Durante su intervención en tribuna, de este jueves, la legisladora sostuvo que su postura no responde a un capricho político ni a una oposición automática, sino a una convicción democrática basada en la defensa del pacto federal y de las instituciones.

“La política debe servir a las personas y no servirse del poder”, expresó la diputada panista al recordar uno de los principios fundacionales de Acción Nacional, al tiempo que subrayó que las reformas constitucionales deben construirse mediante diálogo, consenso y respeto a la soberanía de los estados.

Martínez Sánchez señaló que, aunque la reforma se presenta como una medida de austeridad y eficiencia institucional, en realidad impone desde el centro del país decisiones que impactarán directamente a los congresos locales y a los municipios, sin considerar las realidades particulares de cada entidad.

En ese sentido, advirtió que la minuta plantea límites presupuestales a las legislaturas estatales y modificaciones en la integración de los ayuntamientos, lo que podría comprometer el funcionamiento del Poder Legislativo local y afectar la representación democrática.

“Debemos preguntarnos con honestidad si esta reforma realmente fortalece la democracia o si, por el contrario, debilita a los congresos locales para concentrar más poder desde el centro”, puntualizó.

Asimismo, la diputada panista enfatizó que el país enfrenta problemas más urgentes, como la inseguridad y la creciente presencia del crimen organizado en la vida pública, por lo que consideró que México requiere una verdadera reforma electoral de fondo, capaz de responder a los desafíos actuales del sistema democrático.

Finalmente, Miriam Martínez hizo un llamado a las y los legisladores a no aprobar reformas por inercia ni por consigna política, sino a actuar con responsabilidad frente a las implicaciones que tendrán estas decisiones para las próximas legislaturas y para el equilibrio de poderes en el país, porque “cuando se debilita el Congreso, se debilita la representación y también la democracia”.

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La reforma establece topes presupuestales claros y prohíbe prestaciones como seguros privados o esquemas especiales de retiro financiados con recursos públicos. Además, fija que las legislaturas locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto estatal, promoviendo disciplina financiera.

El decreto igualmente redefine la integración de los ayuntamientos, con hasta 15 regidurías y bajo principios de paridad de género. Ordena que los recursos ahorrados se destinen a infraestructura pública en beneficio de la población. En su régimen transitorio, se establece que el Congreso de la Unión y las entidades federativas deberán armonizar sus leyes antes del 30 de mayo de 2026.

También se contempla una reducción progresiva del 15 por ciento al presupuesto del Senado en los próximos cuatro años, sin afectar derechos laborales.

Finalmente, se obliga a autoridades electorales a ajustar sus normas y presupuestos, bajo criterios de legalidad, transparencia y austeridad, que ningún funcionario gane más que la Presidenta de la República. La iniciativa pasa a las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales.

Con información de Quadratin

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