El Gobierno de Tlaxcala sostuvo que el proyecto para la construcción de infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalupe Ixcotla cuenta con el respaldo de la comunidad y aseguró que, hasta el momento, no existe ningún impedimento jurídico que frene el inicio de las obras.

El vocero del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, afirmó que el proyecto fue sometido a dos consultas públicas que, aseguró, cumplieron con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

“El proyecto cuenta con el aval de la comunidad”, sostuvo el funcionario, quien señaló que la administración estatal continuará coadyuvando con el Gobierno Federal para defender lo que calificó como la voluntad popular expresada en las asambleas comunitarias.

Martínez Velázquez reveló además que en septiembre comenzarían los procesos de licitación del IMSS para asignar las obras y permitir que los trabajos puedan iniciar durante este mismo año.

Explicó que tanto el proyecto de Zacatelco como el de Guadalupe Ixcotla ya fueron aprobados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuentan con recursos que deben ejercerse durante 2026.

Gobierno acusa falta de sustento jurídico en oposición

Ante las protestas y acciones emprendidas por un grupo de habitantes de Guadalupe Ixcotla que se opone al proyecto, el vocero afirmó que sus argumentos no han prosperado en las instancias electorales.

Recordó que los intentos por destituir al presidente de comunidad y posteriormente desconocer una asamblea fueron desestimados tanto por la autoridad electoral local como por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“No tienen la razón jurídica”, afirmó Martínez Velázquez.

El funcionario consideró que ahora el grupo inconforme busca llevar el conflicto por la vía judicial, con asesoría legal que, desde su perspectiva, no tendrá resultados favorables.

Incluso señaló que ya han sido colocadas algunas pintas en bardas de la zona como parte de las acciones de rechazo al proyecto.

“No hay nada legal que impida el inicio de las obras”

El vocero fue categórico al señalar que, con la información que actualmente tiene el Gobierno del Estado, no existe una disposición legal que impida que el IMSS avance con el proceso de construcción.

Martínez Velázquez subrayó que se trata de una obra federal, por lo que la responsabilidad principal corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Gobierno Federal.

“El gobierno del estado, su único papel es coadyuvar con el gobierno federal para defender la voluntad de la gente”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró que la postura de la administración estatal es respaldar el resultado de las asambleas comunitarias y garantizar que se respete la decisión que, de acuerdo con el gobierno, fue favorable a la construcción tanto del hospital como del CESI.

Con los procesos de licitación previstos para septiembre, el conflicto entre los habitantes que respaldan el proyecto y quienes buscan detenerlo podría trasladarse nuevamente al terreno jurídico, mientras el IMSS avanza con los procedimientos administrativos para ejercer los recursos durante este año.

El cargo Gobierno asegura “no hay impedimento legal para iniciar las obras en Ixcotla” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Esta obra da continuidad a los trabajos realizados el año pasado, cuando fue intervenido el tramo que conecta hacia Contla, en esta segunda etapa, los trabajos abarcan hasta la zona conocida como El Llanito, ampliando los beneficios para quienes transitan diariamente por esta importante vía.

La presidenta municipal, Blanca Angulo Meneses, destacó que su administración mantiene el compromiso de llevar obra pública a las comunidades, priorizando aquellas acciones que durante años fueron solicitadas por la ciudadanía y que hoy comienzan a ser una realidad.

Por su parte, el presidente de comunidad de Guadalupe Ixcotla, José Juan Cuautle Romano, gestionó la rehabilitación de esta vialidad en beneficio de las familias de la localidad, petición que hoy el Gobierno Municipal atiende como parte de su compromiso de mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población.

El cargo Chiautempan da continuidad a la rehabilitación de la calle Vicente Guerrero en Guadalupe Ixcotla apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El presidente de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, José Juan Cuautle Romano, denunció robo de dinero en efectivo, la desaparición de documentos oficiales, la sustracción de información digital y amenazas en contra de él y de su familia, hechos que, aseguró, ocurrieron tras la toma de la Presidencia de Comunidad por parte de un grupo de inconformes.

El representante comunitario informó que desde el momento en que las instalaciones fueron ocupadas dio aviso a las autoridades y presentó la denuncia correspondiente contra quien o quienes resulten responsables, luego de detectar diversas irregularidades al recuperar el acceso al inmueble.

“Cuando entramos verificamos que abrieron puertas, escritorios, manipularon las computadoras y sacaron información pública. Desaparecieron documentos importantes para la comunidad, información digital que teníamos bajo resguardo y también cantidades económicas”, declaró.

Cuautle Romano señaló que la información extraviada corresponde a archivos administrativos, expedientes de transparencia, gastos internos y documentación relacionada con el manejo del gasto corriente de la comunidad.

Asimismo, reveló que del interior de su oficina desaparecieron 60 mil pesos que, explicó, provenían de aportaciones por servicios de inhumación en el panteón de la comunidad y que estaban destinados a cubrir gastos de operación de maquinaria solicitada para ejecutar obras de infraestructura.

Detalló que esos recursos serían utilizados para el pago de combustible, viáticos y alimentación de los operadores de una retroexcavadora y una motoconformadora que había gestionado para trabajos comunitarios, por lo que tuvo que cancelar la llegada del equipo al descubrir los faltantes.

Además del dinero resguardado en su oficina, indicó que en los escritorios de la tesorera y de la secretaria de la comunidad también desaparecieron cantidades menores, estimadas entre tres y cuatro mil pesos en un caso y alrededor de mil pesos en otro.

El presidente de comunidad aseguró que la situación ha escalado más allá de las diferencias derivadas del conflicto social que enfrenta la localidad, al afirmar que ha sido objeto de amenazas.

“En lo particular sí he recibido amenazas en contra de mi persona y de mi familia. Independientemente de las difamaciones y calumnias que comúnmente se utilizan en redes sociales, esto ya rebasa esa situación porque son ataques directos a mi persona y a mi familia”, expresó.

Ante ello, pidió la intervención de las autoridades estatales y ministeriales para esclarecer los hechos, garantizar la seguridad de su familia y sancionar a los responsables.

Finalmente, sostuvo que su administración ha procurado mantener informada a la población sobre los alcances y beneficios de los proyectos impulsados en la comunidad, al tiempo que reconoció el derecho de los ciudadanos a manifestar su inconformidad, siempre que ésta se realice de manera pacífica y con argumentos.

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