexibilidad en sus labores y evitar la sobrexplotación.

Durante la discusión, diputados de PAN y PRI pidieron se modifique el régimen tributario de repartidores y conductores, pues el cálculo de recaudación es de 15 mil millones de pesos de ISR.

El PRI planteó mantener a los repartidores bajo el régimen de personas físicas con actividades empresariales, con el que pagan sólo 2.1 por ciento de sus ingresos, porque al régimen de personal subordinado o asimilable a salarios se aplica una tasa progresiva que va de 1.92 a 35 por ciento. La reforma es confusa sobre el esquema fiscal que se aplicará, finalizó Rubén Moreira.