¿Motivos de salud? ¡Ja! Como si alguien creyera que un tipo capaz de resucitar investigaciones muertas para vengar rencores universitarios sufre de “dolores de espalda”.

No, esto huele a maniobra palaciega: Claudia Sheinbaum, harta de que el abuelo fiscal le estorbara con sus caprichos personales, lo mandó a pastar en algún asilo dorado de la 4T. Y aplaudo de pie, con las palmas ardiendo de tanto golpear. ¿Por qué? Porque Gertz no era fiscal; era un matón con toga, un coleccionista de escándalos que convirtió la FGR en su patio trasero privado para ajustar cuentas y enterrar evidencias.

Recuerden el sainete de la UDLAP, ese asunto digno de telenovela barata. Gertz, rector frustrado de la UDLA (esa “Universidad de las Américas” de segunda mano que fundó para competir con la de Puebla), se enreda en pleitos por el nombre como un chiquillo celoso.

Otorga poderes a su compadre Juan Ramos López –¡sí, el mismo que dirigió una fiscalía especializada en la FGR!– para demandar a la familia Jenkins de Landa, dueños de la UDLAP. ¿Resultado? Una investigación “misteriosamente” reabierta por lavado de dinero, ilegal como un abrazo en tiempos de peste, solo porque los Jenkins no le cedieron la marca.

Ordenes de aprehensión volando como confeti (aunque varios Jenkins ya andaban de vacaciones perpetuas en el extranjero), policía estatal ocupando el campus por medio año –¡imagínense, clases interrumpidas por un berrinche de rector emérito!– y la Suprema Corte teniendo que intervenir para limpiar el desastre.

 ¿Justicia? No, venganza con presupuesto federal. Y ni hablemos del IMPI, que de repente “resuelve” a favor de la UDLA de Gertz una vez que él se corona fiscal. Coincidencias, ¿eh? Como si el universo conspirara para que el viejo no perdiera ni una migaja de su ego inflado.

Pero eso era solo el aperitivo. El menú principal de horrores incluía el caso Alejandra Cuevas: una pobre mujer encarcelada por más de un año por un “delito inexistente” de homicidio, todo para presionar a su cuñada Laura Morán. ¿Pruebas? Cero. ¿Motivo real? El rencor personal de Gertz, que vio en la FGR su arma particular para saldar deudas familiares.

O el pleito con Julio Scherer, exconsejero de Palacio, a quien persiguió con carpetas de investigación por no respaldar su cruzada contra Cuevas. ¡Denuncias de intimidación y tráfico de influencias volando en todas direcciones! Y para rematar, el anuario de la corrupción de 2021 lo tilda de enriquecido inexplicable, junto a su séquito de lambiscones.

¿Escándalos suficientes para removerlo? Claro, pero AMLO, la cabecita de algodón, lo mantuvo como un fetiche: el “hombre que conoce las entrañas del poder”, decían. Secretos obscuros… ¡puro teatro! Lo mantuvo porque Gertz era su bulldog: muerde a los opositores, pero lame las botas del amo. ¿Y la autonomía de la FGR? Un chiste cruel, un cascarón vacío que López Obrador usó para simular que la justicia no era su patio de recreo.

Hoy, con su salida –confirmada por un Senado que huele a sesión exprés para votar al relevo–, México exhala alivio. Se va el que convirtió la fiscalía en un basurero de venganzas personales, dejando un ajedrez político patas arriba.

Porque sí, este cambio no es un adiós discreto; es un terremoto. La FGR, esa institución que debería ser el guardián de la ley, pasa a manos de quien Sheinbaum elija para “cuidarle la espalda” y filtrarle chismes jugosos del poder para tener pelos y señas del comportamiento de los amigos, pero sobre todo de los enemigos.

Y los rumores ya bullen como chismes de tianguis: dos perfiles suenan con fuerza para el trono ensangrentado, ambos tan afines a la presidenta que parecen clones de su agenda. Primero, Arturo Zaldívar, el exministro presidente de la SCJN que ahora coordina la política y gobierno en Palacio. ¿Sus credenciales? Un historial de lealtades inquebrantables a la 4T: impulsó reformas judiciales controvertidas, bailó al ritmo de AMLO y ahora orbita alrededor de Sheinbaum como un satélite fiel.

Sería el fiscal “institucional”, el que promete autonomía pero entrega informes confidenciales en charlas de café. Ácido, sí, pero ¿quién dice que no será el nuevo capataz, disfrazado de toga progresista?

El otro contendiente, aún más jugoso: Ernestina Godoy, la exfiscal de la CDMX durante el mandato de Sheinbaum como jefa de Gobierno. ¿Recuerdan? La misma que persiguió a los ministerios públicos que osaron no encontrar pruebas contra Cuevas en 2017, acusándolos de “denegación de justicia” en un bucle de persecución que huele a revancha feminista mal ejecutada.

Godoy es la opción “de casa”: leal hasta la médula, con experiencia en fiscalías locales y un currículum que grita “yo controlo el aparato”. Bajo su mando, la FGR podría volverse una extensión del gabinete de seguridad de Sheinbaum, persiguiendo narcos con eficiencia pero ignorando los pecadillos de los suyos.

En fin, celebremos el éxodo de Gertz como se celebra el fin de una plaga: con fuegos artificiales y un suspiro colectivo. Pero no nos engañemos: el relevo no es redención, es reciclaje.

Sheinbaum hereda un monstruo, y en lugar de domesticarlo, le pone una correa nueva. ¿Volverá la justicia a ser ciega, o solo cambiará de amo? Mientras tanto, que Gertz se retire a escribir memorias ficticias –o a litigar por el nombre de su próximo asilo–. México, al menos hoy, respira un poco más limpio. ¡Salud por eso, y que los nuevos no nos asfixien tan rápido!

Ahhh y en Tlaxcala la Fiscal Ernestina Carro Roldan debe ver este relevo como un antecedente que en nada le conviene. Si quitaron al Fiscal General, por qué no aspirar en que Tlaxcala podrá hacer lo mismo. A falta de resultados, un adios anticipado.

El cargo ¡Adiós, Gertz! Aguas Ernestina Carro apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la conferencia presidencial, el fiscal comentó que estas investigaciones abarcan también su resposabilidad por el ingreso ilegal de armas a través del operativo Rápido y Furioso (instrumentado durante el sexenio de Felipe Calderón).

Gertz dijo que en todos los casos, la FGR no quita el dedo del renglón para sancionar las conductas ilícitas de Garía Luna y las autoridades estadunidenses tienen conocimiento de estas investigaciones y solicitudes legales.

Con información de La Jornada

El cargo Vigentes, las carpetas y órdenes contra García Luna: FGR apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Fue el pasado 6 de diciembre cuando en el Diario Oficial de la Federación, el Fiscal Gertz Manero publicó el acuerdo A/002/2023 por el que se delegan diversas facultades en las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, entre ellas intervenir comunicaciones privadas o extracción de información, pedir a los concesionarios de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de una persona, llevar a cabo operaciones encubiertas y conocer las operaciones financieras realizadas por los sujetos investigados.

Estas facultades, como se establece en el acuerdo, ya las podía ejercer el Fiscal General de la República, pero ahora pueden hacer uso de ellas los agentes del Ministerio Público federal desde el pasado 7 de diciembre que entró en vigor la disposición, siempre y cuando se cuente con la autorización del superior.

“Para ejercer cualquier facultad delegada en este Acuerdo, la persona agente del Ministerio Público de la Federación deberá obtener, en cada caso, la autorización previa correspondiente de la persona titular de la unidad sustantiva a la que se encuentre adscrita o comisionada, dejando la constancia correspondiente”, establece en ese sentido el punto tres del documento.

José Flores, Director de Comunicación en la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y presidente de la fundación Wikimedia México, explicó en entrevista que si bien las fiscalías ya podían llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas, el acceso a datos conservados por parte de empresas, el acceso a la localización en tiempo real, todas estas facultades estaban concentradas en la Fiscalía General de la República, pero ahora con este acuerdo todo agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo estas técnicas de investigación.

“Esta ampliación de facultades es en realidad preocupante en el entendido de que hay muchos indicios de abuso de estas técnicas de investigación, incluyendo las revelaciones recientes del uso del acceso a datos conservados por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de Colima en contra de figuras públicas, personas políticas; y también ha sido utilizado en el pasado en contra de personas defensoras de derechos humanos o periodistas”, ahondó.

En ese sentido, advirtió que en un escenario en el que hay evidencia de que se ha abusado de estas técnicas de investigación, sin que haya salvaguardas para prevenir este uso faccioso, resulta preocupante que ahora se busquen ampliar estas atribuciones delegándolas a cualquier persona del Ministerio Público.

La abogada Adriana Greaves, de la organización Tojil, consideró en entrevista que el punto central de preocupación es que haya un abuso de las facultades por parte de los funcionarios que ahora estarán habilitados para solicitar este tipo de datos.

“El problema no es la ley, sino los operadores y la falta de control a los operadores”, dijo la abogada Adriana Greaves, de la organización Tojil. “A nivel práctico, anteriormente las concesionarias de telefonía o de datos solían tener una persona de vinculación con fiscalía, pero hoy en día todos los fiscales podrían marcar para pedir este tipo de información”.

Por este motivo, remarcó que el robustecimiento de las fiscalías no es negativo, sino que habrá que confiar en que no haya un abuso de poder por parte de las autoridades y a la par, aplicar controles para evaluar que no haya un uso discrecional de estas facultades.

El acuerdo refiere además que las personas agentes del Ministerio Público de la Federación tienen de igual forma las facultades para “ordenar directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada”.

José Flores de la R3D precisó que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé justamente una excepción de no solicitar la orden de un Juez cuando son casos que amenazan la vida y la integridad de las personas como pudiera ser en un caso de secuestro. “Lo que se hace es que se le manda primero la solicitud a las empresas de telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones envían esta información y, en teoría, la autoridad tiene 48 horas para presentar la orden judicial de dónde está justificada la medida que tomaron”.

Expuso que se tiene documentado, como sucedió con la Fiscalía de la Ciudad de México, que se agregan número telefónicos en carpetas de investigación existentes sobre estos delitos para poder acceder a estos registros sin pasar por una orden judicial. “Esto no implica que cualquier MP va a poder pedir cosas sin autorización judicial, pero sí abre la puerta que cualquier MP pueda utilizar o abusar de esta laguna que existe digamos en las facultades de vigilancia de la fiscalías”, apuntó.

El acuerdo también les permite “requerir a los sujetos obligados que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática hasta por un tiempo máximo de noventa días”. Al mismo tiempo les da el poder de solicitar el aseguramiento de bienes propiedad de la o de las personas imputadas, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueñas, cuyo valor equivalga a dicho producto.

En abril de 2021, el diario El País dio a conocer que la FGR suscribió, entre 2019 y 2020, al menos cuatro contratos para la adquisición de tecnologías de vigilancia a través de a la empresa Neolinx de México, dedicada a la venta de equipo de espionaje durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual estuvo involucrada, entre 2014 y 2015, en procesos de venta de sistemas de vigilancia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal y la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Desde entonces, la R3D advirtió públicamente que la vigilancia masiva e indiscriminada es una medida desproporcionada y violatoria de los derechos humanos. “En ningún caso, la vigilancia masiva puede ser considerada legítima por parte del Estado, ya que toda acción de este tipo debe ser focalizada, justificada por circunstancias específicas de un caso concreto”, señaló desde entonces.

Ahora con este acuerdo, la R3D expuso que se abren las puertas a una vigilancia irregular e incluso al espionaje. “Es urgente una revisión profunda de este marco legal para hacer mucho más transparente estas tareas que en teoría deberían ser utilizadas para la prevención y combate al delito”, indicó José Flores.

CON INFORMACIÓN DE: SINEMBARGO

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