La empresa, dedicada al tratamiento y comercialización de madera reciclada debidamente acreditada y legal, fue intervenida el lunes 23 de septiembre, pero hasta ahora, las autoridades no han presentado evidencia que justifique la clausura ni las detenciones, lo que apunta a un patrón preocupante de afectación a inocentes orquestado por instancias como la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet). Según lo dicho por los afectados.

El cateo, ejecutado alrededor de las 17:30 horas en la carretera Atltzayanca-Mesa Redonda, a la altura de San José Buena Vista, involucró a la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Propaet, bajo una orden judicial por presuntas irregularidades en tala ilegal.

Sin embargo, más de 24 horas después, no se han reportado hallazgos específicos, material asegurado ni detalles que sustenten las acciones.

En cambio, siete personas –incluidos trabajadores de la empresa– permanecen detenidas en instalaciones de la FGR sin autorización de libertad provisional, pese a la ausencia de pruebas en el sitio.

Denunciantes y allegados califican el incidente como un “teatro montado” y “venganza personal”, destacando el trato vejatorio a los empleados: “Llegando encañonando a la gente, cortando cartuchos y todo, tratando a los trabajadores como delincuentes”.

Un audio difundido por un testigo presencial –quien se identificó como amigo de los afectados– describe cómo, tras el cateo inicial, entre 10 y 14 grúas remolcaron vehículos y maquinaria sin relación con la acusación formal, alegando: “Quieren llevarse algo que no está en lo que se les acusa” y “Esto es una plena injusticia”.

Además, el inmueble permanece sin sellos de clausura, custodiado solo por una patrulla de la Guardia Nacional, lo que resalta irregularidades en el procedimiento y la falta de justificación para la intervención.

Este caso se inscribe en un panorama de vigilancia forestal reforzada en Tlaxcala, donde el estado se ha sumado a esfuerzos federales con operativos conjuntos que han derivado en 72 puestas a disposición y 13 detenciones en lo que va de 2025.

No obstante, incidentes como este generan dudas sobre la proporcionalidad de las acciones y posibles sesgos, especialmente por el rol recurrente de la Propaet en intervenciones contra empresas que no se alinean con sus intereses.

Maderas del Caribe, con años de operación en la región y enfoque en madera recuperable y pisos sólidos, representa el sustento de familias locales, y su afectación sin base aparente podría interpretarse como una persecución.

El testigo hizo un urgente llamado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y a la presidenta Claudia Sheinbaum para intervenir y esclarecer el caso.

Hasta el cierre de esta nota, ni la FGR ni la Propaet han respondido públicamente a las denuncias, y la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial –posiblemente por temor a represalias–.

El cargo Encañonados y detenidos en Atltzayanca trabajan madera reciclada; empresa no muestra sellos de clausura apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Esto sucedió hace unas horas tras un “operativo” contra presunta tala ilegal en la “Planta Tratadora de Madera Reciclada Maderas del Caribe”, ubicado en el municipio de Atltzayanca, lo que ha desatado una ola de protestas por parte de trabajadores y allegados, quienes lo califican de “teatro montado” y “venganza personal”.

Por esta razón personas permanecen detenidas en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), sin que se haya autorizado su libertad provisional, pese a que, según denunciantes, no se encontró evidencia de irregularidades en el sitio.

El cateo se realizó este lunes 23 de septiembre alrededor de las 17:30 horas, en la carretera Atltzayanca -Mesa Redonda, a la altura de la comunidad de San José Buena Vista.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET), esta última instancia una muy recurrente en este tipo de prácticas contra quienes no se someten a su voluntad.

Las autoridades actuaron bajo una orden judicial por presuntas irregularidades relacionadas con tala ilegal, aunque hasta el momento no se han reportado detalles oficiales sobre material asegurado o hallazgos específicos. Eso sí, hay boletín para evitar que después se haga un escándalo por las irregularidades.

Medios locales informaron del resguardo perimetral del inmueble, pero indicaron que se esperan más datos en las próximas horas y esto sucede porque la información es escueta y ahora sabemos por qué. No hay elementos suficientes, así de fácil.

Sin embargo, un audio difundido este martes por un allegado al caso –quien se identificó como testigo presencial y amigo de los afectados– pinta un panorama de abuso de autoridad y motivaciones ocultas. “Esto es una plena injusticia”, afirma el denunciante

En el mensaje dirigido a este medio, hace un “llamado a las autoridades, a la señora gobernadora [Lorena Cuéllar Cisneros] y a la presidenta de la República [Claudia Sheinbaum]”.

Describe cómo, tras el cateo inicial, arribaron entre 10 y 14 grúas en la tarde del martes para remolcar vehículos y maquinaria del sitio, sin que medie una acusación formal relacionada con los bienes.

“Quieren llevarse algo que no está en lo que se les acusa”, denuncia, alegando que se trata de un “asunto personal” orquestado por una persona interesada en “verlos abajo”.

El testigo resalta el trato vejatorio a los trabajadores: “Llegando encañonando a la gente, cortando cartuchos y todo, tratando a los trabajadores como delincuentes”.

Afirma que ni siquiera a “delincuentes” se les maneja así, y que los siete detenidos –incluidos empleados de la empresa– no presentan cargos sustentados. “No se encuentra nada de lo que se les acusa aquí en la planta”, insiste.

Además, señala irregularidades en el procedimiento: el inmueble carece de sellos de clausura y permanece abierto, custodiado solo por una patrulla de la Guardia Nacional.

“Todo esto se ve muy turbio”, concluye el audio, prometiendo enviar “fotogramas” como prueba.

Este incidente ocurre en un contexto de creciente vigilancia contra la tala ilegal en Tlaxcala, donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha asegurado 462 mil 969 metros cúbicos de madera en lo que va del año, derivado de 30 denuncias presentadas ante la Fiscalía. ¿Cuántas de estas habrían sido en iguales condiciones?

Autoridades estatales han intensificado operativos forestales, pero casos como este generan cuestionamientos sobre la proporcionalidad y posibles sesgos. Muchos han sido los llamados hechos por redes sociales que, ante la desconfianza en las autoridades, se han convertido en espacios idóneos para la difusión de estos atropellos.

La empresa Maderas del Caribe, dedicada a la venta de madera recuperable y pisos sólidos, opera desde hace años en la región y cuenta con presencia en redes sociales, donde no había emitido pronunciamiento oficial hasta el cierre de esta edición. El miedo a la revancha puede ser el motivo.

Hasta ahora, ni la Fiscalía ni alguna otra autoridad han respondido públicamente a la denuncia. Fuentes cercanas al caso esperan que la revisión de pruebas en la FGJE aclare si se trata de un golpe efectivo contra la deforestación o, como alegan los afectados, de una persecución injustificada que pone en riesgo el sustento de familias locales. Este medio contactará a las autoridades para obtener su versión.

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