Nadie puede aplaudir o regodearse del despido de una persona, mucho menos si ese despido es injustificado, pero de acuerdo con información proporcionada por la propia titular del poder ejecutivo, la salida de Enrique Escobar está sustentada en la ley.

El primer argumento para cesarlo de sus funciones fue por “incumplir sus encomiendas laborales”, y por atentar ir en contra del interés superior del pueblo, lo que aparentemente se configura en este caso, o al menos así lo argumenta la parte oficial.

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De victimarios a víctimas del 7 de mayo

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De ambos bandos hubo respuesta, los que están a favor del clan Tlapale/Escobar han emitido muestras de respaldo para el trabajador despedido, mientras los opositores celebran su baja recordandole que en el 2014 no mostró solidaridad para con los trabajadores que fueron despedidos INJUSTIFICADAMENTE en ese sexenio.

Si los elementos ofrecidos por la parte patronal se comprueban y efectivamente los trabajadores sindicalizados no cumplían con sus tareas, ¿por qué los que hoy se victimizan pensaron que tendrían un trato preferencial?

De acuerdo con fuentes internas al sindicato 7 de mayo, algunos de los allegados a Escobar y Tlapale tenían la certeza de que manteniendose en el frente opositor tendrían canonjias similares a las conseguidas con González y Mena. Todo a base de presión.

Desafortunadamente para ellos la realidad fue otra y por incumplir con sus actividades fueron despedidos, tal como sucede con cualquier trabajador que incumple con su contrato.

Ahora que si se comprueba que su despido forma parte de una revancha política, como sucedió en la administración de Mariano González Zarur, entonces no tienen por qué temer. La autoridad le dará la razón y se le reinstalará, justo como sucedió con sus compañeros en el 2022, ¡¡ocho años después de ser corridos!!.

EL ANTECDENTE

El pasado 10 de mayo del 2022 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala declaró procedente la cancelación de la Toma de Nota a Edgar Tlapale Ramírez como Secretario General del Sindicato 7 de Mayo y gracias a eso una veintena de trabajadores recuperaron el sustento para sus familias.

El antecedente de este caso se remonta al mes de agosto del 2014, cuando avalado y respaldado por Mariano González Zarur el entonces secretario, Edgar Tlapale, arremetió contra sus padrinos políticos Guadalupe Rodríguez y Pedro Erazo. A ellos y al menos 15 miembros más Tlapale les “tramitó” sus “vacaciones permanentes”.

Así transcurrieron los años en los que cada vez que los Rodríguez-Erazo sentían que la autoridad les daría la razón, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se inventaba alguna “chicanada” para dejar sin resolución a los interesados. Todo con el aval de Zarur/Mena y a petición de Tlapale.

Ese mismo grupo que violentó a sus compañeros desde el Comité de Vigilancia y resguardados en el Comité Estatal están viviendo un escenario similar, en el que ahora si observan violaciones a sus derechos laborales. Se dicen perseguidos políticos.

Las tres de ley… 1- Ante este tipo de arbitrariedades que puede decir el equipo de Edgar Tlapale y Enrique Escobar, con qué cara pueden hablar de “revancha política”, cuando son señalados por jubilados, pensionados y trabajadores en activo, de abandonar sus causas mientras estuvieron a las ordenes del PRI de Zarur, a quien le entregaron el “S7” en cada jornada electoral.

2- Ahí están los trabajadores de Chiautempan, los del Congreso del Estado, los de Apetatitlán y los más de 100 burócratas que Salvador Santos Cedillo despidió en Huamantla, a ellos nadie les ha hecho justicia y si Escobar hubiera tenido continuidad con el PRI, tampoco lo haría. ¿o será que para eso fueron a buscar a Alejandro Moreno Cárdenas y Mariano González Aguirre el pasado sábado?, siendo así con seguridad el diputado federal intercederá por su causa.

3- Que tristes se veían ayer los miembros del S7, ya sin fuerza, apenas respaldados por menos de una decena de sus “incondicionales”. Se les acabó el encanto o su movimiento se les hizo calabaza.

Si el movimiento de trabajadores va a continuar, y debería porque la razón les asiste, que sea por los causes legales, con la seguridad de que la lucha es para exigir y rescatar sus derechos laborales, y no para negociar una toma de nota, como lo hacían Tlapale y Escobar.

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El cargo El verdugo se quejó apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Gobernadora Lorena Cuéllar confirmó el despido de Enrique Escobar Cortez, integrante del sindicato 7 de mayo, por haber faltado a la Ley de servidores públicos.

Agregó que apenas el 14 de septiembre mantuvo una conversación con este personaje, en la que abordaron el tema del nuevo sistema de salud y sus beneficios.

“A que me comprometí (en esa reunión) a conservarles todos los especialistas que tenían” refirió la mandataria, tras asegurar que nunca se cerró el diálogo y se mantuvieron las puertas abiertas y la voluntad política.

Sin embargo y ante la cerrazón que mostró él y su grupo, señaló que se tuvieron que tomar las medidas necesarias.

Frente a los medios de comunicación, la mandataria leyó el artículo 34 de la legislación en la materia, y por la cual, aseguró, se justifica la destitución de los trabajadores, que, a pesar de no haber dicho sus nombres, se sabe se refiere a Enrique Escobar, y otros personajes como Luis Miguel Ordóñez y Julieta Berruecos.

“Ningún servidor público podrá ser cesado si no es por causa justificada, en tal virtud, el nombramiento de los trabajadores, sólo dejará de surtir efectos, y, en consecuencia, terminará la relación laboral sin responsabilidad para los Titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, por causas como: incurrir en actos de violencia amagos, injurias o malos tratos en contra del titular o del o del personal directivo, administrativo o de sus compañeros o en contra de los familiares de unos y otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio” refirió.

A la que, si nombró, fue a Yeny Chárrez, a quien acusó de desvirtuar la información, tras los señalamientos que ha hecho de desabasto de medicamentos en los nuevos módulos de atención a la salud.

“Ustedes escucharon que alguna vez, la compañera Chárrez, que no quiero nombrar, pero fue a uno de los módulos y decía “vean como no les entregan el medicamento” … pero lo que no dice, es que era un medicamento que era de Estados Unidos” subrayó.

Como parte de la entrevista colectiva refirió que se continuará con la purga en la administración estatal, de todos aquellos que inciten a la violencia y que con sus actos afecten a terceros.

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