Todos sabemos que en la entidad la gestión de residuos sólidos no es solo un problema ambiental, es un espejo deformado que refleja opacidad, intereses foráneos y un desprecio flagrante por las comunidades locales. Eso intenté traducirlo en una pregunta que le hice al responsable de la secretaría de Medio Ambiente, el pasado 3 de septiembre, durante un “Diálogo Circular” que más bien pareció un monólogo oficial, donde Aquino Alvarado desdramatizó el tema al afirmar que “la basura no es un negocio”.

Una declaración que, a la luz de los hechos, suena a eufemismo calculado o a ingenuidad culpable. Porque mientras el gobierno estatal recauda unos 35 millones de pesos anuales de los municipios por el manejo —o el destino— de sus desechos, el cierre abrupto de rellenos sanitarios como el “Tonsil” en Panotla deja a más de 250 familias de pepenadores en la intemperie, sin sustento ni notificación. Porque nadie les avisó de nada.

Será casualidad o el preludio de un “negocio” disfrazado de sustentabilidad?. Insistiré nuevamente en puntualizar que Aquino Alvarado es originario de Morelos y fue colocado en su puesto por el influyente grupo del mismo nombre —de la mano de Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno—, lo reitero porque también él insiste en minimizar el potencial lucrativo de la basura.

Aquella mañana con un tono y una sonrisa de autosuficiencia desestimó al “rey de la basura”, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre como un mero “tema político de otra entidad”, ignorando cómo ese controvertido exlíder priista construyó un imperio sindical en los 80 y 90 controlando rutas de recolección, hasta su caída en 2021 por acusaciones de trata de personas.

Pero en Tlaxcala, la historia se repite en versión local: opacidad que genera poder y corrupción. Porque, si “no hay negocio”, se busca y por eso desde esos meses ya se hablaba de inversiones privadas a 20 años —más allá del sexenio actual-. Incluso se defienden convenios que prometen “recuperación financiera sin afectar a contribuyentes”?

El colmo de esta farsa llegó apenas este 2 de noviembre, como le digo poco menos de dos meses de aquella declaración en la sala de prensa, cuando personal de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) clausuró el relleno “Tonsil” en plena madrugada, retirando maquinaria sin un solo papel de aviso. ¿Por qué hacerlo de madrugada, de quién se ocultan o qué esconden?

Pepenadores, esos “trabajadores informales” que Aquino y su grupo tratan como peones prescindibles, denunciaron el acto como una “maldad” calculada: “A las 3 de la mañana vinieron y se la llevaron”, relató uno de ellos tal y como lo dio a conocer la periodista Dania Corona Muñoz, de La Jornada de Oriente, Tlaxcala, a través de una nota periodística.

No es solo el cierre; es la humillación de ignorar al Artículo 115 Constitucional, que obliga a los municipios a hacerse cargo de la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, pero que el estado usa como pretexto para centralizar y cobrar sin rendir cuentas.

¿Por qué presionar a presidentes municipales y cabildos si, como dice Aquino, no hay interés económico?. La respuesta late en las acusaciones contra Zenón Morales, el encargado designado por la SMA: presuntas cuotas semanales de 300 litros de diésel extorsionados a los pepenadores, sin que la basura se tapara ni mejorara la operación. Un “no-negocio” que, para los de abajo, sí cuesta sudor y combustible.

Esta crisis no es aislada. En junio de 2025, la Profepa ordenó el cierre de tiraderos a cielo abierto que operaron por más de 30 años, y la SMA estima 600 millones de pesos para clausurar de manera gradual todos los rellenos —más del 50% solo para “Tonsil”.

Por eso uno que es mal pensado empieza a sospechar que los de Morelos tienen planes grandiosos: plantas recicladoras inspiradas en la CDMX, nuevos rellenos en la zona centro-norte, programas de empleo para pepenadores. Pero  ¿dónde están esos apoyos prometidos en mesas interinstitucionales?

Esos mismos pepenadores aseguran que solo recibieron promesas vacías: “Nos dijeron que habría programas y recursos, pero nada”. Mientras, el relleno aún tiene capacidad —“hay mucho terreno para seguir trabajando”—, dicen los que conocen esa zona y su rehabilitación técnica podría ser viable con mantenimiento adecuado, especialmente para desechos biomédicos.

Pero a falta de dialogo y sensibilidad el cierre abrupto genera disputas, incendios recurrentes (como los de 2023 y 2024) y protestas que escalan a bloqueos carreteros. ¿A poco nadie se acuerda de eso?

La crítica no puede ser tibia: Aquino Alvarado y su equipo —rebasados, según voces locales, ante una crisis crónica de cuatro rellenos saturados— priorizan narrativas federalistas sobre la realidad tlaxcalteca. Insisten en que los pepenadores son “sus trabajadores”, negando su autonomía y el rol municipal en la gestión, mientras coquetean con privados que extenderán su influencia sexenal.

¿Preocupación genuina por el medio ambiente, o canonjía para el “grupo Morelos” que ya controla todo lo que “suene a efectivo”, desde madera, hasta agua y ahora la basura, mal gestionada, podría ser “oro circular”; en sus manos, es opacidad que contamina más que los terrenos.

Pero que hagan lo que el pueblo y la ley les permita; para eso habrá auditorías independientes a esos 35 millones, planes reales de reconversión laboral con compensaciones dignas, y un diálogo que no sea circular, sino concreto. De lo contrario, el “no-negocio” de Aquino se convertirá en el gran negocio de la impunidad, y los pepenadores —símbolo de una resistencia callada— seguirán pagando el precio con su sustento.

Las tres de ley… 1- El cierre de las carreteras ha generado una solidaridad pocas veces vista, eso mencionan los ciudadanos en redes sociales que han notado que los mismos que cierran carreteras en la mañana, son los que acuden a hacer el caldo gordo a Miguel Angel Covarrubias, que se manera hipócrita convoco a la marcha para recordar al alcalde de Huruapan.

2- Aquellos que por la mañana son defensores de campesinos y por la noche marchistas, también son los mismos que en otros momentos tuvieron poder y cargo público. ¿Por qué ahora habríamos de creer que la lucha y sus gritos son inocentes, reales y sin una intención ajena al descontento social. Me atrevo a pensar que mas de uno solo va para hacer ruido y generar un espacio en el 2027.

3- No me crea usted, pero revise las imágenes que circularon en redes y las que están en esas carreteras que son tomadas por el PAN, como parte de su relanzamiento. No me sorprendería que en una de esas hagan una marcha para liberar a Genaro Garcia Luna, otra para dejar de pagar impuestos y una más para pedir que las marchas y manifestaciones sean consideradas para el otorgamiento de bicicletas o motocicletas en Elektra. Puro luchador social de verdad.

El cargo La basura a la basura apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El director del penal, Juan Antonio Martínez Guerrero, ha sido señalado como figura central en estas acusaciones, lo que ha generado un debate público sobre la corrupción en los Ceresos y la respuesta del gobierno de la 4T que ha separado del cargo -que no despedido- al todavía funcionario.

Como columnista, no puedo evitar una mirada crítica a este episodio. ¿Cómo es posible que en un estado que presume avances en seguridad –con supervisiones respaldadas por la SEDENA y mesas de coordinación– se filtren denuncias tan alarmantes? La presunción de inocencia es un pilar del Estado de derecho, pero la lentitud en las investigaciones genera desconfianza.

¿Por qué no se actuó de manera más drástica desde el principio? La Fiscalía General del Estado lleva las riendas, pero el público exige resultados inmediatos, no solo protocolos y promesas.

Esta situación expone fallas estructurales: si los Ceresos son vulnerables a la corrupción, ¿qué dice eso de la “reestructuración” anunciada por el secretario de Gobierno, Luis Ramírez Hernández?. Es legítimo cuestionar si estas irregularidades son aisladas o síntoma de un problema sistémico que el gobierno ha subestimado.

Sin embargo también es justo reconocer la postura oficial del gobierno, articulada por el propio Ramírez Hernández en su reciente entrevista de  ayer. El secretario enfatizó un enfoque de “cero tolerancia” a la corrupción, con investigaciones que llegarán “hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”. Falta ver que así sea.

En cuanto al director del penal, no se optó por un despido fulminante, sino por una separación temporal de su cargo mientras avanzan las indagatorias. Esta decisión, según fuentes cercanas al gobierno, obedece a una estrategia prudente: mantener al funcionario bajo vigilancia estrecha para evitar cualquier riesgo de fuga o destrucción de evidencia.

En palabras del propio secretario, las acciones se guían por el apego a derecho y la prioridad en la seguridad ciudadana, evitando juicios precipitados que podrían comprometer el proceso legal. De esta forma, se busca no solo sancionar, sino garantizar que los responsables rindan cuentas sin escapatorias.

Esta línea gubernamental, aunque criticable por su aparente cautela, tiene sentido en un contexto donde la precipitación podría sabotear la justicia. Ramírez Hernández insistió en el respeto a los derechos humanos de los internos y en mecanismos de atención a sus familias, lo que añade un matiz humanitario a la respuesta.

Pero la crítica persiste: ¿es suficiente una suspensión para restaurar la confianza? Tlaxcala exige más que palabras; requiere transparencia absoluta en los resultados de la Fiscalía y reformas profundas en los penales para erradicar estas sombras, ademas de transparencia en la resolución de las hojas de vida de todos los involucrados. Un jalón de orejas no basta.

Al final, este caso es un recordatorio de que la seguridad no se construye solo con protocolos, sino con acciones contundentes. El gobierno de Tlaxcala tiene la oportunidad de demostrar que su compromiso es real, convirtiendo este escándalo en un catalizador para cambio. Los ciudadanos de Tlaxcala quieren, queremos, un sistema penitenciario íntegro, no uno plagado de dudas. Dudas muy razonables.

El cargo Cereso: Entre Suspensión y Vigilancia apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Es, en cambio, una señal clara de que el gobierno estatal está dispuesto a poner orden en un gremio que, por años, ha operado bajo la sombra de irregularidades y privilegios. De los lectores más de uno sabe de los excesos de estos intocables.

Sin embargo, el caso de Moreno Morales trasciende la mera sanción administrativa: es un reflejo de las fallas sistémicas que han permitido a ciertos fedatarios públicos actuar con una alarmante falta de probidad.

¿Cuántos afectados han existido, cuántas estafas han pasado, cuántos muertos se llevaron sus problemas, lamentos y molestias a la tumba?, eso nadie lo sabrá, quizá ni el mismo Moreno lo pueda calcular, pero se le acabó.

El pasado 9 de junio de 2025, a las 9 de la mañana, Moreno Morales perdió oficialmente su patente como notario, un desenlace que se gestó desde el 28 de julio de 2023, cuando una queja administrativa en su contra llegó a la Dirección de Notarías.

La resolución, emitida el 20 de enero de este año, dejó en claro que el fedatario incurrió en faltas graves, incluyendo el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo estipula el Artículo 118 de la Ley del Notariado, que obliga a los notarios a enterar oportunamente las contribuciones a cargo de terceros.

Peor aún, Moreno Morales violó el Artículo 225 de la misma ley, al incurrir en una evidente falta de probidad en el ejercicio de su función. La sanción, sustentada en el Artículo 220 Fracción IV, fue notificada mediante el oficio SEGOB/DJ/0155/2025 y ejecutada el 6 de junio, culminando con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala.

Las acusaciones contra Moreno Morales no son menores. Se le señala por fraude y corrupción, incluyendo un caso que involucra a una clienta de una influyente familia de la Ciudad de México, quien lo demandó hace tres años por no entregar tres de las 30 escrituras prometidas.

Este episodio, lejos de ser un error administrativo, apunta a una negligencia deliberada y reiterada que pone en entredicho la confianza en el sistema notarial, solo que ahora no se la aplicó a unos campesinos o iletrados.

La intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Dirección de Notarías para notificar la cancelación en la Notaría No. 2 de Zacatelco no solo simboliza el fin de la carrera de Moreno Morales como fedatario, sino también un mensaje: nadie está por encima de la ley.

Sin embargo, no faltan las voces que intentan pintar este caso como una persecución política. Algunos sectores sugieren que el gobierno de Lorena Cuéllar ha iniciado una “cacería de brujas” contra notarios disidentes, particularmente tras el conflicto de febrero de 2025, cuando 25 fedatarios fueron convocados a Palacio de Gobierno tras intentar cambiar la mesa directiva del Consejo de Notarios, algo que de hecho sucedió.

En esa reunión, donde estuvieron presentes Neri Toshiro León Sauza, de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica; Dora Delia Hernández Roldán, directora de Notarías (hoy funcionaria del poder judicial), y el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, se dejó claro que la insubordinación no sería tolerada.

Todos sabemos que días después les llegó un calambre que puso a temblar a más de uno -Excepto a Aarón Pérez Carro-, a él solo lo hace temblar Ayotzinapa y recordarle que debe explicación por 43 vidas de estudiantes desaparecidos.

La destitución de Selene Cabrera García como presidenta del Consejo y la imposición de José Aaron Pérez Carro refuerzan esta narrativa de control estatal y de eso creo que muy pocos pueden tener duda.

Además, la auditoría en curso a notarios como Selene Cabrera García, Miguel Tizatl Santos y Oswaldo Ramírez Ortiz sugiere que el caso de Moreno Morales podría ser solo la punta del iceberg. Pero insisto, lo de Moreno no debe ser distorsionado, porque elementos sobran.

Reducir este episodio a una vendetta política es un intento burdo de desviar la atención. Las pruebas contra Moreno Morales son contundentes, y su historial de irregularidades no admite defensa.

La cancelación de su patente no solo protege a los ciudadanos de un fedatario que ha fallado en su deber, sino que también establece un precedente para el resto de aquel gremio: la probidad no es negociable.

La Dirección de Notarías, al cerrar el protocolo de folios y asegurar la continuidad de los trámites pendientes, demuestra un compromiso con la legalidad y la transparencia que Tlaxcala necesita con urgencia.

¿Alguien recuerda que antes de Dora Delia Hernández existió un joven que, de la noche a la mañana se hizo, o intento hacerse millonario en el Registro Público, de él quién ha dicho algo?,

¿la justicia no debería llegar también a esa instancia?, será que ahora en su nueva encomienda la nueva integrante del Poder Judicial si haga valer la legalidad o seguirá siendo omisa, como hasta ahora en el Registro Público?

El caso de Alejandro Moreno Morales no debe verse como un hecho aislado, sino como un capítulo en la lucha contra la corrupción en un estado donde los privilegios de unos pocos han dañado la confianza pública.

Mientras algunos notarios claman persecución, los ciudadanos de Tlaxcala merecen preguntarse: ¿quién defiende a las víctimas de sus abusos? La respuesta es clara: un gobierno que, con todos sus defectos, está dispuesto a enfrentar a los intocables. Que este sea solo el comienzo y yo insisto, que también el gobierno llegue al Registro Público aunque los roedores sean hijos de las amigas, o las comadres. Nadie por encima de la ley.

El cargo La Caída del Notario y el Ocaso de la Impunidad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

A nadie sorprendió esa declaración, recuerde usted que una mujer policía sí perdió la vida al interior de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), en su sexenio. Esa fémina era la policía que ese día cuidaba el acceso de la secretaría que encabezaba Jonatan Bretón Galeazzi.

No es que se le pueda atribuir ese deceso a Mariano González Zarur, pero tampoco se le recuerda una sanción al, o los presuntos involucrados; de hecho nunca se supo si se atraparon, o no a los culpables.

Lo que todos recordamos es que la mujer que perdió la vida no podrá atestiguar en contra de quienes sustrajeron computadoras con información “delicada” de la “perdida” de miles de toneladas de fertilizante que acabó haciendo millonario a uno de los más cercanos miembros del Marianismo y que después quiso llegar a Movimiento Ciudadano (MC).

Pero esa frase “sumarse o sumirse” ahora la aplican los integrantes de la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, que han obligado a la mayoría de presidentes municipales -de todos los colores- a sumarse a través de la firma de una carta que implica el compromiso y su “voluntad” de colaborar con el gobierno del estado a fin de “solucionar” el problema ambiental de los rellenos sanitarios. Entregando el dinero que se les destina para ello.

La citada carta está siendo entregada a a todas las presidentas y presidentes municipales que hasta el momento no han logrado el respaldo o la mayoría de su cabildo. La intención de esta firma es conceder al gobierno del estado el servicio de disposición de basura por los próximos 20 años, obvio con cargo a las participaciones federales de las comunas.

Ayer recibí al menos 4 cartas, o al menos la imagen de diferentes comunas, donde aparece un texto de los interesados, pero que no viene con el membrete de la presidencia municipal, sino con la imagen institucional de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA).

“Reconozco que estoy consciente del problema ambiental derivado de los sitios de disposición final en el Estado y que el Ayuntamiento no cuenta con la capacidad presupuestal y operativa para brindar directamente el servicio a los habitantes de mi municipio, por lo que me comprometo a colaborar con el Gobierno del Estado de Tlaxcala, durante el proceso de clausura de los rellenos sanitarios y en la implementación de la nueva solución”, refiere parte del documento que deberán firmar los alcaldes.

Con la firma y eventual autorización de cada cabildo, el grupo Morelos como son conocidos los integrantes de la “familia” que llegó procedente de la ciudad de la eterna primavera, tendrá la posibilidad de privatizar ese servicio, con cargo a las ministraciones a las que tienen derechos los municipios. Nadie se puede decir engañado, porque la propia carta lo puntualiza.

“Por eso realizaré todas las acciones municipales necesarias (como la aprobación del cabildo de la cesión de los servicios) para que el Gobierno del Estado cuente con los elementos suficientes para tomar una decisión que solucione de forma integral el problema ambiental de los rellenos sanitarios que ha sufrido Tlaxcala desde hace 40 años”, agrega el documento.

Ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha adelantado que se reunirá con las y los presidentes municipales de todo el país, sería buen momento para que los ediles que se encuentran en el semáforo rojo que se ha inventado la líder de Morena, Marcela González Castillo, avisen de la manera democrática en la que son convocados a “sumarse” al sueño de gobernar por parte de Alfonso Sánchez García.

Ese semáforo describe en verde a quienes se han sumado, en amarillo a quienes probablemente se sumarán, y en rojo a los que se sumirán en la miseria, pues para ellos está prohibida la obra pública o cualquier apoyo, hasta que den su brazo a torcer. Parece que volvimos al sexenio de Alfonso Sánchez Anaya.

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El cargo Te sumas o te sumes apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La nuera del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya tiene claro que para lograr la denominación del 2027 para su esposo, a la gubernatura de Tlaxcala, necesita hacer mucha labor y eso no le crea conflicto, mucho menos cuando tiene el dinero del partido y el respaldo desde la Secretaría de Gobierno (Segob) con su amigo Luis Ramírez Hernández.

Por eso ha iniciado con una serie de regalos que han sido enviados a los 350 regidores que forman parte de los 60 municipios de Tlaxcala, y tomando en cuenta que la caja cuesta 259 en precio regular (y 233 en oferta), la cantidad tirada a la basura es de $25,900

Y es que la oriunda de la capital mexicana, que fracasó en su intento por ser diputada plurinominal, ha hecho llegar a cada regidor de los distintos municipios una cajita de chocolate Ferrero con una tarjeta que dice: “Con un afectuoso saludo de Marcela González Castillo”.

De este número de regidores el 59.14 corresponde a féminas, es decir más de la mitad; el dato es importante porque algunos municipios me confirman que solo las damas recibieron esta cajita, mientras que en algunas demarcaciones el regalo fue para hombres y mujeres por igual. En todo caso más de 130 regidoras recibieron este “detalle”.

Pero no es que la caja de chocolates sea cara, al menos no para aquellos que tienen la cartera abierta de la presidencia municipal de Tlaxcala, la cartera de Morena y la caja chica del gobierno estatal, el asunto es tooooooda la logística que existe para la entrega de estos paquetitos y la intención.

Si la labor que hace ahora la hubiera realizado en su momento como legisladora estatal, Marcela González Castillo no tendría la necesidad de tirar el dinero de los tlaxcaltecas y sin duda estaría en el congreso estatal como diputada por la vía de mayoría relativa, pero no fue así.

Y no fue así porque todos los que la conocieron como diputada saben que era sobrada, altiva, insensibles y jamás hubo momento para visitar, apoyar, o recibir alguien en la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCyCP). Ante eso la única vía para ganar adeptos es gastar la lana intentando recuperar en esos votos.

Las cajas que hoy reciben las y los regidores son abiertas con entusiasmo y resultan deliciosas al primer bocado, no me cabe duda.

Pero así como se advirtió sobre Alfonso Sánchez García y su nula capacidad para gobernar Tlaxcala, ahora les anticipo que este es el pago para venderle su alma al diablo, porque si mañana aceptan aliarse con Marcela estarán abriendo una caja distinta, estarán frente a la caja de Pandora, con todas las calamidades que ya pueden ver en el gobierno capitalino.

Las sorpresas que saldrán de esa nueva cajita no serán tan agradables, y si usted tiene duda pregunte a quien la haya apoyado para la presidencia municipal de la capital, a ver cómo les ha ido, si les ha cumplido, o si al menos les responde el teléfono.

Las tres de ley… 1- Enrique Padilla Sánchez y Sonia Montiel Candaneda se registraron ayer para la renovación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tlaxcala. Una burla y no más, pues al ir como planilla única resulta ridícula la inscripción y el “proceso” por el que “lograron la dirigencia”.

2- Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) ha sido expuesto como el hombre que tiene buenas intenciones, pero poca posibilidad de hacer posible una inversión o trabajo a favor del campo.

Ayer en entrevista el líder de los campesinos, José Isabel Juárez Torres, me confirmó que de la Peña se ha puesto en las manos de los legisladores, que difícilmente propondrán algo que no sea enviado desde palacio de gobierno, aún cuando acepta que el campo requiere una inversión mayor a la actual.

3- La visita de Marcela González Castillo a la Ciudad de México con Pedro Haces Barba ha generado la burla de los políticos nacionales y locales.

En lo nacional la güerita no pasa desapercibida pero es ignorada, en lo local saben que Haces Barba ha perdido interés por Tlaxcala y que, en todo caso, respeta a Josefina Rodríguez Zamora como su referente local. A nadie más.

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El cargo Caja de chocolates hoy; mañana de Pandora apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Y esa lectura ciudadana, “la visión del pueblo” suele ser la mas acertada, porque el justamente ese pueblo el que está “a las vivas”, “avispado” y ya no se chupa el dedo, ni se cree esos “cuentos chinos” que se difunden por parte de las instancias oficiales queriendo sembrar la idea de que ganó o fue electa por unidad. Su llegada fue el dedazo en pleno y así debemos entenderla.

¿Cuántos grupos han quedado resentidos por la manera en la que han sido ignorados después de poner su capital político a favor de Alfonso Sánchez Garcia?. La respuesta es sencilla: más de la mitad de los que fueron engañados por los “operadores políticos” del Sánchez Anayismo, previo al 2 de junio pasado.

Y esos cientos o miles de personas -que ya conocieron el verdadero rostro y la “gratitud” de Marcela González Castillo- son sin duda parte de los que han estado ventilando la manera en la que la ex diputada mintió, robó estructuras y traicionó a los líderes que sumó a su causa para ganar adeptos y votos. Hoy todos son operadores… pero en contra de esa agrupación que encabeza Marcela.

Cargos politicos, espacios laborales, ingresos a la universidad, efectivo, y otros beneficios fueron prometidos para alcanzar la votación que les permitiera llegar a la presidencia municipal de la capital. Una vez logrado el hueso los teléfonos dejaron de recibir mensajes de “la guerita” y también dejaron de ser contestados. Se acabó el “amor”.

Que nadie se confunda. La renovación del partido no fue democrática, abierta el pueblo, ni resultado de operación política. Tal como en el PRI fue por Cosejeros.

Pero este montaje estaba calculado por el grupo opuesto, recuerde usted que la propia Ana Lilia Rivera Rivera lo dijo en entrevista con este comunicador. Poco a poco se ira limpiando y democratizando el partido; ahora no es posible pues las reglas dejan la designación en manos de los “consejeros”.

Consejeros que por cierto fueron designados por el dinero, los compadrazgos y el dedazo de los presidentes municipales, diputados y funcionarios en turno. Nombres como Juan Carlos Jiménez,hijo del ex presidente de Chiautempan Gustavo Jiménez, es parte de esos “liderazgos naturales” electos. Imagine usted el resto.

Una vez dicho esto es más claro entender la llegada y el motivo de la imposición de Marcela Gonzalez Castillo, recuerde usted que la finalidad del grupo político al que pertenece “lady tupper” tiene como finalidad otra imposición mayor: colocar a su esposo, Alfonso Sánchez  García, en la sucesión gubernamental del 2027.

Y es que tras haber fracasado en su intento por mantenerse en la legislatura local -a la buena o a la mala- no habría manera de justificar la exposición de la dama que está convertida en operadora de esa tarea, asignación por cierto también unilateral.

Mientras no puedan colocarla como titular de la Secretaria de la Mujer, urgía una posición en la que legitimaran su acercamiento con la base morenista. La misma que rechaza y escupe su arribismo.

Seguramente Marcela y su amiguito Alejandro Campech Avelar no olvidan la ignorada pública de la que fueron objeto en la primera y única visita que Luisa Maria Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán a Tlaxcala.

Ellos dos como dirigentes nacionales sabían por qué hacían esos desplantes a los tlaxcaltecas, se trataba de dejar claro a la base local que el “morenismo estatal” no forma parte de su grupo. Los únicos que no lo entendieron, o hacen que no entendieron, son Marcela y sus cuates.

Pero por eso hay que ayudar a recuperar su memoria. Recapitulemos qué sucedió ese día en el centro de convenciones cuando ni Moctezuma Bautista -encargado de la oficina-, ni Alejandro campech, ni otro miembro de la “dirigencia local”, ni la propia Marcela recibieron el “trato esperado” y eso se notó en la colocación de las sillas donde lucieron lejanos.

En las fotografías sucedió lo mismo y finalmente el asco político fue ratificado cuando ninguno resultó invitado a la comida privada que la dirigencia nacional celebró en el “Mesón Taurino”. Los abrieron, los ignoraron y solo sirvieron para pagar la cuenta.

Pese a este antecedente los morenistas desde la dirigencia local, donde por cierto hay muchos que fueron ratificados, presumieron este fin de semana en un “comunicado” la llegada de Marcela González Castillo como su capataz; obvio dijera que había sido electa con base en los estatutos y a través de la organización interna.

La respuesta en redes sociales fue lo mejor de todo: arribista, traidora, ignorante, fuera mascaras, sígnale dando en la madre al partido, la mafia en pleno y viva el dedazo, fueron alguna de las joyas que se viralizaron en las redes sociales.

Para tratar de “equilibrar” o desestimar la inconformidad, en las mismas redes sociales los trabajadores del gobierno estatal, e incluso algunos municipios se sumaron a las “felicitaciones” para la nuera de Alfonso Sánchez Anaya.

Las pocas reacciones y el nulo crecimiento orgánico de esta línea discursiva solo exhibió la obligatoriedad que nada más no cuajo. Si no pueden con lo que intentan socializar desde el congreso o la capital del estado, imagínense si podrán con la nueva dueña del movimiento en Tlaxcala.

No es su culpa del todo, les impusieron un producto difícil de vender en lo mediático porque, al igual que la comida chatarra, se advierte a simple vista lo cancerígeno del “producto milagro”.

La interpretación de la 4T en Tlaxcala fue que el Séptimo Congreso Nacional Extraordinario del partido, había sido para otorgarles un pasaporte de impunidad a las entidades federativas, nada mas alejado de la realidad.

Porque justamente en ese congreso se iniciaron las modificaciones que pretenden erradicar la imposición, el dedazo y la herencia del partido a la familia y los cuates, y eso es algo que dejó muy Claro Luisa Maria Alcalde en Tlaxcala. Pero no lo entendieron.

Que haya sido en sesión extraordinaria, con la participación de los 30 consejeros partidistas y con unanimidad la designación de Marcela González Castillo, no es producto de la democratización, operación política, o sensibilización de las bases.

Es justamente todo lo contrario y la base de morena -que radica en el pueblo-, los grupos opositores y los enemigos naturales del gobierno ven esto como la oportunidad para exhibir la torpeza y voracidad de una mujer que sigue sintiéndose legisladora, operadora y política, cuando su mayor logro es unificar a todos, pero en su contra.

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El cargo Morena: dirigencia ilegítima apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En su intervención, Ramírez Hernández se centró en la presentación del presupuesto, subrayando que el propósito principal del encuentro era informar sobre las asignaciones fiscales y no sobre asuntos de seguridad.

“Venimos al recinto a entregar el paquete económico, hoy es el secretario de Finanzas quien encabeza esta actividad, los medios deben ayudarnos a transmitir a la ciudadanía información valiosa sobre temas como seguridad, bienestar, salud y la nueva Secretaría de las Mujeres”, expresó Ramírez Hernández, haciendo un llamado a los medios de comunicación a centrarse en las prioridades económicas de la administración.

Sin embargo, el Secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, sí ofreció detalles sobre la asignación de recursos para la seguridad, aseguró que el gobierno estatal destinará 170 millones de pesos específicamente para fortalecer las políticas de seguridad pública y mejorar las condiciones de los cuerpos policiales.

Álvarez Ochoa destacó que la asignación a la seguridad forma parte de un compromiso de la gobernadora para continuar fortaleciendo las capacidades de los cuerpos de seguridad, con un enfoque en la capacitación y el equipamiento, “No hay dependencia que se quede con recorte presupuestal; todos los rubros importantes reciben apoyo. De hecho, la mayoría de las dependencias mantienen su presupuesto e incluso algunas tienen incrementos”, señaló.

Ramírez Hernández destacó que la seguridad pública es una tarea compartida entre la federación, el estado y los municipios, resaltando la coordinación con los 60 municipios de Tlaxcala, que han avanzado más del 92% en la certificación de sus mandos policiales.

El Secretario de Gobierno también subrayó que Tlaxcala se alinea con las estrategias federales para fortalecer las instituciones de seguridad, participando en mesas de trabajo para mejorar la asignación de recursos para este fin. Además, mencionó proyectos como la construcción de fiscalías especializadas, la nueva Fiscalía General y la creación de una academia de policía.

A pesar de evitar detalles específicos, indicó que, según informes federales, Tlaxcala no figura entre los estados con mayor violencia y no está en los municipios de alta prioridad para la estrategia contra el crimen organizado. Las recomendaciones federales, que ya se implementan en el estado, incluyen los cinco ejes rectores de seguridad.

El cargo Secretario de gobierno evade pregunta sobre seguridad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Entre los puntos destacados del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025, se incluyen asignaciones significativas para los distintos poderes del estado. El Poder Legislativo recibirá 381 mil 709 millones de pesos, el Poder Judicial más de 515 millones,  también se contempla un presupuesto de 92 millones para el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) , 967 millones para los organismos autónomos, lo que representa un incremento respecto al presupuesto del año anterior, y 5 mil 486 millones para municipios.

La Secretaría de Seguridad tendrá un presupuesto de más de 170 millones de pesos que esta encaminado a fortalecer la seguridad y el aumento al sueldo de policías.

David Álvarez Ochoa, secretario de Finanzas, subrayó que este presupuesto refleja un esfuerzo por reducir el déficit público y contener la inflación, con el objetivo de lograr un equilibrio fiscal y promover un desarrollo económico sostenible y equitativo. Aclaró que no se prevé la creación de nuevos impuestos ni un aumento en las tarifas existentes, lo que permite mantener la estabilidad tributaria para los ciudadanos.

Por su parte, Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno, resaltó que el Paquete Económico 2025 está diseñado para atender las necesidades más apremiantes de las familias tlaxcaltecas, alineándose con las políticas de austeridad y eficiencia implementadas por el gobierno federal, en busca de fortalecer las finanzas públicas en un marco de legalidad.

El Paquete Económico fue recibido formalmente por el diputado Ever Alejandro Campech Avelar, por el diputado Bladimir Zainos, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local y por Miguel Ángel Caballero Yonca, presidente de la mesa directiva.

Este presupuesto marca el inicio del nuevo ciclo gubernamental y establece las prioridades de la actual administración, cuyo enfoque está centrado en mejorar la calidad de vida de los tlaxcaltecas, sin recurrir a mayores cargas fiscales.

El cargo Gobierno de Tlaxcala entrega paquete económico 2025 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Los defensores de la iniciativa alegan que la deuda pública, gestionada “responsablemente”, puede ser una herramienta poderosa para impulsar proyectos de infraestructura, mejorar servicios públicos y fomentar el crecimiento económico en los municipios.

En un estado con recursos limitados como Tlaxcala, el acceso a crédito puede ser la clave para destrabar el potencial de cada comunidad.

El problema es que se confiaría en personajes que, históricamente, se han caracterizado por una ineficaz e ineficiente gestión de los recursos que se les asignan.

En la revisión de la cuenta pública de los años recientes, los municipios son los que han presentado más casos de uso indebido del erario, desviando cientos de millones de pesos. ¿Qué se podría esperar si se vuelan los candados que les impiden contratar deuda?

El dictamen aprobado por el Congreso, que responde a una iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo, arguye que la reforma busca aumentar “los recursos con que cuentan las autoridades municipales y el Estado para impulsar el desarrollo de obras, acciones sociales básicas e inversiones en beneficio de sectores de la población que se encuentren en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”.

Sin embargo, la historia nos ha enseñado que la deuda pública también puede convertirse en una pesada carga para las generaciones futuras. La falta de planificación, la corrupción y el uso discrecional de los recursos pueden llevar a un espiral de endeudamiento que hipoteque el futuro de los tlaxcaltecas.

Ejemplos de malos manejos abundan. Han sido cientos de municipios y de estados que han contratado deuda pública, que en la mayor cantidad de casos se destinaron para el gasto corriente, es decir, para pagar nóminas, para contratar a los cuates, o para gastarlo en todo, menos en la obra pública o en el mejoramiento de los servicios otorgados a la población.

Generaciones enteras han quedado comprometidas a la desamortización de esos empréstitos.

Aquí le dejo unos nefastos ejemplos de endeudamiento irresponsable. Sin duda, la joya de la corona la representa el estado de Coahuila, que durante los sexenios de los hermanos Moreira, sumados a los del también priista Miguel Ángel Riquelme Solís, se endeudó de manera por demás preocupante.

El estado adquirió una deuda de más de 36 mil millones de pesos entre 2005 y 2011, en gran parte a través de esquemas de financiamiento opacos y con altas tasas de interés.

Esta deuda ha generado una pesada carga financiera para el estado y ha limitado su capacidad para invertir en otros rubros.

De hecho, cuando Riquelme Solís dejó el cargo el año pasado, si hubiera tenido que pagarse la deuda pública de Coahuila en ese momento, cada uno de los pobladores de la entidad tendría que haber desembolsado 11 mil 973 pesos.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refirieron que al cierre de 2017, cuando tomó posesión Miguel Ángel Riquelme Solís, la deuda pública del estado ascendía a 36 mil 270 millones de pesos. Como sabe toda persona que ha contratado un préstamo, el verdadero problema es el pago de los intereses.

En el caso de ayuntamientos, por ejemplo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2013, el ayuntamiento adquirió una deuda de más de 2 mil millones de pesos para financiar proyectos de infraestructura.

Sin embargo, muchos de estos proyectos no se completaron o resultaron ser inviables, dejando a la ciudad con una pesada carga financiera.

En 2016, el ayuntamiento de Tijuana contrató una deuda de más de 600 millones de pesos para pagar laudos laborales.

Esta deuda se adquirió sin un plan claro para generar los ingresos necesarios para pagarla, lo que ha generado problemas financieros para la ciudad.

Guadalajara, en 2018, contrató una deuda de más de 1,500 millones de pesos para financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos.

Sin embargo, la deuda se adquirió sin un análisis adecuado de la capacidad de pago del municipio, lo que ha generado preocupaciones sobre su sostenibilidad.

Quien de inmediato se posicionó al respecto fue el ex gobernador del estado y ahora senador de la República, José Antonio Álvarez Lima, en cuyo sexenio se estableció un candado para impedir el endeudamiento del estado y de sus municipios.

Ese candado había sido respetado por todos sus sucesores, que entendieron el peligro que representa la contratación de deuda, si se carece de disciplina fiscal o de suficientes avales, como es el caso de Tlaxcala y sus municipios, que dependen casi en su totalidad de las transferencias hechas por la Federación y que además tienen un bajísimo nivel de recaudación propia.

“Las deudas, tanto para los gobiernos como para las personas, son fenómenos que lastiman mucho la vida de las personas y la vida de los gobiernos”, me confió durante una entrevista este mismo jueves.

Tirando de historia, recalcó que la primera invasión francesa, ocurrida en 1838, fue con ese pretexto, de que México estaba endeudado.“Hasta hoy, el estado ha caminado sin deuda y el nivel de desarrollo es similar o mejor que en los estados que se han endeudado, porque muchas veces la deuda solo ha servido para que los funcionarios se corrompan”, alertó.

Por tal razón, llamó a los diputados locales a que organicen una consulta para preguntarle a los tlaxcaltecas si están de acuerdo en la contratación de deuda. La propuesta debe tomarse muy en serio, ante el riesgo de que se hipoteque el futuro de las siguientes generaciones.

“Yo haría un llamado fraternal, cariñoso, a mis amigos legisladores locales de Tlaxcala, para que no rompan ese candado jurídico que impide que los municipios se endeuden. Yo diría que con qué cara van a presentarse con los electores, con los ciudadanos, si sus primeras acciones legislativas son para endeudar el estado”, señaló.

Es más, el propio Andrés Manuel López Obrador reconoció la trascendencia de la medida tomada por Álvarez Lima, para establecer candados al endeudamiento. Estas fueron las elogiosas palabras del tabasqueño: “Cuando era gobernador Antonio Álvarez de Lima, se hizo una reforma para que los gobernadores no solicitaran créditos y no pudieran endeudar al estado. Es el único estado del país en donde hay cero deuda”.

Pero parece que los diputados locales de la Cuarta Transformación tienen muy poco criterio para entender cuestiones como esta.

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El cargo Deudas a la vista apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Aunque este mal trato le generó encono y la llevó a buscar el respaldo de Anabel Ávalos Zempoalteca, otrora presidenta de este instituto político, la respuesta de la hoy senadora no solo molestó a la también líder sindical, sino que acabó por definir su salida del partido que la vio encumbrarse como presidenta municipal de Zacatelco.

Aún cuando todos saben que detrás de García Sarmiento esta Beatriz Paredes Rangel la hoy diputada independiente confirmó que jamás se acercó a la ex gobernadora para hacer patente su inconformidad con las formas de quien califica como un político rezagado en sus ideas y formas. El resultado de la elección el pasado 2 de junio y la salida de los últimos distraídos del PRI confirman el señalamiento de la oriunda de Zacatelco, nadie entendió su “estrategia”.

Pero Sarmiento no fue el único que maltrató a la militancia priista, también Tulio Larios Aguilar y otras figuras buscaron a Blanca Águila Lima -todavía diputada priista en la anterior legislatura- para hacer patente su inconformidad por la manera en la que Anabel Ávalos relegaba a su equipo de las decisiones y espacios. Para la ex alcaldesa de Zacatelco bastaba con que Heriberto López Briones supiera de estos asuntos.

A lo largo de esta entrevista la líder moral de uno de los sindicatos del sector salud pretendió desmarcarse de una de las votaciones que más encono generó hacía la legislatura saliente, pues permitió el ingreso de una persona no nacida en Tlaxcala a la Secretaría de Gobierno (Segob).

Inteligente como es defendió su voto a favor de esa reforma, argumentó que su voto a favor pretendió ser incluyente y no discriminar a nadie por el hecho de no estar identificado en la entidad o por haberse alejado y regresar después de algunos años, como es el caso de Marco Antonio Mena Rodríguez, quien hizo su carrera profesional en la Ciudad de México y regresó a la entidad solo para ser gobernador. “Con menos carrera política que yo”, sentenció.

La entrevista parcial aquí y todo el contenido en YouTube.

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Éste #jueves el #PRD podría #sumar a #BlancaAguila a su FracciónParlamentaria, si la reunión entre #Cambrón y la legisladora se concreta

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El cargo Ni sumisa ni traidora; Marco Mena fue gobernador con menos carrera política que yo: BAL apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.