La Iniciativa plantea adecuaciones al marco jurídico para precisar las atribuciones de los órganos que integran el Poder Judicial, así como actualizar las disposiciones relativas a su estructura jurisdiccional y administrativa. Entre otros aspectos, contempla la regulación de juzgados especializados e itinerantes, así como que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia proponga al Órgano de Administración Judicial el nombramiento de jueces interinos.

Asimismo, el diputado Héctor Ortiz propone que la Unidad de Igualdad de Género incorpore también funciones en materia de Derechos Humanos, además de sustituir el Instituto de Capacitación Judicial por una Escuela Judicial, a la que se destine al menos el uno por ciento del presupuesto general anual del Poder Judicial para el desarrollo de sus funciones.

Con estas modificaciones, se plantea adecuar la legislación secundaria a la nueva configuración del Poder Judicial del Estado y establecer las bases normativas para el funcionamiento de sus órganos y áreas conforme al marco constitucional vigente.

Tras su presentación, la Iniciativa fue turnada a las Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente.

El cargo Propone Héctor Ortiz reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Como parte de las acciones que se realizan para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), este día la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes, presidió la reunión de trabajo con las y los magistrados del pleno, en la que se dio seguimiento al análisis, revisión y adecuación de las normas locales como el Código Civil del Estado de Tlaxcala, el Código Penal, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley de Adopciones, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

De esta forma, las y los magistrados refrendaron su compromiso para trabajar por un adecuación y fortalecimiento de estas normas para una correcta implementación de la legislación nacional procesal en materias Civil y Familiar.

La presidenta del TSJE, Fanny Margarita Amador Montes, indicó que el objetivo de estas reuniones de trabajo, es avanzar en la medida de lo posible con la armonización que se requiere de diferentes leyes que serán vitales para la implementación del nuevo CNPCyF.

Destacó que éste es un primer bloque de iniciativas, pues el número de ordenamientos a armonizar es elevado, pero el objetivo es avanzar con las iniciativas que prácticamente se tienen listas para ser presentadas ante el Congreso del Estado.

Precisó que los tiempos son ajustados para el Poder Judicial, pues además de toda la infraestructura física y la permanente capacitación tanto de los impartidores de justicia como de litigantes y justiciables, también se deben adecuar las leyes necesarias para evitar cualquier elemento que pudiera frenar la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Precisó que el plazo establecido en la ley para la implementación del nuevo CNPCyF vence el primer día de abril de 2027.

El cargo Avanzan en el Poder Judicial trabajos de armonización de leyes con el CNPCyF apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La propuesta de la diputada Mastranzo, establece la obligación de transmitir en vivo y en tiempo real las sesiones públicas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como regular la celebración de sesiones virtuales bajo supuestos específicos, garantizando que las resoluciones emitidas a distancia tengan plena validez jurídica. Asimismo, contempla la creación de una Biblioteca Virtual de Sesiones para asegurar el acceso público a las deliberaciones judiciales, bajo el principio de máxima publicidad.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que la transparencia judicial no debe limitarse a la publicación de sentencias, sino abrir el proceso deliberativo al escrutinio ciudadano, en armonía con los artículos 6° y 17 de la Constitución Federal, así como con los artículos 19 y 85 Bis de la Constitución local, fortaleciendo la confianza institucional y proscribiendo cualquier forma de justicia secreta.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, conforme al procedimiento legislativo previsto en la normatividad interna del Congreso del Estado.

El cargo Impulsa Ana Bertha Mastranzo Justicia Abierta y Transparencia Judicial en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En entrevista, el también coordinador de la bancada de Morena detalló que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos ya trabaja en el borrador de la nueva normatividad, misma que será turnada en próximas semanas a la Junta de Coordinación Política y al pleno, para su análisis y eventual aprobación en un periodo extraordinario que podría celebrarse a mediados de julio.

“Es una reforma total. La ley actual ya no contempla las nuevas figuras ni las atribuciones de los órganos recién creados, porque estamos hablando de tribunales que no existían, como el Tribunal de Disciplina Judicial o el órgano administrativo autónomo, por lo tanto, requerimos una nueva Ley Orgánica integral, que regule las funciones de jueces, juezas, magistrados y magistradas, en el nuevo modelo de justicia local”.

Con la elección judicial celebrada el 1 de junio y la inminente entrega de constancias de mayoría por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), la ruta legislativa se torna urgente, pues Campech Avelar enfatizó que la nueva ley deberá estar vigente antes de que entren en funciones los titulares electos, pues la norma actual no reconoce las competencias ni la estructura del Poder Judicial recientemente reconfigurado.

“No podríamos tener un nuevo Poder Judicial funcionando con una ley vieja. Sería jurídicamente inviable. Los ciudadanos ya votaron, hay resultados en puerta, pero falta que el Congreso haga su parte, porque la ley vigente simplemente no contempla las nuevas realidades. Por eso esta reforma es impostergable”, abundó.

Interrogado sobre si el Congreso trabajará en conjunto con integrantes del Poder Judicial en la redacción de esta nueva ley, Campech Avelar aclaró que ello dependerá de la Comisión dictaminadora, aunque recordó que la facultad legislativa es exclusiva del Congreso del estado.

“Podrían considerarse opiniones técnicas o reuniones de trabajo, pero la redacción y aprobación es facultad del Legislativo. Lo importante es que la ley esté lista, clara y funcional, antes de que los nuevos titulares asuman sus cargos”, acotó.

CON INFORMACIÓN DE JUAN LUIS CRUZ PÉREZ DE LA JORNADA DE ORIENTE

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