EL juicio lo perdió la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), encabezada por Verónica Hernández Giadáns.

La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó la sentencia condenatoria contra dos excolaboradores de Macías dentro del Proceso Penal 45/2022 y el Toca Penal 145/2023, al determinar que la FGEV no acreditó la simulación de contratos con la que habrían desviado los recursos.

Las magistradas Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, María del Socorro Hernández Cadena y Patricia Molina Gimbernat resolvieron por unanimidad que “el material probatorio no es apto ni suficiente para justificar la existencia del ilícito de fraude específico”.

En la resolución se destacó que los dictámenes contables carecieron de evidencia documental y se sustentaron únicamente en presunciones, sin alcanzar el estándar penal de prueba “más allá de toda duda razonable”.

Aunque policías ministeriales y peritos señalaron la inexistencia física de algunas empresas proveedoras, la Sala concluyó que esos indicios no demostraban jurídicamente la simulación de contratos.

El fallo derivó de un amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual ya había advertido irregularidades en la valoración de pruebas y ordenó reponer el procedimiento.

La decisión impacta directamente en el proceso contra Karime Macías, cuya extradición desde Reino Unido continúa detenida. La FGEV sostenía que, desde la presidencia del DIF ella organizó un esquema para desviar fondos públicos en complicidad con exfuncionarios.

Con esta resolución, el TSJE ordenó la libertad absoluta de los procesados y la cancelación de sanciones. En los hechos, el caso por el presunto fraude millonario quedó sin sustento judicial.

CON INFORMACIÓN DE E- CONSULTA

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En noviembre de 2022, un juez de control vinculó a proceso a Duarte por el caso de Lara, y le  había determinado una medida cautelar de un año y seis meses de prisión preventiva justificada, el tiempo para que la fiscalía veracruzana lleve a cabo la investigación complementaria. El año siguiente, el juez amplió la prisión preventiva.

En ese momento, Duarte llevaba ya cinco años en la cárcel, cumpliendo con una condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, delitos que cometió durante su gestión como gobernador de Veracruz por el PRI, la cual estuvo marcada por una explosión de la violencia criminal y desvíos multimillonarios de recursos públicos.

David Lara Cruz era policía estatal y operaba en el municipio de Acayucan; el 12 de enero de 2016, fue convocado a la Academia de Policía para realizar exámenes de control y confianza. Una semana más tarde, su cuerpo apareció junto a 18 más en la barranca La Aurora, en el municipio Emiliano Zapata.

La investigación de la fiscalía jarocha determinó que el policía había sido asesinado y desaparecido por otros policías, y que Duarte ordenó reportar el hallazgo de solamente 6 cuerpos en la barranca, ocultando a los otros 12, lo que según las autoridades constituyó un delito de desaparición forzada en modalidad de entorpecer una investigación.

Con información de Proceso

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