La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sandra Guadalupe Aguilar Vega, presentó una iniciativa para adecuar el Código Civil de Tlaxcala y permitir que niñas, niños y adolescentes puedan modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género.

La propuesta surge a partir de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales establecen que negar este tipo de trámites puede representar un acto discriminatorio y una violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

De aprobarse, el proceso permitiría que madres, padres o tutores legales soliciten, en representación de los menores, la expedición de una nueva acta con los datos de identidad de género correspondientes.

En caso de desacuerdo por parte de quienes ejercen la tutela, el Estado intervendría como garante para asegurar el acceso a este derecho mediante un procedimiento administrativo.

La iniciativa contempla reformas y adiciones a diversos artículos del Código Civil estatal, con el objetivo de armonizar la legislación local con los criterios emitidos a nivel nacional.

El cargo Proponen garantizar a menores el derecho a una identidad de género legal apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

• La iniciativa busca fortalecer la certeza jurídica y armonizar la legislación local con el marco constitucional vigente.

La diputada local Sandra Guadalupe Aguilar Vega presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de actualizarla y alinearla a los cambios ya registrados en el marco constitucional y legal, tanto a nivel federal como estatal, así como a las nuevas disposiciones en materia electoral y administrativa.

Al explicar la propuesta, la legisladora señaló que uno de los primeros ajustes consiste en suprimir de dicha ley a las consejerías y magistraturas electorales locales, ya que actualmente cuentan con mecanismos y procedimientos específicos para atender posibles responsabilidades.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es precisar con claridad quiénes son sujetos a juicio político, debido a que, con el paso del tiempo, se fueron incorporando cargos y figuras que hoy se rigen por esquemas distintos en materia de responsabilidades administrativas.

Asimismo, la reforma contempla ajustes derivados de modificaciones legales recientes, como el uso correcto de la denominación Fiscalía General de Justicia del Estado, así como la integración expresa de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal de Justicia Administrativa, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado, así como del órgano de administración judicial.

La diputada Aguilar Vega subrayó que estas adecuaciones buscan fortalecer la certeza jurídica, no solo para las personas servidoras públicas, sino también para el Congreso del Estado, cuando actúa como instancia instructora y resolutora en los procedimientos de responsabilidad y para quienes tengan interés jurídico para presentar las denuncias correspondientes.

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