Un juez federal dictó diferentes sentencias condenatorias, que alcanzan hasta los 340 años, a 12 diferentes miembros de la organización delictiva de La Familia Michoacana.

El juez Primero en materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, sentenció a Benigno “G”, Jorge “P”, Salvador “G”, Luis “E”, Gabriel “P”, Michel “P”, Neftalí “P”, Anselmo “G”, Adalberto “T”, José “V”, Raúl “M” y Erick “G”, por su participación en La Familia Michoacana y sus actividades delictivas.

Según la Fiscalía General de la República, estos personajes cometieron delitos de delincuencia organizada, secuestro, homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, robo calificado y robo agravado.

Los 12 criminales fueron detenidos en 2013, y se les relaciona con actividades delictivas en casas de seguridad de Toluca y Lerma, en el Estado de México.

Benigno G recibió 340 años ocho meses de prisión; Jorge “P” y Salvador “G” 284 y 204 años respectivamente. Mientras que Luis “E” y Gabriel “P” recibieron 184 años.

Michel “P” y Neftalí “P” fueron condenados a 154 años. Por su parte, Anselmo “G”, Adalberto “T”, José “V”, Raúl “M” y Erick “G”, fueron sentenciados a 90, 87, 74, 54 y 44 años de prisión respectivamente.

Todos los sentenciados se encuentran recluidos en los Centros Penitenciarios de Reinserción Social de Santiaguito, Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Tenango del Valle, Chalco y Texcoco, ubicados en el Estado de México.

Con información de Julio Astillero

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Un juez federal dictó ayer auto de formal prisión a Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del cártel del Golfo y fundador de la banda criminal Los Zetas, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, informaron fuentes federales de seguridad.

El capo fue extraditado el lunes pasado de Estados Unidos a México, tras cumplir en ese país una sentencia que se redujo a 14 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero.

Fue entregado a las autoridades mexicanas e ingresado al penal del Altiplano, en el estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud, acusación de la que se declaró inocente.

Sin embargo, cuando Cárdenas se internó a territorio nacional la Fiscalía General de la República contaba con tres órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio calificado, delincuencia organizada y contra la salud.

Tras ello, el miércoles la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Femdo) cumplimentó la segunda orden de aprehensión contra el hombre originario de Tamaulipas, de 57 años de edad, por su presunta responsabilidad en el homicidio de seis personas en 2007.

Con información de La Jornada

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De acuerdo con Reforma, Raquel Duarte Cedillo, juez segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, dictó esta sentencia el pasado 11 de diciembre para la liberación de este exelemento, quien estaba detenido por los señalamientos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

Debido a este fallo, Javier Bello Orbe pudo abandonar el penal del Altiplano donde estuvo recluido solamente seis días. Según este juez, no se encontraron elementos de su posible implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

“La suscrita resolutora considera que en el caso particular no se encuentra acreditada su probable participación, con las constancias que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito”, reveló el fallo publicado por Reforma.

Recordemos que la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron desaparecidos en el municipio de Iguala tras una serie de hechos en los que presuntamente estuvieron involucrados tanto fuerzas armadas como el crimen organizado.

A pesar de que el fiscal llevó a cabo la presentación de más de 120 pruebas en contra de Javier Bello Orbe por el caso Ayotzinapa, sustentadas en declaraciones de testigos protegidos, el juez determinó que estas eran insuficientes debido a que ninguno lo menciona por nombre y apellido, así como tampoco lo identifican en fotografía.

Con información de 24 horas

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El titular del Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Colima, Francisco García Contreras, informó que el subadministrador desconcentrado de Recaudación, adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 1, requirió los nombres, Registro Federal de Contribuyentes, domicilios, así como el oficio de la sanción impuesta, ello con para estar en aptitud de realizar el control y cobro de la multa.

A principios de este mes, el juzgador estableció a cada uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) pagar una multa de 54 mil 285 por desacatar la suspensión que concedió en septiembre pasado donde resolvió frenar el proceso electoral judicial 2024-2025.

En aquella ocasión, el fallo de García Contrerasse determinó debido aque el 24 de octubre el vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE le notificó que “no puede suspender el proceso electoral extraordinario, en atención a las consideraciones que aduce emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la suspensión negada y que fue solicitada en la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024”.

Por ello, el juzgador pidió al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Ciudad de México “1”, aplicar la sanción a los integrantes del INE, a quienes les dio un plazo de tres días para pagar la multa, de lo contrario, les impondrán una multa de 5 mil 428 pesos.

Este jueves,el juzgador también señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó el expediente del juicio de amparo, para determinar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción de este caso.

Con información de La Jornada

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Contrario a lo informado por David Cabrera Canales en sus redes sociales, no fue un desistimiento personal sino la determinación del juzgado tercero de distrito que sobreseyó el recurso que impugnaba el procedimiento de designación de Arturo De Casa Vega como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIP-Tlax).

El sobreseimiento se concretó al operar un cambio en la situación jurídica del asunto, particularmente después de que el pasado 12 de diciembre el Pleno del Congreso del Estado designó a Arturo De Casa Vega como comisionado para el periodo comprendido del 2 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2030. Es decir, el asunto fue consumado.

“La existencia de tal determinación (la designación), acaecida después de presentada la demanda de amparo (6 de diciembre de 2023) son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado”, establece la resolución de la que este medio tiene copia.

Para sustentar su determinación, el Juzgado Tercero de Distrito señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del articulo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a/J. 95/2007.

Tal jurisprudencia establece que “el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso”.

En ese sentido, el Juzgado Tercero de Distrito dejó sin efectos la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional a la que había programado con el Congreso del Estado.

Pese a saber todo lo anterior, David Cabrera Canales informó en su red social de Facebook sobre su desistimiento, asegurando que ésta se daba “para dar certeza a la designación realizada por el Congreso del Estado de Tlaxcala en la elección de comisionado del IAIP”.

En su comunicado afirmó que “con un trabajo comprometido a favor de la transparencia, el DAI (Derecho de Acceso a la Información) y la PDP (Protección de Datos Personales), le irá bien al IAIP y a los tlaxcaltecas”, por lo cual le deseaba a Arturo De Casa Vega “el mayor de los éxitos”.

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