La designación se concretó este viernes durante la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, en cumplimiento a una sentencia federal que dejó sin efectos el nombramiento de Diego Rojas Mena, quien había asumido el cargo tras una determinación del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

La controversia surgió luego de que la persona que obtuvo la mayor votación en la elección renunció al cargo. Ante esa situación, el TET resolvió entregar la vacante a Diego Rojas Mena, al considerar que era el siguiente hombre con mayor respaldo ciudadano. Sin embargo, María José Castillo impugnó la decisión al sostener que la sustitución debía recaer en quien hubiera obtenido la votación subsecuente más alta, independientemente de su género.

La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF le dio la razón al establecer que la voluntad expresada en las urnas debía prevalecer sobre cualquier otro criterio y que el género de la persona ganadora original no podía utilizarse para excluir a quien siguiera en el orden de votación. La resolución marcó un criterio relevante para futuros casos de sustitución de cargos obtenidos mediante elección popular.

El fallo fue ratificado posteriormente por la Sala Superior del TEPJF, que el pasado 10 de junio ordenó al Congreso local tomar protesta a María José Castillo Ruiz y remover del cargo a Diego Rojas Mena, cerrando así un litigio que evidenció diferencias de interpretación entre los órganos electorales locales y la máxima autoridad jurisdiccional del país en materia electoral.

El cargo Tras un año de litigio, María José Castillo obtiene el cargo que reclamó ante el TEPJF apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El quejoso en su escrito, manifestó que la denunciada en su perfil de la red social Facebook, publicó en el mes de marzo, una captura de pantalla donde se hacía de conocimiento un listado de candidaturas referentes a la elección judicial local 2025 en donde aparecía subrayado su nombre y días después una publicación en donde se le observaba dentro de las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, es decir, en su lugar de trabajo, analizando lo que parece ser un expediente.

Finalmente, señaló que la denunciada, publicó un video en el cual, presuntamente promocionaba su imagen, esto, ya que la denunciada tenía el carácter de servidora pública adscrita al Poder Judicial del Estado.

De esta forma, con el cumulo probatorio, se pudo tener por acreditado que la denunciada al momento de los presuntos señalamientos en su contra, tenía el carácter de candidata al cargo de jueza en materia civil del Distrito Judicial de Zaragoza en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 y que el perfil de Facebook en el que se realizaron las publicaciones denunciadas es suyo.

También, se acreditó la existencia de las dos publicaciones denunciadas, sin que se pudiera acreditar que el video denunciado se hubiera publicado en alguna red social, además de que quien promovió este procedimiento Especial Sancionador, no aportó elemento probatorio alguno que permitiera, cuando menos, de manera indiciaria advertir cuándo, cómo y dónde se publicó, con lo que no fue posible tener por acreditada la infracción atribuida a la candidata.

Además, en la sesión del Pleno, se detalló que, por lo que respecta a la primera publicación denunciada, esta se trataba de un extracto de la publicación que realizó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) mediante sus estrados electrónicos del “LISTADO DE MAGISTRADOS Y JUECES QUE VAN DIRECTO A LA BOLETA Y LAS PERSONAS CANDIDATAS QUE PASARON LA INSACULACIÓN” acompañada de la frase “El ITE publicó el listado de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces que van directo a la boleta y las personas candidatas que pasaron la insaculación….  ”; en la que la denunciada remarcó su nombre dentro del listado.

Sin embargo, dicha publicación no actualizó la infracción de actos anticipados de campaña, ni ninguna en materia electoral, ya que a pesar de que la misma se realizó previo al inicio de la etapa de campañas, no se acreditó el elemento subjetivo, el cual, consiste en la existencia de manifestaciones explícitas; o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral, pues  únicamente hizo de conocimiento que había sido insaculada para adquirir el carácter de candidata a jueza dentro del proceso electoral local extraordinario 2025 a celebrarse en el estado de Tlaxcala, lo cual, fue difundido tanto por el ITE, como a través de diversas notas periodísticas al tratarse de un acto de interés público y general para la ciudadanía tlaxcalteca, sin que hiciera un llamamiento a que se votara por ella, ya sea de manera expresa o de alguna forma equivalente.

Se explicó que, para tener por acreditada la existencia de los actos anticipados de precampaña o campaña, la Sala Superior ha considerado que se debe demostrar invariablemente la coexistencia de tres elementos, el personal, el temporal y el subjetivo, bastando con que uno de los tres elementos se desvirtúe para que se tengan por no acreditados los actos anticipados de campaña o precampaña, debido a que su concurrencia resulta indispensable para su actualización.

Por ello, dado que, en el caso concreto no se acreditó el elemento subjetivo, se declaró la inexistencia de la infracción denunciada por lo que hace a la publicación señalada.

El segundo acto denunciado, fue una publicación donde se aprecia a la denunciada sosteniendo y leyendo una serie de documentos frente a un escritorio de cristal y a un costado de ella, se puede observar un equipo de cómputo y una impresora, en la parte trasera un bien mueble de lo que parece ser madera y arriba de este, diversos accesorios, con los que no se pudo advertir, cuando menos de manera indiciaria, que la denunciada se encontraba al interior de una oficina perteneciente a las instalaciones del Poder Judicial del Estado como se refirió en la denuncia.

También en esta publicación únicamente fue posible solo advertir la frase “Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia” Eduardo Couture.  con todo en este ombligüito de semana”, de la cual, no fue posible advertir llamamiento alguno a votar en favor de la denunciada, de otra candidatura o bien, a no votar de alguna otra.

Tampoco fue posible identificar que la denunciada estaba promocionando su candidatura, de modo que, al no haberse acreditado el elemento subjetivo, la publicación denunciada no pudo constituir la infracción consistente en actos anticipados de campaña, ni ninguna otra en materia electoral, por lo que también fue declarada como inexistente, al no actualizar la infracción consistente en uso de recursos públicos, ni la relativa a que las personas servidoras públicas tienen prohibido participar en actos de proselitismo en días y horas laborales.

El cargo Declara TET inexistencia de infracciones atribuidas a candidata a Jueza apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Guadalupe Castillo Lemus, dio certeza jurídica a una niña que, a pesar de ser mayor de edad, fue diagnosticada con una edad mental de cuatro años y la cual, fue adoptada por el esposo de su madre, por lo que ahora, ambos podrán cuidar jurídicamente de la menor para brindarle una crianza positiva y un sano desarrollo.

Así se determinó durante la Junta Familiar con Protocolo de Adopción que se efectuada y donde después de corroborar que Marcel N., cumplió con todos los requisitos previstos en la Ley de Adopciones para el Estado de Tlaxcala, se autorizó la adopción.

La solicitud fue presentada desde el pasado 30 de octubre y a partir de esa fecha la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dio seguimiento al caso y después de haber efectuado los estudios y valoraciones en Psicología y Trabajo Social por un grupo multidisciplinario, se otorgó al adoptante el certificado de idoneidad respectivo.

Como ya se informó, la menor de edad estaba bajo la custodia de su madre, quien tiene muchos años casada con Marcel N., que fue quien finalmente decidió adoptar a la menor con la finalidad de brindarle la certeza jurídica de ambos.

Por lo que, al no haber impedimento, este jueves se celebró la Junta Familiar, en la que estuvo presente un grupo multidisciplinario y en la que la jueza emitió la resolución correspondiente y ordenó a las instancias correspondiente emitir el acta de nacimiento de la menor con el nombre y apellidos de su padre.

El cargo Jueza da certeza jurídica a niña mayor de edad, pero con edad mental de cuatro años apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La misiva, que también fue firmada en previo acuerdo con los fiscales responsables del proceso, plantea que la opción de llegar a un arreglo que dé una solución corta al proceso sin llegar a juicio está sobre la mesa, pero que es necesario más tiempo para valorar la conveniencia de la salida alterna.Además, tanto Pérez como los fiscales explican que también requieren más tiempo para que la defensa pueda revisar las evidencias que forman parte del proceso que, aunque ya estaban disponibles desde hace tiempo, por su volumen y cantidad requieren mayor margen de análisis.

Dichas evidencias incluyen desde documentos diversos hasta, como es común en estos casos, grabaciones de comunicaciones entre narcotraficantes o informantes.

También existe evidencia entregada previamente por México.​“Los materiales de descubrimiento proporcionados hasta la fecha, que incluyen una respuesta en el marco del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) por parte del gobierno de México y más de 75 mil 000 comunicaciones intervenidas con autorización judicial, suman un total de 17.5 gigabytes”, indica la misiva firmada por ambas partes.

“Las partes informan además que se necesita más tiempo para revisar las pruebas y evaluar la posibilidad de una resolución que evite llegar a juicio”, señalóEn ese contexto, tanto Pérez como los fiscales le proponen a la jueza responsable del caso, Beryl A. Howell, que aplace por lo menos para julio o para una fecha posterior la audiencia de revisión del proceso con miras a concluir con la revisión de evidencia y anunciar un posible arreglo.

Como se trata de una petición que no cuenta con la oposición de ninguna de las partes, es altamente probable que la jueza conceda el aplazamiento.Cargos y vínculosAntonio Oseguera Cervantes, exalto mando del CJNG, enfrenta dos cargos tanto por tráfico de múltiples estupefacientes, así como por el uso ilegal de armas de alto poder.Además, enfrenta posibles condenas que podrían ir desde 20 años de cárcel hasta incluso una posible cadena perpetua.

En su momento, también fue sancionado e incluido en la lista de personas con actividades criminales del Departamento del Tesoro.En diciembre de 2015,Tony Montanafue detenido en México pero irregularidades en su captura derivaron en su liberación. En 2022 fue recapturado en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición.Oseguera es una de varias personas procesadas en cortes de los Estados Unidos ligadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Uno de los procesados más importantes previo al caso de Tony Montanafue el de Rubén Oseguera Cervantes, hijo de Nemesio Oseguera, quien en marzo pasado recibió una sentencia de prisión de por vida.Nemesio Oseguera Cervantes también es buscado por autoridades de México y de Estados Unidos. Hay un ofrecimiento de hasta 15 millones de dólares por su captura.

Con información de: Milenio

El cargo Hermano de ‘El Mencho’ pide a jueza de Washington más tiempo para negociar acuerdo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En sesión ordinaria efectuada este día, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, determinaron designar a la profesional del derecho, Heriberta Guadalupe Morales Hernández, como nueva jueza interina Especializada en Asuntos Urgentes para Mujeres en Situación de Violencia, quien de inmediato se incorporó a sus labores para atender todos los casos que se radiquen en este Juzgado de reciente creación que brindará una atención permanente durante el periodo vacacional.

Así lo informó la magistrada presidenta del Consejo de la Judicatura, Anel Bañuelos Meneses, quien reiteró que, de manera colegiada se efectuó una revisión sobre la designación del anterior encargado de este Juzgado con base a los cometarios y las aportaciones de los justiciables y litigantes que buscan que la impartición de justicia sea, además de expedita, con un alto profesionalismo.

Precisó que la designación del anterior encargado del juzgado fue de manera interina y no definitiva, pues en atención a lo establecido en la Reforma Judicial, cuyos efectos ya se encuentran en marcha, todos los nombramientos serán solo con alcance al día que se designen los nuevos jueces y magistrados del Poder Judicial de Tlaxcala, cuya elección se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025.

Sin embargo, especificó que aun cuando la designación de cargos interinos es una decisión colegiada del Consejo de la Judicatura, ésta y todas las designaciones siempre estarán sujetas a las observaciones que puedan existir por parte de los justiciables y litigantes, por lo que, en atención a los señalamientos que se han realizado, se determinó realizar un análisis que derivó en el cambio de la persona encargada.

Heriberta Guadalupe Morales Hernández se desempeñaba hasta el día de ayer como secretaria de acuerdos del Juzgado Especializado en Asuntos Urgentes para Mujeres en Situación de Violencia, cuentan con una trayectoria de 30 años dentro del Poder Judicial, tiempo en el que ha ocupado diferentes espacios jurisdiccionales como oficial de partes, diligenciaría, secretaria de acuerdos, secretaria técnica del Consejo de la Judicatura, entre otros, que garantizan un adecuado desempeño de sus funciones.

El cargo Recula TSJE; ante escándalo nombran jueza en asuntos para mujeres. apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Los alcances son para dejar sin efectos el dictamen que fue aprobado por la Cámara de Diputados este 4 de septiembre, por lo que no puede ser discutido por el Senado, y en caso de desacatar, se “deberán abstenerse de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo”.

En su resolución, la jueza, quien fue exhibida en la Mañanera del lunes pasado, indicó que las autoridades que conforman la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y el presidente Andrés Manuel López Obrador ignoraron la primera notificación de la suspensión provisional y no rindieron su informe.

Ante los argumentos de Morena y aliados de que debe aplicarse el artículo 61 de la Ley de Amparo respecto a que no proceden las suspensiones cuando se trata de reformas constitucionales, Martha Magaña determinó que los precedentes de la Suprema Corte son para cambios que ya fueron promulgados.

Por lo que en este caso se está ante el análisis del Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 186, que señala que un dictamen, aprobado en comisiones de una Legislatura, puede pasar directo al Pleno para su discusión en una Legislatura diferente.

se es el principal argumento para otorgar la suspensión definitiva, hasta en tanto se determine la constitucionalidad de dicho artículo, es decir, que de acatarse la medida, la reforma judicial quedaría congelada.

“De ahí que la suspensión sea procedente atento al peligro en la demora, pues en el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que será votado en la Cámara de Senadores para posterior a ello ser avalado en las legislaturas locales, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, al no haberse materializado”, indica la resolución.

La misma señala que una vez promulgada, los jueces que promovieron el juicio de amparo quedarían en “estado de indefensión y serían destituidos de sus cargos”, debido a que ya se estaría en un escenario en que al ser un acto del Poder Reformador de la Constitución no podría ser impugnado.

La jueza ordenó vincular “desde ahora para efecto de cumplir con la suspensión a todas las autoridades que participan en la continuación del proceso de aprobación de la iniciativa de reforma”.

RESOLUCIÓN FIRME

Sobre el mismo caso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en Morelos, rechazó una queja y dejó firme la suspensión provisional para frenar la discusión de la reforma judicial.

De acuerdo con la sesión de este miércoles, la magistrada Yolanda Velázquez Rebollo propuso desechar la queja presentada por un ciudadano, identificada con el folio 233/2024.

Con esta resolución, queda firme el desacato al mandato judicial por parte de la Cámara de Diputados, ya que este miércoles se aprobó la reforma judicial, a pesar de tener una suspensión provisional.

La resolución fue aprobada, sin entrar en debate, por los magistrados Yolanda Velázquez, Silvia Carrasco, Esaú Oliver, y Juan Pablo Bonifaz.

El pasado sábado, la jueza federal Martha Magaña, otorgó la suspensión provisional que frena la reforma judicial e impide que el dictamen sea discutido en la Cámara de Diputados por afectaciones graves, lo cual fue desacatado por los diputados.

En la resolución de la suspensión provisional, la jueza manifestó que realizaba su trabajo bajo protesta, debido a que los juzgados y tribunales federales se encuentran en paro por la afectación a la reforma judicial.

Magaña también tiene pendiente la resolución de un recurso de impedimento por el Primer Tribunal Colegiado de Morelos, debido a que se ha manifestado en contra de la reforma y es una de las afectadas.

La audiencia constitucional, en la que se determinará la sentencia y si se otorga el amparo o se niega a los juzgadores que lo solicitaron, se llevará a cabo el 24 de septiembre.

Dicho acto dará pie a que se pueda seguir su camino procesal en un tribunal colegiado y, en su caso, ante alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A su vez, se tiene otra suspensión provisional otorgada por la misma jueza y con los mismos argumentos a jueces en materia laboral, y otra de un juzgado de Chiapas para que la reforma, de ser aprobada en el Senado, no se envíe a los estados.

Con información de: Diario 24 Horas

El cargo Ordena jueza freno definitivo a reforma apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La jueza Martha Magaña, quien ya ha emitido dos suspensiones provisionales, está obligada a denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificar a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) del incumplimiento, por lo que será esta instancia la que deberá determinar la procedencia de un posible desafuero.

A quienes desacataron desde este domingo el mandato de suspender la discusión de la reforma primero se les tendría que iniciar el proceso de desafuero y luego podrían enfrentar hasta siete años de cárcel, como lo marca la Ley de Amparo.

El próximo miércoles, a las 13:00 horas, en el Juzgado Quinto de Distrito de Morelos, se realizará la audiencia incidental, en la que la jueza federal determinará si se otorga la suspensión definitiva, al mismo tiempo que se prevé que la reforma judicial sea aprobada.

La ruta que debería seguir el proceso sobre el desacato de la reforma judicial es que la jueza tendría que denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) la violación al mandato judicial, por lo que se abriría una carpeta de investigación, y se determinaría su posible judicialización.

Otra de las vías sería por medio de la SCJN, instancia que tendría que analizar y emitir, en su caso, la declaratoria de procedencia de juicio político, que se realiza en el Congreso.

De realizarse en esta Legislatura se haría con una mayoría calificada de Morena y aliados, que podrían frenar los desafueros.

Sin embargo, a quienes sí podrían iniciarle un juicio político, y tienen los votos para aprobarlo, es a los dos juzgadores que emitieron las suspensiones provisionales contra la reforma judicial.

José Perdomo Galicia, experto en procesos constitucionales de la Universidad La Salle, indicó que “si abiertamente alguien se atreve a constituirse en desacato, si lo hacen vendría lo que sería la solicitud de desafuero, para que en dado caso que se otorgue se siga el juicio de procedencia”.

El constitucionalista aseveró que al menos en esta Legislatura, aunque se aprobará un juicio político, al tener mayoría calificada, el bloque de la 4T podría desechar la medida, “por eso están tan tranquilos”.

Por su parte, Bernardino Esparza, doctor en Derecho de La Salle, señaló que “puede haber una inhabilitación o desafuero porque están desacatando una resolución judicial”.

Respecto a la posible promoción de juicio político en contra de los juzgadores Martha Magaña y Felipe Consuelo, a pesar de que el diputado Sergio Gutiérrez dijo que sería un hecho su presentación, así como la de una denuncia penal, Ricardo Monreal, líder de la fracción morenista, frenó la propuesta de su compañero y advirtió que se optaría por la prudencia.

Nueva orden

Apenas ayer, la titular del Juzgado Quinto de Distrito de Morelos, Martha Magaña, otorgó otra suspensión provisional para frenar la discusión de la reforma judicial.

La protección de la justicia federal se otorgó a una veintena de jueces de tribunales laborales, que ganaron su cargo en un concurso de oposición de 2022.

A diferencia de las anteriores, en esta el freno es hasta que se determine la constitucionalidad del artículo 186 del Reglamento de la Cámara baja sobre dictámenes que pueden pasar al pleno, aunque hayan sido aprobados por otra Legislatura.

88% de trabajadores vota por paro en la SCJN 

El colegio de votación, formado para decidir si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se sumaba al paro en protesta por la reforma judicial, informó que 88% de los votos fueron a favor de frenar sus labores.

De acuerdo con el conteo final, hubo mil 72 votos de trabajadores de la Corte, de los cuales 951 fueron a favor de sumarse al paro, mientras que 116 sufragaron por seguir laborando, además de cinco abstenciones. 

Se prevé que este martes, durante la sesión del Pleno, los 11 ministros de la Suprema Corte emitan sus posicionamientos respecto al paro en la dependencia.

Con información de: Diario 24 Horas

El cargo Chocan estrategias por reforma al PJ apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Una jueza de distrito en Morelos ordenó suspender la discusión del dictamen de reforma al Poder Judicial, la cual está programada para ser analizada y votada en el Pleno de la Cámara de Diputados a partir del lunes. La medida se gesta en medio del paro de labores impulsado por jueces y magistrados en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con ello, Martha Eugenia Magaña, jueza Quinta de Distrito en Morelos, otorgó el viernes una suspensión provisional, en la que ordena que el dictamen no afecte a los cuatro jueces federales que promovieron el amparo,

Cabe recordar que Ricardo Monreal, coordinador de Diputados de Morena, había adelantado que durante las dos primeras semanas de septiembre se esperaba la aprobación de tres reformas constitucionales en la Cámara de Diputados.

Explicó también que serían dos días para la discusión en lo general, lo particular y la votación, “puede ser el 3, 4 o 5 (de septiembre) no vamos a abreviar ningún proceso que esté en la ley y en el reglamento, vamos a cumplir estrictamente con el procedimiento formal en materia legislativa”, añadió.

Una vez aprobadas, dichas reformas serán enviadas al Senado de la República para su análisis y aprobación.

Comisiones ya aprobaron reforma judicial

Fue el pasado 26 de agosto cuando la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó tras varias horas de discusión, en lo general y particular, la reforma judicial.

Con un total de 22 votos a favor, 18 en contra y 0 abstenciones, los diputados dieron ‘luz verde’ al dictamen que planea realizar varios cambios al Poder Judicial. *_Con información de Reforma

Con información de: RadioFormula

El cargo Sabadazo contra Reforma Judicial: jueza ordena frenarla en Diputados… ¡en un hecho inédito! apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El cargo Jueza reconoce por primera vez el terrorismo de Estado en las décadas de 1970 y 1980 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.