* Los 60 Ayuntamientos han otorgado, por años, permisos sin actualizar reglamentos que garanticen el cumplimiento a las normas sanitarias vigentes.

Los 60 municipios de Tlaxcala han solapado por años la ilegalidad en la que funcionan los panteones y mercados, pues en la mayoría de los casos no existen reglamentos claros y actualizados que cumplan con las normas sanitarias vigentes por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coeprist) para un adecuado funcionamiento que garantice la sanidad a la población.

De acuerdo con la Coeprist, en Tlaxcala se iniciará con visitas a los municipios para orientarlos a que cumplan con las normas sanitarias vigentes.

Para los panteones y mercados, las autoridades considerarán la documentación de las autoridades correspondientes, verificarán la ubicación y condiciones en las que se encuentra la infraestructura, así como el otorgamiento de servicios de agua, drenaje, luz y sanitarios.

Para el caso de los panteones vigilarán que exista un contrato con una empresa recolectora de Residuos Peligrosos Biológico e Infecciosos (RPBI).

La Coeprist verificará, para mercados y panteones, que se garantice la recolección de basura municipal, se inspeccionará la bitácora de cloración de agua, se observará el cumplimiento del contrato de fumigación y control de plagas, así como la vigilancia sanitaria en los servicios.

En ambos casos, la dependencia pedirá que se cumplan las medidas de prevención a la salud para el personal que labora en mercados, cementerios y panteones.

Lo anterior lo faculta la ley pues la Coeprist es el organismo en Tlaxcala encargado de proteger la salud de la población regulando establecimientos, productos y servicios que comercializan y expiden alimentos, medicamentos, salud ambiental, etc; asegurando que cumplan con la normativa sanitaria para prevenir riesgos sanitarios, vigilando la aplicación de las leyes sanitarias a nivel local, fomentando buenas prácticas y realizando verificaciones. 

El cargo Municipios solapan la ilegalidad en panteones y mercados apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Con la finalidad de proteger la salud de la población y fomentar las buenas prácticas de higiene, la Comisión Estatal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), realiza inspecciones de verificación y orientación en negocios de venta de pescado, marisquerías, carnicerías, pollerías y mercados municipales, además de mantener las supervisiones a moteles, hoteles, lugares de estancia, balnearios y de venta de hielo para que cumplan con las medidas sanitarias durante la época de cuaresma y el próximo periodo vacacional de Semana Santa 2025.

La titular de la Coeprist, Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez, informó que las verificaciones se están realizando en los 60 municipios del estado y concluirán hasta el próximo 17 de abril del presente año.

Dijo que estás acciones forman parte de la estrategia nacional y estatal de protección a la salud para el cumplimiento de las normas sanitarias en los negocios durante los periodos de cuaresma y vacacional.

Jiménez Gutiérrez afirmó que la Coeprist está abierta a la orientación y asesoramiento de las normas sanitarias que deben realizar los negocios para sus actividades comerciales, por lo que invitó a los propietarios de los negocios de alimentos, venta de pescados, mariscos, restaurantes y balnearios, a que se acerquen a la institución en caso de requerir más información.

Mencionó que las visitas que realizan forman parte de las acciones anticipadas que se llevan a cabo a nivel nacional y estatal para promover las buenas prácticas de higiene.

También por el incremento de turistas, los hoteles, moteles y lugares de estancia serán verificados como parte de las buenas prácticas de higiene que se tienen que llevar a cabo para garantizar la salud de las personas.

El cargo REALIZA COEPRIST VERIFICACIONES EN NEGOCIOS Y MERCADOS POR ÉPOCA DE CUARESMA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Según los productores, este aumento, es consecuencia de la sequía extrema que atraviesa el campo, pero que, esperan se regularice con la llegada de la Tormenta Tropical «Alberto», que ha provocado precipitaciones intensas.

Ante este aumento, en algunas taquerías, han optado por eliminarlo momentáneamente o sustituirlo para no aumentar sus precios en la carta.

De acuerdo con los vendedores, en la Central de Abasto de Puebla, ubicada entre la Vía Corta a Santa Ana Chiautempan el manojo de 5 kilos de cilantro se consigue entre 200 y 500 pesos.

El cargo Precio del cilantro se mantiene alto; se espera precio baje con las lluvias  apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) realiza operativos de revisión en los principales mercados de la entidad donde se vende pirotecnia durante las fiestas decembrinas, informó el titular, Juvencio Nieto Galicia.

Resaltó que se revisan puntos legalmente constituidos como los mercados de Tlaxcala, Chiautempan y Apizaco, por mencionar algunos, donde se registra una alta concentración de visitantes.

“Tenemos una revisión constante que iniciamos en este periodo, cuando sabemos que muchas familias acostumbran el manejo de estos productos, tenemos un programa en el cual revisamos con autoridades municipales la venta de los artículos, inclusive hacemos revisiones conjuntas”.

El coordinador estatal también llamó a la ciudadanía para que sean cuidadosos y sumamente responsables ante la quema de los artefactos, que pueden ocasionar algunos incidentes; se debe evitar que los menores de edad hagan uso de ellos, y que siempre estén vigilados por un adulto; además, resaltó que no se combinar el uso de la pirotecnia con alcohol.

Enfatizó que a la fecha no se ha registrado algún inconveniente relacionado con estos productos y confió que con las revisiones que realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no se presente ningún suceso relacionado con el mal manejo de estos materiales..

El funcionario hizo algunas recomendaciones para evitar accidentes con los artefactos: “No pueden estar en bolsas de plástico y no deben resguardarse en las bolsas de la vestimenta como pantalones, suéteres, chamarras, etc.)”.

A los vendedores les sugirió no almacenarlos en grandes cantidades y que cuando estén en proceso de venta, advertir a los compradores sobre los riesgos, así como mencionar las medidas adecuadas de traslado y su uso.

El cargo REVISA PROTECCIÓN CIVIL PUNTOS DE VENTA DE PIROTECNIA EN MERCADOS apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Puebla está a punto de enfrentar un conflicto social, a decir de comerciantes del tianguis de San Martín Texmelucan. Ellos rechazan el plan de la alcaldesa morenista Norma Layón para pagar un adeudo de 800 millones de pesos a particulares por los predios en los que se asienta uno de los más extensos mercados de esa clase en el país, especializado en textiles, que genera unos 60 mil empleos y del cual dependen entre 12 mil y 20 mil familias.

(Gabriela Hernández / Proceso).– Comerciantes del tianguis de San Martín Texmelucan, uno de los más grandes de Latinoamérica, lanzan un llamado de auxilio a los gobiernos federal y estatal para evitar que la alcaldesa morenista Norma Layón Aarun instrumente un plan que, aseguran, desataría un grave conflicto social y político, generaría una crisis económica y agudizaría la inseguridad que ya afecta a esta región.

El detonador de lo que ellos llaman una “bomba de tiempo” es la propuesta que la edil planteó para supuestamente resolver un litigio que data de 1994, con respecto a las 18.6 hectáreas donde lunes y martes de cada semana se instalan de 12 mil a 20 mil comerciantes de este tianguis.

Se trata principalmente de pequeños textileros de Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y diversos municipios de Puebla.

Layón Aarun asegura que la estrategia diseñada por su administración traza una ruta para cumplir con una sentencia que en 2000 dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ese fallo obliga al ayuntamiento a indemnizar a particulares afectados por la reubicación de tianguistas en ese predio, ejecutada por la autoridad hace 29 años.

El adeudo por el incumplimiento de esa resolución asciende, a la fecha, a más de 800 millones de pesos, el doble del presupuesto anual de San Martín.

Al argumentar incapacidad para cubrir ese monto –que aumenta cada año–, en 2022 la edil y los particulares que ganaron juicios de amparo presentaron un acuerdo ante el juzgado que conoce de la causa, mismo que lo aprobó.

La estrategia, explica Layón, consiste en que las inmobiliarias que ganaron los amparos escrituren al municipio una proporción de terrenos dentro del tianguis que corresponda a esa cantidad de dinero.

El ayuntamiento ha abonado a dichas inmobiliarias 35 millones de pesos en los últimos años.

“Una vez que tengamos la propiedad de los mismos, se procederá a la subasta pública a terceros para que por fin puedan tener la propiedad de los terrenos del tianguis. Lo que se obtenga de esa venta será otorgado a los quejosos para que nuevamente nos trasladen la proporción de sus terrenos y así volver a vender nuevos espacios a terceros, hasta que se finalice con el pago de la deuda”, expone la alcaldesa.

Con este plan, que será sometido al Cabildo y después al gobierno y al Congreso, pretende llevar el tianguis “a la formalidad” y que cada comerciante pueda comprar su espacio, pues tendrán “derecho al tanto”. Si no toman ese derecho, terceros interesados podrán adquirir el local o el área en subasta.

Aunque la alcaldesa confía en la viabilidad de esta fórmula, los comerciantes ya han expresado un rotundo rechazo y aseguran que lo que se busca es privatizar el tianguis, hacer “un gran negocio” con su reventa y trasladar a los comerciantes el costo de un conflicto generado por acciones ilícitas u omisiones en que incurrieron funcionarios que han gobernado San Martín.

Los comerciantes piden la intervención de autoridades federales y estatales para buscar una solución en la que participen todos los involucrados, antes de que se desate un conflicto social que afectaría la economía del municipio, el cual ya se ha visto impactado en los últimos años por una creciente inseguridad.

Apenas el 13 de febrero último, mil 200 integrantes de colegios de abogados, arquitectos, contadores, ingenieros civiles y de grupos empresariales y de comerciantes de San Martín pidieron reforzar la seguridad, en un escrito dirigido al gobernador Salomón Céspedes Peregrina.

Refieren que se ha vuelto cotidiano encontrar cadáveres embolsados, encobijados y descuartizados. Agregan que los comerciantes foráneos que acuden al tianguis son víctimas constantes de extorsiones por parte de agentes de tránsito municipales y que muchos de ellos han sufrido asaltos y secuestros por grupos delincuenciales.

Conflicto añejo

El 26 de octubre de 2022 unos 10 mil integrantes de las 32 organizaciones que operan en el tianguis se unieron en una marcha para dejar claro que defenderán sus lugares de trabajo.

Elim Garzón, dirigente del Círculo de Organizaciones Populares (COP), dice que, luego de la pandemia de covid-19, es imposible que los comerciantes y las agrupaciones tengan la capacidad económica para comprar los espacios, por lo que, al subastarse, éstos podrían ser acaparados por empresarios.

Sobre todo, señala que los tianguistas asumen que es injusto comprar algo que tienen tres décadas de estar pagando y donde ellos mismos han construido.

Garzón recuerda que en 1994, cuando el ayuntamiento los reubicó, ese lugar era una zona con campos de cultivo inundables que no contaba con ningún servicio, por lo que los tianguistas invirtieron para introducir agua, luz y drenaje, así como para construir pasillos, sanitarios y techumbres.

Arnulfo Galindo Guzmán, dirigente de la organización Josefa Ortiz de Domínguez, dice que la alcaldesa no podría vender los espacios en los cuales el valor de la infraestructura que han construido asciende a unos dos mil millones de pesos, más que el costo de los terrenos, y donde el municipio “nunca invirtió un peso”.

Galindo recuerda que a lo largo de los años han firmado convenios con presidentes municipales y pagado por permisos para ocupar los predios:

“Que quede claro, no somos paracaidistas, ni invasores. No dejaremos que nos quiten o nos vendan nuestro espacio de trabajo. No somos 100 ni 200, imagínese qué pasará si más de 15 mil comerciantes, más trabajadores y familias, nos vamos a la rebelión o invadimos las calles”.

Entrevistados por separado, Garzón y Galindo coinciden en que hasta ahora la alcaldesa ha excluido a los tianguistas, por lo que sólo se han enterado de su plan a través de trascendidos en medios de comunicación.

Garzón sostiene que los gobiernos municipales han considerado el tianguis como “un monstruo”, pero que, pese a su problemática, el espacio de intercambio comercial tiene muchas “bondades”, pues da trabajo a muchos de sus habitantes y es un motor para la economía de la región.

De acuerdo con estudios del COP, el tianguis, que actualmente abarca más de 20 hectáreas, genera unos 60 mil trabajos directos e indirectos, entre empleados de mostrador, costureros de las maquilas, cargadores, vigilancia, transportistas, estacionamientos y vendedores de comida, entre otros.

Adicionalmente, cada semana acuden a surtir mercancía de 20 mil a 40 mil pequeños comerciantes, aboneros y vendedores informales, que en su mayoría viajan de entidades del Sureste del país, e incluso de Guatemala y Belice.

La mayoría de los tianguistas tienen pequeñas maquilas que producen prendas como calcetería o camisetas, pero en el laberinto de pasillos, carpas y techumbres también se venden vestidos de novia y trajes para caballero.

Vicios de origen

El conflicto por los terrenos tiene como origen un decreto publicado el 2 de agosto de 1989 por la expropiación de 30 hectáreas del poblado San Lucas Atoyatenco en favor del ayuntamiento. De esa extensión, 11.4 hectáreas se destinarían a vivienda y 18.6 a infraestructura urbana y para descentralizar el comercio.

Tres meses antes de que se publicara ese decreto, el 6 de mayo de ese año, Apolonio Méndez Meneses, primer alcalde panista de esta localidad, ya había firmado un contrato de “transmisión onerosa de derechos”, que en realidad era una compraventa de las 18.6 hectáreas en favor de Consorcio del Ángel, SA de CV, propiedad del empresario Abel Garcés Sandoval.

El municipio argumentó incapacidad económica para realizar las obras que comprometía el decreto y, de manera irregular, omitió someter la firma de este contrato a la aprobación del Congreso del estado.

Al poco tiempo, Consorcio del Ángel celebró la compraventa de seis hectáreas del terreno con la empresa llamada Corporación Inmobiliaria Celeste, SA de CV, que justo se constituyó en esas fechas y en la que participaba Guadalupe Arellano Hernández, un regidor del Cabildo presidido por Apolonio Méndez.

Esa inmobiliaria vendió lotes y manzanas a particulares. Una de las compradoras fue Concepción Briseño, esposa (ahora fallecida) de Apolonio Méndez. En tanto, Consorcio del Ángel hizo algunas obras de infraestructura para dar cumplimiento al decreto, en las que invirtió 18 millones de pesos.

El 30 de mayo de 1994 la administración del priista José Luis Domínguez Bermúdez decidió resolver un problema generado desde los años setenta por la creciente presencia de vendedores ambulantes en San Martín. Mediante un operativo policiaco, unos cinco mil 500 vendedores fueron reubicados para ocupar las 18.6 hectáreas que dos administraciones antes se vendieron a la inmobiliaria.

Aunque la autoridad argumentó sobre los vicios de nulidad que tenía el contrato que Apolonio Méndez firmó para vender esos terrenos sin la autorización del Congreso, no agotó la vía legal para echar abajo el contrato. Tampoco lo hicieron las siguientes administraciones municipales.

Así, las inmobiliarias y los adquirientes de lotes y manzanas, que fueron identificados como “compradores de buena fe”, interpusieron y ganaron amparos que ordenaban la devolución de los terrenos.

Al mismo tiempo 22 ejidatarios de San Lucas Atoyatenco obtuvieron amparos que dejaron sin efecto el decreto expropiatorio de 1989.

Con este lío jurídico, el ayuntamiento alegó estar imposibilitado para cumplir los fallos de los amparos por dos motivos: uno, porque la justicia federal había brindado protección a ejidatarios y a compradores, y dos, porque no contaba con suficientes policías para desalojar a los tianguistas, que ya eran más de 12 mil.

A partir de esta negativa se inició el juicio por inejecución de sentencia 3/96. Entre 1997 y 1998, el caso dio de qué hablar a nivel nacional, pues el Poder Judicial amenazó con destituir por desacato al entonces alcalde panista Víctor León Castañeda, quien, por cierto, era abogado de algunos compradores de lotes.

El caso llegó a la Segunda Sala de la SCJN, la cual emitió una resolución el 24 de noviembre del año 2000, siendo ponente Mariano Azuela Güitrón.

El ministro advierte en su fallo que la manera en que actuaron las sucesivas administraciones municipales dio lugar a una situación conflictiva, “no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el político y social”.

Explica que todos los grupos consideraban tener la razón, incluidos los tianguistas que se fundamentaban en autorizaciones que el propio municipio les dio y “en el pago de derechos” que hicieron a la autoridad.

Al reconocer que ya era imposible ejecutar las sentencias de amparo, el juzgador emitió un incidente de cumplimiento “sustituto” donde asentó que, como ya no podía regresar los terrenos, el municipio debía pagar a los particulares afectados.

Este fallo deja claro que “deberá darse intervención a todas las personas físicas y morales” que consideren tener derechos sobre el predio y que son autoridades responsables del acatamiento el ayuntamiento, el gobierno y el Congreso estatal.

En 2013, tras desahogar una serie de periciales, el Juzgado Primero de Distrito de Puebla concluyó que el ayuntamiento debía pagar 575 millones 931 mil pesos, de los cuales 85% (490 millones de pesos) eran para las inmobiliarias representadas por Guadalupe Arellano Hernández y Abel Garcés.

Aunque el municipio interpuso varios recursos de queja contra esta resolución, alegando incapacidad económica, la SCJN confirmó el fallo. Requirió incluso al municipio solicitar al Congreso una partida extraordinaria o explorar la posibilidad de contraer un crédito.

Para evitar caer en desacato, las administraciones municipales recientes han destinado 4 millones de pesos de su presupuesto anual para abonar al cumplimiento del fallo, pero sólo han pagado un total de 35 millones de los 800 millones de pesos a los que ya asciende el adeudo.

En un análisis jurídico entregado por las organizaciones se acusa que “ninguna de las autoridades municipales ha hecho lo jurídicamente correcto para encontrar una salida a la problemática del tianguis en la que prevalezca el interés de la colectividad sobre el interés de particulares, porque hacer lo jurídicamente correcto afectaría intereses políticos y económicos”.

Indican que aún es viable promover en tribunales la nulidad de los instrumentos notariales con los cuales los particulares sustentan sus amparos.

Asimismo advierten que el plan de Layón daría pie a que unos cuantos con capacidad económica para participar en las subastas se beneficien a costa del interés de los pobladores. También, que se generaría una “lluvia” de amparos por parte de los tianguistas, complicando más el conflicto legal.

En medios periodísticos poblanos se ha alertado que podría ocurrir un fenómeno similar a lo que pasó con el tianguis de Tepeaca, que era considerado el más antiguo de América Latina, pues se instalaba desde 1440.

Ahí, en los años noventa, el conglomerado de comerciantes migró al municipio de Huixcolotla, cuando la autoridad municipal quiso obligarlos a comprar espacios y, de paso, desplazar a sus organizaciones.

*Con información de Proceso.

El cargo San Martín Texmelucan: Tianguistas advierten de un polvorín social apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.