Porque cuando una institución concentra mayores facultades para revisar, observar y perseguir el ejercicio del gasto público, la pregunta no es si puede hacerlo. La pregunta es quién decidirá contra quién hacerlo primero y cómo hacerlo.

Al OFS le han regresado el respaldo que amplía su capacidad para auditar el gasto federalizado en los municipios. En un estado donde el poder político ha demostrado una enorme habilidad para utilizar las instituciones como mecanismos de control, sería ingenuo pensar que este escenario como en otras ocasiones está exento de riesgos.

La corrupción debe combatirse. Nadie sensato podría defender el saqueo del dinero público. Pero combatir la corrupción no significa construir instrumentos que puedan utilizarse con criterios políticos. Una auditoría deja de ser un acto de justicia cuando selecciona objetivos y administra tiempos según las conveniencias del poder.

La ASF parece firmó con la confianza de quien cree que basta un convenio para garantizar imparcialidad. La experiencia inmediata dice lo contrario. Las instituciones no son mejores por decreto; son mejores cuando resisten la tentación de servir al gobierno en turno.

En Tlaxcala, más de un alcalde seguramente entendió el verdadero mensaje detrás de la ceremonia: el margen de maniobra se reduce y el costo de confrontar al poder puede aumentar. Porque una auditoría, bien utilizada, corrige. Pero una auditoría utilizada con discrecionalidad intimida, desgasta y condiciona.

No hacen falta órdenes de aprehensión para ejercer presión. Basta con observaciones oportunamente filtradas a los medios de comunicación, expedientes abiertos durante meses, requerimientos interminables o auditorías que aparecen justo cuando un presidente municipal levanta la voz o deja de apoyar un proyecto político.

El verdadero problema no es el convenio. Es la confianza. Y esa confianza no se gana con discursos ni con fotografías de funcionarios estrechándose la mano. Se gana demostrando que el mismo rigor aplicado a un alcalde opositor se aplicará al alcalde cercano al poder; que la misma velocidad para investigar será la misma para todos; que no habrá auditorías de primera y de segunda, que la auditoria no se convierta en presión política para favorecer intereses y permitir saqueos o desvío de recursos.

Si el OFS utiliza esta coordinación para revisar con objetividad a los 60 municipios, Tlaxcala habrá dado un paso importante contra la corrupción. Pero si las auditorías regresan al pasado y empiezan a coincidir con disputas políticas, procesos electorales o diferencias con el gobierno estatal, el convenio pasará a la historia no como un avance institucional, sino como la legalización de un garrote burocrático.

La ASF cumplió con firmar. Ahora le corresponde vigilar que el instrumento que ayudó a fortalecer no termine convertido en un mecanismo de control político. Porque cuando la fiscalización pierde imparcialidad, deja de proteger el dinero de los ciudadanos y comienza a proteger los intereses del poder.

Y ese sería el mayor fracaso de un convenio que nació prometiendo transparencia y que se convirtió en un garrote político que ejerce presión y se olvida de cumplir la normativa de verificar la correcta aplicación de los recursos públicos.

Quienes fueron presidentes municipales tuvieron la experiencia de sufrir de los abusos de quienes estuvieron al frente del OFS y bajo ese dominio amenazante fueron víctimas de chantaje, corrupción y presión para favorecerse y favorecer al grupo político en el poder.

Los convenios de colaboración no siempre benefician, en esta ocasión daña y distorsiona la correcta observación de la aplicación de los recursos del pueblo.

El cargo La auditoría como garrote político apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ante el cierre de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) por 5 días consecutivos y la falta de diálogo entre los inconformes y el gobierno del Estado, el coordinador de comunicación social Antonio Martínez Velázquez, llamó a los trabajadores a que retomen las mesas con el gobierno e insistió en que el diálogo es la mejor forma de alcanzar los acuerdos y no a través de la presión política.

En este sentido, el funcionario estatal señaló que el gobierno del Estado desconoce al sindicato que agrupa a los docentes inconformes, y dijo que es una agrupación que busca intereses políticos y espacios para los trabajadores.

En los diálogos circulares, el funcionario insistió en que los docentes cesados fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por lo que no fue una decisión de la rectoría, sino más bien una recomendación para evitar observaciones en el gasto.

En este sentido Martínez Velázquez dijo que las inquietudes y señalamientos de los trabajadores pueden ser analizados e investigados por las autoridades, “pero no pueden condicionar el diálogo con la destitución del rector, hay que dialogar y no hacer presión política”.

Al mismo tiempo, el vocero dijo que el sindicato de trabajadores de la UTT no está avalado, pues “sólo son un grupo que integran una agrupación sindical”.

El grupo de trabajadores que integran el sindicato está adherido a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Finalmente, el vocero insistió en que para lograr acuerdos no debe haber condicionamiento para retomar las mesas de diálogo pues ambas partes están interesadas en lograr acuerdos.

Me pones comillas en “desconocemos como sindicato”…. Dije dos cosas: que el sindicato no está avalado (o sea formalmente por la autoridades laborales) y luego dije que más que si dicato lo llamaría una “agrupación sindical”

El cargo Gobierno insiste en diálogo, no presión política en la UTT apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.