Las migajas de la función pública palidecen ante las ganancias que genera ese otro “negocio”. Así de claro y así de grave.

No se trata de especulaciones. Lo dijo él mismo, sin el menor pudor, durante los Diálogos Circulares organizados por el gobierno del estado.

El sobrino político de Rafael Torres presumió sin tapujos que gana más como asesor externo que como funcionario público. A eso se llama, sin eufemismos, tráfico de influencias y cinismo en estado puro.

¿Alguien cree seriamente que las empresas que se han asentado en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla llegaron solo por la buena voluntad del gobierno federal? ¿O acaso contaron con un “empujón” de información privilegiada que solo Marroquín Calderón, desde su cargo, podía proporcionarles?

El título de secretario, en estos casos, sirve principalmente para “charolear”: allegarse de datos sensibles, negociar con empresarios y ofrecerles ventajas que solo quien ocupa ese puesto puede garantizar.

Después, como asesor externo, cobra por los servicios prestados a quienes supieron valorar esa cercanía al poder.

Esto no es un caso aislado. En el gobierno federal ocurre algo similar con Altagracia Gómez Sierra, quien no percibe un solo peso del erario como funcionaria, pero gracias a su cercanía con Claudia Sheinbaum y su rol como “asesora”, conoce de primera mano los proyectos estratégicos y decide en qué invertir o a quién vender la información para que sus allegados participen en negocios prácticamente seguros.

En el caso de Marroquín Calderón, las declaraciones de ayer en los Diálogos Circulares confirmaron lo que muchos sospechaban. No solo reconoció su doble rol como asesor de empresarios, sino que además afirmó —con cierto aire de superioridad— que ha hecho más por Tlaxcala que los propios tlaxcaltecas. Un comentario propio de “nuevo rico” que generó rechazo inmediato.

Sus “asesorías” han levantado legítimas dudas: ¿están implicando la filtración de información confidencial para que ciertos inversionistas adquieran terrenos o bienes a precios ventajosos antes de que se hagan públicos, como sucedió con los proyectos del Polo de Huamantla?

Por si fuera poco, no fue el único secretario que generó controversia ese día. El titular de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, reconoció abiertamente que cumple su horario como funcionario público y después se traslada a Puebla para atender su consultorio privado.

Otra declaración que abre interrogantes sobre la dedicación exclusiva al cargo, los posibles conflictos de interés y la transparencia en la gestión pública.

Estas afirmaciones han provocado un justificado malestar en sectores de la opinión pública tlaxcalteca. La ciudadanía exige funcionarios que se entreguen de tiempo completo a sus responsabilidades, no que las usen como trampolín para negocios personales.

El servicio público no puede ser una fachada para el enriquecimiento privado. Cuando un secretario presume que gana más “por fuera” y actúa con ese desdén, está enviando un mensaje peligroso: que las instituciones están al servicio de unos cuantos, no de los tlaxcaltecas.

Es hora de que las autoridades correspondientes investiguen estos señalamientos con seriedad y que se establezcan mecanismos reales de transparencia y rendición de cuentas. De verdad merecemos algo mejor que secretarios que ven el cargo como una charola de oportunidades.

El cargo Pobres ricos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.