En Tlaxcala, cada vez son más insistentes las versiones que apuntan hacia la influencia política de Nery Bañuelos Flores, secretaria particular de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a quien incluso algunos actores políticos identifican como la “minigobernadora” por el peso que tendría en decisiones administrativas y políticas.

A ello se suman señalamientos sobre la presencia de integrantes de su familia en cargos públicos relevantes: Patricia Bañuelos Flores en IMSS-Bienestar, Rafael Bañuelos Flores director de relaciones laborales de la Secretaría de Educación Pública y una prima que actualmente ocupa una magistratura. La sola existencia de estos vínculos familiares no constituye, por sí misma, una irregularidad. ¿todos esos nombramientos fueron producto de concursos, evaluaciones y perfiles técnicos, o influyó el peso político de un apellido cercano al poder?

La percepción pública es determinante. Cuando una familia concentra espacios estratégicos dentro del gobierno, inevitablemente surgen dudas sobre la imparcialidad de las designaciones y sobre la existencia de posibles conflictos de interés.

Más delicadas aún resultan las versiones que circulan en distintos círculos políticos sobre presuntos negocios millonarios realizados desde esas posiciones. Se trata de afirmaciones que, de existir elementos, deben ser investigadas por las autoridades competentes. Precisamente por ello, la transparencia deja de ser una opción y se convierte en una obligación. La ciudadanía merece conocer si existen auditorías, revisiones patrimoniales o mecanismos de control que descarten cualquier uso indebido del poder.

El gobierno de Lorena Cuéllar ha construido buena parte de su discurso en torno al combate a la corrupción y al rechazo del influyentismo que durante años criticó de administraciones anteriores. Esa narrativa pierde fuerza cuando las sospechas apuntan a la cercanía familiar con quienes toman las decisiones.

No basta con afirmar que no existe nepotismo. Es indispensable demostrarlo con documentos, procesos transparentes y explicaciones públicas. De lo contrario, la percepción termina imponiéndose a los hechos.

El cargo Los apellidos del poder, influyentismo y opacidad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La romántica propuesta de matrimonio protagonizada por Stefano Di Grazia Hernández, titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y director del Consejo Estatal de Población (COESPO), generó una polémica entre tlaxcaltecas por el uso del teatro Xicohténcatl para convertir el histórico recinto en un espacio íntimo para funcionarios del estado.

En redes sociales se critica y cuestiona al gobierno estatal por las facilidades con las que este funcionario usó el espacio público para un tema personal e íntimo como la propuesta de matrimonio, en redes sociales los cibernautas afirmaron que elnubfoiyentismo es descarado y que cuando se solicita el recinto para temas de difusión cultural, el gobierno pone muchas trabajar y cobra cantidades económicas elevadas.

El servidor público difundió en sus redes sociales las imágenes del momento en que pidió matrimonio sobre el escenario del Teatro Xicohténcatl, uno de los inmuebles históricos y culturales más representativos del estado. Lo que buscaba ser un recuerdo personal se convirtió en un cuestionamiento público sobre el uso de bienes que pertenecen a todos los tlaxcaltecas.

La publicación provocó una inmediata reacción entre ciudadanos, quienes comenzaron a preguntarse si cualquier persona podría obtener autorización para realizar un acto privado dentro del recinto o si el acceso fue posible gracias al cargo que ocupa el funcionario estatal.

Y es que el Teatro Xicohténcatl no es un espacio cualquiera. Su utilización está regulada por procedimientos administrativos y lineamientos destinados a proteger su valor histórico, cultural y patrimonial. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha explicado quién autorizó el uso del inmueble, bajo qué criterios se concedió el permiso, si existió una solicitud formal o si se cubrieron los requisitos y pagos correspondientes.

El silencio institucional alimenta las dudas. En una administración que presume transparencia y combate a los privilegios, la ausencia de información abre la puerta a cuestionamientos sobre un posible trato preferencial hacia un integrante del propio gobierno.

Más allá del carácter personal de la propuesta, el caso exhibe un problema de fondo: la falta de claridad en el manejo de los espacios públicos. Si cualquier ciudadano debe sujetarse a reglas para acceder a un inmueble histórico, la exigencia de transparencia debe ser aún mayor cuando quien hace uso de él es un servidor público.

La polémica no gira en torno al compromiso matrimonial, sino a la percepción de que los funcionarios podrían disponer de bienes públicos con facilidades que difícilmente tendría la ciudadanía.

Mientras la dependencia responsable del Teatro Xicohténcatl mantenga silencio, persistirá la sospecha de que en Tlaxcala hay puertas que solo se abren para quienes forman parte del poder, debilitando el discurso gubernamental de igualdad y rendición de cuentas.

Cuando un recinto histórico se convierte en escenario de un acto privado sin una explicación pública de por medio, la pregunta deja de ser romántica para convertirse en institucional: ¿fue un permiso legal o un privilegio de poder?

El cargo Funcionario usa el Teatro Xicohténcatl para propuesta de matrimonio apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.