La solicitud de asistencia consular formulada por Ismael El Mayo Zambada García al gobierno mexicano busca su repatriación a territorio nacional y evitar que las acusaciones en su contra pudieran tener como consecuencia la aplicación de la pena de muerte, afirmó el abogado Juan Manuel Delgado González, integrante del equipo de defensores que representa en México al ex capo del cártel de Sinaloa.

Además, acotó que no busca ningún tipo de negociación con la fiscalía estadunidense.

En entrevista con La Jornada, el litigante afirmó que Zambada García no ha dado ningún tipo de información a autoridades de Estados Unidos y tampoco ha existido ningún tipo de acercamiento o negociación con la fiscalía o la justicia de ese país para tratar de llegar a un acuerdo. Lo cierto es que la petición es que se materialice la existencia de un derecho, que es la asistencia consular y se respeten los acuerdos existentes en materia de extradición firmados por México y Estados Unidos.

Delgado González forma parte de un equipo de asesores legales para el caso desde México. La representación del ex líder del cártel de Sinaloa en ese país la lleva el abogado Frank Pérez. Delgado González fue autorizado como vocero para hablar con este diario.

En ese carácter, declaró que en este caso, el gobierno mexicano se encontraría obligado, constitucionalmente, a solicitar y exigir a Estados Unidos las garantías de los compromisos suscritos por la autoridad judicial de aquel país para que no se aplique la pena de muerte.

Precisó que la solicitud de Zambada, de asistencia consular y petición de repatriación a México, entregada en el consulado de México en Nueva York, “no se trata de un ultimátum o amenaza, es exigencia de respeto y de ejercicio de un derecho que tiene toda persona, más allá de lo que se le acuse en Estados Unidos o en México.

“En el caso concreto (de Ismael Zambada) es la víctima también de un delito –o al menos eso es lo que afirma el señor Ismael–, el de privación ilegal de la libertad. De esa manera es que se le pide al gobierno de México que actúe en consecuencia, otorgando defensa consular.

“Ello, con el único efecto de que se cumpla con los requisitos plasmados en los tratados firmados por México y Estados Unidos, como son el de extradición y el Tratado para Prohibir los Secuestros Transfronterizos y que son obligatorios tanto para México como para Estados Unidos.

Se puede afirmar que la exigencia del respeto a un derecho de ninguna forma puede ser interpretada como un ultimátum o una amenaza. Se ha descontextualizado en el documento una frase en la que se menciona que, si no se establece el orden constitucional y se hacen respetar los lineamientos de los tratados internacionales, este caso puede llevar al colapso de la relación bilateral, como casi igual colapsó la relación bilateral con el asunto del doctor (Humberto) Álvarez Machain (ocurrido en 1990), y que fue salvada solamente por la suscripción o por la firma de ese tratado para evitar secuestro transfronterizo.

Delgado González mencionó que Ismael Zambada no piensa realizar negociación que implique el reconocimiento de una probable culpabilidad. Él piensa exigir el goce de sus derechos. Es falso que él haya dado alguna información a las autoridades estadunidenses.

Respecto de los cuestionamientos que se han realizado al abogado Juan Pablo Penilla –quien forma parte del equipo de asesores legales– por una presunta vinculación con Ismael Zambada y su cercanía política con integrantes de Morena, el litigante respondió: “puedo asegurar que nunca ha hablado con el señor Zambada, no tiene una relación personal, ni siquiera telefónica, o por carta. El licenciado Penilla es un reconocido jurista. Quien nos contrata aquí en México no es Ismael Zambada, es el abogado Frank Pérez, quien lleva la defensa en Estados Unidos.

El caso Zambada

El 25 de julio 2024 el gobierno de Estados Unidos informó que Ismael El Mayo Zambada, uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, fueron detenidos en El Paso, Texas.

Según la versión ofrecida por autoridades mexicanas, Zambada García fue trasladado de manera ilegal a Estados Unidos, al ser secuestrado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, cuando ambos se encontraban en una reunión con el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Héctor Melesio Cuén, en la finca Santa Julia en la sindicatura de Culiacancito en Culiacán, Sinaloa.

El Mayo, quien cumplió 77 años de edad el pasado primero de enero, de acuerdo con información recabada por la Fiscalía General de la República (FGR), habría sido golpeado, maniatado, puesto en la batea de una camioneta y trasladado a una pista ubicada en el campo Berlín, en la sindicatura de Villa Ángel Flores La Palma, en Navolato, donde fue obligado a subir a la aeronave que los trasladó a él y a Guzmán López a un aeropuerto en El Paso, Texas, donde fueron aprehendidos por elementos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

En este caso, el ex rector de la UAS fue asesinado en la finca y posteriormente su cuerpo fue llevado a una gasolinera, donde se fingió que fue víctima de una agresión armada en un intento de robo.

Zambada García es considerado uno de los narcotraficantes más representativos de los cárteles mexicanos, ya que además de haber participado en la fundación de la organización de Sinaloa, también dirigió el de Juárez, junto con Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos.

Actualmente Ismael Zambada García se encuentra preso en la cárcel de Brooklyn, en Nueva York, donde fue puesto a disposición del juez Brian Cogan, el mismo que enjuició y sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán y también dictó sentencia a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública (SSP) federal durante el gobierno de Felipe Calderón, por narcotráfico.

La justicia de Estados Unidos imputa a El Mayo cargos por narcotráfico, tráfico de armas, homicidios, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y secuestros.

En octubre de 2024 el juez Cogan preguntó a los fiscales estadunidenses si consideraban solicitar que se aplicara la pena de muerte a Zambada García, debido a la gravedad de las acusaciones. Nueva York es uno de los estados –además de Texas– donde se contempla la pena de muerte para delitos muy graves.