La Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF (SEDIF) anunció que durante el último cuatrimestre de 2026 iniciará operaciones el Centro Integral de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes (CIJNA), un modelo especializado que concentrará en un solo espacio la atención jurídica, psicológica, social y judicial para víctimas de violencia y vulneración de derechos, con el propósito de evitar la revictimización y garantizar una respuesta inmediata, integral y centrada en el interés superior de la niñez.

Durante los Diálogos Circulares de la Coordinación de Comunicación, el titular del Departamento de Protección y Asistencia Jurídica de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF, Rubén Fernando Hernández Mejía, destacó que con este proyecto Tlaxcala se ubicará entre las tres primeras entidades del país en contar con un centro de estas características, resultado del trabajo conjunto entre el Sistema Estatal DIF, la Procuraduría de Protección, el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado y otras instituciones.

Explicó que el CIJNA reunirá en un mismo espacio a la Procuraduría de Protección, el Ministerio Público especializado, juzgados familiares y penales especializados, atención psicológica, trabajo social, salas de entrevista única videograbada y mecanismos de seguimiento para la restitución integral de derechos, lo que permitirá agilizar la atención, fortalecer el acceso a la justicia y reducir la revictimización de niñas, niños y adolescentes.

El funcionario señaló que este proyecto es la consolidación de una estrategia iniciada en 2021, cuando la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros instruyó realizar un diagnóstico sobre la situación de la infancia en Tlaxcala.

En ese momento se identificó una población cercana a 360 mil niñas, niños y adolescentes, de los cuales aproximadamente 14 mil 500 —equivalentes al 11 por ciento, de acuerdo con estimaciones de UNICEF— se encontraban en posible vulneración de derechos, mientras las instituciones atendían únicamente tres mil 45 casos al año.

Como respuesta, el Gobierno del Estado impulsó una reforma que fortaleció las atribuciones de las entonces Unidades de Primer Contacto con la Infancia, hoy procuradurías municipales, otorgándoles facultades para representar y proteger jurídicamente a niñas, niños y adolescentes.

Esta transformación permitió incrementar la cobertura de atención de mil 789 casos en 2021 a cinco mil 500 en 2022 y alcanzar 11 mil 93 atenciones en 2023.

Hernández Mejía aclaró que este incremento no respondió a un aumento de la violencia, sino al fortalecimiento institucional que permitió detectar y atender oportunamente los casos desde el ámbito municipal.

Actualmente, las 60 demarcaciones del estado cuentan con procuradurías municipales facultadas por la ley y coordinadas por el Sistema Estatal DIF, lo que ha permitido revertir el nivel de omisión institucional existente hace cinco años y atender cerca del 80 por ciento de la infancia en condición de vulnerabilidad.

Añadió que los resultados muestran una tendencia favorable, ya que después del máximo histórico de atención registrado en 2023, los casos disminuyeron a nueve mil 340 en 2024 y a nueve mil 821 durante 2025, comportamiento que refleja una reducción en la vulneración de derechos y una mayor capacidad de prevención y atención temprana.

El funcionario informó que la Procuraduría Estatal opera con ocho equipos interdisciplinarios integrados por personal jurídico, psicológico y de trabajo social, además de ocho subprocuradores regionales que brindan capacitación, asesoría y acompañamiento permanente a las 60 procuradurías municipales.

Destacó que el modelo desarrollado en Tlaxcala ha despertado el interés de otras entidades como Hidalgo y Michoacán, así como de organismos internacionales a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), mediante solicitudes de Uruguay y Chile para conocer esta estrategia de protección integral de la infancia.

Finalmente, informó que en lo que va de 2026 se han atendido tres mil 800 niñas, niños y adolescentes y se han otorgado alrededor de siete mil servicios especializados en materia psicológica, jurídica y de trabajo social. Precisó que las principales causas de intervención continúan siendo la omisión de cuidados, la violencia familiar y los delitos sexuales.

El cargo ANUNCIA SEDIF CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La diputada Gabriela Hernández Islas subrayó la relevancia de fomentar una cultura de prevención entre empleadores, trabajadores y empresas, al considerar que la seguridad y el bienestar de quienes integran las organizaciones debe asumirse como una prioridad permanente. Asimismo, resaltó la importancia de la capacitación constante para fortalecer entornos laborales más seguros y eficientes.

Por su parte, el secretario de Trabajo y Competitividad, José Noé Altamirano Islas, reconoció la apertura de la diputada Gabriela Hernández Islas para impulsar este tipo de actividades y destacó que estas acciones buscan acompañar a los empleadores en el cumplimiento del marco normativo en materia de seguridad laboral, colocando a las y los trabajadores en el centro de las políticas preventivas, con el objetivo de preservar la paz laboral en la entidad y fortalecer las fuentes de empleo que impulsan la economía de Tlaxcala.

La ponencia fue impartida por la Dra. Jessika Fraga Márquez, quien expuso la importancia de prevenir accidentes y anticiparse a las auditorías de seguridad en los centros de trabajo. Durante su participación, destacó la relevancia de que las micro, pequeñas y medianas empresas cumplan con la normatividad vigente y cuenten con personal capacitado y consciente de los protocolos de seguridad, al señalar que una organización regulada fortalece sus posibilidades de desarrollo y éxito.

El cargo Promueve Gabriela Hernández cultura de prevención laboral en el Congreso del Estado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ruiz García señaló que esta problemática tiene causas profundas, como la inmadurez emocional, la falta de educación socioemocional y la ausencia de intervención oportuna por parte de las autoridades educativas cuando existen señales que deben alertar para una intervención oportuna. Por ello, propuso una coordinación inmediata entre las dos instancias gubernamentales para actualizar los protocolos de seguridad, capacitar a docentes y personal administrativo, y crear un Registro Estatal de Incidentes Escolares que permita monitorear y analizar los casos de manera sistemática. Todo ello, con el acompañamiento y orientación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para evitar que se violenten los derechos de la comunidad estudiantil.

Además, la iniciativa establece la obligación de rendir informes semestrales al Congreso del Estado sobre los avances y resultados de las acciones implementadas, garantizando transparencia y rendición de cuentas. La diputada insistió en que la escuela debe ser un espacio seguro y formativo, donde se fomente el respeto y la convivencia, y subrayó que proteger a niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida del Estado y la sociedad.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, para su estudio, análisis y dictaminación, con el objetivo de convertirse en una herramienta efectiva para transformar la realidad de las escuelas tlaxcaltecas.

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El Consejo Estatal de Población (Coespo) y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna Tlaxcala), en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatlax), impulsarán una estrategia conjunta para capacitar a servidores públicos que atienden directamente a este sector de la población.

Las dependencias estatales firmaron un convenio de colaboración que acercará programas especializados que promuevan la atención profesional, empática y alineada con los derechos de la niñez.

A través de esta alianza, el personal de Coespo y Sipinna podrá acceder a cursos, talleres y certificaciones en temas como derechos humanos, perspectiva de género, prevención de violencia, contención emocional y estrategias de intervención comunitaria.

La directora de Coespo-Sipinna Tlaxcala, Belén Vega Ahuatzi señaló que este convenio representa un paso decisivo para garantizar que quienes tienen contacto directo con la niñez y adolescencia cuenten con las herramientas necesarias para brindar una atención oportuna, respetuosa y efectiva.

Vega Ahuatzi detalló que la colaboración con Icatlax responde al compromiso del Gobierno del Estado de profesionalizar los servicios públicos y construir entornos más seguros, protectores y dignos para niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

Con esta iniciativa, Tlaxcala reafirma su compromiso con la implementación de políticas públicas que colocan a la infancia y adolescencia en el centro de la agenda estatal, avanzando hacia una cultura institucional basada en el respeto, la protección y el ejercicio pleno de sus derechos.

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En medio de protestas de activistas feministas, ambientalistas y defensores de derechos humanos, el Congreso del Estado de Tlaxcala ratificó a Jakqueline Ordoñez Brasdefer como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHT) para un segundo periodo.

La nueva gestión de Ordoñez comenzará el 12 de junio de 2025 y se extenderá hasta el 11 de junio de 2029.

Durante la sesión de este martes, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, presentaron el dictamen sobre el proceso de designación de la persona titular de la CEDHT y de su Consejo Consultivo.

El documento destacó que Ordoñez Brasdefer obtuvo la calificación más alta en la evaluación de conocimientos realizada por un sínodo, además de contar con diversas cartas de apoyo. No obstante, también se documentaron posicionamientos en contra, lo que no impidió que la mayoría de los diputados presentes votaran a favor de su ratificación.

Posteriormente, Jakqueline Ordoñez rindió protesta en medio de inconformidades expresadas por organizaciones civiles, que cuestionaron la baja productividad de su gestión.

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En sesión de comisiones unidas realizada la tarde de este lunes, diputadas y diputados tomaron esa decisión, cuyo dictamen ahora pasará al pleno de la LXV Legislatura local para que, probablemente, sea votado este martes en un asunto de trámite.

Para tomar su determinación, quienes integran las comisiones unidas evaluaron la trayectoria profesional y el perfil de quienes aspiraron a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), la realización de un ensayo denominado “Los retos actuales de los derechos humanos en el Estado y el papel que debe asumir la Comisión para enfrentarlos”, y la presentación de un examen de conocimientos.

Tras lo anterior, de las seis personas inscritas a este proceso, la actual ombudsperson obtuvo una calificación total de 29 puntos, seguida de Mayra López Lara con 24; las otras cuatro obtuvieron entre 14 y 19 puntos.

De acuerdo con el dictamen —cuya copia obra en poder de este medio— Jakqueline Ordóñez “obtuvo la mayor calificación, con lo que demostró un entendimiento amplio en materia de derechos humanos, también de su conocimiento sobre la legislación aplicable, en las que destacan los criterios relacionados en nuestro estado”.

Anticipándose a cualquier crítica, diputadas y diputados afirmaron que “para estas comisiones dictaminadoras la adopción de criterios objetivos e imparciales, evitando favoritismos o perjuicios que pudieran afectar la decisión final, asegura (sic) que las personas aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron evaluadas en función de sus méritos y capacidades”.

Quienes integran esas comisiones concluyeron que “los resultados del examen de conocimientos proporcionaron una base objetiva para medir el nivel de competencia técnica, mientras que el ensayo formulado y presentado por cada aspirante ofreció una visión más cualitativa del compromiso de los aspirantes”.

Sin embargo, ambas consideraciones contrastan con lo dicho el pasado 19 de mayo por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jaciel González Herrera, al periodista Juan Luis Cruz, quien admitió que los resultados obtenidos en el proceso de evaluación para designar a la persona titular y a los integrantes del Consejo Consultivo de la CEDHT no serían necesariamente vinculantes para la decisión final que adopte el pleno de la LXV Legislatura local.

Hace cuatro años Jakqueline Ordóñez fue electa para fungir como presidenta de ese organismo autónomo para el periodo comprendido del 18 de junio de 2021 al 11 de junio de 2025.

Ahora, si el pleno legislativo así lo convalida, esa mujer asumirá la titularidad de la CEDHT para el periodo del 12 de junio de 2025 al 11 de junio de 2029.

Ordóñez Brasdefer es esposa del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Manuel Vázquez Conchas —actual candidato en la elección judicial del próximo domingo a ese mismo cargo—, quien es hermano del diputado federal Raymundo, excuñado de la gobernadora Lorena Cuéllar.

También este lunes, en la misma sesión de esas dos comisiones unidas, diputadas y diputados designaron a Leticia Valera González, Fernando George Zecua, Agustín Flores Peña y Jesús Rivera Pantoja como integrantes del próximo consejo consultivo de la CEDHT, quienes obtuvieron la mayor puntuación en las etapas previstas en el proceso de selección.

CON INFORMACIÓN DE FARO NOTICIAS

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La iniciativa, impulsada por la diputada Lorena Ruiz García, responde a datos alarmantes sobre violencia sexual infantil y a los estándares establecidos por tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Hasta ahora, el Código Penal de Tlaxcala solo brindaba protección automática a menores de 14 años, lo que generaba una brecha jurídica en perjuicio de adolescentes entre los 14 y 17 años.

Entre las modificaciones aprobadas destaca la reforma a la fracción I del artículo 289, que establece que comete delito quien realice cópula con una persona menor de 18 años, aun sin violencia. Asimismo, el artículo 293 fue reformulado para definir con mayor claridad el delito de estupro, sancionando con prisión y multa a quien obtenga el consentimiento de adolescentes mediante seducción, engaño o abuso de poder.

Estas reformas reconocen que las y los adolescentes, por su etapa de desarrollo, enfrentan mayores riesgos ante situaciones de violencia sexual y que el Estado tiene la obligación de brindarles una protección reforzada. Se trata de una medida que promueve el interés superior de la niñez y evita retrocesos en sus derechos, como lo establece el principio de progresividad en materia de derechos humanos.

El Dictamen fue aprobado por unanimidad de las y los diputados, durante la vigésima novena sesión ordinaria del Congreso del Estado. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala, y con ello, la LXV Legislatura reafirma su compromiso con la protección de la niñez y adolescencia, y con un marco legal que ponga al centro la dignidad humana y la prevención de la violencia.

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La propuesta iniciada por la diputada Lorena Ruiz García armoniza la legislación estatal con la normativa federal en materia de violación equiparada y estupro, elevando la edad de protección de los 14 a los 18 años para la violación equiparada y estableciendo el rango de 15 a 18 años para el delito de estupro, considerando los contextos de seducción, engaño o abuso de poder.

Con esta reforma, se busca reducir la vulnerabilidad de los menores ante situaciones de violencia sexual, evitar que su consentimiento sea cuestionado o manipulado, y consolidar una legislación que refleje el compromiso de Tlaxcala con los derechos humanos y los principios de progresividad y no regresividad.

Durante la sesión, la diputada Maribel León Cruz reconoció a la diputada Lorena Ruiz por su compromiso con la protección de los más jóvenes, reconocimiento al que se sumaron los diputados Jaciel González Herrera, Vicente Morales Pérez y David Martínez del Razo; por su parte, la diputada Lorena Ruiz agradeció el respaldo de sus compañeras y compañeros legisladores, asegurando que armonizar las leyes locales con las federales fortalecerá el Estado de Derecho y permitirá proteger de mejor manera la integridad física, mental y emocional de las niñas, niños y adolescentes en Tlaxcala.

Tras la aprobación unánime del dictamen, se instruyó que fuera remitido a las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación y Concertación Política para continuar con el debido proceso legislativo.

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En el marco del convenio de colaboración suscrito entre los municipios del estado y el Poder Judicial de Tlaxcala, este día, la magistrada Anel Bañuelos Meneses puso en marcha la Primera Jornada de Capacitación a Personas Servidoras Públicas de los distintos municipios del Estado de Tlaxcala, la cual, busca fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos municipales en temas fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro sistema de justicia.

El objetivo es consolidar una cultura de legalidad, respeto y protección de los derechos humanos, sensibilizando a los participantes sobre el reconocimiento de su papel como primeros respondientes, especialmente en contextos donde están en riesgo los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.

La presidenta del Poder Judicial indicó que, además se abordará el conocimiento de las disposiciones legales en materia de responsabilidades administrativas, un componente indispensable para el ejercicio ético y eficiente del servicio público, lo que brindará la oportunidad para reflexionar, aprender y renovar su compromiso con una administración pública más justa, más cercana a la ciudadanía y más comprometida con la legalidad.

En esta Primera Jornada de Capacitación se contó con la participación de los integrantes de las Procuradurías Municipales de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los servidores públicos que laboran en el Sistema DIF de los municipios de Acuamanala, Amaxac, Apetatitlán, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Ixtacuixtla, La Magdalena Tlaltelulco, Mazatecochco, Natívitas, Panotla, Papalotla, San Damián Texoloc, San Francisco Tetlanohcan, San Jerónimo Zacualpan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, San Pablo del Monte, Santa Apolonia Teacalco, Santa Ana Nopalucan y Santa Catarina Ayometla.

La capacitación estuvo a cargo de las magistradas y magistrados de las Salas Penal y Especializada Administración de Justicia para Adolescentes, así como de la Sala Civil-Familiar, Marisol Barba Pérez, Mary Cruz Cortés Ornelas, Pedro Sánchez Ortega, Enrique Acoltzi Conde, Fanny Margarita Amador Montes y Mildred Murbartián Aguilar.

Estuvieron presentes en la inauguración de la Primera Jornada de Capacitación las consejeras Violeta Fernández Vázquez y Alejandra Cósetl Flores, así como los consejeros Germán Mendoza Papalotzi y Miguel Sánchez Ramírez.

El cargo Pone en marcha TSJE Primera Jornada de Capacitación a Servidores Públicos Municipales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Griselda Elizabeth Corona Loaiza, titular del Sistema Municipal DIF de Chiautempan, señaló que “a través de esta Procuraduría fortalecemos las acciones de protección y respaldo a las niñas, niños y adolescentes. Para nuestra presidenta municipal, Blanca Angulo Meneses, brindar atención puntual y oportuna a este sector es una prioridad”.

Asimismo, Corona Loaiza informó que en Chiautempan ya se ha venido realizando un trabajo constante: “Nuestro personal operativo ha desempeñado una labor importante y de tiempo completo, atendiendo denuncias y reportes con puntualidad. Nuestro compromiso es firme y claro”.

Destacó también que la Procuraduría Municipal cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por profesionales en derecho, psicología y trabajo social, lo cual permite brindar una atención integral, especializada y oportuna a cada caso.

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