La segunda es la del funcionario que, presuntamente, puede aparecer en dos nóminas públicas al mismo tiempo y seguir cobrando sin que nadie levante la mano hasta que llega el Órgano de Fiscalización Superior.

El caso de Contla no es un simple “detalle administrativo”. Es una radiografía del deterioro institucional que arrastra la SEPE-USET y que el gobierno de Tlaxcala ha preferido administrar políticamente en lugar de corregir de fondo.

Cuatro servidores públicos municipales fueron observados por el OFS por recibir percepciones del Ayuntamiento y, simultáneamente, de la SEPE o la USET. El monto observado supera los 831 mil pesos. El Ayuntamiento tendrá derecho a aclarar, solventar y defender la legalidad de los pagos. Pero el problema ya no es sólo jurídico. Es moral. Es político. Es estructural.

Porque la pregunta no es únicamente si esos pagos eran compatibles.

La pregunta es: ¿cómo es posible que el sistema no detecte estas situaciones antes de que lo haga un auditor?

Y la respuesta que muchos tlaxcaltecas sospechan es todavía más grave: porque en la SEPE-USET los controles parecen funcionar mejor para perseguir disidentes que para detectar privilegios.

Durante años, la dependencia ha sido señalada por presuntos aviadores, comisionados eternos, operadores políticos incrustados en la nómina, plazas heredadas, favores sindicales y estructuras clientelares que sobreviven sexenio tras sexenio. Cambian los titulares, cambian los discursos, cambian los colores en las fotografías oficiales, pero la sospecha permanece intacta.

El gobierno de la “transformación” prometió limpiar la corrupción.

Sin embargo, cada nueva observación del OFS, cada denuncia sobre plazas irregulares, cada nombre que aparece cobrando donde no debería o sin que quede clara la compatibilidad de funciones, golpea directamente esa narrativa.

Y aquí es donde el caso Contla deja de ser municipal y se vuelve estatal.

Porque cuando regidores, auxiliares administrativos o jurídicos aparecen vinculados a percepciones de la SEPE-USET, el foco ya no está sólo en el Ayuntamiento. El foco está en la capacidad del gobierno estatal para controlar su propia nómina.

¿Quién autorizó esos pagos?

¿Quién verificó horarios, funciones y compatibilidades?

¿Quién revisa que una plaza educativa no se convierta en complemento salarial de un cargo político?

¿Quién responde cuando el dinero público termina bajo observación?

La corrupción moderna no siempre roba con maletas. A veces roba con sistemas. Con omisiones. Con tolerancias. Con expedientes que nadie revisa y con nóminas que se vuelven territorios políticos.

Lo más indignante es que mientras el OFS observa posibles irregularidades por más de 831 mil pesos, hay escuelas con carencias, docentes que compran insumos, padres que hacen cooperaciones y jóvenes profesionistas que no encuentran una oportunidad dentro del sistema educativo.

Ese contraste es el verdadero escándalo.

No se trata de linchar públicamente a nadie antes de que concluyan los procedimientos. Se trata de exigir responsabilidades institucionales. Y en esa exigencia, la SEPE-USET ya no puede esconderse detrás de comunicados, silencios administrativos o discursos de buena voluntad.

Tlaxcala necesita una auditoría profunda de su nómina educativa.

Necesita transparentar comisiones, compatibilidades, plazas y percepciones.

Necesita saber cuántos cobran, dónde cobran y por qué cobran.

Porque cuando una nómina pública deja de ser un instrumento de servicio y se convierte en una red de privilegios, el daño no es contable.

El daño es la destrucción de la confianza.

Y un gobierno puede sobrevivir a una observación del OFS.

Lo que difícilmente sobrevive es a la percepción ciudadana de que la corrupción no desapareció: simplemente aprendió a cobrar por dos ventanillas.

El cargo La Secretaría de los privilegios apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.