Tras reconocer al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco por localizar restos humanos en el rancho Izaguirre, espacio que se encontraba bajo resguardo estatal desde septiembre de 2024, en un comunicado la CIDH consideró que “tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas -entre otros crímenes- como el tipo de objetos encontrados reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana”.

Agregó que “es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de autoridades”.

A 22 días del hallazgo, la CIDH llamó al Estado mexicano “investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación”.

Tras tomar nota de la ejecución de órdenes de aprehensión contra “personas vinculadas estrechamente con el rancho Izaguirre”, el organismo interamericano agregó que “las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido en el lugar”.

Resaltó que “en situaciones de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en contextos de crimen organizado, se deben aplicar los tipos penales adecuados e investigar toda posible participación directa o indirecta de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones”.

Asimismo, consideró que para la identificación de los restos humanos hallados en el sitio, “es deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en la ciencia y evidencia”, mientras que “cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y llegado el momento, la restitución e restos humanos, se realicen con dignidad y respetando el dolor de las familias”.

Sobre el hallazgo de “fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres de uso doméstico, que sugieren que el rancho habría sido utilizado para actividades criminales como centro de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas”, la CIDH recordó que “si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado mexicano de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos”.

El organismo interamericano reconoció el anuncio del Estado mexicano de “brindar a las víctimas una atención integral y la elaboración de una línea del tiempo que explique la diferencia temporal entre el aseguramiento del predio y los hallazgos del grupo buscador “.

Tras valorar las medidas legislativas y administrativas para atender el problema de las desapariciones, anunciadas el pasado 17 de marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum, la CIDH apuntó que desde hace 25 años ha monitoreado “la situación de desaparición masiva de personas” en el país, por lo que “la participación de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas debe estar garantizada”.

Al llamar a las autoridades a reconocer públicamente el trabajo de los colectivos de personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, y valorando su trabajo en el Rancho Izaguirre, “evitando su revictimización”, el organismo reiteró su “reconocimiento y solidaridad con la valiosa labor de los colectivos y familiares de búsqueda de personas desaparecidas en México, que debe ser ejercida con seguridad y libertad garantizadas por el Estado”.

CON INFORMACIÓN DE PROCESO

El cargo CIDH califica de “alarmante” el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Así lo indicó durante una jornada de búsqueda este martes, Socorro Gil Guzmán, cuyo hijo José Guadalupe Romero Gil, desapareció en 2018, quien exigió que las autoridades deben hacerse cargo “porque no sirven tantas leyes, artículos y comisiones si siguen desapareciendo personas en el país y no las buscan” y apuntó no confiar en la propuesta “hasta que se vieran hechos y resultados”.

Las acciones de Sheinbaum se anunciaron después de una jornada de protesta nacional este sábado tras los hallazgos de restos óseos y ropa en un rancho en la localidad de Teuchitlán, donde el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció haber encontrado un “campo de concentración y exterminio de reclutamiento” del crimen organizado y que ha provocado una ola de indignación en México.

“Existe gente en la Comisión Nacional de Búsqueda, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal que no deberían de estar, no tienen empatía con las familias, en verdad no sirven que sigan inventando sus reformas o sus artículos o lo que sea y en verdad no los ponen en práctica, nada más lo tienen en papel”, expuso Gil Guzmán.

“Las familias están solas, desamparadas, caminamos como podemos, buscamos con nuestros propios recursos y nos tenemos que mover para buscar a nuestros familiares”, agregó durante sus labores de búsqueda en el balneario turístico de Acapulco.

La representante de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia aseguró que el “claro ejemplo es Guerrero, donde las autoridades no se coordinan para realizar las búsquedas”, al lamentar que no hay investigación y tampoco han disminuido la cifra de desaparecidos.

Sheinbaum anunció el lunes cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para crear la “base única de información forense” con datos de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), así como una nueva “plataforma federal de identificación humana”.

“En el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada a la delincuencia organizada. En cualquier caso es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse y, por ello, actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado”, manifestó la mandataria.

Por su parte, Teresa Parra Gallegos “las acciones hablan más que las palabras” y por el momento “no cree en ninguna autoridad”, ya que, dijo, ha estado sola y abandonada desde el 4 de noviembre de 2024 que desapareció su hijo, solo las madres de la colectiva la han apoyado.

“No es de que lo diga, es que lo haga (la presidenta), las acciones hablan más que las palabras (…) tiene que poner un alto a todo esto, nadie más que ella lo puede hacer y obviamente nos debe de apoyar a todos los que estamos buscando a nuestros hijos”, comentó.

México acumula a la fecha más de 120 mil desaparecidos, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones registradas desde la década de 1960.

CON INFORMACIÓN DE JOAQUÍN LÓPEZ DORIGA

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