La transmisión de anuncios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), por sus siglas en inglés) durante partidos de fútbol de la Liga MX —en los que se advierte a “criminales extranjeros” que no crucen la frontera— fue interpretada como un pretexto oportuno para concretar una transformación regulatoria más amplia.

Desde hace meses, el gobierno federal mexicano impulsa una transformación de fondo: una nueva ley que concentra las funciones regulatorias en telecomunicaciones y radiodifusión en una entidad subordinada al Ejecutivo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la Presidencia al Senado, establece que “la Secretaría de Gobernación ejercerá las facultades correspondientes a la administración de los tiempos de Estado […] así como vigilar que las transmisiones de radiodifusión y contenidos audiovisuales se apeguen a lo establecido en la ley, debiendo sancionar su incumplimiento”.

Además, el proyecto prevé penalizaciones económicas a medios nacionales que emitan mensajes de gobiernos extranjeros: “Se impondrán multas de hasta el cinco por ciento de los ingresos anuales a los concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción turística o cultural y otros casos determinados por la Agencia”.

Este nuevo marco normativo elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano constitucional autónomo, y transfiere sus funciones a la Agencia creada en noviembre pasado y encabezada por José Antonio Peña Merino.

“Conforme a la citada reforma Constitucional, (las atribuciones del IFT serán asumidas) por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de formular y dirigir las políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, se lee en la exposición de motivos.

Se impondrán multas de hasta el cinco por ciento de los ingresos anuales a los concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros

La Agencia tendrá la responsabilidad de administrar el espectro radioeléctrico, regular la radiodifusión, supervisar servicios, otorgar concesiones y aplicar sanciones. “La administración del espectro radioeléctrico se ejercerá por la Agencia (…) lo que incluye la elaboración y aprobación de planes y programas de uso, el establecimiento de condiciones para la atribución de bandas de frecuencia, el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y constancias de registro, la supervisión de las emisiones radioeléctricas, la aplicación del régimen de sanciones, y cualquier otra acción necesaria”, indica el documento.

La administración del espectro radioeléctrico se ejercerá por la Agencia, lo que incluye la elaboración y aprobación de planes de uso, el otorgamiento de concesiones y la aplicación de sanciones.

El texto argumenta que la reforma busca “reducir la brecha digital” y atender “zonas de muy difícil acceso”, pero también señala que la Agencia garantizará “la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico o capacidad de redes para el Ejecutivo Federal con fines de seguridad nacional, seguridad pública, conectividad de sitios públicos, cobertura social y demás necesidades, funciones, fines y objetivos a su cargo”.

El nuevo regulador tendrá también facultades para emitir “disposiciones administrativas, así como ordenamientos técnicos en materia de radiocomunicaciones espaciales, plataformas de gran altitud y servicios satelitales”, además de “llevar a cabo pruebas destinadas a la investigación y el desarrollo tecnológico […] utilizando cualquier banda de frecuencias disponible, para cualquier servicio de radiocomunicaciones”.

Respecto a las concesiones sociales, se establece que “estas concesiones tienen como objetivo, fortalecer la comunicación permitiendo que las radios sociales y comunitarias desempeñen un papel clave en la difusión de contenidos de interés público”, aunque también advierte que “la solicitud y el otorgamiento de concesiones podrían derivar en la acumulación de este recurso, limitando su disponibilidad para otros actores”.

La iniciativa otorga al Ejecutivo Federal control total sobre las asignaciones, regulaciones y supervisiones sin requerir, como antes, la intervención de un órgano independiente como el IFT. “El Gobierno Federal contará con las concesiones, autorizaciones y asignaciones en radiodifusión y telecomunicaciones, necesarias para el ejercicio de sus funciones”.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), consideró que la iniciativa se limita a empoderar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

“Lo que busca es fortalecer la institucionalidad y las atribuciones de la agencia y la nueva autoridad de competencia, que todavía no existe, y que será la que tome las acciones de preponderancia. No mueve en gran medida lo que dice la reforma de 2014, sino que centraliza las atribuciones y el poder del sector en la Presidencia de la República”, comentó el especialista a El Sol de México.

Bravo destacó que el poder concentrado también permitirá al regulador el bloqueo de alguna plataforma digital cuando las autoridades se lo soliciten por incumplimiento a disposiciones u obligaciones, sin embargo, señala que la agencia emitirá los lineamientos para esta acción.

El presidente de la Amedi consideró que la nueva iniciativa deja a la industria en una especie de “pasmo”, ya que no otorga flexibilidad a los agentes preponderantes y espera que el nuevo órgano de competencia determine las reglas en ese sentido.

Este diario buscó a las principales empresas de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información (Canieti) para solicitar una postura sobre la iniciativa, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

“Está bien que fortalezca al regulador, porque nadie quiere instituciones débiles, pero darle tanto poder a una agencia que no es autónoma sólo hace más fuerte al poder Ejecutivo en un sector relevante de la economía por los ingresos que genera, su dinamismo y la transversalidad que tiene”, concluyó Bravo.

Con Información, de Julio Astillero

El cargo Sheinbaum crea “súper agencia” reguladora de telecomunicaciones apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

“Solo ayer me enteré que, por ejemplo, uno de los órganos que están por extinguirse, dado que todavía no se cumple con el proceso legislativo de la reforma constitucional, el IFT, si mal no recuerdo, tiene un fideicomiso, que eso no lo habíamos contemplado de casi mil 500 millones de pesos. Entonces, todo eso hay que revisarlo y sí vamos a reasignar”, declaró.

El líder guinda, detalló que los ajustes presupuestales se harán al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Electoral, al INE, y rubros como carreteras, agua, educación, salud, y universidades.

“Todo eso tenemos que reasignar y hacer un gran esfuerzo porque todos nos ajustemos, todos sin excepción”, expresó.

Monreal Ávila, reiteró que se tiene previsto concluir la aprobación del presupuesto antes del 13 de diciembre, como lo marca la ley, en tanto que el inicio del debate se prevé entre 3 y 4 de diciembre.

“Estamos hablando que podríamos estar entre el 12 y el 13 concluyendo todo el ejercicio. Empezar el día seis, recuerden que ayer aprobamos Ley de Derechos y Ley de ingresos. La Cámara de Senadores es la Cámara revisora, depende de lo apruebe dicha cámara y nos lo reenvíe. Una vez aprobada, empezamos el presupuesto. Yo estimo que entre tres cuatro podemos estar iniciando la discusión del presupuesto. Y terminarlo hacia el 12 o 13 de diciembre”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE: EL UNIVERSAL

El cargo Diputados descubren “guardadito” del IFT de mil 500 mdp apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

“La función principal de estos organismos será garantizar la competencia y evitar monopolios, como ocurre en Estados Unidos y está previsto en el T-MEC”, detalló la mandataria mexicana en su conferencia de prensa matutina.

La titular del Ejecutivo delineó que la designación del titular de este organismo podría ser realizada por el Ejecutivo o mediante ratificación del Senado, lo cual se definirá en la legislación secundaria.

“(La designación) ya sería parte de la ley secundaria y también tendría ciudadanos que garantizarán esta independencia técnica del organismo. Entonces se mantiene el espíritu original de desaparecer los autónomos, pero se hace un área especial para poderle dar garantía a la función”, dijo Sheinbaum Pardo.

También, aseguró que esta reestructuración respeta los compromisos establecidos en tratados internacionales, como el T-MEC, sin comprometer la soberanía de México.

Se mantiene el espíritu original de garantizar la competencia económica y las funciones antimonopólicas, pero desde un modelo más adecuado para nuestro contexto nacional”, declaró.

En cuanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la jefa de Estado confirmó su desaparición como organismo autónomo. Reiteró que sus funciones serán asumidas por una nueva área dentro de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

“Se mantienen los criterios que originalmente constituyeron al Inai, pero sin la necesidad de grandes estructuras, viajes al extranjero y otros gastos innecesarios”, comentó.

Con información de El Economista

El cargo Sheinbaum confirma desaparición del Inai y adelanta plan para fusionar organismos autónomos con secretarías apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El proyecto de reforma plantea la realización de ajustes a los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que los organismos involucrados desaparezcan y sus funciones pasen a ser absorbidas por dependencias federales.

De forma concreta, los organismos que se verían afectados por la reforma son: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

Según lo señalado en el dictamen incluido en el paquete de reformas que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la desaparición de dichas entidades representaría un ahorro económico para la federación, permitiendo que el dinero que se les destina cada año vaya en su lugar al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

“Yo creo que sería muy buena reforma administrativa y se ahorrarían como 100 mil millones de pesos al año, y no pasa nada porque no se despide a los trabajadores, nada más quitar el copete de privilegios, cortarlo”, declaró al respecto el exmandatario durante una de sus conferencias matutinas.

El mismo López Obrador explicó cómo funcionaría el tema de la absorción de funciones, al poner de ejemplo que las actividades realizadas por el IFT ahora serían llevadas a cabo por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Con información de Sin Embargo

El cargo La Cámara de Diputados emite declaratoria de reforma para desaparecer organismos autónomos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Para empezar la titular de la Coracyt, en su texto leído a manera de discurso, agradeció a todos los presentes por las facilidades para el “relanzamiento” del canal. Ese “relanzamiento” no es más que el regreso de una señal, que se perdió por falta de seguimiento, no más.

Enseguida Javier Juárez Mujica, Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aclaró en mucho algunas dudas de quienes se dieron cita al Teatro Xicohténcatl, que no acababan de entender cómo es que una concesión perdida logró recuperarse en un tiempo récord. Él lo dijo.

Confirmó lo que aquí escribí hace algunas semanas, la notable gestión de Lorena Cuéllar Cisneros dio frutos y esas múltiples visitas a sus oficinas incluyó su presentación, en reunión oficial, ante el pleno del IFT en busca de recuperar esa señal. Y lo logró.

“Hace un par de meses la gobernadora en persona acudió a una entrevista al pleno  del IFT justamente para darle seguimiento a este trámite de la concesión con la cobertura estatal, y no todos días tenemos gobernadores en el IFT… ella sí, en persona fue a las instalaciones y de hecho comentarles que al día de hoy ese trámite ha sido resuelto de manera favorable y el canal de televisión XHTLAX ya va a tener cobertura estatal”, mencionó en medio del aplauso del respetable.

A propósito de la regada de Tlaxcala, el IFT echó a andar una suerte de algoritmo para que, tomando en cuenta la vigencia de las concesiones, les notifique a los concesionarios cuándo estén en periodo de pedir una nueva prórroga “y que no vuelvan a ocurrir estas situaciones, como las que tuvimos en el estado de Tlaxcala”, dijo el titular del IFT, poniéndonos como ejemplo de lo que no debe suceder.

Y no crea usted que la visita de Carlos Brito Lavalle, titular del Canal 11, fue para comer en Atlihuetzia en la casa de su amigo José Antonio Álvarez Lima. No seamos mal pensados en que el senador influyó en la decisión del joven directivo para que éste regresara la concesión de Tlaxcala Televisión. Brito aclaró que no sabía que la señal correspondía a Tlaxcala, pero que estuvo dispuesto a entregarla, así, sin más.

Quién mejor que Jenaro Villamil, Encargado del Despacho del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), para rematar el cuadro de ayer. El periodista se notaba feliz, y cómo no estarlo, si vino a demostrar que cuenta con el respaldo no solo del senado, sino que también presumió proyectos que en breve presentara a Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta electa.

Y es que en Tlaxcala muchos y muchas apostaban a la salida de Jenaro Villamil del Sistema Público, luego de que su periodo al frente de éste sistema concluyera, jamás se imaginaron que quedaría como encargado del despacho y mucho menos que vendría a Tlaxcala para hablar de la importancia del fortalecimiento de los medios públicos.

“Este es el momento en que la radio y televisión públicos también estén enlazados con los sistemas de conectividad pública, separarlos es ir en contra de una tendencia internacional que es la integración, convergencia de los distintos modelos de tecnología pero, peor aún, abandonarlos sería un crimen, o privatizarlos sería condenar a los mexicanos a no tener acceso directo en materia de conectividad”.

Después de escuchar a Jenaro Villamil a nadie le importó la tierra que se lanzó el gabinete de gobierno, contra miembros de ese mismo gabinete pero de antaño, todos olvidaron los argumentos y disputas estériles que la titular de la Coracyt quiso apuntar contra su antecesora al afirmar que desde el 5 de octubre del 2023 -las instalaciones y el personal de la coracyt- empezaron a recibir atención en torno a varias inconsistencias de procedimientos jurídicos ante el IFT”.

Si los gobiernos anteriores perdieron 4 concesiones en el 2022, como se ratificó en su video, y si se encontraron procedimientos iniciados contra XETT Radio Tlaxcala y XHTLAX, Radio Altiplano, ahí está la Secretaría de la Función Pública (SFP) para dar parte y que se actúe en consecuencia.

Quizá estos señalamientos solo queden en un pleito de dos, sin más alcance, porque en uno de los fragmentos del video se evidencia que la fecha para ingresar estos oficios y tratar de rescatar las señales debió ser “a mediados del año 2017”, por lo que el señalamiento contra Elia Sánchez fue innecesario. Recordemos que el gobierno de Cuéllar comenzó el 31 de agosto del 2021. Los tiempos simplemente no cuadran.

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