El Partido Acción Nacional (PAN) y sus aliados de la oposición han convertido el juicio político en un instrumento de distracción y revancha. Apenas presentaron una solicitud contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico —acusaciones que provienen del exterior y que merecen escrutinio serio—, Morena respondió con un contraataque que desnuda la inconsistencia opositora: impulsar el juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

Esta réplica no es mera venganza. Es, en términos prácticos, más viable y necesaria en el corto plazo. El Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados mantienen una mayoría clara, permite avanzar con mayor probabilidad un procedimiento contra Campos.

La dirigente nacional morenista Ariadna Montiel lo ha enmarcado correctamente: no se trata de politizar la seguridad, sino de exigir responsabilidades por hechos concretos que afectan la soberanía nacional.

Por qué priorizar Chihuahua es razonable, sencillo: Los eventos del 19 de abril en la Sierra Tarahumara involucran la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano sin la transparencia debida, violando la constitución política del país.

Una gobernadora que supuestamente facilita o tolera la entrada de inteligencia extranjera sin informar oportunamente al Congreso del estado ni al Senado incurre en un agravio grave a la soberanía. De eso no hay duda, no está a analisis, se trata de hacer cumplir la ley a secas.

México no es patio trasero de nadie, y menos de agencias que históricamente han operado con agendas propias. Exigir el informe completo, la comparecencia efectiva y, en su caso, retirar el fuero no es persecución: es defensa institucional mínima, es justicia y sobre todo acabar con la impunidad institucional.

Maru Campos acumula además otros elementos objetivos: baja asistencia a las Mesas de Coordinación para la Construcción de Paz en Palacio Nacional, ausencia en momentos clave de debate legislativo y una gestión de seguridad en Chihuahua que, más allá de discursos, presenta pendientes visibles en regiones históricamente complejas como la Tarahumara.

Priorizar este caso no ignora otros; simplemente reconoce que un gobernadora en funciones, con capacidad operativa directa sobre territorio y fuerzas estatales, representa un riesgo más inmediato si existen indicios fundados de irregularidades en materia de soberanía y coordinación federal-estatal. Su animadversión es clara al gobierno de su país, y también muy clara a favor de cualquier intervención.

En contraste, las acusaciones contra Rocha Moya, aunque graves si se comprueban, provienen en gran medida de señalamientos externos (EE.UU.) que México debe evaluar con autonomía.

Darles peso automático equivaldría a subordinar la agenda interna a narrativas extranjeras, algo que la oposición critica cuando le conviene y celebra cuando afecta a sus rivales.

La consistencia exige investigar todo, pero con orden de prioridades: primero lo que ocurre dentro de nuestras fronteras bajo responsabilidad directa de autoridades mexicanas en ejercicio.

El PAN y su bloque exhiben un doble rasero escandaloso. Claman por “justicia” contra Rocha Moya al primer indicio externo, pero defienden con uñas y dientes a Campos incluso cuando se cuestiona la entrada de agentes extranjeros y la falta de información al Poder Legislativo.

Recibir con bombo a figuras como Isabel Díaz Ayuso mientras se evade comparecer ante el Senado mexicano habla de prioridades cosméticas y de clase, no de Estado. Criticar a Morena por “politizar” mientras ellos usan el juicio político como ariete selectivo es puro cinismo.

La oposición parece más interesada en mantener cuotas de poder regional y en victimizarse que en resolver los problemas estructurales de seguridad y coordinación. Su estrategia —presentar primero y gritar más fuerte— busca generar ruido mediático y polarización, no claridad muy al estilo de Ricardo Anaya.

Mientras tanto, la concentración convocada para el 16 de mayo en Chihuahua y el impulso legislativo de Morena reflejan una respuesta que, más allá de lo partidista, toca fibras sensibles: soberanía, rendición de cuentas y coordinación real en seguridad.

Ningún gobernador está por encima de la ley. Ni Rocha Moya ni Campos. Pero en política, como en medicina, se atienden primero las emergencias más urgentes y verificables.

La prioridad contra Maru Campos es viable por la correlación de fuerzas en el Congreso y necesaria por la naturaleza de los hechos: involucran territorio, agentes extranjeros y una mandataria en funciones. Investigar lo demás —incluidas las acusaciones contra Rocha— debe continuar, pero sin dejarse arrastrar por la agenda que marca Washington o el PAN.

La Cuarta Transformación no inventó los juicios políticos; simplemente los usa cuando le toca. La oposición, que los aplaudía cuando servían para derribar adversarios, ahora llora “persecución”.

Esa es la verdadera politización: no la que exige informes y comparecencias, sino la que pretende blindar a los suyos mientras señala con el dedo ajeno. Necesitamos instituciones fuertes, no gobernadores intocables.

El cargo La hipocresía como arma apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.