Como usted ya lo sabe el Instituto Nacional Electoral (INE) se vio obligado a rechazar la solicitud de los legisladores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna para retirar a 26 candidatos, algunos con señalamientos de vínculos con el narcotráfico y otros que ni siquiera cumplen con los requisitos académicos mínimos.

Este escándalo no solo pone en entredicho la credibilidad de los involucrados en la elección judicial programada para el 1 de junio, sino que expone la negligencia de quienes debían garantizar la idoneidad de los aspirantes: los comités de selección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Quién olvida que el nombre de la política tlaxcalteca, Mary Cruz Cortés Ornelas, ex presidenta del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) -hoy Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE)- fue presumido como sinónimo de distinción, pulcritud y óptimo desempeño en su labor, cuando un dedo en la Ciudad de México se postró sobre su currículo para darle notoriedad y reflector en aquel momento que se conoció que la tlaxcalteca formaba parte de los “iluminados” que darían luz  al proceso.

El INE, con justa razón, se lavó las manos. No es su responsabilidad, ni tiene las facultades legales, para enmendar los errores de un proceso viciado desde su origen. Lo que muchos dijeron hoy se confirma.

Como bien señaló la consejera Dania Ravel, “muchísimas personas juzgadoras” advirtieron desde el principio que no se estaba revisando con seriedad la idoneidad de los candidatos.

Ahora, con nombres como Fernando Escamilla, exabogado de un líder de Los Zetas, y otros que no acreditan un promedio de ocho en su licenciatura, la advertencia cobra un peso alarmante.

¿Cómo llegaron estos perfiles a la lista final? La respuesta apunta directamente a los comités de selección, que fallaron estrepitosamente en su tarea.

La consejera Claudia Zavala lo expresó con claridad: “Si no hicieron su trabajo, ¿en qué situación estamos ahora?”. La situación es grave.

La mitad de los candidatos cuestionados fueron validados por el comité del Poder Ejecutivo, otros por el Legislativo y algunos más por el Judicial.

Esto no es un error aislado, sino una cadena de omisiones que refleja una preocupante falta de rigor y compromiso con la justicia.

Permitir que aspirantes con antecedentes dudosos o sin méritos académicos lleguen a esta etapa no solo pone en riesgo la integridad del proceso electoral, sino la confianza en el sistema judicial mismo.

La maniobra de Noroña y Gutiérrez Luna, aunque bien intencionada, resulta tardía e improcedente.

Pretender que el INE asuma la responsabilidad de limpiar un desastre que no creó es, en el mejor de los casos, una muestra de desconocimiento legal; en el peor, un intento de desviar la atención de las verdaderas culpas.

Como subrayó el consejero Uuc-kib Espadas, ni la ley ni la Constitución facultan al INE para cancelar candidaturas, y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados carecen de autoridad para exigir tal acción.

El INE, en un intento por salvar algo de este naufragio, pidió al Senado y a la Cámara que proporcionen información sobre los candidatos cuestionados para, en caso de que ganen en las urnas, negarles la constancia de elección.

Pero este parche no resuelve el problema de fondo: la irresponsabilidad de los comités de selección, que aprobaron perfiles sin verificar su probidad, ni sus méritos.

Este episodio debe servir como un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de evaluación y a sancionar a quienes, por negligencia o complicidad, permiten que el sistema judicial quede expuesto a la infiltración de intereses oscuros.

La justicia no puede construirse sobre cimientos tan débiles. Los ciudadanos merecen jueces y magistrados intachables, no candidatos que generan dudas antes siquiera de asumir el cargo.

Es hora de que los responsables de esta debacle asuman las consecuencias y de que se establezcan controles estrictos para evitar que la historia se repita.

Porque, como está a la vista, la irresponsabilidad de unos pocos puede costarle muy caro a la democracia de todos.

Más allá de buscar y castigar a los culpables ahora nos toca ejercer la democracia directa y participativa. Quien busque desestimar este ejercicio lo hará en cualquier escenario y con cualquier regla pues su intención es pulverizar la democracia a costa de lo que sea.

Personajes como el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León salen a cuestionar y descalificar este ejemplo de democracia, olvidando que en 1995 fue el propio priismo el que borró de un plumazo a todos los ministros. Hoy tenemos la oportunidad de designarlos: que nadie se interponga en esta cita que tenemos con la democracia el próximo 1 de junio.

El cargo La negligencia de Ornelas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La historia de Keren se remonta al 11 de diciembre de 2015, cuando, aún convaleciente de un parto por cesárea, fue detenida junto a su bebé recién nacida en Veracruz por policías ministeriales de Tlaxcala y de la entonces Policía Federal, sin una orden de detención.

Los agentes le arrebataron a su hija de los brazos y, bajo amenazas con armas, las subieron a un vehículo oficial sin explicarles el motivo de su arresto. Durante 11 horas, Keren fue sometida a torturas físicas y psicológicas, incluyendo golpes, asfixia y amenazas de muerte contra ella y su bebé, a quien mantuvieron ilegalmente detenida pese a tener apenas días de nacida.

Ya en Tlaxcala y bajo coerción, las autoridades obtuvieron pruebas ilícitas, entre ellas una declaración que Keren fue obligada a firmar sin siquiera poder leerla. Estas irregularidades fueron la base de un proceso judicial viciado que la mantuvo en prisión injustamente. Keren había sido acusada de un secuestro que no cometió.

Durante años, organizaciones de derechos humanos y colectivos exigieron justicia,  denunciando las violaciones a su debido proceso y la crueldad de separarla de su hija. Su liberación representa un triunfo en la lucha contra la impunidad y los abusos del sistema penal.

Hoy, Keren por fin recupera su libertad, pero su caso sigue siendo un recordatorio de las graves fallas en el sistema de justicia mexicano y la urgencia de reformas para evitar que más personas vivan situaciones similares.

El cargo Tras más de 9 años de injusta prisión en Tlaxcala, Keren Ordóñez recupera su libertad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En este contexto, Bañuelos Meneses aseguró que se habían realizado más de 500 acciones de mantenimiento en las instalaciones del Poder Judicial, pero el 6 de diciembre, la Casa de Justicia de Sánchez Piedras, en Apizaco, sufrió una inundación provocada por negligencia. El incidente causó daños irreparables en expedientes y equipo, de acuerdo con reportes, la presidenta del Tribunal había sido advertida sobre las deplorables condiciones del edificio, pero optó por ignorar los reportes de los trabajadores.

Esta no es la primera controversia en su gestión, a lo largo de su mandato al frente del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala (TSJE), ha enfrentado, igual que su antecesora, Mary Cruz Cortés Ornelas,  acusaciones de corrupción, inacción y encarcelamiento de personas inocentes.

Durante la transmisión en vivo del informe, se borraron comentarios de ciudadanos críticos, lo que ha generado más cuestionamientos sobre su manejo de la transparencia.

El cargo Informe de Anel Bañuelos, entre escándalos y controversias apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que la abogada no ha solicitado licencia para dejar temporalmente la titularidad de la tercera ponencia de la sala penal en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

El área de comunicación del Poder Judicial local no ha confirmado esa versión, pese a que desde el pasado 31 de octubre fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum para formar parte de ese comité de evaluación, junto a otras cuatro personas encabezadas por el exministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea.

El comité referido es el órgano encargado de llevar a cabo la revisión de los expedientes de las personas aspirantes de a ministras y ministros, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Además, tiene la responsabilidad de evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo se registraron 18 mil 447 aspirantes para participar en la elección de personas juzgadoras que se realizará el próximo 1 de junio de 2025.

De los registros obtenidos a través del micrositio que habilitó el Poder Ejecutivo, 6 mil 101 fueron mujeres, 10 mil 862 hombres y 106 personas no binarias. Además, se detectaron mil 378 registros con errores.

Según lo previsto en la convocatoria, entre el 25 de noviembre y el 14 de diciembre, quienes integran el referido comité tienen que revisar los expedientes de las 18 mil 447 personas inscritas, por lo que no sabe a qué hora ni cómo Mary Cruz Cortés realiza la parte del trabajo que le corresponde como parte del comité de evaluación.

El 15 de diciembre el Comité de Evaluación publicará el listado de las personas que hayan cumplido con los requisitos. A más tardar el 31 de enero de 2025, se determinará la idoneidad de los postulantes y a más tardar el 4 de febrero, se depurará el listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de personas candidatas que postulará el Poder Ejecutivo Federal atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género.

En consecuencia, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo deberá integrar los listados con al menos las siguientes postulaciones por órgano:

Ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Se cuenta con nueve cargos y el Comité debe designar por lo menos a 90; se registraron 480 personas.

Magistradas o magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): se cuenta con dos cargos y el Comité debe postular 20; se registraron 77 personas.

Magistradas o magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ): se cuenta con cinco cargos y el Comité debe seleccionar a 50; se registraron 333 personas.

Magistradas o magistrados de Salas Regionales del TEPJF: se cuenta con 15 cargos y el Comité debe postular 150; se registraron 388 personas.

Magistradas o magistrados de Circuito: se cuenta con 464 cargos y el Comité debe seleccionar 2 mil 784; se registraron 5 mil 192 personas.

Juzgados de Distrito: se cuenta con 386 cargos y el Comité debe postular a 2 mil 316; se registraron 10 mil 599 personas.

Con información de Faro Noticias

El cargo ¿A QUÉ HORA FUNGE MARY CRUZ CORTÉS COMO MAGISTRADA Y EVALUADORA DE ASPIRANTES A PERSONAS JUZGADORAS? DEBE REVISAR MÁS DE 18 MIL EXPEDIENTES apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Cabe recordar que Mary Cruz Cortés Ornelas, fue funcionaria en la administración del ex gobernador priista Mariano González Zarur, y después fue designada, como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en sustitución de Héctor Maldonado Bonilla quien estuvo en el cargo por ocho meses tras la destitución de Fernando Bernal Salazar.

A su paso fue protagonista de varias controversias como el tráfico de influencias y el último, por tener una lujosa camioneta valuada en más de un millón y medio de pesos.

De acuerdo con el Gobierno de México, este Comité velará por la transparencia y equidad en la evaluación y selección de aspirantes a cargos como ministros, magistrados, y jueces federales. Con autonomía operativa y plena independencia, el Comité busca asegurar procesos justos y exhaustivos en beneficio de la justicia nacional.

El Comité también emitirá sus reglas de operación y funcionamiento, lo que garantiza su independencia e imparcialidad. Gozará de plena autonomía para su organización interna y otras determinaciones, y contará con el apoyo para la realización de sus fines, y se extinguirá una vez cumplidos los mismos.

Mary Cruz Cortés Ornelas, es abogada y maestra en derecho electoral, magistrada titular de la tercera ponencia y presidenta de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, directora de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal en Tlaxcala, vocera del nuevo sistema de justicia penal en el Estado, entre otros.

Además de Mary Cruz Cortés Ornelas, el comité de evaluación cuenta con figuras destacadas incluyendo a Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte y ahora titular de la Coordinación de Política y Gobierno de México, Javier Quijano Baz, Vanessa Romero Rocha e Isabel Inés Romero Cruz.

El cargo Magistrada marianista legitimará designación en el poder judicial apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Definida su presidencia, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) definió también la nueva integración de sus dos salas, las cuales estarán encabezadas por el magistrado Fernando Bernal Salazar en el caso de la Sala Civil-Familiar, y la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas en el caso de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia.

A través de oficio hecho llegar al Congreso del Estado, la secretaria General de Acuerdos del TSJE, Rita Torres Pérez, informó que “en Sesión Extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado… resultó electa Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado la Magistrada Anel Bañuelos Meneses, rindiendo ante el Pleno de este cuerpo colegiado la protesta de Ley”.

En el mismo escrito dio a conocer que las Salas del TSJE quedan integradas de la manera siguiente:

En la presidencia de la Sala Civil-Familiar Fernando Bernal Salazar y como integrantes Fanny Margarita Amador Montes y Enrique Acoltzi Conde; mientras que en la presidencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia queda Mary Cruz Cortés Ornelas y como integrantes Marisol Barba Pérez y Pedro Sánchez Ortega.

Antes de la actual integración, la magistrada Anel Bañuelos Meneses formaba parte de la Sala Penal, por lo que su salida fue sustituida por la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas.

Cabe recordar que el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece que “el Tribunal funcionará en Pleno y en las salas Civil-Familiar y Penal y Especializada (sic) en Administración de Justicia para Adolescentes. El Presidente del Tribunal no integrará Sala”.

A su vez, el artículo 32 de la misma Ley Orgánica establece que “las Salas se integrarán cada una por tres magistrados, quienes por cada ponencia y de manera sucesiva por el período de un año, ejercerán la Presidencia de la Sala de que se trate”.

“Durante los primeros quince días del mes de enero de cada año, las Salas Colegiadas elegirán a su Presidente, salvo al inicio de su encargo, en que este procedimiento tendrá lugar al día siguiente al en que tenga verificativo la designación de magistrados para su integración”.

El cargo Realiza Tribunal Superior de Justicia nueva integración de su Pleno apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En esa administración ocupó la dirección jurídica de la hoy desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (hoy Comisión Estatal de Seguridad) y posteriormente la Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado.

Después, en diciembre de 2016, a propuesta del mandatario estatal Marco Antonio Mena Rodríguez, integró terna para buscar una magistratura en el TSJE, a la cual llegó con el respaldo de una mayoría priista que en ese entonces dominaba el Congreso del Estado.

Se supo acomodar en los tiempos priistas como también lo supo hacer en los tiempos morenistas. Tanto fue así, que en diciembre de 2022 fue confirmada por la actual Legislatura local como magistrada, cuando ya ocupaba la presidencia del Poder Judicial.

Su paso en esa responsabilidad, sin embargo, fue gris. Es posible que su comparecencia del martes pasado en el Congreso local haya sido fiel reflejo del perfil tan gris que fue su presidencia en el Poder Judicial.

Cuestionada por un subejercicio de al menos 80 millones de pesos del presupuesto del Poder Judicial, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, así como la revocación de resoluciones que han tenido diversos juzgados locales por parte de la justicia federal y su proclividad hacia la titular del Poder Ejecutivo, no encontraron en Mary Cruz Cortés respuestas claras ni contundentes, sino más titubeos y ambigüedades. Esa fue su despedida.

La misma comparecencia de Cortés Ornelas dio visos de quién sería la próxima presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, pues la magistrada Anel Bañuelos Meneses entró al quite con respuestas a los legisladores. De no haber sido por ella, la participación de la presidenta habría sido todavía más desafortunada.

Sea por eso, y porque también tiene la simpatía de Palacio de Gobierno, Bañuelos Meneses fue designada este jueves presidenta del TSJE y, como tal, también del Consejo de la Judicatura.

Habrá que darle oportunidad a que culmine el proceso de entrega-recepción, sin embargo, de entrada, tiene dos tareas pendientes inmediatas.

La primera tiene que ver con las denuncias que diversos juristas integrados en la organización denominada “Ateneo Jurídico de Tlaxcala José Miguel Guridi  y Alcocer A.C.”, señalaron en contra de Cortés Ornelas, en el sentido de incurrir en tráfico de influencias por integrar a la nómina del Poder Judicial a su pareja sentimental, Santiago Pérez Petricioli, a su hijastro Santiago Yael Pérez Vázquez y a su sobrina Sheyla Yiribeth Cortés Ceceña, quienes –a decir de los litigantes- no cumplían con los requisitos de experiencia y antigüedad.

La segunda, tiene que ver con las palabras que el legislador perredista Juan Manuel Cambrón Soria le soltó a Mary Cruz Cortés en su comparecencia, que también fue extensiva a quienes ocupan las magistraturas del TSJE: “defiendan la autonomía y soberanía del Poder Judicial, no hay que ser acompañantes del Poder Ejecutivo, no tienen por qué ir a los eventos de la gobernadora a tomarse fotografías; tienen que estar solo en los eventos institucionales, todo lo demás es parafernalia y no se ve bien; tienen que defender la trinchera”.

Y hay una tercera, en la que casi todas y todos quienes han ocupado la presidencia han dejado de cumplir: conducirse bajo los principios rectores de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia. Digo casi todos porque Fernando Bernal Salazar cumplió, pero un capricho político lo obligó abandonar la presidencia de manera anticipada.

Lo anterior debe, por supuesto, extenderse a todas las personas integrantes del Poder Judicial para tener una justicia pronta, completa e imparcial. En eso falta mucho por trabajar.

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El cargo La nueva presidenta apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) designó a Anel Bañuelos Meneses como su nueva presidenta, que lo también será del Consejo de la Judicatura, durante el periodo del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2025, en sustitución de Mary Cruz Cortés Ornelas.

El 26 de agosto de 2021, Bañuelos Meneses fue designada por LXIII Legislatura como magistrada interina del TSJE, cargo al que renunció meses después para formar parte de la terna que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros envió a la actual Legislatura, que a su vez la designó magistrada para un periodo de seis años, comprendido del 13 de diciembre de 2022 al 12 de diciembre de 2028, en sustitución de Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.

Al asumir la presidencia, Bañuelos Meneses ofreció respeto a la autonomía del Poder Judicial, y compromiso para resolver las deficiencias en las áreas administrativa y jurisdiccional para recuperar la confianza ciudadana.

Fue el magistrado Pedro Sánchez Ortega quien propuso a Anel Bañuelos para la presidencia, misma que fue respaldada por la totalidad del Pleno del TSJE.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el voto emitido el día de hoy, porque es un voto de confianza que me compromete para llevar a cabo todos los trabajos que conlleva este encargo; pido su apoyo para que pueda llevar este trabajo, pues sin duda voy a requerir de toda la experiencia y trayectoria profesional que cada uno de ustedes tiene. Voy a propiciar el trabajo en equipo, a fin de entregar buenos resultados en el Poder Judicial”, dijo en un breve discurso después de asumir el cargo.

Posteriormente, en conferencia de prensa adelantó que realizará un diagnóstico para conocer la situación actual del Poder Judicial. “Voy a tomar las riendas de muchos temas y, en ese sentido, voy analizar cómo están las finanzas y toda la parte administrativa, una vez que lleve a cabo la primera sesión del Consejo de la Judicatura”, señaló.

Sobre los cuestionamientos realizados la semana pasada el diputado panista José Gilberto Temoltzin, durante la comparecencia de Mary Cruz Cortés Ornelas en su carácter de presidenta del Poder Judicial, reprochó la constante revocación de resoluciones en algunos juzgados, Bañuelos Meneses, sostuvo que “parte del diagnóstico que tengo planeado hacer, no sólo se refiere al tema administrativo, sino también al jurisdiccional, y parte de ese análisis también abarca cada uno de los juzgados, jueces, personal judicial, estadísticas … haremos un análisis de todo eso”.

En torno a la relación que tendrá con la titular del Poder Ejecutivo, aseguró que “debe ser de coordinación porque no podemos apartamos de llevar una buena relación, pero no sólo con el Ejecutivo, sino también con el Legislativo para poder generar un estado de derecho verdadero y armonía. Mi relación será de respeto, pero siempre manteniendo la autonomía y la independencia del Poder Judicial”.

Cabe destacar que la presidenta saliente, Mary Cruz Cortés Ornelas, dejó el cargo una semana después de su comparecencia ante diputadas y diputados locales, quienes le cuestionaron un subejercicio dentro del Poder Judicial de al menos 80 millones de pesos de su presupuesto de egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2023, la revocación de resoluciones que han tenido diversos juzgados locales por parte de la justicia federal, así como su proclividad hacia la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Durante su presidencia, diversos juristas integrados en la organización denominada “Ateneo Jurídico de Tlaxcala José Miguel Guridi y Alcocer A.C.”, señalaron a Cortés Ornelas de incurrir en tráfico de influencias por integrar a la nómina del Poder Judicial a su pareja sentimental, Santiago Pérez Petricioli, a su hijastro Santiago Yael Pérez Vázquez y a su sobrina Sheyla Yiribeth Cortés Ceceña, quienes –a decir de los litigantes- no cumplían con los requisitos de experiencia y antigüedad.

El cargo Anel Bañuelos Meneses, nueva presidenta del Poder Judicial apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En su comparecencia ante diputadas y diputados locales, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, recibió múltiples cuestionamientos por un subejercicio de al menos 80 millones de pesos de su presupuesto de egresos correspondientes al ejercicio fiacal 2023, la revocación de resoluciones que han tenido diversos juzgados locales por parte de la justicia federal, así como su proclividad hacia la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Con motivo de la glosa de su informe anual de actividades 2023, Cortés Ornelas se hizo acompañar de magistradas y magistrados del TSJE, quienes en algunos casos contestaron preguntas ante la imposibilidad de su presidenta de hacerlo con precisión al argumentar falta de datos.

Por ejemplo, el diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria le planteó de manera directa a la presidenta que abogados, colectivos y víctimas, critican “el cuestionable desempeño de los jueces en el Tribunal, por ejemplo, que se admiten testigos de oídas, que califican mal las objeciones, que las sentencias no valoran de manera correcta las pruebas, que agregan o quitan información de manera discrecional, y que no fundan ni motivan las sentencias al no existir pruebas para la existencia del tipo penal”.

Caso similar sucedió con el también legislador del sol azteca, Alejandro Campech Avelar, quien le preguntó sobre el número de procesos instaurados en contra de ex funcionarios municipales por la no aprobación de su respectiva cuenta pública.

La respuesta que encontró, sin embargo, fue la siguiente: “no tengo el número exacto, pero hace algunas semanas teníamos alrededor de 45 asuntos, justamente por el delito de peculado u otros… no tengo números exactos diputados, sin embargo, sí les puedo decir que algunas causas han sido concluidas al día de hoy y algunas otras no cumplieron los requisitos que establece el Código Nacional, por lo cual no se pudo continuar con su procedimiento o distintas causas”.

Incluso, refirió que tenemos “alrededor de 10 o 12 asuntos” en los que se están sustanciando las causas judiciales y señalando audiencias, cada una “con sus particularidades muy específicas que agarran rumbos o tiempos distintos”.

También aseguró que “se encuentra una persona responsable de peculado o algún delito, justo por la desviación de recursos o por la no comprobación de los recursos públicos, con una medida cautelar de prisión preventiva. La intención es que como Poder Judicial hagamos el trabajo que nos corresponde y que cualquier servidor o servidora pública que haga mal desempeño de las funciones, en algún momento, pueda responder por ella”.

Cambrón Soria y la priista Blanca Águila Lima coincidieron en los señalamientos a la presidenta del TSJE respecto de un subejercicio de 80 millones de pesos en el Poder Judicial, en una coyuntura donde la propia Mary Cruz Cortés ha reconocido una lentitud procesal debido a la falta de salas para llevar a cabo los juicios correspondientes.

Águila Lima sostuvo que con la falta de aplicación de esos recursos, el Poder Judicial ya no tendrá motivo ni pretexto para solicitar cada anualidad un mayor presupuesto.

Su parte, el panista José Gilberto Temoltzin Martínez criticó el alto porcentaje de resoluciones revocadas por la justicia federal, más de las que registra la media nacional, emitidas por algunos juzgados”. La presidenta del TSJE tampoco pudo justificar la aseveración del legislador.

La exposición de Cortés Ornelas estuvo centrada en temas más generales, con la exposición de una numeralia sobre la cantidad de sesiones por parte del Pleno o número de expedientes, pero titubeó cuando comenzó a recibir los cuestionamientos de los legisladores de oposición.

Incluso, llegó un momento en que Cambrón Soria, ante la próxima elección de la persona titular de la presidencia del TSJE o de la ratificación de Cortés Ornelas, hizo una recomendación a la presidenta y a las y los magistrados que le acompañaron: “defiendan la autonomía y soberanía del Poder Judicial, no hay que ser acompañantes del Poder Ejecutivo, no tienen por qué ir a los eventos de la gobernadora a tomarse fotografías; tienen que estar solo en los eventos institucionales, todo lo demás es parafernalia y no se ve bien; tienen que defender la trinchera.”

El cargo Critican legisladores a presidenta del TSJE subejercicio de 80 mdp, revocaciones judiciales y proclividad al Ejecutivo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ante la proximidad del relevo o de la ratificación de quien hoy ocupa la presidencia del Poder Judicial, la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas esquivó adelantar si buscará o no repetir en el cargo, pues su permanencia depende más de los concensos que se alcancen entre las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

“Es un tema que tendremos que platicar en su momento los integrantes del Pleno del Tribunal. La presidencia no tiene que ver con una intención mía, sino más bien estaría sujeta a lo que podamos consensuar los integrantes”, dijo.

Precisó: “Lo que los integrantes determinemos hasta el momento no lo hemos hecho, sin embargo, yo creo que todas y todos somos muy respetuosos de los tiempos, así hemos venido trabajando durante estos dos años y creo que la renovación tendrá que ser de manera respetuosa, tranquila y con toda la madurez”.

Cabe recordar que el próximo jueves primero de febrero, el Pleno del TSJE elegirá, de entre sus integrantes, a su nueva presidenta o presidente, o ratificar en su caso a Mary Cruz Cortés Ornelas.

El artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala establece que: “El día uno del mes de febrero del año que corresponda, los magistrados propietarios del Tribunal elegirán de entre ellos a un Presidente, que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez”.

Al respecto, si bien no adelantó sus aspiraciones, reconoció que entre los desafíos a enfrentar para este 2024 es dar seguimiento a la creación de nuevas salas de oralidad, toda vez que el Poder Judicial en Tlaxcala tendrá que poner en marcha del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual tiene que ver con los conflictos a los que se enfrentan las personas de manera ordinaria.

“Se les tiene que dar seguimiento porque la administración del Tribunal no recae solamente en una persona, sino recae en un órgano colegiado. Los trabajos no se tendrían que estancar, creo que el cambio de la presidencia no tendría un impacto negativo en la continuación de los trabajos”, consideró.

Además, sostuvo que un día después de que el Pleno tome su determinación, “seguirá habiendo pendientes porque los hay todo el tiempo, por eso creo que aquí lo importante es el compromiso con el que se van atendiendo las cosas y se van resolviendo cada uno de los asuntos que corresponden a la presidencia”.

El cargo Cortés Ornelas: “Mi permanencia como presidenta del TSJE, depende de los consensos entre magistrados” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.