gobernadora Layda Sansores

Congreso de Campeche aprueba reforma: gobierno podrá expropiar predios bajo el criterio de utilidad pública

Redacción — Thu, 04 Sep 2025 20:47:06 +0000

El Congreso de Campeche aprobó, en sesión extraordinaria, la iniciativa presentada por el gobierno del estado para modificar diversos artículos de la Ley de expropiación y demás limitaciones al derecho de propiedad.

La iniciativa, que fue avalada con mayoría de Morena −18 votos a favor y 13 en contra−, plantea que la Secretaría de Gobierno emita las declaratorias de utilidad pública y que la Secretaría de Finanzas determine el pago de indemnización; además, la nueva normativa reduce los plazos de defensa de los ciudadanos.

El dictamen detalla que la declaratoria de utilidad pública se publicará en el Periódico Oficial del estado y se notificará personalmente a los titulares de los bienes y derechos que resultarían afectados. En caso de ignorarse habrá una segunda notificación por el mismo medio que deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la primera publicación.

“Los interesados tendrán un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Periódico Oficial del Estado para manifestar ante la Secretaría de Gobierno lo que a su derecho convenga, y presentar las pruebas que estimen pertinentes”. Posteriormente, la autoridad citará a una audiencia para el desahogo de pruebas.

La ley promovida por la gobernadora Layda Sansores, se sostuvo con el argumento de armonizar y actualizar la legislación estatal con la federal.

Reforma causa polémica

Diputados de la oposición señalaron que los plazos de defensa son insuficientes al dar solo cinco días hábiles para responder a la declaratoria de utilidad pública, en contraste con los 15 días que marca la ley federal. Además, que bastará que se publique en el Periódico Oficial del Estado para considerarlos como notificado.

Otros de los puntos criticados es que se mantiene el plazo para pagarle al propietario en abonos y hasta en un periodo de 10 años, cuando la ley federal ordena pagar en 45 días.

Asimismo, criticaron que los avalúos son realizados por la Secretaría de Finanzas, siendo juez y parte, para determinar el pago de la indemnización.

El diputado José Antonio Jiménez, de Morena, acusó a la oposición de querer infundir miedo a través de la mentira. Aseguró que la ley establece fundamentos necesarios para expropiar, “no se expropia por expropiar y se hará solo por causas de utilidad pública”, es decir, para obra de infraestructura pública, ampliación de calles, puentes, calzadas, caminos; construcción de hospitales, parques, jardines, campos deportivos o cualquier obra destinada a prestar servicios colectivos.

Delma Rabelo Cuevas, del PRI, sostuvo que esta iniciativa “es profundamente peligrosa ya que no se trata de un simple ajuste normativo, se trata de abrir la puerta a un mecanismo que coloca la propiedad privada a merced del Ejecutivo local”.

En tanto, Paul Alfredo Arce, de Movimiento Ciudadano, señaló que la única defensa posible será un amparo, para lo cual se requiere contratar un abogado y cubrir los costos del proceso, ya que la resolución no admitirá recurso administrativo alguno.

CON INFORMACIÓN DE ANIMAL POLÍTICO

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No sólo Odebrecht: Lavalle es beneficiario de los negocios Gil Zuarth-Cabeza de Vaca

Redacción — Fri, 13 Dec 2024 12:58:52 +0000

Layda Sansores tiene una nueva cruzada: Jorge Luis Lavalle. Lo hizo titular de Desarrollo Económico en Campeche a pesar de que usa un brazalete electrónico por el Caso Odebrecht, que ya lo tuvo preso. Lo incorporó a su gabinete aún cuando es socio en un despacho de Roberto Gil Zuarth, exsecretario de la Presidencia con Felipe Calderón. El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha dado a ganar millones de pesos a Lavalle Maury, quien es parte del primer círculo calderonista junto con Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez Servién y Ricardo Anaya, todos involucrados en tramas corruptas.

Jorge Luis Lavalle Maury, el flamante Secretario de Desarrollo Económico de Campeche que la Gobernadora Layda Sansores designó pese a estar procesado por los sobornos de Odebrecht, es socio del despacho de abogados que encabeza Roberto Gil Zuarth y fue beneficiario de los 14 millones de pesos que Francisco García Cabeza de Vaca le pagó con recursos públicos de Tamaulipas para defenderlo de las acusaciones de delincuencia organizada.

Antes de estar preso en el Reclusorio Norte por los sobornos de Odebrecht, de abril de 2021 a septiembre de 2022, Lavalle Maury se hizo socio de Accuracy Legal and Consulting, S.C., el despacho que Gil Zuarth fundó en febrero de 2018 y que, al año siguiente, el 22 de noviembre, recibió del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por García Cabeza de Vaca, 14 millones de pesos para ser defendido por la Fiscalía General de la República (FGR) que lo acusa de delitos de delincuencia organizada, por los que hasta ahora sigue prófugo.

Lavalle Maury recibió de Accuracy Legal and Consulting transferencias por 2 millones 753 mil 297 pesos con 58 centavos en 2019 y la mayor cantidad de esa cifra, dos millones cerrados, los recibió una semana después del depósito de los 14 millones de pesos del Gobierno de Tamaulipas, el 29 de noviembre, según documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Lavalle Maury, acusado por la FGR de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el único político del Partido Acción Nacional (PAN) relacionados con los sobornos con dinero de la trasnacional brasileña Odebrecht que denuncio Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex de Enrique Peña Nieto.

Además de Lavalle Maury, Lozoya Austin, quien sigue su proceso en prisión domiciliaria, señaló como beneficiarios de los sobornos a García Cabeza de Vaca, Salvador Vega Casillas y Francisco Domínguez Servién, así como al exdiputado Ricardo Anaya, de haber recibido millones de pesos en efectivo para aprobar la Reforma Energética.

Todos estos senadores, a excepción de Anaya, están directamente vinculados con el expresidente Felipe Calderón y Gil Zuarth, quien encabeza el despacho Accuracy Legal and Consulting, S.C., y quien se inscribió para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con información de Sin Embargo

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Gobernadora de Campeche defiende nombramiento de Jorge Lavalle: se queda en el cargo

Redacción — Thu, 12 Dec 2024 13:16:53 +0000

Jorge Luis Lavalle fue nombrado Secretario de Desarrollo Económico en Campeche, luego de estar involucrado en el caso Odebrecht.

La Gobernadora Layda Sansores defendió a Jorge Luis Lavalle como nuevo Secretario de Desarrollo Económico en Campeche, ante las críticas por su presunta participación en el caso Odebrecht. “Es un chivo expiatorio, porque no le han comprobado nada”, aseguró.

Durante una reunión con trabajadores del Senado, la mandataria estatal aseguró que pese a las críticas en contra de Lavalle, quien estuvo preso de forma preventiva, él continuará en su cargo dentro del estado.

Asimismo, aseveró que el caso de Odebrecht se debe resolver, pero no “con chivos expiatorios”, por lo que detalló que no le han podido demostrar nada.

“Todavía yo no le había podido informar y cuando lo hice, le dije cuáles son mis razones (…) A dónde están las pruebas. Yo tengo mis razones y lo sostengo”.

El pasado 3 de diciembre, la Gobernadora de Campeche anunció el nombramiento del exlegislador y le deseó éxito en su nueva labor. La noticia provocó severas críticas de políticos de oposición y de Morena, su partido.

“Hoy nombré a Jorge Luis Lavalle Maury como nuevo secretario de Desarrollo Económico, con quien trabajaremos en equipo por el bien de Campeche”, escribió desde sus redes sociales.

Por su parte, el Secretario estatal destacó que comparte un buen lazo con Layda Sansores, mediante “convicciones y anhelos sobre el futuro que merece Campeche”, y dijo que la Gobernadora le dio instrucciones de atender a los empresarios locales, impulsar las inversiones, la generación de empleos y la transición energética.

Lavalle y el caso Odebrecht

El 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aseguró en sus testimonios que Jorge Luis Lavalle recibió 25 millones de pesos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.

El dinero que habría recibido el exlegislador, según el director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue triangulado a través de diversas compañías, junto a otros senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la aprobación de la Reforma Energética.

Los señalamientos de Lozoya implicaron a varios políticos y exaltos funcionarios, entre ellos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, todos los implicados han rechazado las acusaciones e incluso han interpuesto denuncias en su contra, como es el caso del excandidato presidencial Ricardo Anaya.

Por estos hechos, el 9 de abril de 2021, Lavalle fue internado en el Reclusorio Norte por órdenes del Juez de Control, Marco Antonio Fuente Tapia, y permaneció encarcelado hasta el 16 de septiembre de 2022 para llevar su proceso en libertad provisional.

Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue quien concedió modificar la medida cautelar de Lavalle luego de que sus abogados argumentaran que su cliente tiene problemas de salud crónicos.

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Congreso de Campeche pide a San Lázaro agilizar desafuero de Alito Moreno

Redacción — Wed, 13 Nov 2024 13:18:59 +0000

Diputados locales de los partidos Morena, del Trabajo y del Verde Ecologista aprobaron por mayoría enviar un exhorto a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados para que les informe el estatus que guarda la solicitud de desafuero contra el senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, denunciado por corrupción y desvío de alrededor de 3 mil 941 millones de pesos durante su desempeño como gobernador de Campeche en el periodo 2015-2019.

En su exposición, los legisladores recordaron que tanto la Fiscalía General del Estado de Campeche como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la gobernadora Layda Sansores presentaron denuncias contra Moreno Cárdenas por diversos delitos.

Entre ellos, por enriquecimiento inexplicable, desvío de recursos públicos, corrupción y tráfico de influencias, por lo que han solicitado a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia para que se le finquen las responsabilidades por las faltas en que incurrió.

Por lo anterior, solicitaron a la Comisión Instructora que agilice los procedimientos establecidos en la ley para imponer las sanciones que correspondan.

En el debate, el coordinador de Morena, el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, exigió el desafuero para Alito Moreno a fin de que sea el primer sujeto público juzgado en la plaza pública por sus actos de corrupción.

Por su parte, la diputada priísta Delma Rabelo sostuvo que se trata de un caso juzgado en que su líder nacional les ha ganado jurídicamente, por lo que consideró que este asunto es parte de los rencores, obsesiones personales y deseos de venganza” de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

El morenista Gaspar Nah expuso que no hay deseos de venganza de la mandataria estatal, sino una exigencia de justicia, incluso para los propios militantes del PRI a quienes Moreno Cárdenas traicionó.

Con información de La Jornada

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