Lo que aparentaba ser un trámite administrativo ordinario se ha convertido en un episodio que genera serias dudas sobre transparencia, aplicación de la normatividad y el manejo de la confianza ciudadana en una institución fundamental para la educación de miles de tlaxcaltecas.

El núcleo del asunto radica en la velocidad con la que se otorgó la licencia sin goce de sueldo por “asuntos particulares”, a un presunto huachicolero

El oficio 1623/2026, fechado el 28 de mayo de 2026 —apenas un día después de la detención del docente en un operativo contra el huachicol en Huejotzingo, Puebla—, le concedió seis meses de ausencia.

El profesor fue aprehendido el 27 de mayo con equipo típico para el robo de hidrocarburos: perforadora, manguera de alta presión, pipa y vehículos, uno de ellos con placas de Tlaxcala. Tres días antes de que iniciara formalmente la licencia, ya estaba a disposición de las autoridades ministeriales. ¿Suena lógico?

Lo más llamativo es la inmediatez del trámite. Fuentes consultadas por distintos medios coinciden en que las licencias sin goce de sueldo por asuntos particulares suelen solicitarse con anticipación, de forma personal y con documentación justificativa.

Autorizarla de un día para otro, con firma directa del titular de la SEPE-USET, sugiere una flexibilidad poco común. ¿Se verificó realmente el estatus del solicitante? ¿Hubo una solicitud previa no mencionada? Este ritmo exprés contrasta fuertemente con la lentitud que enfrentan los docentes de a pie en trámites ordinarios.

Aún más grave resulta la comparación con la realidad de la mayoría de los maestros. Como señalan voces del sector, la mayoría de estos permisos, incluso para asuntos personales, se otorgan muy poco, sin importar si se trata de problemas de columna, cáncer o insuficiencia renal.

Enfermos graves esperan 15, 20 días o incluso un mes para obtener una licencia, y en muchos casos simplemente no se las conceden. En cambio, al profesor detenido en Puebla le entregaron el permiso como si se tratara de un caso de urgencia nacional.

Faltó el 27, apareció en los medios poblanos por su presunta participación en el huachicol y, para el 28, ya tenía el oficio fechado, con efectos a partir del 30 de mayo.

Esta celeridad no solo genera suspicacias sobre los tres días intermedios sin justificación clara —que eventualmente podría cubrir un jefe de sector—, sino que plantea una pregunta incómoda: ¿está la SEPE-USET protegiendo a uno de sus “trabajadores”?

Según la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, un asunto de carácter penal constituye causa de cese laboral. La licencia parece actuar como un paraguas temporal que frena cualquier procedimiento inmediato.

Hasta ahora Homero Meneses Hernández no ha ofrecido una explicación oficial detallada. El silencio prolongado solo alimenta especulaciones y entierra la credibilidad de la dependencia.

En una entidad donde la educación enfrenta desafíos reales —infraestructura deficiente, rezago educativo y necesidad de profesionalización docente—, episodios como este dañan la imagen institucional y envían un mensaje equivocado a la sociedad, particularmente a estudiantes y familias.

La SEPE-USET tiene no solo una responsabilidad administrativa, sino moral. Otorgar facilidades que parecen blindar a un presunto implicado en un delito que afecta la economía nacional y genera violencia colateral, mientras miles de maestros honestos batallan por permisos legítimos por salud, resulta intolerable.

La presunción de inocencia es válida, pero también lo es la obligación de evitar cualquier percepción de protección o amiguismo.

Tlaxcala requiere una educación pública ejemplar, no solo en las aulas, sino en la conducta de quienes la dirigen.

Es momento de que las autoridades salgan del mutismo, investiguen internamente el procedimiento, aclaren los hechos y, si es necesario, revisen la licencia.

Nadie pide linchamientos, solo se espera que una institución educativa fomente la claridad y rendición de cuentas. En política, las omisiones también son decisiones, y en este caso, la omisión solo profundiza la desconfianza

El cargo Huachicol: Nueva Escuela Tlaxcalteca apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Pues este absurdo ejemplo tiene la misma lógica que está utilizando la diputada neo morenista, Lorena Ruiz García, para proteger sus intereses, que no el de las víctimas como afirma.

La oriunda de Apizaco pretende impulsar, a su favor una ley que le brinde protección a ella -y toda su parentela- de cualquier molestia que pudiera generarle el escrutinio público.

Lo que Ruiz García propone es una ley mordaza para decirlo rápido, otros más la vemos como un pasaporte de impunidad que le permita gozar de lo acumulado sin la mínima sanción, incluida la social.

Esto sucedió ayer en la Primera Sesión del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año Legislativo, cuando la ex diputada del Panal Tlaxcala, presentó la iniciativa con la que pretende sancionar a medios de comunicación y servidores públicos que difundan información sobre asuntos penales. Sólo le faltó agregar: “que atenten contra mi familia, mis intereses, mi imagen, o la de mi pareja”.

Si Lorena Ruiz García pretendiera proteger a las víctimas de ser expuestas en fotografías en redes sociales y medios de comunicación, como se dijo en la exposición de motivos, su labor legislativa pudiera haberse enfocado con otra narrativa y se habría ayudado del trabajo de colectivos y activistas, pero no fue así.

El absurdo de Ruiz García pudo ser mayor, pues la iniciativa también pudo contemplar la inhibición del trabajo de activistas y colectivos sociales. Para nuestra fortuna su secretario técnico no amaneció más inspirado.

Su absurdo plantea tipificar como delito la ‘indebida difusión, revelación o publicación de información reservada, indicios, hallazgos u objetos relacionados con un procedimiento penal por parte de un servidor público’.

Lo peor de todo es que su “noble labor” pretende ser escudada en una ley denominada “ley Ingrid”. Desafortunadamente para ella confundió la gimnasia con la magnesia.

La “Ley Ingrid” es un instrumento que busca proteger a las víctimas evitando que la filtración de sus imágenes busquen el lucro pues durante muchos años este tipo de filtraciones -de parte de los propios servidores públicos- sirvieron a medios “alarmistas” para generar ventas a expensas de los afectados. Esa es la naturaleza de la ley Ingrid que en nada se compara o empata con la petición de Ruiz García.

De acuerdo a la iniciativa de la ex integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Tlaxcala (PANALT), la Adición del artículo 187 BIS al Código Penal, establecería una multa que va de las 500 a las mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y de dos a ocho años de prisión, para quien llegue a balconear los turbios asuntos de la apizaquense.

Pero si el medio, funcionario o comunicador, llega a dar a conocer información que detalle los excesos del delincuente institucional, también corre el peligro de pasar de dos a ocho años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública, periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal, o productos con uno o varios hechos, señalados por la ley como delitos’.

Más clara no puede ser la petición de Lorena Ruiz: Nadie puede señalarme a mí, ni a mi familia de delinquir y aquel que se atreva a hablar de la cuestionable actuación de mi sangre merece ir a la cárcel. Así, fuera de toda lógica es la petición de la ex regidora.

Por la noche de ayer a través de un “en vivo” fue la propia activista, Yeni Charrez, la que explicara las contradicciones de la citada “Ley Ingrid” respecto de la carta escrita a los reyes magos por parte de la diputada que soñó con ser presidenta de Apizaco. ¿Y su nieve?

La Ley Ingrid es un conjunto de reformas legislativas que buscan evitar y, en su caso, sancionar la exposición mediática de todo tipo de material audio visual en el que se muestre a víctimas. Lo de Lorena Ruiz es la petición del pasaporte de impunidad y sólo le faltó agregar que el operativo enjambre no pase por Tlaxcala, ni por su casa.

El cargo Pasaporte de impunidad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Su caso se ha convertido en un trágico ejemplo de la pervivencia de la tortura como un medio para obtener confesiones, a lo que se suma la discriminación de género y la impunidad, que son “marca de la casa” en México.

Las irregularidades en el proceso son alarmantes. Detenida arbitrariamente en 2015, Keren fue víctima de tortura por parte de policías de investigación que la obligaron a firmar una autoinculpación.

A pesar de las pruebas que demuestran su inocencia, incluyendo la falta de evidencia que la vincule al delito y el testimonio de personas que la ubican en otro lugar al momento del secuestro, se ha pedido una sentencia de 50 años de prisión.
Su caso no es aislado.

En México, la tortura es una práctica común utilizada para obtener confesiones forzadas, especialmente en contra de personas en situación de vulnerabilidad.

Las mujeres como Keren enfrentan una doble discriminación en el sistema de justicia, donde sus testimonios son a menudo ignorados y sus derechos violentados.

La acusación se basa en la presunta participación de Keren en el secuestro de una persona. A pesar de la falta de pruebas contundentes que la vinculen al delito, es considerada culpable, pidiéndose una pena excesiva.

Entre las irregularidades en el proceso, destaca la detención arbitraria, ya que fue detenida sin una orden judicial y tras un cuatro que le pusieron.

Tras su detención, Keren fue víctima de tortura física y psicológica por parte de policías ministeriales, quienes la obligaron a firmar una confesión autoinculpatoria. Además, la amagaron con desaparecer a su bebé de unos cuantos días de nacida; le impidieron alimentarla y cuidarla.

Asimismo, hay una evidente falta al debido proceso, ya que se negaron sus solicitudes de careos con los testigos que la incriminaron y no se investigaron las pruebas que presentó en su defensa.

De manera reiterada, Keren ha denunciado que durante su reclusión ha sufrido violencia de género y se le ha negado atención médica adecuada.

En cuanto a las pruebas de su inocencia, varios testigos afirman que Keren se encontraba en otro lugar al momento del secuestro; por si fuera poco, no se encontraron huellas dactilares, ADN u otra evidencia que la vincule directamente al delito, hay numerosas incoherencias en la acusación, al haber contradicciones en las declaraciones de los testigos que la incriminan y en la versión oficial de los hechos.

A todo esto se ha señalado la posible corrupción de las autoridades involucradas en el caso, incluyendo a policías de investigación y a jueces.

El caso de Keren ha sido tomado por organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas que exigen su liberación.

Hasta ahora se han presentado diversos recursos legales para lograr la revisión de su caso y la anulación de la sentencia.

La sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y la academia se han unido para exigir la liberación de Keren.

Su voz se ha escuchado en foros, manifestaciones y campañas en redes sociales. El acto más reciente tuvo lugar esta misma semana, con la presentación de 15 mil firmas recabadas en Change.org para pedir la liberación de esta mujer.

Este caso es un claro ejemplo de las fallas del sistema de (in)justicia en México. La falta de debido proceso, la tortura y la discriminación de género son solo algunas de las irregularidades que han marcado su caso.

Liberar a Keren no solo es un acto de justicia individual, sino también un paso hacia la construcción de un sistema judicial que haga justicia y no que fabrique culpables.

Este es un llamado a erradicar la tortura y la discriminación, y a garantizar el debido proceso para todas las personas. #LibertadParaKeren

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Adivinen quién es el autor o la autora de esta frase lapidaria que condena al sistema judicial mexicano. ¿Será acaso una de las frases mañaneras de Andrés Manuel López Obrador? ¿Acaso la habrá enunciado el dos caras de Ricardo Monreal? ¿O habrá sido un rapto de honestidad por parte de la ministra Norma Lucía Piña?

Pues no. Ninguno de los tres. Es más, el autor de la sentencia no pertenece al ámbito político, así que sus palabras no pueden estar sesgadas por el tufillo del compromiso partidista o por la disciplina doctrinaria. Nada de eso.

El docto autor es ni más ni menos que Miguel Carbonell, un distinguidísimo académico de la UNAM. Así es: la impoluta Universidad Nacional. La misma institución que está instigando las más furibundas manifestaciones contra la reforma judicial impulsada desde Palacio Nacional.

Integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Carbonell escribió hace algún tiempo el artículo“Corrupción judicial e impunidad: el caso de México”, mismo que está disponible en la Biblioteca Virtual del referido instituto de la UNAM, por si quieren consultarlo.

Lo interesante del texto de Carbonell es que recupera cifras de hace casi un cuarto de siglo, poco después de la anterior reforma al Poder Judicial federal, incluyó, por ejemplo, la creación del Consejo de la Judicatura Federal, que no es otra cosa sino un mecanismo para garantizar la impunidad de los jueces y juezas que cometen actos de corrupción o que violan los derechos humanos de los justiciables.

“Cuando una persona es puesta a disposición de una autoridad judicial se suele generar un escenario de violación de derechos fundamentales, que en muchos casos deriva en actos de corrupción”, afirma el universitario.

Y luego, cuando se trata de iniciar alguna investigación contra los dizques impartidores de justicia, ellos mismos se solapan, gracias a que son juez y parte, literalmente. Así lo describe Carbonell, a partir de un informe de las Naciones Unidas (otra vez, no se trata ni de los esbirros de Morena ni de algún loco tabasqueño iluminado. No, estamos hablando de la ONU): “Los mecanismos para sancionar a los jueces que hayan incurrido en actos de corrupción son poco transparentes y existe una dependencia del órgano encargado de las investigaciones respecto a la Suprema Corte”.

Y luego añade Carbonell: “Tiene razón, puesto que como resultado de una reforma de 1999, el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano competente desde su creación en 1994 para realizar la vigilancia y disciplina de los jueces, depende en buena medida de la Corte.

La mayoría de sus integrantes son miembros del propio Poder Judicial, lo que arroja una cierta sospecha sobre la protección que ofrecen a sus colegas y que evita que sean sancionados por actos de corrupción, pese a las abundantes denuncias presentadas por abogados”. Ante la evidencia, pues no hay engaño.

Las conclusiones de la ONU fueron demoledoras. Entre ellas cabe citar las dos siguientes afirmaciones de carácter general: “La impunidad y la corrupción (dentro del sistema judicial mexicano) siguen, al parecer, prevaleciendo”; “es preciso investigar y rendir cuentas públicamente de todas las violaciones de los derechos humanos, incluidas las denuncias de corrupción generalizada, algunas de mucha resonancia”.

Pero aún hay más, ya que de acuerdo con el Global competitiveness report, elaborado por el Foro Económico Mundial de Davos, que es el espacio favorito de los neoliberales que tanto respingan contra la reforma judicial, México se situaba en la posición 60 dentro de los 117 países evaluados, con respecto a la supuesta independencia del Poder Judicial.

Dicha falta de independencia genera prácticas corruptas dentro del quehacer de la judicatura y se manifiesta de dos maneras: una externa, respecto de los principales actores sociales y políticos (es decir de la gente de la lana, como el tío Richie que se niega a pagar sus millonarios adeudos al SAT y prefiere comprar jueces y ministros), y otra interna, que hace que los jueces inferiores sigan las “instrucciones” y protejan los intereses de los jueces superiores.

Lo dicho: esto lo afirma uno de los que forma parte de la mafia.

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Fuertes declaraciones

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LAS TRES DE LEY… 1- Mientras Carbonell dice esto y expone una de las más evidentes deficiencias del Poder Judicial, aquí en Tlaxcala Domingo Meneses, junto con Juan Carlos Vázquez y Manuel Mendoza se niegan a aceptar de qué pie cojean los miembros del poder que impidieron el acceso a San Lázaro.  Su peso moral e intelectual debe ser muy superior al de Miguel Carbonell.

2- Al iniciar el programa “Economías Colectivas” la presidenta municipal de Axocomanitla fue balconeada, junto con el junior que ahora es diputado local, Emilio de la Peña. Al intentar hacer una analogía -que nadie entendió- la gobernadora dejó al descubierto que los sueños se cumplen, siempre y cuando se le comenten a la persona indicada, o al menos eso captamos.

3- El remate del sketch llegó cuando en ese mismo escenario se presumió el apoyo otorgado a su “ama de llaves” a quien se le facilitó una lavadora, que tuvo que pagar en cómodas facilidades, para posteriormente comprar una cama enorme que le permitiera seguir soñando en un futuro mejor. Lo de ayer no fue exhibir el trafico de influencias , ni egoísmo o banalidad, tampoco exponer lo que es vivir en una realidad alterna… lo de ayer fue motivacional para impulsar los sueños de los gobernados, sobre todo de los más allegados.

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