Suena rimbombante ese pacto que se denominará Acuerdo Estatal de Integridad y Civilidad Democrática. La pregunta es ¿para qué la firma?, ¿para cumplir lo que debe cumplirse, es decir, cumplir con la ley?, a eso están obligados los partidos y las autoridades estatales. Véase si no.

Las instituciones que se sumen al acuerdo se comprometerían a no ejercer ningún acto, de forma directa o indirecta, que pueda constituir violencia política.

En el caso de los partidos políticos, éstos vigilarían la selección de candidaturas, los cuales contarán con honorabilidad y honradez, para impedir que grupos fuera de la ley intervengan en el proceso electoral.

Por su parte, las autoridades, se comprometerían a no hacer uso de programas sociales ni recursos públicos, del ámbito federal, estatal y municipal, para favorecer o perjudicar en forma alguna a ninguno de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas durante el proceso electoral, así como para inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de un partido político o candidatura.

De manera particular, el gobierno estatal se comprometería a no influir en la equidad de la contienda y garantizaría que quienes firmen tengan acceso a los órganos encargados de vigilar los comicios para sancionar los delitos que se cometan.

Lo anterior, además de no difundir por ningún medio de comunicación, propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas hasta concluir la jornada electoral, con excepción de la relativa a los servicios de salud, educación y protección civil,  todas las que por cierto ya están previstas en el orden constitucional.

Todos esos compromisos a suscribir, posiblemente esta misma semana, están inscritos en la Constitución y en la ley electoral. Entonces, ¿firmar un pacto para cumplir con la ley?

Lo que debe hacerse es cumplir con la ley, simple y llanamente eso. El gobierno estatal debe, eso sí, dar garantía de imparcialidad, neutralidad, en la aplicación de los recursos públicos.

Y, por supuesto, tener voluntad política para castigar a aquellos funcionarios públicos que utilicen y desvíen recursos públicos para apoyar candidaturas.

Los señalamientos que los principales partidos políticos de oposición expresaron el sábado pasado no son, de ninguna manera, un buen presagio de lo que viene en los próximos meses.

En eso el gobierno estatal debe ser sumamente cuidadoso y vigilante: que los recursos y los programas sociales se apliquen sin ningún tinte electoral.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), por su parte, debe cumplir con su responsabilidad y asumir los costos cuando sea necesario hacerlo.

La lista de los 10 municipios donde serán postuladas mujeres, es buen ejemplo de la omisión a lo que le corresponde. No cumplen su labor y así se muestran cínicos, o simplemente torpes.

¿Por qué dejar a los partidos que ellos mismos se pongan de acuerdo en escogerlos?, mala estrategia con pésimos resultados: desacuerdos y más desacuerdos, acusaciones que ya lastimaron el inicio del proceso electoral, acusando a la propia autoridad electoral de omisa en el cumplimiento de su función.

Todo hace indicar que la responsabilidad de definir el nombre de los municipios corresponderá ahora a las autoridades jurisdiccionales, señaladamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Hasta entonces, ya veremos cómo termina todo.

En ese contexto, parecería inútil el llamado a la firma de un Pacto de Civilidad, porque, además, se corre el riesgo de que uno, o dos, o tres partidos políticos no se sumen a ese acuerdo. ¿Por qué exponerse a una posibilidad de tal tamaño?

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El cargo Temporada de locos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.