Sin argumento legal guardias de seguridad del Centro de Justicia Federal, con sede en Tlaxcala, retuvieron al periodista Alberto Amaro Jordán director de La Prensa de Tlaxcala e impidieron que acudiera a la audiencia programada el 11 de febrero a las 15:15 horas, privándolo de su libertad e impidiendo que cumpliera con presentarse en la audiencia en calidad de víctima.

El periodista se registró y luego fue llevado a un salón con sillas donde permaneció incomunicado ya que le retiraron su teléfono celular y la mayor parte del tiempo le indicaron que el aislamiento del que fue objeto fue por “ordenes superiores”. Tras casi dos horas y media de aislamiento tuvo contacto con su asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quien le confirmó que la audiencia no se llevó a cabo debido a su ausencia.

El periodista lamentó que las instancias, como el Poder Judicial de la Federación, en vez de garantizar los derechos del periodista, hayan obstaculizado un proceso en donde se busca resarcir el daño de una violación a los derechos humanos, además dichos tratamientos conducen a la revictimización.

En este sentido, ARTICLE 19 México y Centroamérica y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), condenaron los hechos al igual que el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, al asegurar que en Tlaxcala se pugna por una prensa libre.

“Nos solidarizamos no ocurrió en el poder ejecutivo, es importante no re victimizar a los compañeros periodistas, nuestra solidaridad con el compañero y decir que en Tlaxcala creemos en la libertad de expresión, creemos en la prensa libre y creemos que los periodistas deben y tienen derecho de ejercer su trabajo en las mejores condiciones posibles y con la mejor libertad posible”, dijo Martínez Velázquez.

Finalmente, las agrupaciones exigieron una explicación por las vulneraciones ocurridas contra el periodista Alberto Amaro Jordán, también pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) iniciar una queja e investigación por los hechos, también exigieron al Centro de Justicia Federal, iniciar una investigación interna por los hechos registrados y que los Gobiernos se abstengan de acciones que resulten en la revictimización.

El cargo Guardias retienen a periodista en el Centro de Justicia Federal apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Representantes de 20 funerarias del estado se manifestan afuera del Hospital General de Tlaxcala  Anselmo Cervantes Hernández, ubicado en San Matías Tepetomatitlán, para solicitar que termine la corrupción que impera en este nosocomio y en las clínicas 1 y 8 del IMSS, ubicados en la Loma Xicoténcatl y centro de Tlaxcala, respectivamente.

Ricardo Molina, de Casa Funeraria “El Divino Redentor”, aseguró que guardias de seguridad favorecen a determinados establecimientos para dar el servicio, y la mayoría los dejan sin poder tener libre acceso al momento de retirar el cuerpo sin vida de una persona.

“En el hospital general pide la licencia de funcionamiento, la credencial del elector del conductor, la licencia de conducir, permiso de carga, de carroza, etc. Y no corresponde esas exigencias, además de que toman fotografías a los documentos y eso es ilegal. Hasta buscan en la bitácora de las veces que han estado en el hospital para dar el servicio funerario”, comentó.

A su vez Eduardo Luna, de la empresa ”Catedral’, Agencia Funeraria platicó que los obstáculos se extienden desde la presidencia de San Pablo Apetatitlán, porque no han liberado licencias de funcionamiento del 2025; por ello, la madrugada del 11 de marzo simplemente no los dejaron retirar un cadáver.

Asimismo, solicitaron que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), regule a todas las funerarias, ya que no todas trabajan bajo el amparo de la Ley General de Salud; y muchas de estas son las favorecidas.

Agregaron que los policías no pueden lucrar con el cuerpo de una persona, porque se trata todavía del derecho que merecen tanto el finado, como familiares de tener un trato digno, y lo más pronto posible la entrega; la cuál se prolonga hasta por cuatro horas.

“La ley dice que los cuerpos no son título de nadie, y lo que pasa con estas conductas es un acto constitutivo de probable delito federal porque la ley lo indica. No pueden decir dame 500 pesos y tú te llevas ese cuerpo ¿Dónde queda la humanidad de los guardias de seguridad?”.

Apelan porque el Gobierno del Estado les dé respuesta, porque de lo contrario van a cerrar los accesos al hospital general, como una medida más enérgica.

Las funerarias que se manifestan son de Apizaco, Tlaxcala, Tepetomatitlán y San Pablo del Monte.

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