Tras casi doce horas de audiencia, la jueza Angela Zamorano determinó que será el viernes 21 de noviembre cuando se decida el destino del expriista.

Al salir del recinto, el abogado de Duarte, Pablo Campuzano, acusó que la Fiscalía está desesperada pues dijo que actuaron con mala fe con los datos presentados durante la audiencia, los cuales dijo que estaban desactualizados.

Por otro lado se mostró confiado en que le otorgarán la libertad a su cliente: “Yo considero que definitivamente con todas las pruebas desahogadas, no hay nada que nos preocupe”.

Audiencia tensa

Durante la audiencia, la FGR presentó seis testigos, cinco funcionarios de la Fiscalía de Veracruz y uno más de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.

Además, argumentaron que el proceso de desaparición forzada en contra del exfuncionario no ha concluido, pese a que el asunto ya fue sobreseído por un juez.

Por ese proceso, en aquella ocasión, al haber sido presentado en audiencia, las autoridades relataron que tuvo que ser amarrado a una silla al resistirse a asistir. Sin embargo, su abogado alegó que fue amarrado porque se le bajó la presión, lo que señaló como tortura por parte de la autoridad.

Por otro lado, Duarte acusó al fiscal especial de haber hecho un circo del caso, pues lo habría acusado de desviar más de 60 mil millones de pesos, lo que señaló como sin sustento al no haber pruebas.

Los intentos fallidos de Duarte

Inicialmente, la audiencia se llevaría a cabo el pasado 11 de noviembre y tras 10 horas de declaraciones de testigos elegidos por la defensa y la FGR, se decidió aplazarla hasta este miércoles.

En aquella ocasión, las autoridades alegaron que se ponía en riesgo la integridad de uno de sus testigos clave, Antonio Tarek Abdalá, exsecretario de Finanzas de Duarte, quien ha narrado las operaciones irregulares del exgobernador. También se presentaron testimonios sobre las faltas cometidas por el exgobernador durante su estancia en prisión al introducir objetos prohibidos, como bebidas alcohólicas, un celular y una red de banda ancha.

La solicitud para salir antes de la cárcel fue realizada bajo el argumento de que ha cumplido el 95% de su condena de nueve años tras haberse declarado culpable por asociación delictuosa y lavado de dinero.