Las y los diputados, integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, celebraron este lunes, Sesión Extraordinaria Privada, en el Recinto oficial del Poder Legislativo, para efecto de erigirse como Jurado de Sentencia dentro del expediente parlamentario número LXV-SPPJP-001/2025; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

En el desarrollo de la sesión, se leyó el Dictamen de Conclusiones aprobado en sesión privada por el Pleno del Congreso, erigido en Jurado de Acusación, a fin de dictar sentencia dentro del expediente aludido.

Derivado del análisis de las constancias que integran el expediente, así como de las pruebas ofrecidas, admitidas, desahogadas y valoradas durante la sustanciación del procedimiento, la comisión dictaminadora concluyó que existe responsabilidad política de las personas servidoras públicas denunciadas, al acreditarse que los actos realizados por integrantes del Cabildo de Contla de Juan Cuamatzi fueron en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho.

En consecuencia, el Pleno del Congreso del Estado avaló la destitución e inhabilitación por tres años de Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, Gilberto Flores Maldonado, Marian Elena Pérez Nava, Zuleyma Abigail Cuamatzi Netzahual, Mariana Stephany Xochitemol Peña, Yadira Bernal Pérez, Rogelio Xochitemol Cuatecontzi, Joselin Netzahual Yautentzi e Hilda Felicitas Xochitiotzin Cocoletzi, en sus respectivos caracteres de Presidenta, Síndico, Primera Regidora, Segunda Regidora, Tercera Regidora, Cuarta Regidora, Quinto Regidor, Sexta Regidora y Séptima Regidora, todas y todos del Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala.

La determinación deriva de que las autoridades municipales excedieron sus atribuciones al acordar, en Sesión de Cabildo, la suspensión ilegal y arbitraria del presidente de comunidad de la Sección Segunda de Contla de Juan Cuamatzi, Alejandro Flores Xelhuantzi, misma que fue realizada en contra del principio de legalidad, ya que las autoridades únicamente pueden actuar conforme a lo que está expresamente permitido, en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

En cuanto a la ejecución de las sanciones determinadas, el Acuerdo aprobado establece que esta Soberanía debe respetar las medidas cautelares decretadas dentro de la Controversia Constitucional 43/2026 y del juicio de amparo indirecto 295/2026, mediante las cuales se ordenó no ejecutar las sanciones correspondientes. En consecuencia, esta Soberanía deberá abstenerse de materializar las sanciones de destitución en inhabilitación, hasta en tanto el Poder Judicial de la Federación emita las resoluciones de fondo que correspondan.

Cabe señalar que las personas sujetas al procedimiento de Juicio de Político les fueron respetadas sus garantías de audiencia y debido proceso por parte del Congreso del Estado, para ejercer los derechos que estimaran convenientes dentro del marco legal aplicable, los cuales participaron de forma activa durante el desarrollo de todo el Juicio, sin embargo, no comparecieron de manera presencial en el recinto legislativo el día 8 de junio de 2026, siendo que fueron notificadas oportunamente.

El cargo Congreso del Estado aprueba destituir e inhabilitar por 3 años a integrantes del Cabildo de Contla de Juan Cuamatzi apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Congreso de Tlaxcala votará en unas horas más la destitución e inhabilitación por 3 años de la presidenta municipal, el síndico y los regidores de Contla por abuso de poder, porque suspendieron ilegalmente a un presidente de comunidad electo.
El Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala sesionará este día de manera privada para someter a votación y aprobación el dictamen.

De acuerdo con información del portal ContraPoder, la sanción no se ejecutará de inmediato pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la justicia federal ordenaron congelar el desalojo material de los funcionarios hasta que se resuelva el fondo de la controversia constitucional.

El dictamen, elaborado por la Comisión Instructora de Juicio Político, determina la procedencia de la responsabilidad política de los funcionarios tras acreditarse el abuso de poder, usurpación de atribuciones y violación a las garantías constitucionales de un presidente de comunidad electo por voto popular.

Sin embargo, el Poder Legislativo local enfrenta a un freno legal: la destitución no podrá ejecutarse materialmente hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva de fondo la Controversia Constitucional 43/2026 y en su caso, la suspensión concedida por el juzgado tercero de distrito en el amparo indirecto 295/2026.

Los hechos se remontan al 1 de agosto de 2025, durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de Contla. A propuesta de la alcaldesa, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, y bajo argumentos subjetivos de supuesta ingobernabilidad y violencia política de género, el cuerpo edilicio aprobó por mayoría suspender por 90 días a Alejandro Flores Xelhuantzi, Presidente de Comunidad de la Sección Segunda.

Esa misma noche, autoridades municipales resguardadas por elementos de la Seguridad Pública forzaron las cerraduras de la Presidencia de Comunidad, colocaron nuevos candados y colgaron avisos para impedir que el funcionario continuara con sus labores.

En ese sentido, la Comisión Instructora del Congreso determinó que el Cabildo incurrió en una abierta ilegalidad, ya que, según la Constitución local, el único órgano facultado para suspender o revocar el mandato de un representante popular es el propio Congreso del Estado.

Asimismo, se acreditó que los ediles violaron la garantía de audiencia del afectado, al sancionarlo de manera unilateral en el punto de «Asuntos Generales», sin un procedimiento formal ni la oportunidad de defenderse.

El dictamen expone que el Ayuntamiento intentó revertir su error el 6 de agosto de 2025 mediante una reunión con la Dirección de Gobernación estatal, en la que acordaron devolver las llaves del inmueble al afectado.

No obstante, el Congreso local calificó esta acción como una segunda irregularidad legal. El dictamen detalla que los acuerdos de un Cabildo, una vez adoptados formalmente, adquieren validez jurídica y notoriamente no pueden ser revocados o neutralizados al arbitrio del propio Ayuntamiento ni mediante mecanismos de hecho, una facultad que también le corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.

Al haberse acreditado violaciones sistemáticas a las leyes locales y el trastorno al funcionamiento normal de las instituciones, el Proyecto de Acuerdo propone sancionar a: la alcaldesa Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, al síndico Gilberto Flores Maldonado, así como a los regidores Marian Elena Pérez Nava, Zuleyma Abigail Cuamatzi Netzahual, Mariana Stephany Xochitemol Peña, Yadira Bernal Pérez, Rogelio Xochitemol Cuatecontzi, Joselin Netzahual Yautentzi e Hilda Felicitas Xochitiotzin Cocoletzi.

La sanción estipula la destitución inmediata de sus cargos y una inhabilitación por 3 años para desempeñar cualquier empleo o comisión en el servicio público. Cabe destacar que la Secretaría del Ayuntamiento, Itzel Galicia Juárez, quedó excluida de la sanción debido a que sus funciones se limitan a dar fe y elaborar actas, sin tener voto en las decisiones.

A pesar de la inminente aprobación del dictamen por parte del pleno de la legislatura este día, el punto quinto del Proyecto de Acuerdo reconoce un impedimento jurídico insalvable para su aplicación inmediata.

El Municipio de Contla promovió la Controversia Constitucional 43/2026 ante la SCJN. En respuesta, la ministra instructora Loretta Ortiz Ahlf concedió una medida cautelar (suspensión de los actos) en la que ordena al Congreso del Estado abstenerse de ejecutar cualquier destitución o revocación de mandato hasta que el máximo tribunal del país resuelva el fondo del asunto, evitando así que el juicio quede sin materia.

A este blindaje judicial se suma una suspensión provisional otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, derivado del juicio de amparo indirecto 295/2026.

Por lo tanto, aunque el pleno del Congreso consume la destitución en la sesión privada programada para hoy, la salida material de los funcionarios del Ayuntamiento queda congelada y enteramente en manos de los tribunales federales.

El cargo Cabildo de Contla tiene las horas contadas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.