En un oficio dirigido a los integrantes, así como en un escueto comunicado, el presidente de la Comisión, Leonel Godoy Rangel, informó que se cancela la cita de este lunes, prevista para las 18 horas.

Esto, después de que, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó en conferencia de prensa que, para atender las solicitudes de los grupos parlamentarios de pAN y PRi, decidió solicitar a la comisión posponer unos días la votación del dictamen.

“Que no se apresure, que no se precipite. Lo que decida la comisión”, dijo Monreal Ávila por la mañana en conferencia de prensa.

Refirió que ha hablado con los coordinadores de la oposición, quienes le han comentado que la reforma se trata de “un albazo” y le pidieron más días para ampliar el debate.

“Yo no tengo inconveniente, como presidente de la Junta de Coordinación solicitaré hoy más tarde al presidente de la comisión, Leonel Godoy Rangel, que pueda esperar unos días mientras se amplía el debate entre los diputados para deliberar unos días”, dijo Monreal.

A las 13:30 horas, el legislador confirmó que se había comunicado ya con su compañero de bancada y que éste había aceptado posponer el debate, y que haría el aviso alrededor de las 3 de la tarde.

No se trata de precipitar la reforma, porque “no estamos haciendo nada indebido. Y si nos asiste la razón histórica, la razón moral y política, no tenemos porqué precipitar un tema tan importante”, expuso Monreal durante la conferencia.

Dijo que si bien la comisión determinará el proceso, porque ya tiene el proyecto de dictamen, solicitará a Godoy “que pueda posponer la discusión y la aprobación del dictamen para los próximos días”.

Indicó que también volverá a dialogar con los coordinadores “para decirles que he aceptado su sugerencia de dar más días a la discusión”. Acotó que, el hecho de que se aplace unos días, no quiere decir que la iniciativa se vaya a congelar.

El proyecto de dictamen está sustentado a partir de una iniciativa presentada en septiembre por Morena en la cual planteó adelantar el ejercicio para “aumentar la participación ciudadana, ahorrar recursos y reducir la ‘fatiga electoral’ en la ciudadanía”.

Actualmente, el citado artículo prevé que la revocación de mandato se podrá solicitar durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del sexenio, pero con el cambio se quiere adelantar a los tres meses posteriores a la conclusión del segundo año, esto es entre el 1o de octubre y el 31 diciembre de 2022.

Además, el artículo define que la votación se realice el domingo siguiente a los 90 días posteriores al día de la convocatoria y en fecha que no coincida con las jornadas electorales federales o locales. Con la disposición vigente, el primer ejercicio de este tipo se realizó en abril de 2022.

Sin embargo, con la enmienda que planteó Morena, se quiere que la consulta se realice el mismo día y durante la jornada electoral para elegir a los diputados federales.

El proyecto también considera que en la misma fecha se pueda realizar una consulta popular, que hasta ahora está prevista en agosto, lo que también empataría ese ejercicio con las elecciones y la revocación.

El proyecto distribuido a los integrantes de la Comisión resalta que, tanto en consultas populares previas como en el ejercicio de revocación de mandato de 2022, la participación fue baja, en contraste con votaciones ordinarias.

“Celebrar el ejercicio de revocación de mandato en una jornada separada de las elecciones ordinarias federales ha demostrado ser ineficiente, costoso y poco eficaz en términos de participación”, sostiene la comisión.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA

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Al iniciar el encuentro –que se retrasó por algunos minutos debido a fallas de conexión de varios diputados que no asistieron de manera presencial–, el presidente de la comisión, Leonel Godoy Rangel (Morena), notificó que la junta directiva de esta instancia legislativa acordó que las reservas y la discusión sobre la enmienda se presentarán hasta su análisis en el pleno, dado que la minuta fue aprobada por consenso en el Senado.

Asimismo, anunció que los diferentes grupos parlamentarios sólo designarían a un legislador para hablar en la sesión, lo que abrevió el encuentro a tan sólo 53 minutos, durante los cuales todos los diputados argumentaron en favor del dictamen.

De manera coincidente, las bancadas de todos los partidos políticos señalaron que la propuesta de reforma al artículo 21 de la Carta Magna puede ayudar a mejorar la coordinación interinstitucional entre la SSPC y otras instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno, que es el principal factor para disminuir la delincuencia.

“En sexenios pasados se pensaba que la mejor estrategia de seguridad era combatir la violencia con más violencia. Esta reforma fortalecerá la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad de manera eficiente y coordinada, mediante la implementación de inteligencia, datos estratégicos y tecnología de punta para investigación de delitos”, destacó Irma Garay, del PT.

Por su parte, Ricardo Astudillo (PVEM) resaltó que la enmienda permitirá que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública podrá auditar los fondos que reciben todos los municipios del país en materia de combate a la delincuencia, para asegurarse de que se les dé buen uso.

De igual forma, dijo, se abre la puerta para que las localidades que no han tenido acceso a recursos federales en este ramo, puedan hacerlo a partir de ahora, además de unificar criterios en temas de seguridad.

El panista Fernando Torres señaló que el de la inseguridad es un asunto que debe analizarse “con mirada de Estado, y dejar de politizar un tema que le preocupa a la ciudadanía”, y aunque adelantó que su partido votaría a favor del dictamen, también señaló que deben monitorearse los resultados de este cambio constitucional.

“Iremos a favor en un voto que no es de confianza, sino de exigencia: exigimos coordinación, transparencia en el uso de recursos públicos, y profesionalización de los órganos de seguridad pública”, recalcó.

En la sesión estuvo presente la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de San Lázaro, Jessica Saiden Quiroz (Morena), quien saludó la coincidencia de todos los grupos parlamentarios en el aval a esta iniciativa, que “permitirá mejorar la coordinación de la SSPC con la FGR y demás cuerpos de seguridad”.

El dictamen fue aprobado por unanimidad de 37 votos en favor, y se remitirá a la Mesa Directiva de la Cámara, la cual convocará en los próximos días a la votación en el pleno.

Con información de La Jornada

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Así lo adelantaron Olga Sánchez Cordero y Leonel Godoy Rangel, dos de los 15 integrantes de un grupo de trabajo creado por la bancada de Morena para revisar el proyecto de decreto.

Vamos a ordenar nuestras propuestas porque los nuevos diputados tienen, sin duda, propuestas. Las vamos a ordenar, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver cuáles son de procedimiento y cuáles son sustantivas”, explicó Godoy.

Aunque no precisó las modificaciones que ha formulado, Sánchez Cordero adelantó que se trata de varios asuntos que buscan, por un lado, dar mayor claridad a los requisitos de idoneidad que deberán tener quienes vayan a las urnas; es decir, de los futuros juzgadores y, por otro, quitar de la reforma temas que deben formularse en las leyes secundarias.

Aclaró que los dos puntos irreductibles de la propuesta presidencial son la erradicación del Consejo de la Judicatura, a sustituirse por un tribunal de disciplina judicial, y la elección de jueces mediante voto.

El dictamen será presentado en una primera lectura este domingo. El lunes comenzará el debate en el pleno y se prevé que el jueves 5 de septiembre la reforma pueda estar aprobada en lo general y en lo particular.

CAMBIARÁN REQUISITOS Y PROCESO DE ELECCIÓN

El dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación que este jueves recibió la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados tendrá cambios de procedimiento, particularmente en lo relativo a la idoneidad de candidatos a jueces y sus procesos de selección.

Así lo informaron los legisladores de Morena Olga Sánchez Cordero y Leonel Godoy Rangel, integrantes del grupo de trabajo que la bancada mayoritaria integró para revisar el proyecto de decreto.

Vamos a ordenar nuestras propuestas porque los nuevos diputados tienen, sin duda, propuestas y las vamos a ordenar; vamos a ver de qué se trata, vamos a ver cuáles son de procedimiento y cuáles son sustantivas”, explicó el diputado Godoy.

Por ejemplo, las que nos presentó la diputada Olga Sánchez Cordero son sustantivas. Por eso, se llama Grupo de Trabajo, estamos trabajando”, contó quien en la anterior Legislatura fue destacado integrante de la dictaminación de la reforma.

En entrevista, la ministra en retiro aclaró, sin embargo, que los dos irreductibles de la propuesta de reforma presidencial son la erradicación del Consejo de la Judicatura Federal, a sustituirse por un tribunal de disciplina judicial, y la elección mediante voto popular de jueces.

Aunque no precisó las modificaciones que ha formulado, la diputada Sánchez Cordero adelantó que se trata de varios asuntos que buscan por, un lado, dar mayor claridad a la idoneidad de los futuros juzgadores y, por otro, quitar de los cambios constitucionales situaciones que deberían formularse en las leyes secundarias.

Las constituciones del mundo contienen única y exclusivamente los principios, las normativas fundamentales de una Constitución, por supuesto, los derechos humanos, la garantía de estos derechos, pero así ha sido ya la costumbre mexicana de llevar todo a la Constitución, incluso los detalles que pueden ir en leyes secundarias e incluso en reglamentos”, explicó la ministra en retiro.

Hay una apertura para escuchar también nuestras diversas posiciones, yo ya entregué mi propuesta; son propuestas propositivas, teniendo en consideración los irreductibles de la reforma del señor Presidente”, enfatizó.

Cuestionada respecto a los temas de las propuestas más importantes que hizo para modificar el dictamen, comentó:

Sí, como no, ¿cuáles son las más importantes?, pues los requisitos de idoneidad, el perfil de quiénes van a ir a las urnas”.

Desde el 29 de agosto, en la sesión constitutiva de la nueva Legislatura, la también exsecretaria de Gobernación ejemplificó que el dictamen contenía asuntos que competen a una regulación secundaria como el promedio de 8 de calificación para los aspirantes a juzgadores o las tres cartas de recomendación de sus vecinos o compañeros de trabajo.

Dijo que habrá que esperar a ver cuáles son las propuestas que se aceptan, asumiendo que habrá algunas desechadas. “Pero en lo que sí, yo puedo estar muy tranquila, es que son para mejorar”.

La ahora exsenadora había señalado en los trabajos preparatorios de la diputación de Morena que el proyecto de decreto que se avaló en la Comisión de Puntos Constitucionales de la anterior Legislatura tenía “sus bemoles”, mismos que ella consideraba necesario revisar.

Ayer, en el marco de la primera reunión del grupo de trabajo que creó el jefe de la bancada, Ricardo Monreal, para analizar el dictamen, y en el que participan 15 diputados, Godoy aclaró que la actual revisión del texto no altera el calendario programado para sacar adelante la reforma la próxima semana.

Este grupo de trabajo se hizo justo para discutir las diferencias, porque la unidad del grupo parlamentario no está en duda, vamos a ir todos juntos”, remarcó.

Reseñó que también hay propuestas de la diputada Irma Juan Carlos relacionadas con la justicia en el contexto de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas.

El dictamen será presentado en una primera lectura este domingo, una vez que concluya la sesión de Congreso General, toda vez que como se trata de una reforma constitucional debe darse tiempo para su revisión.

El lunes, según ha detallado Monreal, comenzará el debate en el pleno, por lo que se espera que el jueves 5 de septiembre la reforma pueda estar aprobada en lo general y en lo particular.

Con información de: Excelsior

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