El intento de atraco se registró alrededor de las 03:30 horas y, de acuerdo con testigos, al ser descubiertos los delincuentes abandonaron el lugar, dejando a su paso herramientas, una lata con rastros de fuego y daños visibles en la puerta posterior del dispensador.

La zona fue asegurada por la Policía Estatal y se espera la intervención de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes determinarán si los responsables lograron extraer dinero.

Este hecho se suma a otro intento de robo registrado semanas atrás en un cajero del mismo banco en Muñoz de Domingo Arenas, lo que ha generado inquietud entre la población y autoridades por la creciente incidencia de ataques a estas sucursales en la entidad.

Habitantes de la zona señalaron que la falta de vigilancia durante la noche facilita este tipo de delitos y solicitaron mayor presencia policial para prevenir nuevos incidentes.

El cargo Intentan abrir cajero del Bienestar en Apizaco con un soplete apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La auditoría, que analizó dos periodos debido al cambio de administración, reveló irregularidades en la gestión saliente (1 de julPio al 30 de agosto) y en la actual (31 de agosto al 31 de diciembre).

Gestión saliente: daños por 14.2 mdp En el primer periodo, correspondiente a la administración 2021–2024, el OFS señaló un daño de 14 millones 232 mil 918.34 pesos.

Entre las irregularidades destacan 10 millones 147 mil 526.89 pesos en ingresos fiscales, incluyendo 6 millones 640 mil 270.52 pesos en bonos de fin de gestión sin sustento legal otorgados a miembros del Cabildo, directores y personal de confianza.

También se reportó la desaparición de 245 bienes muebles sin justificación y adjudicaciones de obra pública a personas no registradas en el Padrón Único de Contratistas.

En el uso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), se detectó un daño de 3 millones 216 mil 378.20 pesos por la compra irregular de llantas en mal estado, con un gasto específico de 289 mil 259.87 pesos.

En seguridad, se identificaron pagos a sobreprecio por 2 millones 668 mil pesos en chalecos balísticos sin garantías (con 23 unidades faltantes) y 3 millones 42 mil 292.27 pesos a 123 elementos sin controles de confianza.

Otros hallazgos incluyen 754 mil pesos en bocinas Bluetooth y 603 mil 200 pesos en mochilas escolares con documentación irregular, 10 casos de adjudicación indebida, un caso de nepotismo vinculado al expresidente municipal Pablo Badillo Sánchez y 81 partidas con sobre ejercicio presupuestal. De 119 observaciones, solo 19 fueron solventadas, lo que llevó al OFS a calificar la gestión como “irresponsable”.

Administración actual: irregularidades por 4.4 mdp En el segundo periodo, bajo la administración en curso, se cuantificó un daño de 4 millones 459 mil 933.94 pesos.

Entre las anomalías destacan 262 mil 941.71 pesos en bonos sin fundamento legal para regidores, presidentes de comunidad y síndico, así como un daño de 1 millón 896 mil 795 pesos en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) por falta de informes a la Secretaría de Hacienda y omisión en la publicación de recursos federales.

Además, se reportó un subejercicio de 2 millones 206 mil 137.25 pesos.

También se detectaron gastos sin acreditar, como 2 millones 800 mil 97.98 pesos en mantenimiento de transporte y 1 millón 350 mil pesos en la compra de un camión compactador sin licitación.

De 149 observaciones, solo 61 fueron solventadas, y persisten 12 incumplimientos normativos y 5 casos adicionales en obra pública.

Aunque Apizaco cumplió con la entrega documental de su Cuenta Pública, el OFS subrayó deficiencias en la gestión y solventación. El organismo solicitó al Congreso de Tlaxcala dictaminar las responsabilidades administrativas derivadas de estas irregularidades, que incluyen afectaciones al patrimonio municipal, manejos inadecuados de la deuda pública y fallos en la evaluación del desempeño.

El informe del OFS pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y apego a la normativa en la administración municipal de Apizaco, mientras la ciudadanía espera acciones concretas para esclarecer y sancionar las irregularidades.

El cargo Enfrenta Apizaco observaciones del OFS por más de 16 mdp; mayoría corresponde a Badillo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque ocurrió en el minisúper denominado “Superchata”, ubicado sobre la calle Zaragoza y Francisco Sarabia, donde al menos dos sujetos armados ingresaron para cometer el robo. Al notar la presencia de la patrulla A-14, los delincuentes abrieron fuego contra los oficiales antes de huir a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic azul marino con placas de circulación del estado de Tlaxcala.

En respuesta, se desató una persecución y un intercambio de disparos, durante el cual se contabilizaron al menos 13 casquillos percutidos en la escena.

La patrulla A-14 presentó impactos de arma de fuego, mientras los oficiales fueron trasladados por paramédicos de Protección Civil al Hospital Ángeles, tras presentar crisis nerviosa.

Los agresores continuaron su huida por diversas calles, siendo interceptados finalmente en la calle Mariano Matamoros, donde uno de los sospechosos abandonó el vehículo y se refugió en un domicilio. El lugar fue acordonado por elementos de la policía municipal y de la Policía de Investigación, quienes montaron un dispositivo para asegurar el área.

El intercambio de disparos fue captado en video por vecinos del lugar, quienes difundieron las imágenes en redes sociales, generando preocupación y alerta entre los habitantes de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay detenidos tras el operativo. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades.

El cargo Asalto a minisúper en Apizaco desata balacera, ladrones se dan a la fuga apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En entrevista colectiva, Hernández Pulido enfatizó que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros está consciente de esta situación y de la necesidad de que los nuevos presidentes municipales, incluido el alcalde Javier Rivera Bonilla, implementen cambios en sus estrategias de seguridad.

“Rivera ha designado a un ex marino como director de seguridad municipal, quién asumirá la responsabilidad de enfrentar estos desafíos”, expresó.

El secretario indicó que el perfil del nuevo director ha sido evaluado y aprobado, y se ha solicitado a la Marina la verificación de sus documentos.

Pulido señaló que en Apizaco hay aproximadamente 150 policías en servicio y añadió que el nuevo director deberá evaluar tanto las capacidades del personal como el estado de la fuerza policial. “No dejaremos solo al presidente municipal ni a su director en esta tarea”, afirmó.

Finalmente, Max Pulido destacó que el presidente Rivera ha comenzado a implementar medidas al respecto, y se espera que tome decisiones administrativas para la remoción de elementos de seguridad no acreditados.

El cargo Max Pulido señala que Apizaco heredó una problemática de inseguridad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Los casos de bullying que han conmocionado al país por sus mortales consecuencias, también se hacen presentes en Tlaxcala, pero parece que al secretario de educación el único bullying que le incomoda es el que sus compañeros le hacen.

El viernes, en el CETIS 132 de la localidad de Ixcotla, en Chiautempan, se registró un caso más de violencia escolar en contra de un joven que fue golpeado y pateado hasta quedar inconsciente por  alumnos de este subsistema.

Las imágenes de violencia entre jóvenes estudiantes reflejan que las estrategias para prevenir el bullying no han logrado permear, de manera positiva, en el comportamiento estudiantil y han escalado en gravedad y apatía por parte de estudiantes, autoridades y ciudadanos.

Otro caso en Tlaxcala, se dio unos días antes en la Secundaria Técnica no. 2 “Camaxtli”, en Apizaco, donde un estudiante de segundo año fue agredido verbalmente y golpeado por su abusador al interior de un salón del plantel.

La complicidad se hizo presente entre las autoridades escolares y el agresor, quien fue protegido por la institución, mientras que la víctima no recibió ningún apoyo; esto evidenció el incumplimiento de los protocolos para atender este tipo de situaciones y el poco interés por un tema que ha conmocionado a la sociedad mexicana, en los últimos días.

Los dos recientes casos de Tlaxcala de bullying no merecieron la atención y mucho menos respuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE). No hubo el mínimo interés por dar seguimiento y acompañamiento a las víctimas. ¿Qué esperan para ello?

El titular de la SEPE, Homero Meneses Hernández prefirió acudir a un evento protocolario en la sede de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para inaugurar los trabajos del “foro para la nueva escuela mexicana”, en lugar de pronunciarse ante estos sucesos que parecen ir en aumento y frecuencia.

Mientras la madre del alumno golpeado en la Secundaria Técnica No.2 de Apizaco exige justicia para su hijo, el responsable de la política educativa participa en eventos que no representan beneficio alguno para los alumnos y comunidad educativa.

A nivel nacional, el caso de  Norma Lizbeth, estudiante de secundaria del municipio mexiquense de Teotihuacán, que terminó asesinada a manos de su bulleadora, otra joven alumna de su misma escuela, mostró el rostro más cruel del bullying escolar al que hemos llegado.

El lamentable hecho evidenció, además, que el fenómeno lejos de prevenirse y atenderse como tanto se pregona, peligrosamente se extiende por instituciones educativas de todo el país. Ahí están los ejemplos de las escuelas públicas de Tlaxcala y las miradas omisas de las autoridades y la sociedad.

La constante, al menos en los casos de Teotihuacán y Chiautempan fue que las agresiones quedaron registradas en videos que grabaron sus compañeros y que luego se viralizaron en las redes sociales.

Las víctimas ya habían manifestado los abusos que padecían en su escuela, algo que maestros y directivos ignoraron, lo que derivó en las agresiones físicas y en el caso de Norma Lizbeth, en su asesinato.

Los materiales muestran además de un grado de violencia extrema, la insensibilidad de los estudiantes quienes en ningún momento intervienen para detener la agresión, al contrario, animan al abusador a continuar la golpiza y continúan grabando.

A pesar de todos estos antecedentes que deberían servir de experiencia y representar para la autoridad educativa del estado una advertencia del grado al que puede escalar la violencia escolar, Homero Meneses no se inmuta.

¿Qué están esperando en la SEPE-USET para dar seguimiento a los casos que se suscitaron en Tlaxcala?, ¿acaso piensan solo actuar hasta que, lamentablemente, suceda una tragedia como en el Estado de México?

Y lo más importante: ¿Qué están haciendo para prevenir este tipo de situaciones en las escuelas?

¿Es necesario que se registren casos extremos para que el secretario de Educación reaccione?

El no emitir declaraciones, apostar a que se olviden y no trasciendan mediáticamente no es la mejor estrategia.

Se debe atender el problema de fondo y, evidentemente, replantear las acciones que hasta el momento no han dado resultados positivos, sino que por el contrario parecen rebasadas y obsoletas.

Basta ver los videos de agresiones en escuelas de Tlaxcala para entender que las pláticas de sensibilización y la firma de convenios que tanto difunden en sus comunicados oficiales no han servido de nada.

El fenómeno del bullying no se combate con demagogia, exige acciones específicas que influyan en el cambio de actitud de los estudiantes a partir del respeto y empatía a la otra persona y acciones interinstitucionales que atiendan a víctimas y agresores.

Pero para que esto ocurra en Tlaxcala, parece que debemos ser testigos de casos extremos para que la autoridad, entonces, reconozca el problema y en consecuencia lo atienda. Esperemos que no sea demasiado tarde.

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El cargo Bullying en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Un nuevo caso de violencia escolar que se registró la semana pasada en la Escuela Secundaria Técnica no. 2 “Camaxtli” de Apizaco, reveló una red de corrupción- omisión encabezada por el personal directivo y administrativo de esta institución y que alcanza al propio secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández.

Una madre de familia denunció que luego de que su hijo, alumno del segundo año de secundaria del turno matutino, sufriera una violenta agresión física y recibiera  insultos por parte de uno de sus compañeros de salón, tanto el director de la institución, Arturo Hernández Morales, como la subdirectora y el personal de Trabajo Social le dieron la espalda a la víctima y protegieron a su agresor.

Además, pese que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) tienen conocimiento de la agresión, no han respaldado en ningún sentido a la víctima.

Los hechos se suscitaron durante el taller de refrigeración, cuando el docente responsable del grupo abandonó el aula, situación que aprovechó uno de los alumnos para amedrentar a su compañero e insultarlo, para posteriormente atacarlo a golpes en el rostro y patearlo en el tórax, cuando el agraviado ya se encontraba en el piso.

Las circunstancias que se presentaron tras el ataque, donde nunca se priorizó la integridad y bienestar físico o emocional de la víctima y se ignoró el protocolo para atender este tipo de casos, suponen que existe complicidad entre los directivos de la secundaria y el alumno señalado.

Primero, el director Arturo Hernández Morales minimizó la situación y con actitud déspota recibió a los familiares de la víctima, quienes lamentaron que las autoridades educativas no muestren sensibilidad para abordar estos casos y manifiesten su desconocimiento en el trato a víctimas de violencia escolar.

La madre del estudiante golpeado señaló que mientras el agresor fue resguardado en la dirección, su hijo que entró en crisis nerviosa y estaba ensangrentado no recibió ningún tipo de apoyo por parte de los directivos.

Los familiares de la víctima documentaron cómo sistemáticamente la institución educativa buscó evitar que el caso trascendiera, por lo que acudieron al Ministerio Público a levantar la denuncia correspondiente e incluso la Unidad de Investigación Especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió un oficio donde ordenó al director Arturo Hernández Morales establecer medidas de protección al menor agredido para evitar que sufra actos de amenazas, intimidación, molestia o que pongan en peligro su vida e integridad y libertad.

En el documento se establece que el personal de prefectura y trabajo social deberá evitar el contacto directo entre los estudiantes involucrados en el caso, y el director está obligado a informar a la PGJE sobre las medidas adoptadas para la protección de la víctima.

Sin embargo, Arturo Hernández Morales se negó a recibir el oficio bajo el argumento de que debía consultarlo con el área jurídica, omitiendo su responsabilidad en el caso como autoridad de la institución.

La exigencia de la madre de familia es la destitución inmediata del agresor y que se priorice la integridad de los alumnos que acuden al plantel, además de que continuará con el proceso legal en contra del menor agresor para garantizar que esta situación se repita.

Asimismo, pide que su hijo reciba atención médica y psicológica especializada, ya que hasta el momento, ninguna autoridad se ha acercado a atender sus demandas, el único organismo que le brindó apoyó fue el DIF Municipal de Apizaco a través de su directora, quien fortuitamente estaba en el plantel y fue quien solicitó la presencia de paramédicos, de la policía municipal y dio aviso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Ante todas las anomalías en torno al caso, la madre de la víctima de violencia escolar decidió buscar otra escuela para su hijo, mientras el agresor no ha recibido ninguna sanción y sigue en la Secundaria Técnica no.2, lo que representa un peligro para los demás estudiantes.

A la preocupación por la integridad física de su hijo y las secuelas que pueda presentar, se suma sentimientos de enojo, frustración e impotencia luego de comprobar que los protocolos para prevenir el bullying escolar en planteles de Tlaxcala son letra muerta, así como la nula capacitación de los directivos para abordar este tipo de casos.

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