La futura integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está casi definida. Hugo Aguilar Ortiz, licenciado en derecho, se perfilaba para convertirse en ministro y presidir el máximo tribunal. De 2018 a mayo pasado fue coordinador general de derechos en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En su visión de justicia, publicada en la página del Instituto Nacional Electoral, afirma: La reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como sobre derechos humanos, son la base para incorporar en la impartición de justicia.

Le sigue Lenia Batres Guadarrama, ministra desde diciembre de 2023, doctorante en derecho y figura cercana al proyecto de la Cuarta Transformación. Ha sido consejera adjunta de legislación en la Consejería Jurídica del Ejecutivo (2021-2023) y asesora jurídica en el gobierno capitalino (2019-2021). Cree que la justicia debe ajustarse a la letra de la ley y, en caso de duda o necesidad de interpretación, resolver en favor del más débil.

También podría repetir Yasmín Esquivel Mossa, ministra desde 2019, doctora en derecho por la Universidad Anáhuac y ex presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, quien apuesta por una justicia que no ceda ante el poder o el dinero, pronta, que no tolere nepotismo, corrupción o impunidad.

A la par, Loretta Ortiz Ahlf, doctora en derechos humanos y ministra desde 2021, ha sido diputada federal y consejera de la Judicatura. Considera que tenemos una oportunidad única para pagar esas deudas en materia de justicia social.

María Estela Ríos González, ex consejera jurídica de la Presidencia (2021-2024) y experta en derecho laboral, sostiene: impartir justicia es lograr el equilibrio entre los intereses en conflicto de las diversas fuerzas sociales.

Sara Irene Herrerías Guerra, doctora en ciencias penales y titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República desde 2019, considera que juzgar implica pensar más allá del caso concreto: Tomar en cuenta las consecuencias que tendrá la resolución, para quien interpone el recurso y para toda la sociedad.

Desde la academia destaca Giovanni Azael Figueroa Mejía, doctor en derecho constitucional y coordinador del doctorado en derechos humanos en la Universidad Iberoamericana. Su visión es: la Suprema Corte debe proteger los derechos de toda la población, especialmente de los más vulnerables.

Irving Espinosa Betanzo, magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa desde 2019, integrante de la sección anticorrupción, también tiene posibilidad de llegar al máximo tribunal. En sus palabras, la justicia tiene que estar al servicio del pueblo, no del mejor postor.

Finalmente, Arístides Rodrigo Guerrero García, doctor en derecho y ex comisionado presidente del órgano garante de transparencia de la Ciudad de México, plantea: la impartición de justicia debe ser cercana, incluyente y accesible, sin barreras estructurales, reales o simbólicas.