En Tlaxcala ya no se habla únicamente de rumores. Primero fueron trabajadores del gobierno quienes, bajo condición de anonimato y por temor a represalias, denunciaron presiones para incorporarse a actividades de promoción política para Alfonso Sánchez García.

Ahora, el escenario ha dado un giro los ciudadanos organizados convocan a documentar y denunciar cualquier caso en el que servidores públicos sean sorprendidos, presuntamente, realizando proselitismo durante su jornada laboral.

El mensaje es claro: la sociedad ha decidido vigilar al poder y denunciar los abusos y las ilegalidades.

La convocatoria del pueblo no es un asunto menor, representa un voto de desconfianza hacia quienes tienen la responsabilidad de garantizar que la administración pública permanezca al margen de los intereses político-electorales.

Cuando los ciudadanos sienten la necesidad de convertirse en observadores del comportamiento de los funcionarios, es porque consideran que las instituciones podrían no estar siendo suficientes para prevenir posibles abusos.

Mientras unos buscan posicionarse, otros denuncian que la maquinaria gubernamental podría estar siendo utilizada para favorecer a un proyecto.

Si esas acusaciones resultan falsas, la mejor forma de desmentirlas es con transparencia. Pero si existe un solo caso en el que un servidor público haya abandonado sus funciones para participar en actividades partidistas o haya sido presionado para hacerlo, el problema deja de ser político y se convierte en un asunto de legalidad y de ética pública.

La denuncia ciudadana también lanza un mensaje a los propios trabajadores del gobierno: no están solos. Les dice que cualquier presión indebida puede documentarse, que existen mecanismos institucionales para denunciar y que la sociedad está observando.

Lo verdaderamente preocupante no sería que aparezcan denuncias. Lo grave sería que las autoridades decidieran no investigarlas, y ese sería el tiro de gracia a un movimiento que traicionó al pueblo y que desde el poder se busca perpetuarse solo para beneficio de un minoritario grupo político.

La imparcialidad del servicio público no depende de la buena voluntad de quienes ejercen el poder. Debe sostenerse con reglas claras, vigilancia permanente y consecuencias para quien violen lad leyes y las normas.

Las próximas semanas serán decisivas. Si las autoridades atienden las denuncias con seriedad, enviarán una señal de que en Tlaxcala nadie está por encima de la ley.

Si optan por minimizar el problema o guardar silencio, la percepción de que la estructura gubernamental puede utilizarse con fines políticos seguirá creciendo.

Al final, esta historia ya dejó de ser únicamente sobre Alfonso Sánchez o sobre Morena. Es una prueba para las instituciones. Y también para una ciudadanía que parece haber decidido que, esta vez, no se limitará a observar desde la barrera, sino que documentará, denunciará y exigirá respuestas.

Porque en democracia, el poder debe entender que la vigilancia no sólo viene desde los órganos de control. También viene de los ciudadanos. Y esa suele ser la fiscalización más incómoda.

El cargo El pueblo enfrenta al poder en el gobierno; ¡todos a denunciar! apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Hay alcaldes en Tlaxcala que abandonaron el escritorio donde deberían resolverse los problemas de los municipios y cambiaron la mesa por la que se reparte el futuro político de unos cuantos, donde la ambición muestra el verdadero rostro del presidente municipal.

La presidencia municipal dejó de ser un espacio de servicio público para convertirse en un cuartel electoral, donde el presupuesto, los trabajadores del ayuntamiento se ponen al servicio de un proyecto político.

La ambición terminó devorando al gobierno.

Mientras algunos presidentes municipales recorren el estado haciendo política, en sus pueblos crece la inseguridad, el desorden y el abandono. Los ciudadanos viven entre robos, asaltos y una sensación de indefensión que aumenta cada día. Las patrullas aparecen tarde; la prevención no existe y las corporaciones municipales, no llegan cuando les llama el ciudadano.

El mensaje es indignante: cuidar el poder parece ser más importante que cuidar al pueblo que los eligió.

Lo más grave es que algunos gobiernos municipales arrastran un pesado lastre de cuestionamientos públicos. Existen alcaldes que enfrentan investigaciones o son señalados por presuntamente estar relacionados con grupos delictivos, así como con actividades de robo y tráfico ilegal de combustibles. Nos resultaron unas fichitas estos personajes políticos que prometieron atender al pueblo y que en la realidad lo que hicieron fue traicionar a la gente.

Los nombres de alcaldes circulan de boca en boca, empiezan en Tepetitla, Nativitas, Texóloc e Ixtacuixtla, son algunos de los municipios que aparecen una y otra vez en las conversaciones ciudadanas cuando se habla de gobiernos ausentes, de inseguridad y de autoridades más ocupadas en la grilla que en gobernar. La inconformidad ya no nace únicamente de la oposición; surge de vecinos que todos los días enfrentan la realidad de servicios deficientes y calles abandonadas donde la ley la aplica el más fuerte ante un estado que renunció a ejercer autoridad.

Lo verdaderamente escandaloso es el uso de los recursos públicos. Vehículos oficiales, personal de confianza, operadores políticos disfrazados de servidores públicos y agendas institucionales que, para muchos ciudadanos, parecen orientadas más a fortalecer proyectos personales que a resolver los problemas de la población. Cada hora dedicada a la promoción política es una hora que se le roba a la obligación de gobernar.

Y mientras eso ocurre, los municipios siguen esperando.

Esperan mejores calles, agua potable, alumbrado, seguridad y resultados. Esperan un gobierno que recuerde que fue electo para administrar recursos públicos, no para administrar campañas políticas permanentes.

La política no debería convertirse en refugio de quienes olvidaron para qué fueron elegidos. Un alcalde que utiliza el cargo para construir su futuro político traiciona el mandato que recibió en las urnas. El poder no es un patrimonio personal ni una plataforma electoral financiada por los contribuyentes.

La ciudadanía tendrá la última palabra. Y cuando llegue el momento de rendir cuentas, difícilmente olvidará quiénes cambiaron el compromiso con su pueblo por la obsesión de mantenerse cerca del poder.

Porque los cargos son temporales. Pero el abandono, la inseguridad y la decepción que dejan los malos gobiernos permanecen mucho después de que se apagan los discursos y se desmontan las campañas.

Al final de cada administración cada alcalde saldrá por la puerta de atrás, con pena y sin gloria, con los bolsillos llenos y con el orgullo de haberle “cumplido” al pueblo.

El cargo Ayuntamientos en campaña, alcaldes que ya no gobiernan, operan apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.