Un grupo de habitantes de la comunidad de Tizatlán denunciaron despojos de propiedades, invasión y privatización de la vía pública y explotación ilegal de recursos naturales como el tepetate, el xalnene y la privatización del agua, señalaron a Eduardo Ramos Molina quien con la complacencia del Gobierno del Estado, actúa impunemente en contra de los ciudadanos expropiando terrenos e invadiendo espacios públicos para privatizarlos.

Los pobladores dicen estar hartos de los abusos de esta persona que presume su tráfico de influencias con la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y sus relaciones con el presidente municipal Alfonso Sánchez García y el quinto regidor de Tlaxcala Alejandro Sarmiento.

Los afectados dijeron que Eduardo Ramos Molina despojó a los habitantes de la calle Artesanías y ahora es una calle privada, asimismo, Zahorí Jazmín Rivas abogada de un de los afectados acuso a la misma persona de despojo de propiedad privada en contra de una persona de la tercera edad.

A estas ilegalidades, se suma el despojo del paraje “Zapotitlán”, y del cual Eduardo Ramos Molina se hizo dueño y el Gobierno del Estado le pagó los terrenos que son propiedad de Daniel Molina Sánchez, así lo confirmó su hija Laura Molina quien denunció el despojo arbitrario y la complicidad del gobierno del estado al expropiar y pagar a un falso propietario por unos terrenos que tienen dueño legitimo.

Los abusos de esta persona continúan y lo señalan de explotar ilegalmente el agua de los veneros que existen entre las colindancias de San Matías Tepetomatitlán y las barrancas de Tizatlán, dijeron que Eduardo Ramos Molina pretende vender el agua de manera clandestina al nuevo hospital que se construye en Tizatlán y para ello ya llevó maquinaria para instalar dos mangueras que surtan del vital liquido al hospital.

Asimismo, dijeron que está persona presume de influencias con el gobierno estatal y municipal y ha explotado durante más de 30 años las minas de tepetate y xalnene en Tizatlán.

Ante estas problemáticas, los pobladores y el presidente de comunidad Porfirio Padilla Rojo, señalaron que acudirán a la Fiscalía General de la Republica, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para presentar las respectivas denuncias para que la federación intervenga de inmediato, pues en las oficinas locales poco y nada han dado respuesta a esta problemática.

Finalmente, responsabilizaron al alcalde de Tlaxcala Alfonso Sánchez García de las vidas de las familias que viven en las inmediaciones de la estatua de Xicohténcatl la cual se encuentra en riesgo de colapsar, pues desde el 2025 le hicieron saber a través de un escrito el grave riesgo de colapso de la estatua y hasta la fecha no han obtenido respuesta, por lo que las vidas de las personas están en riesgo ante el derrumbe de la estatua.

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Esta mañana un grupo de ex ferrocarrileros bloquearon la carretera federal México- Veracruz, a la altura de Calpulalpan, lo que generó severo caos vehicular en el sitio.

Fueron los miembros del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, quienes se manifestaron con mantas y pancartas y tomaron la vía de comunicación antes mencionada en ambos sentidos, sobre las vías del tren que cruzan por la colonia San Rafael.

En sus redes sociales, el C5 advirtió a automovilistas que circulaban sobre este camino, mientras que elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal de Tlaxcala y municipales implementaron un operativo de abanderamiento a fin de evitar un percance vial.

En su movimiento, los inconformes leyeron un manifiesto dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Presidente AMLO, usted nos enseñó, somos sus discípulos, somos tercos, aferrados, y testarudos, no cesaremos en nuestra lucha por la justicia social a exferrocarrileros afectados por la privatización de ferrocarriles. Ni un paso atrás para lograrlo. Va nuestra vida en prenda, vamos por la justicia social” dijeron a los presentes.

Esta manifestación fue parte de los bloqueos que se realizan a nivel nacional, en demanda del pago de indemnizaciones a quienes fueron afectados por la privatización de los trenes de carga y pasajeros en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000).

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