El jueves 11 de junio, Diana Laura recibió la visita de su esposo, quien le dio la noticia de su próxima liberación. Alrededor de las 15 horas, la reclusa de 36 años volvió a subir al módulo A, estancia 1, de la prisión femenil de Santa Martha Acatitla.

El “módulo”, como le llaman, está conformado por una serie de celdas, una tras otra, completamente cerradas, donde el encierro se vive en soledad. Es el lugar más recóndito de Santa Martha: varias rejas con gruesos candados, que solo pueden abrir las custodias, resguardan el pasillo que conduce a esa zona. Casi no hay actividades: algunas internas están ahí como castigo o por distintos motivos para separarlas de la población general.

Con una hija de casi 15 años esperándola fuera, Diana Laura llevaba cuatro años en prisión por robo agravado. Aunque su sentencia de cinco años y ocho meses se cumpliría en septiembre de 2027, recibió un beneficio de libertad anticipada que se haría efectivo en cuestión de días o un par de semanas a lo más.

Sin embargo, el plazo no se cumplió. El viernes 12 la encontraron sin vida dentro de su estancia. En los días previos a su muerte, sucedió mucho más que el anuncio de su futura libertad.

Desde mucho antes separada de la población general, en un módulo diferente, Diana Laura sufrió violencia sexual y fue despojada de sus pertenencias por otras dos internas. Junto a una compañera denunció lo ocurrido. La cambiaron de módulo, pero no hubo ninguna consecuencia para las responsables. Al mismo tiempo, enfrentaba una fuerte abstinencia por consumo de piedra.

De la visita de su esposo aquel jueves, regresó mal emocionalmente. Se sentía muy deprimida y sus compañeras la recuerdan con una ansiedad brutal. Previamente, ella misma había pedido que la encerraran con candado por el miedo que tenía. Ese día no quiso hacer nada. Se quedó “hecha bolita” en su cama.

En la noche, las custodias no accedieron a que durmiera acompañada, como lo había hecho la noche anterior. A solas, una y otra vez pidió a gritos un cigarro. Su desesperación se escuchó hasta pasadas las 5 de la madrugada, y luego llegó el silencio. Poco después, cerca de las 7 de la mañana del viernes 12, la hallaron colgada de un cobertor en su estancia, sentada en el piso.

Su muerte, como la de otras cinco compañeras suyas, en los últimos tres meses, no ha sido esclarecida. La versión del sistema penitenciario sobre ella y una reclusa más es que se quitaron la vida. Afuera, hay quien lo pone en duda: les resulta difícil pensar que hubiera tomado esa decisión a tan poco tiempo de salir de Santa Martha Acatitla.

Quienes han vivido la cárcel de cerca saben que tampoco es imposible: entre la certeza de estar a unos días de recuperar la libertad y efectivamente recuperarla, pueden mediar múltiples hechos, temores, angustias, violencias, depresiones y ansiedades, como ocurrió en su caso.

Para sus compañeras, de cualquier forma las custodias no prestaron atención suficiente al estado de Diana Laura. Podrían haberla dejado dormir con alguien más, para que estuviera acompañada o, como medida extrema, engrilletarla. Los descuidos y la violencia al interior del reclusorio para muchas no son novedad.

Aun si se trató de un suicidio, las autoridades penitenciarias no se libran de una posible negligencia. Las afectaciones a su salud mental eran evidentes, así como la violencia que había vivido y se pudieron haber tomado medidas en lugar de ignorar el reporte de la situación, que hizo por lo menos una persona.

Entre el 12 de marzo y ese día de junio, fallecieron en circunstancias no aclaradas Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura. Tiempo atrás, en el transcurso del año anterior, ya se había conocido la muerte de Marlene, apodada “La Chola”, y la de Jocelyn, quienes fueron halladas colgadas. De las seis recientes, el sistema penitenciario afirma —sin que esté probado con toda certeza— que Rosa y Diana Laura se quitaron la vida y que las otras cuatro fallecieron por motivos de salud.

Por las muertes de los últimos tres meses, hay ahora una denuncia penal iniciada ante la fiscalía, además de seis quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuatro presentadas por personas peticionarias y dos iniciadas de oficio. A esta instancia se solicitó una entrevista para conocer los pasos siguientes, sin que haya dado respuesta hasta el cierre de esta publicación.

Drogas, violencia y extorsión, la cotidianeidad 

Una de las teorías más extendidas entre las internas sobre el fallecimiento de aquellas compañeras sobre las que sospechan que pudieron haber sido asesinadas tiene que ver con las deudas que proliferan dentro, por robo de celulares o por venta de droga.

Varias señalan a Alexis S. —una  reclusa acusada de  homicidio con una sentencia que la mantendrá ahí de por vida y una adicción importante—, como una de las principales cobradoras de droga dentro del penal. Trabaja para Wendy M., a quien se ubica a cargo del negocio. El consumo es fuerte y descontrolado, con el cristal y la piedra como lo más recurrente y poco acceso a cocaína. Ese comercio conduce inevitablemente a una creciente violencia y extorsión.

De acuerdo con Olivia Garza, diputada panista de la capital que llevó los casos recientes a la instancia penal y de derechos humanos, en sus recorridos por  las calles y colonias de Iztapalapa, donde se ubica el distrito al que representa, le empezaron a externar una problemática en torno al reclusorio de Santa Martha.

Se dio a la tarea de estar más atenta y escuchar a personas que le hablaron de lo que sucedía, específicamente de la pérdida de las últimas seis vidas en prácticamente tres meses, sin que su seguridad hubiera sido resguardada por el sistema penitenciario. “Es una cifra realmente alarmante… Son cosas que resultan extrañas y hemos acudido ya a las autoridades, primero a denunciar”, comenta.

La denuncia penal ante el Ministerio Público gira en torno, en gran medida, de la comandante Yessica López Avilés, encargada del área de seguridad y a quien las voces escuchadas por la legisladora vinculan a extorsión y otros delitos.

Por otro lado, Garza promovió una de las quejas ante el órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos en contra de la propia visitaduría de reclusorios, pues su tarea es fundamental y debería estar atenta a lo que pasa en el penal si lo recorre de manera cotidiana.

“Deberían estar haciendo o alertando de este tipo de situaciones, que se pueden evitar cuando hay un buen manejo. Afortunadamente, después de estas dos acciones jurídicas que emprendí de manera personal, creo que hubo eco por parte de la autoridad y vemos que ya presentó su renuncia Yessica”, señala.

La “jefa” de seguridad: un principio, no el final ni el fondo del problema

Lo que sucede en Santa Martha y Tepepan, los dos reclusorios femeniles de la Ciudad de México —las mujeres son alrededor de un 6 % de la población penitenciaria—, es sabido por quienes permanecen ahí y por las visitas frecuentes: pagos para todo, abuso de autoridad, venta de drogas. Las custodias también llegan a estar sobrepasadas y sin contención.

La vida en reclusión, además, de acuerdo con versiones de internas, es cada vez más cara. Se cobra por todo, afirman. Incluso a las visitas no las dejan en paz: en Santa Martha, la renta de mesas es cada día más alta, al igual que la extorsión a las familias pidiéndoles cantidades de dinero para no hacerle daño a la persona recluida, por parte de internas como Maribel y Gaby.

Por los hechos de Santa Martha, la primera renuncia que se anunció la semana pasada fue la de Yessica López Avilés, quien llevaba una larga trayectoria —de por lo menos 10 años— en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Conocía y era bien conocida en ambos reclusorios femeniles.

Sus primeros registros públicos disponibles como personal de confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana datan de 2017, cuando ya adscrita a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario como custodia, tenía una remuneración mensual neta de 7 mil 658 pesos.

Poco a poco fue escalando en el sistema: para 2023 aparece como custodia experta en reclusorios y centros penitenciarios, con un sueldo neto de 13 mil 377 pesos; y a partir de 2025 es registrada como subdirectora de seguridad de Santa Martha Acatitla, con una remuneración mensual neta de 30 mil 553 pesos.

Además de eso, se sabe que rotó entre los dos centros. Un primer periodo operó en Santa Martha, de donde fue removida por denuncias de extorsión y enviada a Tepepan como medida de “castigo” o rotación institucional, pero igual era jefa. De ahí se le conocía como la comandante Yessica.

Después, en los dos años previos a su salida, volvió a Santa Martha como subdirectora. Organizaciones y familiares han criticado que pese a sus antecedentes, las autoridades la hubieran regresado al mismo centro penitenciario.

Varios señalamientos hacia ella incluso se hicieron públicos desde 2024, pero tampoco eso impidió que apenas hace tres meses el Congreso de la Ciudad de México le otorgara la medalla al mérito policial, según consta en la transcripción y el registro fotográfico de la sesión del 14 de abril de 2026.

El 28 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México —que se encarga de los reclusorios capitalinos desde 2021, cuando dejaron de estar en manos de la Secretaría de Gobierno capitalina— anunció su renuncia, la cual había sido presentada desde el jueves 23, y agradeció sus 10 años de servicio.

Quienes han promovido las denuncias apuntan que la salida de “la jefa Yessica”, como se le conocía, es un inicio, pero ni de lejos va a terminar —o a empezar— a resolver lo que ocurre al interior de los reclusorios capitalinos, y que hoy afecta particularmente a las mujeres.

“Lo vemos bien porque, de entrada, se ve que el sistema penitenciario nos escuchó, pero esto es solo una acción. Debe seguir una serie de acciones: uno, se debe vigilar que el personal del sistema penitenciario actúe de una manera correcta. Aun cuando una mujer está privada de libertad, sus derechos humanos no por ese hecho se suspenden, y dos, el Estado debe garantizar la seguridad de las mujeres que viven al interior de un penal”, apunta Olivia Garza.

Califica como lamentable las muertes que se sucedieron una a otra recientemente, pero recuerda que no debe haber ninguna por una causa incierta. Añade que la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González Saravia, le prometió una respuesta, que en el caso particular de la queja que ella presentó, tendrá que ser formal, por escrito.

Las mujeres en reclusorios de la CDMX: desigualdad, abandono y temor

Aunque son minoría, la vida para las mujeres al interior de reclusorios capitalinos tiene complejidades añadidas. El crecimiento del hacinamiento y los delitos son comunes a las prisiones de varones, pero ellas además enfrentan una desproporcionada situación de abandono: reciben muy poca visita.

En general, cuando entran en contacto con el sistema de justicia penal, este activa mecanismos que no reconocen sus condiciones de desigualdad, violencia y discriminación, sino que las criminalizan y envían a prisión. La organización EQUIS: Justicia para las mujeres ha documentado que entre 2020 y 2024 el encarcelamiento de mujeres aumentó más del 50 % en México.

“Los reclusorios femeniles enfrentan dificultades diferentes que los de varones, porque no hay visita, hay un abandono hacia las mujeres; eso de alguna manera ayuda a que no nos enteremos de qué está pasando al interior del penal, si no tienen visitas ni quien las defienda desde fuera… Por eso tenemos que estar más atentos de que el sistema penitenciario y los penales de mujeres garanticen sus derechos humanos… están en una situación de doble vulnerabilidad”, señala Garza.

Una de cada tres mujeres está en prisión tras aceptar un procedimiento abreviado, el 48 % de ellas bajo presión. El 90 % ingresa a un reclusorio sin sentencia, y pueden pasar años en el mismo estatus. Al interior, las desigualdades van desde la falta de acceso a la educación hasta las nulas posibilidades de reinserción: 6 de cada 10 consideran que haber estado privadas de la libertad afectará sus posibilidades de reintegrarse al ámbito laboral, por ejemplo.

Ellas lo saben bien. Las internas de Santa Martha aseguran que quieren salir, pero al mismo tiempo lidian con un gran miedo a lo desconocido, a ser rechazadas por la familia, a no tener a dónde llegar y a ser juzgadas en su entorno. Saben que no hay oportunidades, pero sí un estigma de por vida, lo que también contribuye al incremento de sus consumos por ansiedad y miedo.

Entre ellas hacen referencia a diversos desenlaces tras salidas sin preparación o contención: quien murió por sobredosis en condición de calle al poco tiempo, quien reincide para regresar, y quien después de 20 años en prisión, se quitó la vida afuera. Algunas comentan que al menos ahí tienen techo y comida segura, pero también mayores probabilidades de comprar sustancias cuando están en consumo, haciendo lo que sea, incluso prostituirse o cumplir “mandados” (agresiones).

En ese contexto, de las seis muertes señaladas, hasta ahora no hay plena certidumbre de cuáles fueron las causas: “no vamos a poder confirmar la información, porque al provenir del propio sistema penitenciario, de alguna manera nos dan la información que ellos quieren, no lo podremos confirmar. Nos parece extraño, las quejas son muchas y cada día llegan más en cuanto a que el sistema penitenciario hoy tiene muchas violaciones a los derechos humanos”, lamenta la diputada panista Olivia Garza.

El cargo Muertes en el penal femenil de Santa Martha: abandono, violencias y negligencia apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Todo comenzó cuando un bebé de apenas dos meses ingresó a urgencias con una lesión cerebral grave. El diagnóstico reveló que la herida era consistente con un traumatismo no accidental, lo que activó una investigación policial. Al acudir al domicilio del menor, en la ciudad de Arcadia, al noreste de Los Ángeles, la policía descubrió que el bebé no estaba solo.

En el interior de la residencia, las autoridades encontraron a 15 menores, desde recién nacidos hasta adolescentes de 13 años, viviendo en el mismo inmueble bajo el cuidado de Guojun Xuan, de 65 años, y Silvia Zhang, de 38. Ambos aseguraban ser los padres legales de todos los menores, nacidos por gestación subrogada. Otros seis niños vinculados a la pareja fueron localizados en propiedades cercanas.

La casa, de más de 900 metros cuadrados, había sido adaptada con cunas, cámaras de vigilancia y personal rotativo de cuidadoras, pero sin rastro de una estructura familiar estable o afectiva. Todos los menores fueron retirados de inmediato y trasladados a custodia estatal.

Detrás del caso: una agencia de subrogación disuelta
Xuan y Zhang eran los propietarios de Mark Surrogacy Investment LLC, una agencia que operaba como intermediaria entre madres gestantes y clientes, principalmente internacionales. Aunque la empresa fue disuelta en junio pasado, durante al menos tres años coordinó contratos de subrogación en varios estados del país.

Según informes oficiales, la pareja contrató a múltiples madres subrogadas simultáneamente, muchas de ellas sin conocer el número real de bebés que estaban naciendo para la misma familia. En algunos casos, las mujeres firmaron acuerdos pensando que gestaban para una pareja infértil tradicional.

Una de ellas, Kayla Elliott, compartió su testimonio:

“Me dijeron que sería su segunda hija. Luego supe que había al menos otros 20 niños. Me sentí engañada, como si me usaran para una fábrica de bebés”.

Videos revelan maltratos
Durante el cateo, las autoridades revisaron las grabaciones de seguridad de la casa. En varios clips se observa a cuidadoras sacudiendo a bebés, gritando a los niños o encerrándolos como castigo. En una grabación específica, una niñera golpea al mismo bebé que días después llegó al hospital.

Tres cuidadoras ya fueron arrestadas y enfrentan cargos por maltrato infantil. La fiscalía también ha formulado cargos preliminares contra la pareja por negligencia criminal y poner en riesgo la integridad de menores, aunque las investigaciones federales podrían escalar a delitos de trata de personas.

Tres de las cuidadoras ya fueron arrestadas.

¿Explotación disfrazada de legalidad?

En California, la gestación subrogada comercial es legal, siempre que los contratos se firmen ante notario y cuenten con respaldo jurídico. Sin embargo, no existe un límite en la cantidad de niños que una sola persona puede registrar como propio, ni mecanismos de seguimiento del bienestar de los menores nacidos bajo este sistema.

Los registros financieros de la pareja, se encuentran bajo análisis, estos han revelado movimientos superiores a 3 millones de dólares entre 2021 y 2024. Si bien no se ha confirmado que los niños estuvieran destinados a adopciones ilegales o ventas internacionales, los fuertes ingresos han levantado serias sospechas.

Además, las autoridades han detectado que al menos cuatro mujeres siguen embarazadas con contratos firmados con Mark Surrogacy. Se está trabajando para localizarlas, garantizar su protección y revisar la legalidad de dichos acuerdos.

Los 21 menores rescatados han sido llevados a hogares temporales mientras las autoridades definen su situación legal. Algunos podrían ser adoptados, mientras que otros podrían ser reclamados por sus madres gestantes si demuestran haber sido engañadas en el proceso.

CON INFORMACIÓN DE: JULIO ASTILLERO

El cargo Investigan a pareja tras criar 21 bebés mediante vientres de alquiler en California apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Tras conocerse los hechos ocurridos en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, en los que una persona adulta mayor se ve lesionada al interior de una unidad del transporte público, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado (SMyT) actuó de forma inmediata, imponiendo una sanción administrativa al operador de la unidad con placas A-07704-X, perteneciente a la ruta Guadalupe Tlachco-Tlaxcala, de la empresa Sociedad Cooperativa de Autotransportes Tlaxcala S.C.L.

Esta medida se aplicó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 154, fracción XXXIX del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala, en Materia de Vías de Comunicación, Transporte Público y Privado, el cual establece que los operadores del transporte público deben abstenerse de realizar cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad de las personas usuarias, de terceros o de la propia unidad a su cargo.

En este caso, el operador tenía la responsabilidad de asegurar que la persona afectada abordara la unidad en condiciones seguras y, al presentarse un incidente, debió haber brindado asistencia inmediata o, en su caso, gestionar el traslado a un servicio médico adecuado.

En atención al suceso, la dependencia ha iniciado un procedimiento formal de investigación para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes.

En caso de comprobarse que el conductor incurrió en una conducta negligente que provocó la lesión de la usuaria, se procederá conforme a derecho, incluyendo la suspensión o cancelación de su licencia de conducir, en apego a lo establecido en la normatividad vigente.

La Secretaría de Movilidad y Transporte refrenda su compromiso con la seguridad, dignidad e integridad física de todas las personas usuarias del transporte público, y reitera que no se tolerarán actos de irresponsabilidad por parte de quienes prestan este servicio, en especial cuando se trata de sectores en situación de vulnerabilidad, como personas adultas mayores, con discapacidad o menores de edad.

Asimismo, se exhorta a las y los operadores del transporte público a cumplir cabalmente con las disposiciones legales y a conducirse con responsabilidad, profesionalismo y sensibilidad social en el ejercicio de su labor.

Finalmente, se recuerda a la ciudadanía que se encuentran habilitados los canales de comunicación para reportar cualquier anomalía o presentar quejas por los servicios de transporte público estatal, a través del número telefónico 246 465 29 60, extensión 3344 y al número de WatsApp 246 218 20 33 con el objetivo de garantizar un sistema de transporte más seguro, eficiente y digno para todas y todos los tlaxcaltecas.

El cargo SANCIONA SMyT A OPERADOR DEL SERVICIO PÚBLICO POR INCURRIR EN NEGLIGENCIA CON ADULTA MAYOR apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El pasado 15 de septiembre, más de 30 borregos y una vaca fueron atropellados por el chófer de una pipa, que se presume se quedó sin frenos.

Esto sucedió en una carretera de Sanctorum, lugar al que llegó personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (PROPAET), de los cuerpos de emergencia, así como de Asociaciones protectoras de animales, logrando el rescate de 3 ejemplares.

Sin embargo, estás últimas, han criticado a las autoridades municipales por permitir la circulación de transporte pesado en una zona de pastoreo y ruta de campesinos, así como a la PROPAET por la falta de prontitud y medidas punitivas contra los responsables.

En sus redes sociales, la Asociación “Seres Libres”, que atendió el caso, denunció negligencia por parte de las autoridades de la dependencia estatal.

“Hay muchas cosas que les queremos contar, explicarles la realidad de los hechos, presentarles a los otros 2 sobrevivientes, decirles lo que le hicieron a la Vaca, lo inhumano que se comportó el “veterinario” de @propaetlax, etc…” se lee en un mensaje publicado en redes sociales.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA) lamentó los hechos y a través de un comunicado, aclaró la responsabilidad de las instancias gubernamentales que deben atender y proteger a los animales tanto por la vía administrativa como la médica , en este caso la PROPAET y la Coordinación de Bienestar Animal, respectivamente.

En el accidente perdieron la vida 30 borregos y una vaca, que eran parte del patrimonio de un campesino adulto mayor del municipio.

El cargo Asociación civil denuncia negligencia en caso de 30 ovinos atropellados en Sanctorum apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.