Las modificaciones aprobadas armonizan el marco jurídico local con las reformas federales en la materia, incorporando mecanismos de coordinación interinstitucional de los diversos órdenes de gobierno, permitiendo un modelo de seguridad ciudadana apegado a los estándares nacionales, que permita la colaboración efectiva entre las Instituciones de Seguridad Ciudadana que se traduce en mejores resultados para la ciudadanía.

De igual manera, las reformas contemplan la implementación de la Academia Policial, el fortalecimiento del Consejo de Honor, la Justicia Policial y el impulso al Servicio Profesional de Carrera Policial, a fin de garantizar procesos transparentes de ingreso, promoción, profesionalización y evaluación de las y los elementos priorizando que no podrán ser integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana los deudores alimentarios ni las personas inscritas en los registros de violentadores, con ello, se busca que la entidad cuente con cuerpos policiales altamente capacitados, cercanos a la ciudadanía y respetuosos de los derechos humanos.

La reforma también eleva a rango de ley las Mesas para la Construcción de la Paz y sus vertientes municipales, con el objetivo de fomentar la participación comunitaria en las estrategias de prevención del delito y recuperación del tejido social. Este modelo permitirá la implementación de políticas públicas basadas en la participación ciudadana, más eficaces, adaptadas a las realidades locales, en beneficio de la paz y la seguridad de las familias tlaxcaltecas.

Para seguir con su trámite legislativo, se instruyó a la Secretaría Parlamentaria envíe el decreto al Ejecutivo para su sanción y publicación correspondiente.

El cargo Aprueba Congreso reformas a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Al hacer uso de la tribuna legislativa, Águila Lima expuso detalles específicos de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, en la que Tlaxcala evidencia diversas áreas de oportunidad, por ejemplo, remarcó, el incrementó de la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes.

En este sentido, dijo que en la entidad la población sigue no únicamente percibiendo los efectos negativos de la inseguridad, sino también es víctima de delitos recurrentes como el robo de autos, robo a casa habitación, extorsión, entre otros.

El fenómeno de la inseguridad, remarcó, se ve alimentado por una falta de denuncia de la población tras haber sido víctimas de delitos, pues de acuerdo con la encuesta de referencia, dijo, “seguimos observando que hay un área de oportunidad de urgente atención, pues se estima que en el 2024 se denunció apenas el 11% de los delitos de los cuales el Ministerio Público”.

La legisladora independiente apuntó que negar o minimizar los resultados de la ENVIPE 2024 es ignorar la evidencia de una institución seria y sin sesgos y, de paso, dejar de lado las necesidades y preocupaciones de la población tlaxcalteca.

“Se requiere una reconfiguración profunda del gabinete de seguridad, una estrategia clara de prevención del delito y un compromiso firme para atacar las causas que alimentan la violencia”, sostuvo.

Planteó este contexto luego de que durante la discusión del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, la legisladora planteó una reforma en la que solicitó modificar el artículo 28 de la citada Ley, con la intención de permitir que se eleve el índice de policías por cada mil habitantes con base en indicadores nacionales e internacionales.

La propuesta específica de Blanca Águila Lima fue que, “la corporación deberá contar con un estado de fuerza que, en conjunto con el estado de fuerza operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignado a la región que comprenda el municipio de que se trate, cumplan con lo establecido en los parámetros internacionales respecto al número de policías por cada mil habitantes”.

Lo anterior al señalar que es limitante que, como se estableció en iniciativa, “La corporación deberá contar con un estado de fuerza de al menos un policía por cada mil habitantes”.

Sin embargo, la propuesta planteada por Águila Lima fue rechazada por la mayoría de las y los diputados presentes durante los trabajos parlamentarios.

Pese a ello, la legisladora recalcó que el compromiso debe mantenerse firme, pues la reforma aprobada representa un punto de partida que obliga al gobierno estatal a dar resultados tangibles y medibles en materia de seguridad pública.

Finalmente, subrayó que seguirá insistiendo en la necesidad de fortalecer la estrategia de seguridad en todos sus niveles, con acciones coordinadas y presupuestos suficientes, pues dijo que, “votar por un número de policías por cada mil habitantes, menor a los estándares nacionales e internacionales, también hará historia”.

El cargo Blanca Águila: tras aprobación de reforma a Ley de Seguridad, no hay pretexto para dar buenos resultados en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la lectura de la iniciativa, la diputada Maribel Cervantes refirió que el banco genético estaría a cargo del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y contendría información genética de los elementos policiales estatales, municipales y de seguridad privada. Su finalidad principal será la de coadyuvar en la identificación de personas desaparecidas o en la investigación de actos delictivos en los que puedan estar involucrados integrantes de dichas instituciones. La iniciativa contempla estrictas medidas de confidencialidad y protección de datos personales.

La iniciativa reconoce al perfil genético como un dato personal sensible y establece que todo el proceso, desde la extracción de muestras hasta su almacenamiento y uso, deberá apegarse a la legislación en materia de protección de datos. Asimismo, plantea sanciones para quienes hagan uso indebido de esta información, incluyendo responsabilidades administrativas, civiles o penales, según sea el caso.

La propuesta fue turnada para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, así como a la de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos.

El cargo Propone Grupo Parlamentario del PT creación de Banco Genético para cuerpos de seguridad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso local aprobó la expedición de la nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, en cuyo contenido se prevé la figura de Mando Coordinado para que el gobierno estatal coadyuve con los municipios en el abatimiento de los índices de inseguridad, además de que se crea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, como un órgano desconcentrado del Ejecutivo.

El nuevo ordenamiento establece la creación de tres registros estatales que son el de efectivos, el de armas y el de vehículos, los cuales están destinados a combatir la delincuencia en territorio estatal.

En lo que se refiere al Registro Estatal de Efectivos, la nueva ley establece la obligatoriedad de que solamente podrán ser contratados como policías, las personas que cuenten con la certificación expedida por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

Asimismo, se instaura el hecho de que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y los subsecuentes titulares del Ejecutivo, así como sus respectivos cónyuges, concubinos e hijos, lo mismo que “todos los servidores públicos que hayan tenido funciones en materia de seguridad y procuración de justicia”, cuenten con un servicio de escoltas provenientes de seguridad pública, una vez que hayan concluido su periodo constitucional en el cargo. El mismo beneficio tendrán las magistradas y magistrados del Poder Judicial, y la persona titular de la Secretaría de Gobierno.

Para acceder a este servicio, los funcionarios habrán debido desempeñar el cargo durante al menos dos años y la protección se otorgará por el tiempo igual al que se estuvo en funciones, prorrogable por un término igual, “siempre que el interesado acredite fehacientemente ante el Comité de Autorización de Escoltas que subsiste tal necesidad y la cantidad de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex servidores públicos”.

Cabe recordar que la iniciativa aprobada este jueves por el Congreso del Estado fue enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, como una iniciativa preferente, en el inicio del actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, que inició el pasado 15 de enero.

Con esta nueva ley fue abrogada aquella expedida en 2014 durante el gobierno de Mariano González Zarur, sólo que ahora se crea el Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, que a su vez se integrará “con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones coordinadas”, de conformidad con las facultades constitucionales de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Este sistema contará con un Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, así como consejos municipales y regionales, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, que a su vez será un órgano desconcentrado del Ejecutivo estatal, que estará a cargo de un titular designado y removido libremente por quien ocupe la gubernatura.

La ley establece la instauración del Programa Estatal de Seguridad Ciudadana, que en el texto legal está definido como el instrumento de política pública que contiene las acciones que en forma planeada y coordinada deberán realizar las instituciones de Seguridad Ciudadana en el corto, mediano y largo plazos, de conformidad con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana.

En lo que se refiere al Mando Coordinado, éste será un esquema de colaboración y coadyuvancia en el que se deliberará la pertinencia de una intervención en los municipios, a fin de colaborar en el fortalecimiento institucional e individual de las instituciones municipales de seguridad. Sin embargo, dicho mando será por un tiempo máximo de tres meses, y a petición de parte, con el único fin de disminuir los índices delictivos, la contención de la comisión de delitos de alto impacto, la recuperación de la paz, la reconstrucción del tejido social y la salvaguarda de los derechos de los habitantes de los municipios.

Por otra parte, la nueva ley impulsa y reconoce la Carrera Policial a través de la profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana, para lo cual se crea la Dirección de Desarrollo Policial, el Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Ciudadana.

También fue creado el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, que será una unidad administrativa adscrita al Secretariado Ejecutivo y aplicará evaluaciones para la certificación, tanto en los procesos de selección de aspirantes como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los mismos.

Por último, en los artículos transitorios se establece el plazo de un año, a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la nueva ley, para emitir las Leyes de Condecoraciones, Estímulos y Recompensas de las Personas Integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana, de Disciplina de Seguridad Ciudadana y de Promociones y Ascensos para las Personas Integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Diputados del PAN, PRI y PRD reconocieron el contenido del nuevo ordenamiento legal, por lo que le dieron su respaldo afirmando que no regatearían el beneficio que traería para el estado de Tlaxcala.

El cargo Aprueba Congreso nueva Ley de Seguridad Pública; habrá Mando Coordinado y seguridad para gobernadores apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.