La coincidencia no parece casual.

Durante semanas, diversos trabajadores y familias denunciaron presiones para acudir a la convocatoria institucional haciendo uso de estructuras gubernamentales para garantizar la asistencia a la marcha oficialista.

Trabajadores, servidores públicos y beneficiarios de programas sociales fueron señalados como parte de una estrategia destinada a llenar la plaza de la constitución y las calles principales del primer cuadro de la capital para demostrar fuerza política. Sin embargo, la pregunta sigue vigente: ¿por qué organizar una movilización paralela precisamente cuando una figura política con creciente respaldo ciudadano rendía su informe?

La respuesta está en las convocatorias, la oficialista y la del pueblo.

Pese a los obstáculos, las restricciones y los intentos por inhibir la participación, miles de tlaxcaltecas acudieron al llamado de Ana Lilia Rivera. No llegaron por obligación ni por instrucciones de superiores. Llegaron porque encontraron en ella una voz cercana a las causas populares y una trayectoria ligada al movimiento de transformación que encabeza la izquierda mexicana desde hace décadas y cuyo respaldo mantiene Andrés Manuel López Obrador.

La presencia de liderazgos nacionales confirmó que el evento trascendió las fronteras de Tlaxcala. Ahí estuvieron figuras de peso de la izquierda como Gerardo Fernández Noroña, Alfonso Ramírez Cuéllar, René Bejarano y Dolores Padierna, personajes con una larga historia dentro de los movimientos progresistas del país. Pero quizá una de las expresiones más significativas fue la de Jesús Ramírez Cuevas, vocero y figura cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó un mensaje que resonó entre los asistentes: en Tlaxcala no hay espacio para los cacicazgos.

La frase no pasó desapercibida.

Porque si algo ha caracterizado históricamente a los cacicazgos es la utilización de las instituciones públicas para favorecer proyectos personales o de grupo. Y precisamente eso es lo que muchos observadores señalan cuando ven a funcionarios, estructuras gubernamentales y operadores políticos movilizados para apuntalar aspiraciones sucesorias desde el poder.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros tiene derecho a respaldar políticamente a quien considere conveniente. Lo que merece cuestionamiento es la utilización de la maquinaria gubernamental para competir contra una expresión ciudadana legítima. Más aún cuando el discurso oficial habla de unidad mientras los hechos reflejan división, exclusión y confrontación interna.

El mensaje que dejaron ambos eventos es contundente. Por un lado, una movilización sostenida por la estructura institucional. Por otro, una concentración alimentada por la convicción de miles de ciudadanos que decidieron acudir a pesar de los obstáculos.

La diferencia es fundamental.

Las estructuras se construyen desde el poder y suelen durar lo que dura el poder mismo. El respaldo popular, en cambio, se gana en las calles, en las causas y en la confianza de la gente.

Y si algo quedó claro este fin de semana en Tlaxcala, es que Ana Lilia Rivera logró reunir algo que ningún gobierno puede decretar desde una oficina: la voluntad de un pueblo que decidió acompañarla.

El cargo Ana Lilia y el pueblo; la marcha oficialista y la ausencia del respaldo ciudadano apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.