En un acto sin precedentes, jueces y magistrados del Poder Judicial de México han decidido hacer un paro nacional indefinido, debido a que se resisten a perder canonjías y beneficios, como muy pocos servidores públicos en México pueden llegar a soñar. Desde hace un par de días, aproximadamente 1,700 juzgadores han suspendido sus actividades en todo el país. ingenuos piensan que la masa se les unirá.

Sin embargo, no son los únicos, pues estos se adhieren a los paros que ya realizan trabajadores del Poder Judicial en 29 estados, quienes alegan que la propuesta de reforma que se discutirá en la Cámara de Diputados pretende eliminar la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales. Vaya vaya.

Sólo atienden casos urgentes o aquellos en donde se encuentra en juego la libertad de las personas, como el góber precioso, que ahora mismo goza del privilegio de la reclusión domiciliaria por cortesía de dos juezas federales adscritas en Quintana Roo, cuyo desempeño es bastante cuestionable, por decir lo menos.

Como se evidenció en la mañanera del 5 de agosto, la jueza Elsa Espinoza Salas otorgó un amparo a Mario Marín, para invalidar el dictamen que emitió un juez de Quintana Roo en 2023, y en el que se declaraba infundada la petición de liberar al exmandatario estatal.

Pero allí no paró la cosa. Díaz más tarde, otra jueza federal aplicó el clásico sabadazo, tan común entre los dizque impartidores de justicia federales.

El sábado 10 de agosto, la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, dispuso la inmediata libertad del góber precioso, aquel que ordenó que se torturara a la periodista Lydia Cacho, quien evidenció una red de pederastas protegida por Mario Marín. La jueza consideró que acreditó el arresto domiciliario en Puebla “y que esta medida es igual de eficaz para garantizar su comparecencia”.

Nomás se iba a incomodar al ex gobernador de Puebla con la portación de un brazalete electrónico, el resguardo domiciliario, la exhibición de una garantía económica de 100 mil pesos (no se vaya a quedar pobre) y la prohibición de salir del país. Y nada más.

Qué duda cabe que esas son las verdaderas heroínas de la película, papá. Esas y muchos otros jueces y magistrados coludidos con el crimen organizado o con las redes de corrupción que infestan a las fiscalías estatales y, todo hay que decirlo, a la propia FGR.

¿Por qué este paro? La reforma judicial, que se discutirá en la Cámara de Diputados busca eliminar la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales. Los trabajadores del Poder Judicial en 29 estados también se han unido a esta movilización, manifestándose afuera de las sedes del Poder Judicial.

El paro se realizará en todos los órganos jurisdiccionales del país, aunque se atenderán los casos urgentes donde esté en riesgo la vida y la libertad de las personas. Tienen el suficiente cinismo para señalar que negar estos servicios se consideraría una arbitrariedad de la autoridad.

Este conflicto plantea desafíos significativos para el sistema judicial y podría tener consecuencias a corto plazo, incluyendo retrasos en la atención de casos y daños patrimoniales.

Desde el primer minuto del miércoles, miles de trabajadores del sistema de justicia federal han incurrido en la irresponsabilidad de dejar botado el trabajo con tal de defender sus delirantes beneficios.

Lo peor es el cinismo con el que esconden que la justicia les importa un carajo y que lo suyo es el tráfico de influencias, los sabadazos y la corrupción, como se acreditó en el caso del góber precioso, Lozoya, Robles, Murillo, entre otros.

Una y otra vez se ha señalado, cuando se han comprobado conductas graves de los juzgadores, que aunque merecen ser sujetos de sanciones severas, el Consejo de la Judicatura es muy benévolo con ellos.

Cabe recordar que el Consejo es presidido por la ministra Piña, que de paso también cobra como presidenta de la Corte, violando cada quince días la Constitución, porque cada quince días se embolsa más dinero que el presidente, aunque trabaja mil veces menos que el tabasqueño.

Está comprobado que el órgano regulador de jueces y magistrados se ha limitado a aplicar sanciones muy leves, como la suspensión provisional o el cambio de adscripción, especial y extrañamente al estar dichos funcionarios involucrados en casos relevantes de corrupción o de otros delitos. En otras palabras, ellos mismo se cobijan y se encubren. Y eso es lo que se resisten a perder.

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El #embajador de #EEUU en #México respondió a la #UIF de #PabloGómez sobre la presunta #injerencia de la #embajadanorteamericana en #asuntospolíticos de #México

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Las tres de ley… 1- El hipócrita embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha vuelto a mostrar su talante intervencionista y con la carta de ayer “sobre la propuesta de reforma judicial en México” entierra sus mentirosas declaraciones hechas en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala hace unos días.

2- Basándose en su experiencia de “toda una vida apoyando al estado de derecho”, el diplomático que violenta la constitución mexicana todos los días, se dijo preocupado por la elección directa de jueces.

3- “Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, escribió Claudia Sheinbaum en sus redes y con eso le cortó la cola al alacrán güero.

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El cargo Ken Salazar: apóstol del PJF apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no le devolverá a Emilio Lozoya una mansión valuada en más de 38 millones de pesos.

El pasado 23 de noviembre, una jueza ordenó devolverle la propiedad al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex); no obstante, la Fiscalía señaló este domingo que el inmueble comprado “ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero”, sigue asegurado y no será devuelto.

Detalló que ya interpuso el recurso de apelación correspondiente, por lo que informará durante los ´próximos días la resolución. Además tachó de “inaceptable” la decisión de jueza que ordenó devolver la mansión a Lozoya.

La Fiscalía señaló que dicho inmueble también se encuentra legítimamente asegurado en otro procedimiento penal diferente a este, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con una investigación de la revista Emeequis, la mansión valuada en 38 millones de pesos se encuentra ubicada en la calle Ladera número 20, fraccionamiento Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La propiedad fue asegurada de manera preventiva en mayo de 2019 y en noviembre de 2021 se iniciaron las gestiones ante el Poder Judicial.

El exdirector de Pemex negó que la compra del inmueble se haya adquirido con recursos ilícitos; sin embargo, fue acusado penalmente.

El cargo La Fiscalía: no le devolverán a Lozoya su mansión de 38 millones de pesos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.