Sin embargo, se dio a conocer que, el ex aspirante a magistrado, rindió protesta como miembro del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE).

El papel de Miguel Sánchez Ramírez al frente del ITDEP fue criticado por los diputados de la oposición, quienes señalaron que no hubieron resultados y reclamaron la falta de transparencia en la aplicación de 18 millones de pesos (MDP) destinados para este año.

Sánchez Ramírez también quiso probar suerte como magistrado, pero fue superado por Mildred Murbartián.

Miguel Sánchez se desempeñó como Jurídico de la Secretaría de Gobernación

El cargo Del ITDEP a miembro del CJE; Miguel Sánchez va de puesto en puesto apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En la sesión ordinaria de ayer, el pleno del Congreso local avaló la iniciativa enviada el pasado 6 de noviembre por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien argumentó que la abrogación de esa ley y la desaparición del Itdep “permitirá reorientar y reorganizar recursos y esfuerzos hacia la creación” -a partir de enero de 2025- de la Secretaría de la Mujer que será “un hito significativo”.

Con ese pretexto, la titular del Poder Ejecutivo y quienes integran la actual legislatura ocultaron que la verdadera razón para tomar esas decisiones fue porque desde mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales varios artículos de la norma referida y, por ende, el funcionamiento del Itdep es ilegal por invadir disposiciones federales.

La desaparición de ese instituto se da en medio de la más completa opacidad, porque hasta la fecha no se sabe nada de la consecución de alguno de sus objetivos, ya que en la página web del mismo no hay información al respecto, pues lo único que aparece son algunas fotografías de trabajos de capacitación.

En el presupuesto de egresos para el presente ejercicio fiscal el gobierno del estado etiquetó 18 millones de pesos para el funcionamiento del Itdep, organismo público descentralizado que pasará a la historia de la administración pública local como el área de gobierno que menos tiempo de vida ha tenido: un año.

Tan solo para mantener la plantilla laboral en ese instituto -integrada por 38 personas-, el gobierno del estado presupuestó este año 10 millones 417 mil 795.30 pesos por concepto de sueldos, despensa, incentivo al ahorro, compensación, seguro de vida, gastos médicos, prima vacacional, gratificación anual y bono anual.

Al gasto previsto para el presente ejercicio fiscal debe sumarse 1 millón 503 mil pesos destinados a mediados de año para “remodelar” las instalaciones del instituto, según información dada a conocer en junio pasado por Coracyt Noticias.

Esos trabajos fueron realizados a pesar de que desde un mes antes ya la SCJN había declarado inconstitucional el funcionamiento del Itdep, y la gobernadora -por capricho- insistió en mantenerlo en un claro desafío al máximo tribunal del país.

Durante la supervisión a esos trabajos -encabezada por la propia mandataria-, el director Miguel Sánchez Ramírez sostuvo que “es un gran proyecto que le va a dar grandes resultados a los tlaxcaltecas (…) con el propósito de administrar bienes decomisados, abandonados, procedimientos de extinción de dominio, y una serie de bienes que regularmente, tanto muebles como inmuebles, activos o empresas, se quedaban en un estatus de no saber a dónde iban a parar ni cómo se utilizaban para que, precisamente todo esto se utilice en beneficio de la población”.

En el Programa Operativo Anual (POA) del Itdep se lee que su visión es que “en corto tiempo logrará recuperar el patrimonio del pueblo tlaxcalteca para beneficiar a los que menos tienen, en el propósito de fortalecer las acciones pertinentes para seguir construyendo cotidianamente una nueva historia convocada por la gobernadora del estado en favor de los tlaxcaltecas (sic)”.

Hasta la fecha nada se sabe sobre el eventual cumplimiento de ese catálogo de buenas intenciones.

El artículo 21 de la ley correspondiente prevé que “la persona titular de la dirección general del instituto deberá remitir semestralmente a las secretarías de Finanzas y de la Función Pública, un informe en donde se detalle la administración, enajenación o destino, así como del desempeño de las personas que funjan como depositarios, liquidadores, interventores o administradores designados y de los terceros a que se refiere el artículo 3 de esta ley”.

Mientras que el artículo 22 establece que “la persona titular de la dirección general rendirá un informe semestral detallado a las entidades transferentes, respecto de los bienes, activos o empresas que cada una le haya transferido”.

Ninguno de esos informes aparece en la página web respectiva.

Con información de Faro Tlax

El cargo Con la desaparición del ITDEP, “tira” gobierno casi 20 mdp; el director prometió “grandes resultados”, pero no hizo nada que se sepa  apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros envió al Congreso del estado una iniciativa para abrogar la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del estado de Tlaxcala, con el propósito de armonizar la administración pública estatal con los objetivos de modernización, eficiencia y justicia social que, actualmente, se plantean tanto a nivel local como federal, para lograr el bienestar general de la población.

De acuerdo con la propuesta, con la abrogación de la norma se extinguiría el organismo público descentralizado denominado “Instituto Tlaxcalteca Para Devolver al Pueblo lo Robado”, cuyos recursos se reorientarían hacia la creación de la nueva Secretaría de la Mujer a partir de enero de 2025.

Con esta medida, se busca crear una estructura gubernamental más alineada con las demandas de los ciudadanos, con la visión de desarrollo que la administración encabezada por la mandataria estatal tiene para el futuro de Tlaxcala.

Para el gobierno del estado de Tlaxcala, la creación de la Secretaría de la Mujer representa “un hito significativo dentro de este proceso de modernización”, pues “será una pieza clave en la implementación de políticas públicas que favorezcan la igualdad de género, la protección de los derechos humanos de las mujeres, y el fortalecimiento de su participación activa en todos los ámbitos sociales y económicos”.

De este modo y en congruencia con las políticas públicas establecidas por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este proceso resulta conveniente desde el punto de vista de la economía estatal y del interés público para alcanzar objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

“Esta Iniciativa se inserta dentro de un proceso más amplio de reorganización y modernización de la estructura administrativa del Estado de Tlaxcala. En el marco de esta reorganización, el gobierno del estado tiene la intención de optimizar la distribución de las funciones y competencias del aparato gubernamental para lograr un funcionamiento más ágil, eficiente y acorde con los estándares nacionales”, señala la iniciativa que será sometida al análisis de las y los diputados locales.

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